Directivos del ICT deben renunciar o ser destituidos

La cadena de publicaciones periodísticas al respecto, ha generado una justificada acción de repudio ciudadano ante tal despilfarro, en momentos de una supuesta crisis fiscal, lo cual ha repercutido en las altas esferas políticas del país, principalmente en la Asamblea Legislativa.

Luego de la comparecencia de este jueves 12 de febrero, de los integrantes de la Junta Directiva del Instituto Costarricense de Turismo (ICT), ante la Comisión de Control del Gasto Público del Primer Poder de la República; quedó claro que hubo una repartición de entradas para tal evento, entre integrantes de dicha junta directiva; aspecto éste que aparte de representar un golpe a la ética en la función pública, es susceptible de ser reclamado en sede penal, a partir de las figuras jurídicas que habrían sido violentadas por los citados jerarcas.

Según cálculos extraoficiales, el valor de las entradas repartidas entre parte de la máxima cúpula jerárquica del ICT, estaría entre los 15 y los 30 mil dólares (entre 6 y 12 millones de colones).

Vistas así las cosas, es criterio de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) y de su Junta Directiva Seccional en el Instituto Costarricense de Turismo (ICT), que los directivos de esta institución involucrados y/o receptores de tales entradas, deben renunciar de manera inmediata, como un acto de restauración de la lesionada ética en la función pública en este caso en particular.

Si ello no ocurriere, es deber del propio Presidente de la República y del Consejo de Gobierno, proceder a la destitución inmediata de tales personeros, so pena de convertirse en cómplices pasivos de tal irregularidad; que ha herido, sensiblemente, a la opinión ciudadana, harta de tanto abuso, por parte de las estructuras máximas de las jerarquías políticas institucionales, con la cosa pública.

San José, 13 de febrero de 2004.

INCOP: ¡Multimillonaria consultoría! ¡832 millones de colones!

El monto de la misma asciende a la astronómica cifra de US$ 1.964.849.00 (un millón novecientos sesenta y cuatro mil ochocientos cuarenta y nueve dólares sin centavos). Al cambio del día de hoy, martes 10 de febrero de 2004, es cantidad representa casi 832 millones de colones (más exactamente, ochocientos treinta y un millones, quinientos cuarenta y tres setecientos cuarenta y cinco colones, con veintinueve céntimos).

La firma privada de tal consultoría es Ingenieros Consultores S. A. (IMNSA), Cédula Jurídica 3-101-091498. Así consta en la publicación del caso, en el Alcance No. 63 al Diario Oficial “La Gaceta”, No. 244, de fecha jueves 18 de diciembre de 2003.

Según se indica en esa publicación, la contratación indicada se financiará de la siguiente forma: 19 millones de colones, tomados del Presupuesto Ordinario del 2003; 32.400.000, del Presupuesto del 2004; 450 millones, en el Presupuesto Extraordinario del 2004 y los restante millones, en el Presupuesto Ordinario del 2005.

¿Cuál crisis fiscal?… Por un lado, el actual Gobierno del Presidente Pacheco destina casi 4 mil millones de colones, del último presupuesto extraordinario del año pasado, tramitado por la Asamblea Legislativa, para financiar la compra de conciencias laborales en el INCOP; situación ésta bastante denunciada por ANEP en varias oportunidades.

Por otro lado, ahora nos quieren sacar otra millonada más, 832 millones de colones, para que una consultora privada diga cómo “completar el personal de la Unidad de Fiscalización de los Contratos de Concesión de Puerto de Caldera”; contratos de por sí ya sumamente cuestionables y que todavía no han sido refrendados por la Contraloría General de la República…¡Qué barbaridad!.

Exigimos la más minuciosa, profunda y completa investigación de todo este nefasto proceso de privatización del INCOP, pues le está costando una millonada al pueblo costarricense, en momentos en que á este se le pretende sacar, de donde no tiene, más impuestos para ayudar a solventar la supuesta crisis fiscal, de que tanto el Presidente Pacheco.

Nos preguntamos: ¿Es que la plata que quieren es para seguirla despilfarrando en privatizaciones y en consultorías multimillonarias?…

Anhelamos, vehementemente, que tanto la Asamblea Legislativa, como la propia Contraloría General de la República, se decidan, de una vez por todas, a meter el bisturí a fondo, en lo que consideramos un vergonzoso y multimillonario negocio con un patrimonio público, a beneficio de unos cuantos.

Indudablemente que el Ministro del MOPT, Javier Chaves Bolaños y el propio Presidente de la República, le deben una explicación al país; pero no “técnica”, sino de carácter político, aunque creemos que es injustificable semejante erogación.

El noble pueblo costarricense, el pueblo trabajador, la gente sencilla de nuestra Patria, no puede seguir siendo burlada por este tipo de transacciones. Esos cientos de millones de colones, deberían servir, por ejemplo, para arreglar todas las escuelitas y colegios de los sectores populares, cuyas deterioradas instalaciones han salido a la luz pública en estos días.

San José, 10 de febrero del 2004.

El plan fiscal debe modificarse para que paguen los grandes ricos

Ha llegado el momento histórico, esperado durante mucho tiempo, para iniciar los necesarios y largamente postergados cambios estratégicos en, la hasta ahora injusta, estructura tributaria costarricense.

El plan fiscal del Gobierno de la República necesita profundos cambios para que reciba un pleno respaldo político y social. Tales cambios deben incluir aspectos como:

1. Impedimento de utilizar los nuevos recursos para pagar deuda pública; con aprobación de las propuestas de rendición de cuentas que contiene el proyecto.
2. Eliminación del secreto bancario para fines tributarios.
3. Exoneración del pago de impuesto sobre la renta a las empresas públicos cuyos servicios cubren a toda la población.
4. Exoneración del pago del Impuesto al Valor Agregado (IVA), para la construcción de viviendas de interés social.
5. Ampliar la Canasta Básica Exonerada del pago del Impuesto al Valor Agregado (IVA), a más artículos y más servicios necesarios para una calidad de vida digna de la clase media; y no solamente, que tal exoneración beneficie a los sectores más empobrecidos (20% de la población como está planteado en el proyecto).
6. Diferenciar la naturaleza del Banco Popular y de Desarrollo Comunal, el banco de la clase trabajadora, para no gravarlo como si fuese un banco comercial y/o financiero.
7. Gravar fuertemente los capitales financieros, por ejemplo, la banca off shore.
8. Mantener la propuesta para el establecimiento de la renta mundial, mecanismo de control de los capitales con asiento jurídico en el país pero que están en el exterior, evadiendo responsabilidades tributarias; especialmente cuando hay dudas de su origen ético (lavado de dólares).
9. Mantener, pese a la presión que ejerce el filibusterismo parlamentario ya plenamente identificado, los impuestos a las salas de juego, casas de apuestas, mesas de casino y vehículos de lujo, tal como quedó plasmado en el proyecto original.

El Gobierno se desespera, se precipita y chantajea a la Asamblea Legislativa con su propuesta de un fuerte e irracional recorte en el Gasto Público, según lo anunciado ayer. El Gobierno debería hablar más y denunciar con contundencia a la opinión pública nacional que, en realidad, la oposición filibustera a la transformación tributaria estructural obedece, básicamente, a dos aspectos:

1. Que se graven los vicios;
2. Que se establezca la renta mundial, con lo cual se abre paso al control de capitales de dudosa procedencia.

El Gobierno debe convencer, no debe chantajear. A pesar que adversamos, profundamente, esas posiciones reaccionarias de defensa a ultranza de intereses subterráneos; rechazamos, de manera tajante, el empleo, como argumento, de armas innobles para desacreditar al adversario, tales como el linchamiento político y la satanización psicológica de las opiniones disidentes.

En la utilización de esa intolerancia, que atiza la polarización social y la intransigencia, el Presidente Pacheco y el Movimiento Libertario resultaron ser idénticos.

El Gobierno debe aceptar los cambios que apuntan a una reforma fiscal y tributaria realmente progresiva; el Gobierno no debe imponer su tesis, gravando más duramente a la gente que menos tiene, que es la mayoría.

San José, 10 de febrero de 2004.

La amenaza de los seudoempresarios del tráfico y lavado de dinero…

Más allá de las buenas intenciones de las sanas críticas que se vienen formulando por los resultados de tal proceso, tanto dentro como fuera del parlamento costarricense; lo real es que existe un profundo miedo a la denominada RENTA MUNDIAL en ciertos sectores seudo-empresariales que viven alrededor del tráfico y el lavado de dinero: este grupo desea contagiar ese miedo a verdaderos sectores empresariales honestos y a diputados y diputadas de la Asamblea Legislativa.

Nos preguntamos entonces: ¿Habrá Pacto Fiscal?, ó ese grupo, terriblemente nefasto para Costa Rica, logrará manipular a diputados y diputadas ingenuas, ó logrará canalizar su esfuerzo para eliminar la Renta Mundial del proyecto; ó modificarla de forma tal que no sólo no sirva para que las personas que residen en Costa Rica, paguen por la riqueza que generan fuera de nuestro país, sino que, además, Costa Rica continúe siendo un país catalogado de paraìso fiscal y de lugar adecuado para lavar dinero procedente de mafias y narcotráfico, por medio de sociedades anónimas de papel, o por medio de casinos y sportbooks.

¿Queremos eso para nuestro país?; ¿queremos seguir siendo noticia por eso?; ó queremos un pacto fiscal que profundice una sociedad más solidaria, y generadora de oportunidades para todas las personas y sectores…

Es por eso que consideramos que el Proyecto de Pacto Fiscal debe ser mantenido en su conjunto, y, en todo caso, haciendo eco de lo que ha sido el clamor popular y político de casi todas las fracciones legislativas, avance en la progresividad tributaria; limitando los efectos nocivos que puedan existir para la mayoría de la población de clase media y de menores recursos. ¿Podremos lograr el sueño de Alfredo González Flores: que el rico pague como rico y el pobre como pobre?

Creemos que el proyecto no es perfecto pero representa una posibilidad de empezar a transitar la senda de la progresividad. En ese sentido tiene aspectos tremendamente positivos. Enumeramos algunos:

1. La creación de un verdadero sistema de rendición de cuentas e información pública que permita evaluar el gasto público y premiar o sancionar su buena o mala utilización.
2. El país retomará la senda de la planificación estratégica, mediante procesos participativos de elaboración de presupuestos de mediano y largo plazo íntimamente ligados al diseño y ejecución de los presupuestos públicos.
3. Se incluyen medidas importantes para controlar el Estado paralelo que tantos efectos nocivos ha dejado a su paso.

Sin embargo, nos embarga una honda preocupación con relación a lo siguiente:

1. FUNDAMENTALISMO FISCALISTA VERSUS INCLUSIÓN SOCIAL Y PRODUCTIVO: ¿Podrá el fundamentalismo fiscalista del Ministro Dent y el equipo económico de gobierno, prostituir este esfuerzo de sectores sociales, productivos y políticos? ¿Se utilizarán los recursos tributarios para tener una economía “sana” en el papel, pero excluyente, empobrecedora y destructora de empleo y el sector productivo nacional?
2. FOMENTO PRODUCTIVO SOCIAL, LABORAL Y AMBIENTALMENTE LIMPIO, VERSUS “REACTIVACIÓN ECONÓMICA” EXCLUYENTE Y EMPOBRECEDORA ¿Cómo se logrará avanzar en una verdadera agenda de fomento y apoyo a la producción nacional, con respeto al ambiente, a la equidad social y a los derechos de la persona trabajadora?; ¿O caeremos en la agenda de “reactivación económica”, de los que convierten a la libertad en un valor absoluto y que olvidan que esa libertad sin justicia social es extremadamente nociva y termina constituyéndose en una plataforma fascista y excluyente?
3. PRIVILEGIOS PARA EL SECTOR FINANCIERO: ¿Continuaremos dándole inmunidad al capital financiero, dándolo un trato privilegiado tributariamente hablando?; ¿ó lo gravaremos adecuadamente para financiar las políticas sociales y productivas? En ese sentido, ¿le daremos un golpe mortal al Banco Popular como si fuera un banco comercial común, o le daremos un tratamiento adecuado a la función social y productiva que desarrolla?
4. LAVADO DE DINERO O RENTA MUNDIAL: ¿Estamos dispuestos a que seudoempresarios que viven del tráfico y el lavado de dinero, eliminen la posibilidad de que se le cobren impuestos a las personas de muchos recursos económicos que tienen su dinero en el exterior? SI ES ASÍ DEBERÍA MANTENERSE EL IMPUESTO DE LAS EMPRESAS EN EL 30%.
5. SECRETO BANCARIO: ¿Estaremos dispuestos a no levantar el secreto bancario para fines tributarios, terminando de hacerle el juego a los que quieren esconder sus movimientos financieros, para no pagar los impuestos que deben pagar, o para esconder los oscuros “negocios en los que se encuentra metidos”.
6. GOLPE A LOS SERVICIOSBLICOS ¿Gravaremos a las empresas públicas limitándoles sus posibilidades para prestar servicios eficientes, oportunos y de calidad para la población?
7. GOLPE A LA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA SOCIAL ¿Permitiremos que el impuesto de valor agregado (IVA), sea aplicado a la construcción de vivienda de interés social, produciendo una clara disminución en la cantidad de soluciones de vivienda para los más desposeídos?
8. CANASTA BÁSICA: debe garantizarse que la canasta básica y los servicios que se graven, no van a afectar a la clase media y a los sectores más desposeídos.
9. SELECTIVO DE CONSUMO: Es imprescindible racionalizar el impuesto selectivo de consumo para gravar bienes y servicios nocivos, desde el punto de vista social y ambiental; ligado a deducción para actividades, bienes y servicios amigables con el ambiente.

Los honorables señores diputados y las honorables señoras diputadas, cuyas representaciones estén en estricto apego a los intereses generales del bien común y no a oscuros y mezquinos intereses de grupos económicos poderosos; tienen la posibilidad real de introducir los cambios necesarios en el proyecto en discusión, para darle el imprescindible y necesario, prácticamente estratégico, sesgo progresivo de esta transformación tributaria.

San José, 9 de febrero del 2004.

ICT: ¡Ya Basta!, ¡Reclamamos Intervención!

Ahora, una empresa transnacional multimillonaria, que organizó un evento musical con el señor Pavarotti, el cual presumiblemente, le arrojó jugosas ganancias; recibirá del ICT, ni más ni menos que 42 millones de colones extras, sin que el pueblo costarricense, dueño de esos recursos, reciba nada. Pero esto no es un hecho aislado, es el producto de muchos años de irresponsabilidad de gobierno tras gobierno, en el manejo de la Institución rectora del turismo nacional. Son muchas las circunstancias que se aúnan para que se den cosas como estas. Por ejemplo:

* La existencia de una Junta Directiva no representativa de los verdaderos intereses del sector turístico (pero no sólo de CANATUR, sino de todo el sector turístico);
* Una gerencia que desde hace muchos años no es ejercida en su carácter eminentemente administrativo, motivo por el cual se ha producido un descuido formidable de los asuntos delicados, tal como el que es motivo hoy de escándalo público.
* El nombramiento de múltiples ministros o presidentes ejecutivos (5 en los últimos 6 años), lo cual demuestra el profundo menosprecio de los diferentes gobiernos hacia la industria turística.
* Una institución en donde prevalece la amenaza permanente de privatizar la Institución, en especial en sus funciones de Promoción, todo con el propósito deliberado de manejar con ligereza los fondos públicos, tal vez con la misma libertad con que se pretende transferir fondos a CREDOMATIC en la actualidad.
* Una profunda incapacidad de manejo institucional, expresado en un proceso de reestructuración que ya lleva casi diez años, de estar pesando como una espada de Damocles sobre los trabajadores y que nunca se realiza.
* Una institución en donde los trabajadores hemos interpuesto una cantidad record de denuncias ante las instancias correspondientes del Estado, contra actos que presumimos atentan contra la legalidad y la ética; pero que nunca encuentran eco en órganos como la Contraloría General de la República, las defensorías, las salas de la corte o el Ministerio Público.
* Un instituto que despilfarra en viajadera de la alta jerarquía y en gastos de promoción injustificables, como el concierto de marras, pero que tiene un terrible déficit de atención a los micro, pequeños y medianos empresarios de este país, que constituyen el 80% de nuestra planta turística.

Todo esto es el producto de la irresponsabilidad de los jerarcas, desde el Presidente de la República hasta la dirección superior del ICT. Y es producto del silencio cómplice de una parte del sector turístico nacional, que no comprende el enorme daño y atraso que estas actitudes provocan; no sólo al pueblo costarricense, sino a las propias empresas turísticas, que son el núcleo fundamental de la actividad económica más importante de nuestro país.

Estamos seguros que tarde o temprano todo lo que hemos denunciado saldrá a flote; y que, tarde o temprano, las personas que han violentado los valores del pueblo costarricense, pagarán por su falta. Lo importante es el rescate de la Institucionalidad del desarrollo turístico, afianzar su representatividad, colocando en los puestos a las personas que realmente deben estar ahí.

Aquí es donde desde hoy hacemos un reclamo urgente al señor Presidente de la República para que intervenga al ICT (como ya se lo hemos pedido a él y al anterior Presidente de la República; y hacemos un reclamo urgente a los precandidatos que ya empiezan a promoverse, para que aquel que logre la silla presidencial, la hora de asignar gente a esta institución lo hagan con responsabilidad.

San José, 6 de febrero del 2004.

Gastan 42 millones de colones (US$ 100.000 dólares), de fondos públicos, para el concierto de Pavarotti

La cantidad indicada fue partida en dos segmentos, uno de 70 mil y otro de 30 mil dólares, con lo cual las altas autoridades políticas del ICT, habrían evitado el necesario refrendo para tal erogación, por parte de la Contraloría General de la República (CGR).

Esa abultada erogación, partida en dos, se definió en las sesiones ordinarias de la Junta Directiva del ICT, Nos. 5285 y 5286, celebradas, respectivamente, los días 15 y 20 de enero del 2004; tal y como la Licda. Lucía López Regidor, Secretaria de tal organismo, se lo da a conocer al Sr. Rodrigo Castro Fonseca, Presidente Ejecutivo con rango de Ministro del ICT.

Llama poderosamente la atención la circunstancia de que el mismo asunto, se haya conocido, debatido y resuelto en dos sesiones ordinarias, distintas, de la Junta Directiva del ICT; lo cual podría hacer indicativo de una eventual especie de diseño de cobertura legal, para diferir la erogación y no someterla al trámite ante el ente contralor.

La ANEP no se explica cómo es posible que se defina tan alta erogación de fondos públicos en época de crisis fiscal, cuando el Gobierno de la República clama a la Asamblea Legislativa, que se aprueben nuevos impuestos para hacerle frente a sus gastos.

Además, esta erogación es altamente cuestionable a la luz de las impactantes reducciones presupuestarias que ha sufrido el programa de atención a las microempresas turísticas a cargo del propio ICT; tal y como es el clamor de varios de sus profesionales funcionarios, sumidos en una gran frustración por un sesgo institucional, marcadamente promotor, únicamente, de las “grandes” actividades turísticas.

La ANEP solicitará, en próximos días, una debida investigación sobre el particular a la Contraloría General de la República, y desde ya prepara la respectiva denuncia.

Además, si bien es cierto que en Costa Rica, muy lamentablemente, no existe una legislación que penalice el tráfico de influencias o que determine los límites éticos de potenciales conflictos de intereses; llama poderosamente la atención que en este caso, un alto jerarca de la firma Credomatic de Costa Rica, S. A., es a su vez, miembro del Consejo Director del Polo Turístico del Golfo de Papagayo, ente adscrito al ICT.

En otros países, donde la ética y la transparencia en la gestión pública son pilares fundamentales de la credibilidad ciudadana en su institucionalidad, este vínculo bastaría por sí solo para poner en entredicho lo actuado por el ICT; más allá del cuestionamiento sobre un gasto, en principio superfluo e innecesario, considerando que el artista en mención, por su calidad, su profesionalismo y su fama mundial, hace rentable, totalmente, una inversión privada, sin necesidad de acudir a las “escuálidas” finanzas públicas, según el decir del actual Gobierno.

Toda la documentación de rigor para esta denuncia, está en poder de la ANEP.

San José, 3 de febrero de 2004.

La Ley de la jungla

Nos endilga además, a quienes reclamamos desde la “calle”, justicia social, distribución de riqueza y respeto a la institucionalidad, ser los culpables del estancamiento económico, político y social en el que se encuentra el país; absolviendo por lo visto, de toda culpa y resposabilidad al bipartidismo y a la clase económica que aplicando los postulados neoliberales, han gobernado a nuestro país en las últimas dos décadas.

Esto quizá, porque el movimiento social costarricense tuvo la osadía, desde la “calle”, de enterrar el negociado de la venta del ICE y con ello, frenar las ansias neoliberales de hacerse de los todos los bienes, servicios y empresas públicas, que son de la nación (el país).

Por otra parte, se infiere del artículo en comentario, que al señor Jaime Gutiérrez, le duele que el poder “ande suelto” entre el Poder Ejecutivo, el Legislativo y la Contraloría; pero le faltó mencionar que el poder ahora también camina, por la Corte Suprema de Justicia, la Defensoría de los Habitantes, los medios de comunicación y las organizaciones sociales.

Para nuestra dicha, su opinión es una verdad. Hoy por hoy en Costa Rica, el poder esta un poquito repartido, lejos de esa ansiada concentración de poder que el Sr. Gutiérrez Góngora reclama y reciente.

Debe entender don Jaime que, precisamente, la institucionalidad y la vida en democracia, es contraria a toda concentración de poder y, por tanto, esa concentración de poder que usted lamenta es más bien una característica de ideologías extremas, tanto de derecha como de izquierda.

En estas ideologías, como usted bien lo sabe, el poder lo ostentan unos pocos y en casi todos los casos, el poder y el mando está en una única persona. No aceptar la sana distribución de poder, que debe darse en una sociedad democrática, es asumir poses autoritarias. Para fortuna ciudadana, esperamos que la sabiduría popular siempre nos mantenga alejados de esos postulados y formas de gobierno.

Nuestra organización, a la que me digno en representar, tiene como postulado la defensa de la institucionalidad y de la vida en democracia; entendida ésta como un cuerpo vivo, donde los diferentes sectores e intereses sociales interactúan, se enfrentan y colaboran en la consecución de lo que bien usted señala en su artículo cuando dice “enriquecer al pueblo costarricense debe ser la meta”.

Pero precisamente don Jaime, esto no es posible cuando el modelo económico neoliberal nos niega el derecho a la participación en democracia y a compartir la riqueza; nos condena a la exclusión económica y social y los gobiernos tienen como único “proyecto” el desmantelamiento del Estado, la venta de activos públicos y la concentración de la riqueza en unas cuantas manos.

Tampoco es posible “enriquecer al pueblo”; cuando y sobre todo, los gobernantes y los sectores económicos que representan, insisten, en no escuchar a su gente y siguen por la senda neoliberal que nuestro pueblo ha rechazado tajantemente, al constatar, una vez más sabiamente, la realidad de las naciones hermanas latinoamericanas sometidas a la dictadura económica del mercado totalitario.

Tampoco, cuando los gobiernos, el Estado y los grupos de poder económico son incapaces de tutelar y respetar el sagrado derecho humano de los trabajadores y trabajadoras a organizarse en sindicatos. Tampoco, cuando se niega la participación real de la ciudadanía y de sus organizaciones sociales en la toma de decisiones,

Cuando esto ocurre, los ciudadanos, las organizaciones sociales y los pueblos, tenemos el sagrado y legítimo derecho humano a salir a las calles a demandar respeto a la institucionalidad democrática, participación en la toma de decisiones y tutela efectiva y real por parte del Estado y sus gobernantes, de los derechos fundamentales.

Esto es verdad don Jaime. La vida en democracia es contraria a la concentración del poder absoluto en manos de un gobernante o grupo de poder económico, y requiere de quienes ostentan el poder, conocimiento, sabiduría, humildad para escuchar, tolerancia al pensamiento ajeno; y, por sobre todo, una gran capacidad, destreza, habilidad y liderazgo, para hacer concurrir en el gobierno, el sentir y los intereses de todos los grupos que conforman una sociedad, en aras de asegurar la justicia social y la riqueza de todos sus ciudadanos.

Sepa don Jaime, que estamos trabajando para defender la institucionalidad, la soberanía patria y la justicia social desde la calle, si es necesario; pero también, y aunque usted lo ignore, trabajamos y participamos, con nuestras humildes capacidades, en diferentes mesas, donde concurren sectores sociales de todo tipo (hasta empresariales), los que compartimos la imperiosa necesidad de elaborar políticas, económicas, productivas y sociales en función del bien común. Un ejemplo de esto es el trabajo que ha realizado responsablemente, la Tercera República, en la Comisión Mixta Legislativa para el Pacto Fiscal.

Trabajamos don Jaime, por una Costa Rica cuya visión de desarrollo va en función del bien común en armonía con el ambiente; por una Costa Rica de oportunidades para todos y todas sin exclusiones sociales y sin la odiosa concentración de la riqueza y de poder a que conlleva la implementación del modelo neoliberal en nuestro país; modelo que por su carácter concentrador de poder y de riqueza, es contrario a la vida en democracia y por lo tanto, repudiado por nuestro pueblo, enemigo sempiterno de los extremos económicos y políticos.

Para terminar, sinceramente, en ANEP, desde su Secretaría General que compartimos con el compañero Albino Vargas Barrantes, como toda su estructura dirigente y sus bases, al igual que el suscrito, compartimos con usted que “hay que terminar con la ley de la jungla”, con la ley del más fuerte, con la ley de la concentración de poder y de riqueza y de empobrecimiento social que promueve la ideología neoliberal.

Edgar Morales Quesada
Secretario General Adjunto
Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP)

Frankenstein Social

Las frágiles burbujas de cristal que han construido (con el creciente capital que acumulan y concentran día con día, para no “contaminarse” con el entorno), les dificulta la visión y comprensión de que se ha perfilado en Costa Rica (y en otros países latinoamericanos, también), un nuevo sistema de relaciones de poder para la toma de las grandes decisiones políticas que definirán la vida futura de todos, incluida la de ellos mismos. El Grupo Nación, del cual forma parte el prestigioso periódico La Nación, sufre esa patología política.

Bien se sabe que la institucionalidad republicana surgida a partir de la Junta Fundadora de la Segunda Pública, está más que desgastada. Para oxigenarla y buscar la renovación del sistema democrático, se puso de modo la participación de eso que llaman “sociedad civil”. De esta forma, la toma de decisiones institucionales, tradicionalmente en las manos del nivel político-partidario, ha llevado al involucramiento directo y activo de los sectores sociales más dinámicos.

Gran parte de los sectores sociales organizados, con gran sentido responsabilidad cívica, hemos aceptado esas nuevas condiciones, formulando aportes sustantivos para el reciclaje de la democracia representativa, en medio de no poca incomprensión interna y con cierto costo político. Pero lo hemos hecho porque tenemos profundas convicciones democráticas y creemos, firmemente, en una sociedad totalmente inclusiva, en la que quepamos todos, hasta ellos, los tradicionales grupos cuya incidencia política ha estado basada en su poderío económico y financiero.

Pero claro, parece que algunos sienten que “el tiro les salió por la culata”. Esa es la sensación que nos queda del comentario de don Eduardo Ulibarri, Director de La Nación, del pasado sábado 18, cuando nos aludió directamente. Ellos, los de arriba, ya con el agua hasta el cuello, se “acordaron” que existía eso de sociedad civil, la tipificaron y la llamaron a la toma de decisiones.

Lo que nunca se imaginaron es que en la sociedad civil también había capacidad de pensar, de generar propuestas, de formular planteamientos responsables. La sociedad civil cometió un “gran delito”, pues se puso a pensar en proyectos de país y ha buscado cómo posicionarlos en los altos espacios políticos de toma de decisiones, constituyendo esto un sacrilegio, pues tales espacios eran coto privado de los tradicionales detentadores del poder; poder que, a fin de cuentas, no han perdido sino que les es más difícil manejar (lo que llaman “ingobernabilidad”)

Entonces, así que fuimos “inteligentes”, así que tuvimos “percepción”, ahora resulta que tenemos una capacidad de influencia “desusada”. ¡Qué bonito! Ahora se pretende descalificarnos, utilizando anatemas ideológicos y abriendo el arsenal de los sarcófagos congelados de las tesis típicas de la guerra fría. ¡Por favor!, Más creatividad. Nos pidieron “soluciones”, nos pidieron “arreglos para avanzar”, nos pidieron “creatividad” y cuando se las dimos, ahora resulta que cogimos una “capacidad de influencia desusada”.

Crearon un “Frankenstein social” de carácter ciudadano y ahora que notan el vigor, la calidad de propuesta y en entusiasmo por aportar en la construcción de una sociedad inclusiva, ahora resulta que los sectores sociales tenemos una capacidad de influencia “desusada”. Entonces, ¿cuál es la capacidad de influencia “usada”?: ¿Esa que llevó al descrédito del sistema bipartidista y al desprestigio del parlamento?; ¿esa que ha llevado a los altos niveles de abstencionismo en los procesos electorales?… ¿Esa que generó los CATs, los incentivos turísticos, los Banco Anglo, FODESAF, etc., etc.?

Pero no se preocupen. A diferencia del final del Frankenstein literario, no serán devorados. El punto es ponernos de acuerdo para ir hacia un nuevo sistema de desarrollo, incluyente, solidario, equitativo, participativo. ¿O esto no es “inteligente”, “perceptivo”, “creativo”, “coincidente”?

Muchos de los sectores sociales más dinámicos y activos que cometimos la “osadía” de pensarnos el país que queremos, hemos perdido el miedo a coincidir. En el caso de ANEP, las pruebas sobran. Ahí está el ejemplo de la Tercera República.

Ahora se nos quiere descalificar porque tuvimos la osadía de darle a conocer al país nuestra interpretación de la alianza del Presidente Pacheco con el dúo de los hermanos Arias Sánchez. Muchos vemos en esos encuentros (que tantas veces han representado pactos entre figuras relevantes), la reproducción de las prácticas políticas reiterativas del desprestigio y el descrédito de la institucionalidad democrática, esa que nos llamaron a salvar cuando se acudió al expediente de la “sociedad civil”.

Efectivamente, estamos viendo por un espejo y para citar tan solo dos, el espejo de la realidad argentina; o, el espejo de la realidad mexicana y los “maravillosos” resultados de su TLC, los cuales son tan contundentes que hasta La Nación, con sus informaciones, nos ha ayudado para mirarnos mejor.

Albino Vargas Barrantes
Secretario General
Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP)

ANEP, Externa el más efusivo saludo a los y a las participantes, en el Vl ENCUENTRO NACIONAL De Asociaciones Administradoras de Acueductos Rurales (ASADAS)

Estas entidades han sido el engranaje que permitió un modelo de desarrollo basado en inversión social del que dichosamente, a pesar de los problemas que presenta, hemos disfrutado hasta el día de hoy.

Dentro de tal visión social, las 1.700 ASADAS, representan un modelo mixto: El A y A, por un lado, realiza los estudios e inversión; y, por el otro, la comunidad aporta mano de obra y administra los acueductos. Es así como los lugares más recónditos del país cuentan con agua potable, lo que se traduce en salud y, obviamente, en buena calidad de vida.

Probablemente el A y A (al igual que el ICE, cuando lleva electrificación y telefonía a estos alejados pueblos), nunca recupera en términos económicos las millonadas invertidas. Esto es lógico, pues no fueron instituciones concebidas para hacer negocios.

Sin embargo, tenemos que tener presente que este modelo de Estado Solidario ha venido, en lenta agonía, dando paso a la imposición de otro modelo de desarrollo, conocido como neoliberal. Este nuevo modelo, totalmente deshumanizado, ha venido en los últimos años, debilitando y asfixiando a toda la institucionalidad democrática.

Es así como se han venido cercenando la función vital de instituciones como el A y A, el INS y la CCSS; instituciones a las que se le obliga a ser eficientes y a competir, con reducidos y escuálidos presupuestos, con la finalidad de que el usuario perciba un mal servicio; preparándose así, la antesala de la privatización y el libre mercado. Por tal razón, la inversión social es vista hoy por nuestros gobernantes como “gasto” social.

Es esta la explicación que encontramos cuando cada ASADA, siente que el A y A, no atiende, de manera oportuna y satisfactoria, sus necesidades en distintos aspectos; pues como dice un popular refrán, “la cobija no da para tantos”. Así que lo que corresponde a cada uno de ustedes, es organizarse para obligar al Estado a dotar de mayor presupuesto al A y A; de tal manera que permitan, no sólo el fortalecimiento de las ASADAS ya existentes, sino que continúe realizando mayor inversión.

En otro orden de cosas, pero relacionado con el presente y futuro del agua y del A y A, se encuentra en la Asamblea Legislativa, el Proyecto de Ley No. 14.585; mismo que si bien tiene aspectos positivos, su fondo es privatizador, mediante las concesiones públicas y privadas.

De tal manera que no dudamos que los grandes emporios empresariales, que han convertido el agua en un lucrativo negocio a nivel mundial, se instalarán en nuestro país. Dígase empresas como Vivendi, Suez, Aguas de Barcelona (de la cual se sospecha tiene acciones en RITEVE); además de otras empresas multinacionales como Nestlé, Bechtetl y Perier.

En otro apartado de cosas, pero relacionado con la pérdida de ese modelo de Estado Social y Solidario, que no pudieron desmantelar al máximo, por la resistencia social; distintos sectores empresariales y políticos han encontrado en el tratado de “libre” comercio de Estado Unidos, la fórmula ideal para dar cristiana sepultura a la Caja Costarricense de Seguro Social, al ICE, INS, al sector agropecuario y, por ende, al AyA.

Es decir, poner fin al modelo solidario de inversión social, despedazando la institucionalidad democrática, para dar libertad total al libre mercado; convirtiendo en mercancías negociables, servicios hasta ahora concebidos como públicos a cargo del Estado, por su impacto social y solidario.

Es por todo esto que, respetuosamente, llamamos a cada uno de ustedes, a que impidamos que monopolios transnacionales del agua, al amparo de una Ley de Recurso Hídrico anticipada para el Tratado de Libre Comercio (TLC), se adueñen de nuestra agua y desaparezcan la función vital del A y A y de las ASADAS.

Lo anterior solo será posible con la desobediencia civil, la protesta y la movilización ciudadana, para impedir la aprobación por parte de la Asamblea Legislativa, tanto del proyecto de recurso Hídrico en los términos actuales; pero, sobre todo, impedir la aprobación del Tratado de Libre Comercio (TLC); exigiendo, a la vez, mayor presupuesto para nuestra emblemática A y A.

Solamente la convicción y la organización de la sociedad civil, de los múltiples sectores sociales, hará posible el contrapeso necesario para poder garantizar la paz social en nuestra querida Costa Rica.

San José, 30 de enero de 2004.

¡NO al TLC!

En las próximas semanas y meses, Costa Rica vivirá, intensamente, una serie de acontecimientos sociopolíticos que, de una manera u otra, marcarán nuestro destino futuro como país. Pero, sin duda alguna, el acontecimiento fundamental será el resultado final del denominado tratado de “libre” comercio, cuyo proceso “negociador” acaba de concluir.

El TLC, desde nuestra perspectiva, representa el asalto final que promueve la propuesta neoliberal de desarrollo, para desarticular, completamente, los elementos de solidaridad que han animado lo que, comúnmente, conocemos como el Estado Social de Derecho; postulados sociales y humanistas inspiradores de la institucionalidad costarricense, desarrollando importantes empresas públicas de alta calidad y rentabilidad y, por ende, largamente codiciadas.

El grupo neoliberal en el poder político y económico de nuestra sociedad, se encuentra desbocado, creyendo que, por fin, le ha llegado la hora de repartirse entre sí, el preciado patrimonio público de la institucionalidad democrática costarricense, que si no representara un buen negocio, no lo pretendieran.

Luego de haber prostituído y corrompido los ideales socialdemócratas del Partido Liberación Nacional (PLN); de la misma forma en que lo ha hecho con la filosofía del humanismo cristiano que, alguna vez, se dijo era la fuente de inspiración del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC); tal grupo ha logrado poner a su servicio a, prácticamente, toda la élite del poder institucional establecido.

Como si fuera un único partido, pero con dos corrientes electoralistas internas (PLN-PUSC), el grupo neoliberal de negocios ahora se siente mucho más que fortalecido. Por un lado, ahora tienen a su servicio a un grupo de enfermizos sicarios de la política, constituido por cierta representación parlamentaria adicta al juego de naipes y a las fichas de casinos; por otro, tiene el control absoluto (si es que alguna vez no lo tuvo), del Gobierno de la República, dado que el Presidente Pacheco de la Espriella, terminó adoptando toda la agenda neoliberal y “libertaria” que, alguna vez, hipócritamente, rechazó.

El grupo neoliberal en el poder encontró en la propuesta del TLC, la “fórmula mágica” para resolver, definitivamente, su “problema” con las privatizaciones en Costa Rica; larga y ferozmente resistidas por una ciudadanía activa y militante, hastiada del engaño electoral sistemático; de gobiernos y de políticos que hoy, ardorosamente, se suman al pillaje.

Esto es más claro y evidente si comprobamos los resultados que ya se han venido exponiendo del famoso proceso “negociador” del TLC. Los vendepatrias que nos representaron entregaron, cualitativamente hablando, mucho más que sus homólogos centroamericanos; y a la vez, lo que los estadounidenses nos ofrecieron dar, en nada compensa el valor de la rendición en cuanto a los lucrativos mercados costarricenses de telecomunicaciones, seguros, salud (genéricos) y agua, por ejemplo. (sigue…)

¡Todavía no se repartan nada!. Tenemos enorme confianza y un fundamentado optimismo en el sentido común del costarricense y su percepción crítica de las propuestas y planteamientos de la clase gobernante de los últimos años; considerando que, una vez sí y otra también, la gente ha sido estafada políticamente, con relación a las formulaciones de campaña electoral; lo cual explica el alto y creciente abstencionismo y el surgimiento de opciones distintas.

Esta vez no ha sido la excepción pues el actual mandatario, vergonzosamente, traicionó su ética como gobernante y deshonró su palabra y su firma, en cuanto a las privatizaciones, incluso las que se pretenden por la vía de las “aperturas”.

Patriotismo sobra, afortunadamente, en nuestra querida Costa Rica. La respuesta al salvaje ataque neoliberal, vía TLC, está en las calles. Los que apreciamos el valor real del sistema democrático, sabemos que la democracia es algo más que la circunstancia del ejercicio electoral cuatrienal.

Por el contrario, la democracia es una experiencia fundamental de vida y, en casos como el que nos ocupa, la democracia de la calle tiene sobrada legitimidad como para apelar a su uso. Los ejemplos latinoamericanos recientes lo demuestran y hasta presidentes han caído por traidores a los intereses populares.

El legado del fundador del Instituto Nacional de Seguros (INS), el ilustre Expresidente, don Ricardo Jiménez Oreamuno (cuyo retrato, de manera humillante, colgó en su despacho el mandatario actual); el legado del Dr. Rafael Angel Calderón Guardia, del respetado dirigente social, don Manuel Mora Valverde y del ilustre líder religioso, Monseñor Vïctor Manuel Sanabria Martínez, con la creación de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS); el legado de don José Figueres Ferrer, Don Pepe, con la creación del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE); no serán negociados como una vulgar mercancía, para la satisfacción codiciosa de un grupúsculo económico que ya de por sí acumula enormes fortunas, pero que aún así, no se siente saciado y quiere apropiarse de rentables bienes patrimoniales de la nación, del país, de la sociedad como un todo.

¡Sépanlo bien!. Todavía no se repartan nada. Dejamos constancia de nuestro compromiso público de luchar, incansablemente, con todos los medios a nuestro alcance, por todas las vías posibles, con todas las formas de lucha; para evitar que la plutocracia neoliberal, atosigada de plata y de dineros de dudosa procedencia, en algunos casos; termine por adueñarse, completamente, de Costa Rica; condenándonos a los que somos la inmensa mayoría, al dolor de una vida de exclusión,

San José, 29 de enero de 2004.

FRENTE INTERNO DE TRABAJADORES Y DE TRABAJADORAS
DEL INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD (FIT-ICE)
UNION NACIONAL DE EMPLEADOS DE LA CAJA Y DE LA SEGURIDAD SOCIAL (UNDECA)
ASOCIACIÓN NACIONAL DE EMPLEADOS PUBLICOS Y PRIVADOS (ANEP)
FEDERACIÓN NACIONAL DE TRABAJADORES DE LOS SERVICIOS PUBLICOS (FENTSEP)