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Tal y como se aprecia en la comunicación adjunta, las asociaciones estudiantiles de la Universidad de Costa Rica (UCR), expresan su “más enérgica oposición a la firma del Tratado de Libre Comercio (TLC) con los Estados Unidos de Norte América mismo que, arbitrariamente pretende ser ratificado por el actual gobierno de la república”.

A la vez, se unen a la lucha cívica del próximo lunes 31 de mayo, llamando al pueblo a manifestarse “contra la ratificación de tan nefasto tratado”.

El pronunciamiento universitario contra el TLC y el llamado a la protesta del próximo lunes, está suscrito por las asociaciones estudiantiles de la UCR, de Antropología, Sociología, Filosofía, Formación Docente, Artes Dramáticas, Psicología, Lenguas Modernas, Filología, Salud Ambiental, Ciencias Políticas y de Paraíso.

De esta forma, se va concretando la gran alianza intersectorial en la lucha cívica contra el TLC, de cara al primer evento de calle de este lunes 31 y hacia la consolidación y ampliación de más grandes jornadas en las semanas y meses por venir, a lo largo y a lo ancho del país.

San José, 27 de mayo de 2004.

Bastan tan solo cuatro razones para llamar al pueblo costarricense a luchar contra la más grave amenaza nunca antes presentada, de la institucionalidad democrática que nos fue heredada por las generaciones anteriores:

Primero: El TLC que nos quieren imponer significa la quiebra inminente de los pequeños y medianos agricultores, acelerando, rápidamente, la miseria de los sectores más pobres de nuestro país.

Segundo: El TLC que nos quieren imponer significa el más descarado regalo a las transnacionales estadounidenses y a sus socios nacionales, del más preciado patrimonio público representado por las telecomunicaciones, la energía, los seguros, los medicamentos, la educación y hasta el agua; hoy prestados, respectivamente, por instituciones baluartes de la democracia costarricense como lo son el ICE, el INS, la CCSS y el A y A.

Tercero: El TLC que nos quieren imponer representa una reversión o involución del Derecho Laboral costarricense, consagrado en nuestro Código de Trabajo establecido en 1943; dado que se pretende eliminar la negociación colectiva, modificar la histórica jornada de ocho horas, reducir y/o eliminar garantías laborales para empleos dignos, además de liberalizar las renumeraciones salariales. Todo lo cual constituye un especie de “centroamericanización” de las condiciones laborales, salariales y sociales del empleo de la clase trabajadora costarricense.

Cuarto: El TLC que nos quieren imponer significa una monstruosa imposición antidemocrática que pretende cambiar, sin mediar los procedimientos necesarios que es obligado observar, todo el Estado Social de Derecho que ha regido en Costa Rica en los últimos cincuenta años, al instaurar un Estado Neoliberal, cuya filosofía y política es de profundo rechazo mayoritario del pueblo costarricense.

Por tanto: Como acto de repudio a la firma de ese TLC, las organizaciones firmantes convocamos al pueblo trabajador y a la ciudadanía, en general, a manifestarse este lunes 31 de mayo, a partir de las 9 de la mañana, en marcha hacia la Asamblea Legislativa. Será esta el primer evento de una cadena de acciones sociales de movilización cívica, a nivel nacional que, articuladamente habrá de desarrollarse para los momentos cruciales de la discusión legislativa del TLC.

Frente Interno de Trabajadores y de Trabajadoras del Instituto Costarricense de Electricidad FIT-ICE

Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados ANEP

Unión Nacional de Empleados de la Caja y de la Seguridad Social UNDECA

Asociación Nacional de Profesionales en Enfermería ANPE

Federación Nacional de Trabajadores de los Servicios Públicos FENTSEP

Asociación de Profesores de Segunda Enseñanza APSE

Asociación Sindical de Trabajadores de Acueductos y Alcantarillados ASTRAA

San José, 25 de mayo de 2004.

La ANEP considera al Ing. Carrillo Lara, como un ciudadano honesto y un empresario con ética en sus actividades de negocios; sin embargo, él ha compartido responsabilidades de dirección, en el último año, con el Lic. Emilio Bruce Jiménez, Presidente de la Corporación Fischel, en el seno del Consejo Directivo de la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones de la Empresa Privada (UCCAEP). El señor Bruce Jiménez, hasta hace pocos días fue su Primer Vicepresidente y don Rafael Carrillo, es el actual Subtesorero de UCCAEP. Tales fueron los cargos que ambos han ocupado durante el período 2003-2004.

Por otra parte, la Cámara de Industrias de Costa Rica (CICR), de la cual el Ing. Carrillo Lara es su Presidente, tiene a uno de sus integrantes, el señor Gustavo Gutiérrez, como uno de los actuales miembros de la Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).

Tomando en cuenta ambas situaciones, difícilmente el Ing. Carrillo Lara pueda desprenderse de los vínculos mencionados para efectos del trabajo que le ha pedido el Gobierno de la República, como integrante de la citada Comisión de Notables.

Para la ANEP es claro que hay un evidente conflicto de intereses y una incompatibilidad política, entre el carácter del trabajo que habría de desarrollar tal comisión y los vínculos gremiales de carácter empresarial así como de eventual solidaridad entre hombres de negocios, del Ing. Carrillo Lara para con el Lic. Bruce Jiménez.

Vistas así las cosas, don Rafael Carrillo Lara debe salirse de la Comisión de Notables, establecida para “investigar” a la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), para lo cual la ANEP le hace esta exhortación pública, apelando a la ética que siempre le ha caracterizado en su vida privada, empresarial y política.

San José, 12 de mayo de 2004.

Decepcionante porque la conformación de tal comisión reproduce el esquema bipartidista, excluyente y de apropiación política de la gestión pública; siendo que lo que hay que investigar, es gestado por la lógica política de tal sistema bipartidista, a través de la promoción de un sostenido proceso de facilitación de negocios privados con los servicios públicos estatales.

Pero, además, lo que hay que investigar, ya investigado está. La Asamblea Legislativa del período 1998-2002, integró una comisión especial que analizó el complejo entramado de intereses de negocios, ligado a la provisión de bienes y servicios requeridos por la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS); comisión encabezada por el entonces diputado Dr. Wálter Muñoz Céspedes.

Tal comisión estableció con gran claridad la gestación de un proceso paulatino de tráfico de influencias, de irregularidades y de desangramiento sistemático de las finanzas de la Caja; con intencionalidades evidentes para debilitar su capacidad de prestación directa de servicios de la creciente demanda en salud; junto al desarrollo de una “arquitectura” inteligente para la facilitación del lucro privado.

El hoy Presidente de la República, entonces Diputado Pacheco de la Espriella, integrante de esa comisión legislativa presidida por el Dr. Muñoz Céspedes, tuvo información pormenorizada, desde un inicio, de ese nefasto proceso; sin embargo, emitió un informe de minoría (junto con su colega parlamentario de partido en ese momento, Alvaro Trejos); convirtiéndose así, prácticamente, en un cómplice de lo que hoy dice combatir, con la creación de la comisión citada; pero además, en nada se preocupó por la situación apuntada durante los dos primeros años de su gobierno.

La Comisión de Notables que “investigará” la Caja, tiene ya mucho trabajo avanzado, con lo dictaminado por aquella comisión legislativa presidida por el entonces diputado Dr. Muñoz Céspedes. Por ahí podrían empezar, para disipar la reserva y el escepticismo que desde ya ha generado su conformación en muchos sectores sociales.

San José, 11 de mayo de 2004.

Al hacerse del conocimiento de la ciudadanía que el mencionado alto jerarca, buscando ser designado el nuevo Contralor General de la República, mintió a la Asamblea Legislativa, en cuanto a la posesión del elevado grado académico de Doctor en Economía, que nunca tuvo; se hace insostenible, por razones de transparencia y de ética, que permanezca un día más en ese honroso cargo de Subcontralor General de la República.

Además, su permanencia en ese puesto, aunque sea por tan sólo unos pocos días más, daña la imagen de la prestigiosa entidad contralora, en momentos en los cuales la cosa pública inherente a la administración del Estado costarricense, sufre serios problemas de credibilidad; ante una ciudadanía atónita con el constante descubrimiento de acciones incorrectas, que golpean la legitimidad de las instituciones del sistema público de nuestro querido país.

Don Jorge Corrales, quien a pesar de su pensamiento filosófico e ideológico de signo neoliberal, que no guarda relación alguna con los valores de la hasta hoy vigente institucionalidad costarricense, ha sido considerado un intelectual de respeto hasta la fecha; debe mostrar el decoro que se esperaría de una figura como la suya, renunciando inmediatamente al citado cargo; para restaurar el golpe moral que ha recibido la entidad contralora, con el inexistente mérito académico que, supuestamente, le sirvió para obtener el cargo que hoy debe abandonar.

Además, la propia Contraloría General de la República debe establecer si con base ese supuesto título de Doctor en Economía, se le habrían estado otorgando reconocimientos salariales durante el tiempo en que ha estado en el cargo de Subcontralor General, para que se le demande que los devuelva.

San José, 29 de abril de 2004.

Según se la ha indicado a la ANEP, tales decisiones habrían establecido un incremento del 100 % en la plaza de Presidente Ejecutivo y de un 85 % para las plazas de gerentes y subgerentes de la institución, incluyendo, aparentemente, a la de Auditoría General.

Desde la noche del lunes anterior, día 19, la ANEP envió, con carácter de urgencia, una nota al Contralor General de la República, Lic. Luis Fernando Vargas Benavides, solicitándole aclarar que si la entidad contralora tenía conocimiento del asunto y si hubiese resuelto algo en particular.

La ANEP, que tenía en elaboración un emplazamiento directo a quien es ya hoy, Expresidente Ejecutivo de la Caja; solicitará en las próximas horas, el nuevo jerarca, el Dr. Horacio Solano Montero, una indagación sobre el particular; ya sea, para desmentir la existencia de tal decisión ò, para darla a conocer al país con toda la amplitud del caso.

Además, es preciso saber si en el caso de que tal decisión se hubiese adoptado, si la misma es producto de acuerdo de la Junta Directiva de la institución y cuáles serían los sustentos políticos, jurídicos y técnicos para haberla adoptado.

Sería nefasto para la credibilidad de la emblemática institución de la Seguridad Social costarricense, que una decisión de tal calibre se hubiese dado en el marco de las actuales circunstancias sociales, que marcan un sendero muy difícil para la clase trabajadora agobiada, por salarios decrecientes en medio de una inclemente cadena de alzas que este Gobierno no hace nada por parar.

San José, 22 de abril de 2004.

Ese presupuesto fue obtenido por iniciativa propia de las autoridades del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), mediante gestiones directas en la Asamblea Legislativa, con ocasión del trámite, a finales del año pasado, del proyecto de Presupuesto de la República para 2004.

El INEC estaba esperanzado en obtener para 2004, un presupuesto total de 1016 millones de colones (incluyendo lo necesario para realizar la mencionada encuesta). Sin embargo, sufrió un recorte en la tramitación del citado presupuesto, ejecutado por el Ministerio de Hacienda; lo cual le obligó a gestionar por sí mismo, ante el parlamento costarricense, los fondos suficientes para llevar a cabo la Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples del presente año.

Ahora, sorprendentemente, es el propio Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC), quien estaría obstruyendo la realización de esa encuesta; pues, para satisfacer el enojo del Ministerio de Hacienda ante la no aprobación pronta del denominado Plan Fiscal, accedió al nuevo recorte presupuestario ordenado por este último ministerio y, precisamente, por la suma de 65 millones de colones.

El chantaje del Ministerio de Hacienda a la Asamblea Legislativa, para que le aprueben el nuevo paquete tributario, está llegando a extremos sencillamente ridículos. 65 millones de colones constituye una pequeñísima cantidad de dinero dentro de las voluminosas cifras inmersas en el asunto presupuestario, fiscal y tributario; dejando sin financiamiento un programa como la Encuesta de Hogares que produce valiosa información sobre la situación socioeconómica nacional.

Sin embargo, esa cantidad es estratégicamente vital para realizar la Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples del presente año y no hay justificación alguna (ni moral, ni jurídica, ni política y mucho menos ética), para impedir que se realice.

Con toda nuestra fuerza, exigimos muy vehementemente, al Gobierno de la República que exprese la voluntad política requerida para corregir lo que sería uno de los más graves errores en materia económica y social para este año; sea, impedir que se lleve a cabo tal encuesta.

Por otra parte, exigimos a las máximas autoridades políticas del Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC), dar el respaldo necesario al Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), para que reciba los fondos originalmente previstos por la Asamblea Legislativa, para la ejecución de la mencionada encuesta.

Condenamos, enérgicamente, al Ministerio de Hacienda, por ordenar recortes presupuestarios absurdos y ridículos pero nefastos y contraproducentes, que afectan de manera sensible, políticas públicas de indudable interés ciudadano; como son la medición de las variaciones en la condición socioeconómica de las familias costarricenses, especialmente aquellas pertenecientes a la clase trabajadora.

No quisiéramos pensar en la existencia de alguna perversa y oculta intencionalidad política, por parte de los mayores mandos reales del Gobierno de la República, buscando impedir que la realización de tal encuesta, muestre la inobjetable realidad del bolsillo popular: una indetenible e injusta cadena de alzas que están golpeando, duramente, la ya de por sí bastante afectada estabilidad socioeconómica de las familias de la clase trabajadora.

San José, 12 de abril de 2004.

Esta nueva alza, aunada a la que se espera en los combustibles, en las tarifas de buses, en el arroz y otras, indican la naturaleza perversa de un sistema de liberalización total de precios que afecta, con mayor intensidad y dureza, a quienes menos se pueden defender: la clase asalariada.

Condenamos, enérgicamente esta cadena de alzas; denunciando, con toda nuestra fuerza y vehemencia, la gran estafa política que se cometió, una vez más, contra los sectores populares, en la recién pasada campaña electoral.

El Gobierno del Presidente Pacheco de la Espriella, es tan neoliberal como los anteriores: Insensible al dolor de los sectores pobres y trabajadores, afectados duramente con la carestía de la vida; cuyo ascenso inmisericorde es incapaz de parar o de, al menos, atenuar, la administración actual.

Esta cadena de alzas en contra de los intereses populares, constituye una verdadera bofetada a la dignidad de la clase trabajadora; particularmente ofensiva en momentos en los cuales está por aprobarse un paquete de reformas fiscales que dada las carencias que presenta y la negativa a introducirle los cambios sugeridos por varios sectores sociales; está destinado a convertirse en un paquetazo tributario más, contra el bolsillo de los que menos tienen.

Sin duda alguna, los procesos de fijación salarial que se avecinan, tanto para el Sector Privado como para el Sector Público, estarán sumamente candentes; particularmente en este último sector, donde las posibilidades de organización para la acción y la movilización activa son mucho mayores. ANEP se alista desde ya para llamar a la lucha decidida contra el acelerado empobrecimiento salarial.

San José, 5 de abril de 2004.

La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), deja constancia pública por esta vía, de su más ferviente muestra de solidaridad y de apoyo para con los periodistas de Diario Extra; condenados a penas de prisión a raíz de su actividad profesional, en un campo de tanta importancia estratégica para el país, como el de la comunicación colectiva.

Para la ANEP está claro que Gabriela Chávez Pérez, Marco Leandro Camacho y José Luis Jiménez Robleto, experimentados y distinguidos profesionales periodísticos, cumplían una labor profundamente ética y con gran contenido humanista; pretendiendo tan solo que los lectores de Diario Extra tuviesen conocimiento de informaciones justas, equilibradas y apegadas a la realidad de los acontecimientos que estaban reportando.

Nuestro respaldo solidario para con los citados periodistas, debemos hacerlo extensivo a Diario Extra y a toda la empresa periodística del Grupo Extra (La Prensa Libre, Radio América y Extra TV 42); pues estos medios de comunicación colectiva se han convertido en una sólida garantía democrática para garantizar la verdadera equidad informativa, permitiendo la difusión amplia y justa de la noticia que se origina en la actividad de los sectores organizados del movimiento popular costarricense.

Ha llegado la hora de las necesarias y contundentes transformaciones jurídicas que no solamente garanticen al comunicador y a la comunicadora, plena seguridad de que el ejercicio responsable de su profesión no implica la sanción penal, como sucede ahora; sino que quede la certeza de que la propiedad privada de los medios de comunicación colectiva, está estrechamente relacionada con una responsabilidad social, para el acceso igualitario a la difusión y recepción de información, de todas las voces actoras del escenario político y social nacional.

San José, 1 de abril de 2004.

Ni la más mínima sorpresa causa en los sectores del amplio y diverso movimiento social costarricense, la encuesta que publica el periódico La Nación, en este fecha, acerca del supuesto“amplio” respaldo de la población costarricense al TLC (tratado de “libre” comercio), entre Costa Rica y los Estados Unidos de América. Hechas las consultas de rigor en este día, sobresalen los siguientes argumentos:

Primero: El Grupo Nación y sus periódicos La Nación, Al Día y EL Financiero constituyen un actor ideológico y político claramente definido en el asunto del TLC; al cual apuestan sistemática y militantemente, pues lo consideran como la solución definitiva para entronizar en Costa Rica, su proyecto neoliberal de desarrollo. Difícilmente es posible que tales medios divulguen una encuesta contraria a los intereses económicos de sus propietarios.

Segundo: La encuesta en mención sale luego de una intensa y millonaria campaña propagandística, que no tiene nada de informativa; por medio de la cual se ha estado agrediendo psicológicamente a la gente, en una especie de terrorismo ideológico, al plantearle que el país se enfrenta a la maniquea disyuntiva de “TLC o morir”. Bajo tal premisa, es muy difícil para el común de la gente, liberarse de tal acorralamiento.

Tercero: Lo anterior tiene relación directa con la imposibilidad material que resulta para la amplia gama de sectores opuestos al TLC, difundir la tesis contraria, en condiciones de equidad de acceso a los distintos medios de comunicación colectiva y a los mecanismos publicitarios que se necesitan y que son de alto costo económico.

Cuarto: Precisamente, esta situación hace profundamente legítimo el reclamo público formulado días atrás por varias organizaciones sindicales, cuestionando el empleo de fondos públicos, pagados por todos, en una única dirección. Un mínimo factor ético del Gobierno de la República, debería considerar una divulgación equilibrada de las tesis contrapuestas, a fin de que la ciudadanía pudiera formarse un criterio propio a partir de su autónoma reflexión; no una opinión condicionada por una propaganda falaz y abusiva.

Quinto: Vistas así las cosas, dejamos constancia de que no creemos en las encuestas pagadas por el Grupo Nación sobre el TLC, pues es obvio que las mismas se inscriben en la campaña propagandística diseñada al efecto, para acorralar a la opinión pública; buscando acosar a la Asamblea Legislativa a que tome la decisión conveniente a los intereses de negocios de tal grupo que no son los del país.

San José, 17 de marzo de 2004.