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El distinguido ciudadano Carlos Alvarado Quesada se juramenta mañana como el nuevo Presidente de Costa Rica, convirtiéndose en el mandatario no. 48 de la historia republicana del país.

Con mucha sinceridad y transparencia, la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), le desea mucho éxito en su gestión gubernativa pese a que auguramos muchísima dificultad y complejidad en su desenvolvimiento.

Don Carlos, aunque ganó las elecciones obteniendo una inobjetable victoria en las urnas, ha “perdido” el Gobierno. Haberse aliado con el Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), le dejó apenas con un 33 % de jerarcas provenientes de su propia colectividad partidaria, el Partido Acción Ciudadana (PAC).

Esta circunstancia es más dramática considerando que el pensamiento ideológico fundamental del otrora partido del Humanismo cristiano costarricense, fue sustituido por la ideología neoliberal del “todo mercado-nada Estado”.

Pensamos que esto generará un cortocircuito cotidiano con la aspiración de afirmación institucional de los postulados fundamentales del PAC, en su pretensión de convertirse en la nueva alternativa socialdemócrata del país, luego del descalabro ideológico y electoral del Partido Liberación Nacional (PLN).

Nada bueno se augura para las personas integrantes de la clase trabajadora asalariada del sector Público.

Las personas al comando de la política económica del gobierno de don Carlos tienen, en términos generales, una idea fija: el déficit fiscal se debe a los salarios que se devengan en el empleo público.

Esta concepción completamente ideologizada y sesgada acerca del papel del sector Público en el desarrollo de la sociedad, colisionará con la abrumadora mayoría del electorado PAC que le votó al nuevo mandatario: capas medias altamente endeudadas, angustiadas por no caer en la pobreza, así como esperanzadas de no quedar del todo excluidas de la distribución de los beneficios del crecimiento económico, en altísimo nivel para el promedio latinoamericano, pero contrastantemente cada vez más concentrado.

Así las cosas, y en el escenario del agravamiento de una crisis fiscal que nunca ha sido responsabilidad de la clase trabajadora en su conjunto (tanto la del sector Público como la del Privado), la tensión social será “el pan de cada día” en las relaciones obrero-patronales, tanto al interior del Estado mismo como fuera de él; pero esperanzados de que el diálogo sea sincera brújula gubernativa a todo nivel.

ANEP anhela la consolidación del actual proceso de unidad sindical y social. Recomendamos, de manera muy respetuosa, a todos los gremios, sindicatos, asociaciones, cooperativas y hasta colegios profesionales, fomentar espacios de coordinación para enfrentar los delicados desafíos a la estabilidad laboral de miles y miles de personas trabajadoras asalariadas; tanto como los delicados desafíos de sostenimiento de una amplia diversidad de programas sociales destinados a poblaciones vulnerables que serán objetivo fiscalista-recortista desde el núcleo fundamental que controlará el gobierno de don Carlos: el equipo económico cuya inspiración ideológica fundamental ni cristiano-humanista es, ni nada parecido al sueño socialdemócrata PAC.

Desde las aceras mediático-ideológicas contrarias al empleo público y al propio sector Público, se nota ya una intensificación de la estrategia de imposición del miedo en la sociedad ante la gravedad del problema fiscal; y, se nos augura que se viene un ajuste fiscal “con dolor” … Sólo queda preguntarse: ¿dolor para quién?… La respuesta es más que obvia: para la clase trabajadora, obligada ahora más que nunca a unirse y a defenderse.

San José, lunes 7 de mayo de 2018.

Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP)
Albino Vargas Barrantes
Secretario General ANEP

La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados ANEP felicita a todas las personas que se sumaron el día de ayer al movimiento de huelga a la vez que, les hace un llamado a continuar en pie de lucha contra el injusto y oprobioso combo fiscal que atenta contra nuestros derechos y contra el bienestar de nuestras familias.

Así mismo, como hemos tenido noticia de acciones que están llevando a cabo en algunas instituciones tendenes a rebajar el salario a los funcionarios y funcionarias que participaron en el movimiento de huelga, consideremos necesario informar lo siguiente:

1. La huelga es un derecho fundamental, así conceptuado en el artículo 61 de nuestra Constitución Política.
2. El nuevo marco regulatorio del derecho de huelga, dado por la Ley de Reforma Procesal Laboral, garantiza el ejercicio de este derecho a todas las personas trabajadoras para la defensa de sus intereses económico, sociales y jurídicos.

3. Como derecho fundmantal que es la huelga, el empleador tiene prohibido tomar represalias contra las personas que participen en un movimiento de huelga. Toda acción de esta naturaleza constituye una infracción a las leyes de trabajo que acarrea responsabilidad para quien la ejerce. Por consiguiente, es menester denunciar cualquier actuación que se de en represalia por la participación en el movimiento de huelga del día ayer.

4. De acuerdo con lo que establece el artículo 379 del Código de Trabajo, el empleador no puede rebajar el salario a las personas participantes en la huelga, si de previo no ha acudido a los tribunales de trabajo a solicitar la calificación del movimiento y sin que exista una sentencia que declare de manera firme que la huelga es ilegal. Solo bajo este supuesto procede el rebajo salarial y, siempre y cuando, los trabajadores y trabajadoras decidan mantenerse en el movimiento de huelga una vez notificada la ilegalidad del mismo.

5. El nuevo marco regulatorio del ejercicio del derecho de huelga es claro en establecer que en el caso de que la huelga sea declarada ilegal, el patrono podrá rebajar los salarios o ejercer acciones disciplinarias si y solo si, los trabajadores y trabajadoras persisten en el movimiento de huelga y no se reincorporan a sus respectivos puestos de trabajo dentro del término de 24 horas contadas a partir de que se les ha notificado que la declaratoria de ilegalidad de la huelga por parte del Juez de Trabajo.

6. Para mayor claridad, aún y cuando el empleador haya acudido a los tribunales a solicitar la calificación de la huelga y esta haya sido declarada ilegal mediante una sentencia judicial dictada por un Juez de Trabajo, el empleador no podrá ni rebajar salarios ni mucho menos tomar acciones disciplinarias, si los trabajadores y trabajdoras se reincorporan a sus puestos de trabajo en el transcurso de las 24 horas siguientes al comunicado que anuncia la ilegalidad de la huelga.

7. Cualquier acción disciplinaria o rebajo de salario que se de en una institución o empresa privada a contra pelo de lo que hemos explicado antes, es abiertamente ilegal y constituye una violación de los derechos laborales que acarrea consecuencias para los responsables. Tratándose de instituciones públicas, el jerarca o jefatura que emprenda acciones sancionatorias u ordene el rebajo de salarios para las personas que participaron el exitoso movimiento de huelga del día de ayer sin haber seguido de antemano el procedimiento judicial para la calificación de la huelga, incurre en abuso de poder y se hace merecedor de la responsabilidad correspondiente.

8. ANEP solicita a todos sus afiliados y afiliadas, que en caso de enfrentar acciones disciplinarias o rebajos salariales por la participación en la huelga del día de ayer, deben comunicarlo inmediatamente a los representantes del Sindicato, y si es posible aportar el normbre de la jefatura responsable para así tomar las acciones de defensa que correspondan y exigir las responsabilidades pertinentes.