Categoría: Noticias

Entre las motivaciones centrales de la convocatoria que se está haciendo al pueblo trabajador para su participación en el histórico y tradicional desfile de este Jueves 1 de mayo, destacan:

· – Restablecer la Dignidad Nacional ante las naciones del mundo, a raíz de la posición a favor de la guerra asumida por el Presidente de la República, don Abel Pacheco.

· – Demanda por un aumento salarial justo de cara a las negociaciones venidas de los sectores Público y Privado.

· – Defensa y mejora del sistema de pensiones de los y de las costarricenses, reafirmando una oposición rotunda para que se eleve la edad de jubilación a los 65 años, incremento de las cuotas y la reducción de los beneficios del sistema.

· – Demandar una urgente revolución tributaria para que el gran capital tribute lo que debe y no evada sus responsabilidades, de forma tal que se detenga el abusivo proceso de concentración de la riqueza que estamos viviendo.

· – Contra un tratado de libre comercio con los Estados Unidos, que prácticamente nos anexiona a ese país; de forma tal que se protejan las empresas públicas (ICE, INS, Bancos, CCSS); nuestros agricultores, la preservación del ambiente y contra la abusiva explotación laboral.

Además, habrá una destacada participación de varias organizaciones que luchan a favor de la paz y contra la guerra, todas las cuales desean hacer énfasis en la tradición civilista del pueblo costarricense y contra la errática posición del gobierno del Presidente Pacheco, de “hacer lo mismo que hace el Sr. Bush”.

En conferencia de prensa próxima de todas las agrupaciones se ampliarán sobre la histórica celebración de la clase trabajadora.

San José, 24 de abril del 2003.

Casi el 80 % de los y de las costarricenses, según encuesta de la firma Demoscopía, califica la gestión presidencial de regular a pésima; sin dejar de lado que la caída en la imagen de Don Abel se viene dando, muy rápidamente, desde agosto del año anterior.

Lo anterior no deja ninguna duda. Las últimas decisiones de Don Abel y su equipo económico han marcado un camino plagado de equivocaciones, que ha confrontado el sentir popular de la mayoría de la ciudadanía costarricense, particularmente la compuesta por la clase trabajadora.

Una política salarial restrictiva, tanto para los trabajadores del Sector Privado como para los trabajadores del Sector Público, ha traído un enorme descontento entre la población asalariada; la cual, día con día, lucha contra un crecimiento desmedido en el costo de la vida, particularmente en bienes y servicios básicos.

Por otra parte, el pueblo le está cobrando al Presidente Pacheco el golpe dado al espíritu civilista y pacifista del ciudadano costarricense, por haber apoyado la genocida acción bélica de los Estados Unidos y sus aliados contra el pueblo iraquí; invasión militar violatoria de todas las normas internacionales y que pisoteó el papel de las Naciones Unidas.

Tampoco el señor Presidente Pacheco ha podido mantener coherencia entre lo dicho y prometido en campaña, con lo actuado y cumplido hasta el momento, en uno de esos temas más explosivos para el país: las privatizaciones y aperturas de los monopolios públicos.

Don Abel dijo no querer nada con tales tesis neoliberales, sin embargo ha venido en los últimos días cambiando su dicho, acomodándose a los intereses de los grandes grupos económicos y financieros de enorme poder político, que impulsan en el marco del tratado comercial con los Estados Unidos, una apertura y privatización de actividades claves como las telecomunicaciones, la banca y los seguros.

Se impone un estratégico cambio de rumbo en el Gobierno del Presidente Pacheco. Caso contrario, la confrontación social está a la vuelta de la esquina.

San José, 22 de abril del 2003.

Dichos sectores, matriculados hasta el tuétano con la ideología neoliberal en su versión más fundamentalista, creen haber encontrado la varita mágica que les traerá su más ansiado sueño: el negocio de la privatización de las más rentables empresas públicas que ha tenido el país hasta hoy día.

Ha ocurrido un dramático cambio institucional en el juego democrático que hasta ahora ha tenido validez en Costa Rica. Un verdadero golpe de Estado técnico se la ha dado a la Asamblea Legislativa.

La facultad soberana del pueblo, depositada en el parlamento, se ha traspasado a la esfera judicial. Las presiones políticas fueron tan descaradas, que el máximo tribunal constitucional de la República, la Sala IV, tuvo dos posiciones diametralmente distintas sobre el mismo tema, en un período corto de tiempo.

Al final, se han salido con la suya quienes hasta el día de hoy han visto frenadas sus aspiraciones para una neoliberalización completa de nuestra vida republicana.

El parlamento costarricense, ya de por sí bastante golpeado en su credibilidad ante la ciudadanía, tanto por razones objetivas como por otras mal intencionadas; ha quedado relegado. Su papel se verá disminuido de ahora en adelante porque, lamentablemente, ante este atropello a su institucionalidad y a su legitimidad, no se reaccionó de conformidad a la intensidad del golpe recibido.

Desde la perspectiva de los sectores sociales, la reelección presidencial no es el problema. Lo que ha quedado en evidencia es el surgimiento de un suprapoder cuya independencia e incidencia nos pone a las puertas de quiebres institucionales radicales, que podrían dejar en gran estado de indefensión a importantes sectores de la sociedad costarricense.

La verdadera opinión del pueblo costarricense al respecto está por verse. No es posible confiar a ciegas en las encuestas que se hicieron al respecto en su momento, con la obvia intención de incidir en la dirección del fallo constitucional que hoy comentamos.

Curioso es constatar otros procesos de medición de la opinión de la gente en el tema y llama la atención, por ejemplo, la encuesta de Telenoticias de Canal 7, por el sistema de internet; la cual, al día miércoles 9 de abril, planteaba un 68.06 % de opiniones contrarias a dicha sentencia judicial. (Ver al dorso información atinente).

Con todo respeto para los honorables señores diputados y señoras diputadas, es nuestra opinión que la actual Asamblea Legislativa ha exhibido un marasmo impresionante en toda esta situación.

La verdad es que, a fin de cuentas, el pueblo, sabiamente, sabrá encontrar las respuestas necesarias en el momento propicio.

San José, 10 de abril del 2003.

La pretensión del Gobierno de los Estados Unidos para que Costa Rica, en el marco del denominado tratado de “libre” comercio (TLC), entregue su mercado de telecomunicaciones, representa, sencillamente, una provocación de consecuencias insospechadas para una ciudadanía como la costarricense; la cual, abrumadoramente, se ha expresado contra la privatización de empresas públicas, en todas sus formas, incluidas las famosas “aperturas”.

Precisamente, hace tres años, en los meses de marzo y abril del 2000, Costa Rica, a lo largo y a lo ancho del país, en una especie de referéndum callejero, anunció al mundo su rechazo tajante a la propuesta neoliberal para la entrega, venta y privatización del mayor patrimonio público que poseemos como nación: el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE).

A pesar del discurso oficialista de que el tema de las telecomunicaciones no es negociable en el marco del TLC de la América Central con los Estados Unidos, desconfiamos de la palabra del Gobierno de la República al respecto; y, desde ya, estamos preparados para enfrentar esta nueva ofensiva privatizadora que pretende, vía el mal llamado “libre” comercio, quedarse con las empresas públicas más rentables de los costarricenses, como lo es el ICE.

A los sectores sociales costarricenses, en sus distintas manifestaciones organizativas, no nos toma por sorpresa las pretensiones de los estadounidenses y sus socios nacionales. Anunciamos desde ya gigantescas jornadas de lucha cívica, superiores a las del combo ICE, para impedir que al patrimonio nacional sea entregado de tan vil forma, escudándose en un TLC altamente perjudicial para los intereses nacionales. El barril de pólvora está listo para explotar.

San José, 1 de abril del 2003.

La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), expresa su felicitación a la fracción legislativa del Partido Liberación Nacional (PLN), por su firme posición política en torno a la desafortunada y errática decisión del Gobierno del Presidente Pacheco de la Espriella, de matricular a Costa Rica en la coalición infractora del Derecho Internacional, que encabeza Estados Unidos, la cual ejecuta la agresión e invasión militar a Irak, al margen de las Naciones Unidas.

Los diputados y las diputadas liberacionistas, con su rompimiento del quórum en la sesión legislativa de ayer lunes 24 de marzo, honraron la tradición pacificista del pueblo costarricense, mancillada por la dócil posición gubernamental, de “banana republic”, que exhibe el actual Gobierno ante la potencia estadounidense.

Creemos que la fracción parlamentaria del PLN, así como otros señores diputados y señoras diputadas de los otros grupos legislativos, deben exigir, con todas sus armas reglamentarias y políticas a su alcance, un cambio radical en la posición costarricense, sacando al país de esa coalición guerrerista y belicista, violadora de la legislación internacional.

San José, 25 de marzo del 2003.

Bush, cuya elección mostró al mundo que en Estados Unidos ni todos los votos cuentan ni todos los votos son contados, ha pisoteado el Derecho Internacional y ha descalificado, casi que para siempre, a la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

Condenamos la posición de “banana republic” asumida por Gobierno del Presidente Pacheco de la Espriella, en torno a esta agresión militar. El mensaje que al respecto ha transmitido el mandatario compromete la tradición civilista y pacifista del pueblo costarricense; a la vez, implícitamente, avala el atropello al Derecho Internacional. Creemos que demuestra así un irrespeto absoluto a los Derechos Humanos del sufrido pueblo iraquí, pueblo sometido a un doble y terrible dolor: el del tirano y el del jefe de las petroleras.

Tristemente, el gobierno costarricense se puso del lado del agresor y contra la solución pacífica, la cual es avalada por importantísimos Estados y por millones y millones de personas a lo largo y a lo ancho de este planeta; agobiado por el irracional ejercicio de la fuerza y el poderío militar estadounidenses; así como por las políticas dictatoriales de los organismos financieros internacionales, como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, políticas que tienen a millones y millones de seres humanos en el hambre y la miseria absolutas.

Es evidente que jamás se puede aceptar un Tratado de Libre Comercio (TLC) con un país que desprecia las leyes internacionales; con un país agresor; con un país que se niega a aceptar convenios tan trascendentales para la vida en la Tierra, como el Protocolo de Kioto, como el Tribunal Penal Internacional, como la normativa laboral de la Organización Internacional del Trabajo (OIT); y ahora, que desconoce al máximo organismo que se suponía garante de la paz y del derecho internacional, Naciones Unidas.

Esta es una hora triste para la humanidad. Y más indigna todavía comprobar que esta agresión militar, mal llamada guerra, es un asunto de negocios, al darse a conocer ya los primeros “contratos” que se asignarán a empresas estadounidenses, para la supuesta “reconstrucción” del Irak sometido al poder imperial dominante.

San José, 20 de marzo del 2003.

Mientras que la cárcel privada de Pococí nos costaría casi 10 mil millones de colones, ¡al año!; con tan sólo 1.383 millones, el Patronato de Construcciones del Ministerio de Justicia y Gracia, financiará la construcción de esos 1.200 nuevos campos; precisamente, la misma cantidad de espacios de reclusión que tendría el penal privado que tanto cuestionamiento público ha generado.

El plan de desarrollo carcelario de Adaptación Social para el período 2003-2004, que dio a conocer la titular de dicha cartera ministerial, Lic. Patricia Vega Herrera, confirma que al Sistema Penitenciario Nacional tiene la capacidad para la contención de los diversos tipos de privados de libertad, aún los más peligrosos.

Sería un crimen para el país destinar los multimillonarios recursos para el negocio privado de la cárcel, a sabiendas de que tales dineros serían aprovechados de mejor manera, en sacar a gran cantidad de programas sociales de la deplorable condición financiera en que muchos de ellas se encuentran.

Esta situación cobra mucha mayor razón ahora que el propio Gobierno de la República, por intermedio del anuncio de la Ministra de Justicia y Gracia, reconoce, tácitamente, que no es necesario que los y las costarricenses, hagamos ricos a un consorcio extranjero con el negocio carcelario.

La honorable Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, instancia que tiene en sus manos la decisión final sobre el cuestionado proceso licitatorio de la cárcel privada de Pococí, debe considerar este nuevo elemento: la institucionalidad pública tiene suficiente capacidad aumentar la infraestructura carcelaria y a muchísimo menor costo para las ya de por sí deterioradas finanzas públicas.

San José, 11 de marzo del 2003.

Si el TLC de los Estados Unidos con Chile duró cerca de seis años y casi la misma cantidad de tiempo el de la América del Norte, no entendemos la premura y la irresponsabilidad que se le está imprimiendo al proceso negociador en el que Costa Rica está involucrada. En los dos casos citados, a pesar del largo tiempo empleado en las respectivas negociaciones, ya ha saltado a la luz pública los graves errores que se cometieron y el impacto socioeconómico negativo en amplias capas de la población mexicana y canadiense.

La ANEP considera como irresponsable y suicida seguir el ritmo que a este proceso le impone el Gobierno de los Estados Unidos de América pues, a final de cuentas, el país saldrá altamente perjudicado; máxime que la potencia del norte está ya relevando sus verdaderas intenciones: apertura en telecomunicaciones (por ejemplo); así como mostrando sus intenciones para fortalecer la protección a sus propios productores agrícolas, de textiles, fármacos y agroquímicos.

La gravedad de los temas de propiedad intelectual y de los medicamentos genéricos representa un riesgo sin precedentes para la estabilidad institucional de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS). La negociación en desarrollo representa la más seria amenaza a la existencia de esta vital entidad pública, en toda su historia.

Por otra parte, esta desaceleración del proceso negociador es vital para Costa Rica, cuyo desarrollo económico y social es radicalmente distinto, a los otros países centroamericanos involucrados en semejante aventura.

El actual proceso negociador lleva a nuestro país hacia una homologación “hacia abajo” en cuanto a sus condiciones laborales y ambientales, por ejemplo; dada la fuerte tradición histórica de las oligarquías centroamericanas contra los preceptos de los Derechos Humanos, que tienen mucho mayor vigencia en Costa Rica.

Además, Costa Rica necesita introducir cambios radicales, de forma y de fondo, en cuanto a cómo se ha venido promoviendo la consulta y la participación de los actores productivos, laborales, ambientales y sociales en el proceso negociador. Este proceso, hasta el momento, ha sido muy superficial, burocrático y con suministro de información insuficiente y hasta insustancial.

Nuestro Gobierno debe entender que, en aras de la necesaria paz social del país, hay que pasar hacia una participación de tales actores radicalmente distinta, que nos conduzca a una especie de negociación estructural interna; de forma tal que los negociadores costarricenses lleven la posición del país y no la de la tecnocracia de los manuales del mal llamado libre comercio.

Es necesario indicar que algunas de las personas integrantes del equipo negociador costarricense no están generando la suficiente confianza entre los sectores sociales ante eventuales conflictos de intereses que pudieran surgir en el camino.

La ANEP hará un llamado al amplio y diverso conjunto de las organizaciones civiles y sociales involucradas en este proceso, para que contribuyan con su valioso aporte en tal sentido, es decir, pronunciándose por la desaceleración del actual proceso negociador, altamente suicida para Costa Rica.

San José, 4 de marzo del 2003.

De los 24 millones de habitantes de Irak, 10 millones necesitarían ayuda después del ataque militar estadounidense; habrá miles y miles de muertos y heridos. La niñez y la adolescencia iraquí serán, dolorosamente, quienes más sufrirán (el 48 % de la población iraquí tiene menos de 14 años). Hasta un millón de personas tendrán que abandonar sus hogares, convirtiéndose en refugiadas de guerra.

Si bien Irak está gobernado por un hombre con poderes dictatoriales y que ha atropellado los Derechos Humanos de poblaciones étnicas distintas a las de su propio origen (como la población kurda); esta no es causa suficiente para la descomunal agresión militar estadounidense que se avecina. Estamos de acuerdo en que el régimen político iraquí debe ser despojado de cualquier arma de destrucción masiva, pero jamás la vía de la agresión militar debe legitimarse para ello. Es más, creemos que ningún país del planeta debe tener armas de semejante impacto destructivo, por más poderoso que sea.

Las razones de un eventual ataque de los Estados Unidos contra Irak son otras. Por ejemplo, la necesidad de tener control directo sobre los 112 mil millones de barriles de petróleo que tiene Irak en su subsuelo (las segundas reservas más grandes del planeta, después de las de Arabia Saudita), es una de las verdaderas razones para semejante agresión.

Otra razón no menos poderosa es la necesidad de la reactivación que necesita, con urgencia, la economía estadounidense, cuya industria de guerra es vital en tal sentido. El gasto militar estadounidense, público y privado, está detenido, por la acumulación en bodega de enormes cantidades de material bélico que ya se está volviendo obsoleto; así como la imperiosa necesidad de probar los nuevos inventos para la guerra, como la bomba eléctrica.

A pesar de la inminencia de esta agresión militar, que jamás puede conceptuarse como una verdadera guerra, en ANEP creemos que la paz es posible y desde ya, condenamos, de manera enérgica la acción bélica estadounidense contra el pueblo iraquí. En su momento, con la misma energía y vehemencia, condenamos los viles ataques terroristas del 11 de setiembre del 2001, que tanto dolor provocaron en la gran nación del norte de América y en todo el mundo.

Sabemos que el pueblo trabajador de ese gran país, que es los Estados Unidos de América, no comparte la acción de su gobierno. Sabemos que las grandes transnacionales que controlan la comunicación mundial, manipulan la información en torno a Irak. Todavía queda mucha gente confundida y/o engañada; pero, aún así, pese a la engañosa estratagema desinformativa, millones y millones son ya plenamente conscientes de las verdaderas intenciones del Presidente Bush y de sus socios de las compañías petroleras y de la industria militar.

La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), expresa su condena enérgica a las acciones militares estadounidenses contra el pueblo iraquí. Nos unimos al amplio, diverso y creciente clamor mundial a favor de una solución pacífica en el caso de Irak. Hacemos un llamado para que todos y todas nos pronunciemos por la paz.

San José, Costa Rica,
25 de febrero del 2003

La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), ha solicitado una investigación a la Contraloría General de la República, en el Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC), encabezado por la Licda. Vilma Villalobos; para determinar la procedencia del dinero con que se pagan los salarios de varias personas que están clasificadas como “personal de confianza” de dicho despacho ministerial; según se desprende del Acuerdo Ejecutivo No. 26-MEIC, fechado 3 de setiembre del 2002 y publicado en el Diario Oficial La Gaceta, No. 183, del martes 24 del mismo mes y año.

Tenemos la presunción de que esas personas no están pagadas por el presupuesto oficial del MEIC, determinado en la Ley General de Presupuesto de la República; sino que los dineros que financian esos salarios proceden de una entidad denominada “Fundación CRUSA”, creyendo entender que “CRUSA”, son las siglas que definen las expresiones geográficas y políticas “Costa Rica” y “United States Of America”.

Estamos hablando de las siguientes personas:
Leonardo Campos Castillo
Mabel Castro Valverde
Melissa Molina López
Andrea Gallegos Rodríguez
Melanie Bacherer Arends
Ricardo Madrigal Jiménez
Camilo Monterrosa de León
Patricia del Bo
Isabel Cristina Araya
Erick Borbón
Ileana Cruz
Flor Soto
Laura Castro
Maríaminta Quirce
Karla Plá
Edwin Fallas

La carta que la ANEP envió al Lic. Luis Fernando Vargas Benavides, Contralor General de la República, solicita que la investigación a desarrollar tenga aspectos como los siguientes:

1- Determinar qué es la denominada Fundación CRUSA en toda su dimensión: registro, directiva, misión, fuentes de financiamiento, etc.
2- Si efectivamente todas esas personas realizan o realizaron laborales para el Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC), luego de la llegada al poder de la actual administración del país.
3- Cuál es el nombre del puesto y el salario correspondiente para cada una de ellas.
4- Establecer las fuentes de financiación de tales puestos y si se confirma que esos dineros provienen de la denominada Fundación CRUSA.
5- Qué tipo de labor realiza cada una de esas personas en esos puestos.
6- Qué tipo de vínculo podría haber en cada una de esas labores, con relación al proceso que vive el país para establecer negociaciones comerciales; particularmente, el proceso del Tratado de Libre Comercio entre los países centroamericanos (incluida Costa Rica) y los Estados Unidos de América.
7- Cuál es el grado de legitimidad jurídica que les asiste para trabajar, ordenar, tener personal subalterno, usar la infraestructura institucional (planta física, servicios de oficina, equipos, teléfonos, luz, agua, etc.); en una institución de servicio público, cuyo presupuesto lo aprueba la Asamblea Legislativa.
8- Si se confirma que sus salarios provienen de la denominada Fundación CRUSA, cómo gira ésta tales dineros a cada una de esas personas, ¿directamente?, ¿a través de una sociedad?, ¿cómo?
9- Se debe determinar si pagan impuesto sobre la renta esos salarios y si, tal y como técnica y sistemáticamente se les rebaja en el Sector Público a los trabajadores y a las trabajadoras objeto de tal tributo, así se aplica a los salarios que se estarían pagando por la modalidad indicada.
10- Adicionalmente, solicitamos que el ente contralor bajo su digna dirección proceda, también, a investigar si la mencionada “Fundación CRUSA” estaría financiando pago de personal en los ministerios de Hacienda y de Comercio Exterior.

Considerando que el proceso que el país ya está viviendo en torno a la eventual suscripción de un tratado de libre comercio con los Estados Unidos de América, es más que urgente establecer la veracidad de nuestra denuncia, considerando el importante papel que el MEIC tiene en este proceso.

San José, 14 de febrero del 2003.