Categoría: Noticias

Considerando:

1.
Que la abrumadora mayoría del pueblo costarricense ha expresado en distintos momentos y en variadas circunstancias y por múltiples formas, su rechazo rotundo a la filosofía neoliberal como sistema de desarrollo para nuestro querido país.

2.
Que el Gobierno del Presidente Pacheco de la Espriella se ha entregado, completamente, a dicha filosofía, dándole el manejo de la economía a esa única visión, impregnada de fundamentalismo fiscalista y obsesividad macroeconómica con abusivas restricciones del gasto y de la inversión publicas. Esto está desatando peligrosos conflictos sociales de grave riesgo para la paz social y la institucionalidad democrática de Costa Rica; además, ha venido deteriorando seriamente su credibilidad, por su constante actitud de deshonrar la firma puesta en compromisos que, precisamente, debían apuntar a la consolidación de la estabilidad social del país (ICE, Magisterio Nacional, Provincia de Limón, convenios con OIT, entre otros). Que en el caso del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), lo que está en juego es mucho más que una simple emisión de bonos; pues en realidad, lo que se está jugando es el “proyecto-país” que todos los costarricenses tenemos el derecho y el deber de construir.

3.
Que el equipo económico neoliberal del Presidente Pacheco de la Espriella, en realidad, busca crear las condiciones necesarias para la entrega total del patrimonio nacional con ocasión de las negociaciones del Tratado de Libre Comercio (TLC), con los Estados Unidos de América; promoviendo el ingreso de las gigantescas transnacionales de energía, telecomunicaciones, seguro, banca, salud, agricultura, entre otras.

4.
Que dicho equipo económico responde a intereses sectoriales que si bien ostentan un desmedido y gigantesco poderío económico y financiero, son minoritarios; propiciando así una abusiva concentración de la riqueza y extendiendo la pobreza abarcando a los sectores medios, mayoritarios en la sociedad costarricense.

5.
Que el sector más antidemocrático y totalitario de la cúpula empresarial costarricense se ha lanzado en una multimillonaria campaña publicitaria de ataque visceral y manipulador contra las fuerzas sociales, especialmente las del ICE, atizando la hoguera de la confrontación social.

Por tanto:

La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), hace pública su decisión para una convocatoria a Huelga General Nacional, lanzando esta iniciativa para la consideración de las otras fuerzas del Movimiento Sindical Costarricense; así como a los diferentes sectores sociales de mujeres, de estudiantes, ecologistas, pastorales, campesinos, académicos, comunales y otros; de manera que, conjuntamente, definamos la fecha de arranque con la urgencia que amerita la gravedad de la situación social que enfrentamos.

La ANEP propone la unificación de agendas sectoriales en un pliego único de forma tal que en un solo frente social podamos demandar soluciones claras, contundentes, precisas y oportunas a:

1.
La situación del ICE.

2.
La normalización plena del pago salarial al Magisterio Nacional.

3.
La atención a las justas demandas de la comunidad limonense.

4.
La apertura a las negociaciones salariales de los sectores Privado y Público.

5.
Las obligaciones pendientes con la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

6.
La apertura de un real espacio de discusión y participación plena en el proceso del TLC.

7.
La reversión del reglamento que flexibilizó las obligaciones tributarias para con el Instituto de Desarrollo Agrario (IDA), “regalando” miles de millones de colones a firmas privadas de bebidas de distinto tipo.

8.
El fortalecimiento urgente de la Administración Tributaria cumpliendo ya, sin más dilación y con pleno respeto al espíritu del legislador, de lo que ordenó la Ley de Contingencia Fiscal.

9.
Reversión profunda del proceso licitatorio que pretende entregar el INCOP a las transnacionales.

10.
Renuncia a la privatización de la cárcel de Pococí.

11.
Fortalecimiento presupuestario inmediato de los sistemas de preservación de las áreas protegidas del patrimonio ecológico nacional.

12.
Profunda rendición de cuentas por parte de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), con relación a sus obligaciones para el fortalecimiento del Régimen de Pensiones I.V.M, según se lo ordenó la Ley de Protección al Trabajador.

13.
Amplia revisión al sistema de concesión de obra pública con su respectiva rendición de cuentas.

14.
Una profunda auscultación e indagación sobre la composición de la deuda interna para determinar el grado de concentración de la misma; y por ende, el gigantesco negocio que representa, el proceso de concentración de la misma en reducidos grupos financieros del Sector Privado.

15.
Freno total a la abusiva contratación de consultorías en las entidades públicas, pasando a emplear, como corresponde, el calificado recurso humano, profesional y técnico, que existe en la Administración Pública; personal que a la fecha ha sido relegado, excluido, descalificado, discriminado y desmotivado.

Demandamos:

1.
Cambio drástico de la integración del equipo económico gubernamental.

2.
La conformación de un nuevo equipo con la inclusión de prestigiosos economistas comprometidos con los ideales de solidaridad, de justicia social, de equidad distributiva, de profundo contenido humanista y cristiano.

3.
La renuncia de la Ministra de la Presidencia, de Educación Pública y del Ministro de Hacienda, señora Rina Contreras, señora Astrid Fischel y señor Jorge Wálter Bolaños, respectivamente. En su lugar, deben designarse personas ajenas a los sectores económico-financieros de orientación neoliberal; personas que tenga mayor capacidad de entender el desafío nacional por una sociedad sin exclusiones, orientada al bien común.

4.
La apertura de una Mesa Nacional para la Solidaridad y por una Sociedad Inclusiva, con participación de las fuerzas sociales y productivas más representativas, pero que estén dispuestas a la construcción de una sociedad de paz, de equidad distributiva y de justicia social.

5.
Descartar todo tipo de acciones represivas, administrativas, legales y políticas contra los trabajadores y contra las trabajadoras en huelga, así como contra quienes se habrán de adherir a los nuevos movimientos por venir.

San José, 27 de mayo del 2003.

En cincuenta años de vigencia del Código de Trabajo, y a pesar de encontrarse declarado constitucionalmente el Derecho a la Huelga, existen sólo dos excepciones de muy antigua data, que fueron declaradas huelgas legales por los tribunales de justicia. Todas las demás son y han sido declaradas ilegales, fundamentalmente por las desproporcionadas exigencias que establece la ley.

Por una parte se exige un porcentaje de declaración de apoyo a la huelga que, según la Organización Internacional del Trabajo (OIT), es excesivo y desproporcionado (60 %); lo que impide el ejercicio del derecho de huelga. Adicionalmente, nuestra legislación exige que, de previo a ir a la huelga, se debe agotar un procedimiento judicial cuya duración promedio es de tres años.

En tercer lugar, se exige que no se trate de un servicio público. Sin embargo, la definición de servicio público que tiene nuestra legislación fue declarada inconstitucional desde 1998. Desgraciadamente, hasta el día de hoy, la definición sustituta no ha sido dada a conocer por la Sala Constitucional ya que aún no se ha hecho pública la sentencia que contiene la nueva definición.

Todo esto hace que en Costa Rica no se respete el Derecho Humano a la Huelga. Ante tal situación, ya desde el 1º de julio de 1999, se interpuso una acción de inconstitucionalidad en contra de los desproporcionados requisitos establecidos en el Código de Trabajo para la huelga legal.

Es decir, a la fecha de hoy, los requisitos para determinar si una huelga es legal o ilegal están cuestionados ante la Sala Cuarta, por lo que, conforme lo establece la Ley de Jurisdicción Constitucional, ningún Juzgado de Trabajo podría dictar una sentencia, declarando legal o ilegal un determinado movimiento de huelga; si antes nuestro máximo tribunal constitucional no resuelve la acción de inconstitucionalidad pendiente y, además, hace pública la sentencia que debe definir cómo debe entenderse el servicio público en nuestro país.

Pero además, una acción precipitada por parte del Gobierno de La República, ya no sólo pasaría por encima de la competencia de la Sala Constitucional, sino que engrosará su ya gran expediente negativo que deberá enfrentar en los próximos meses ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT), como país violador de la Libertad Sindical, la Negociación Colectiva y el Derecho Humano a la Huelga.

Así las cosas, afirmamos de manera contundente, la actual huelga del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), la eventual huelga del Magisterio Nacional o cualesquiera otra, no puede ser declarada ilegal pues ningún juez de trabajo tiene atribuciones legales para que en este momento dicte una sentencia de declaratoria de ilegalidad de huelga.

San José, 19 de mayo del 2003.

Lo anterior consta en el Oficio SD-069-2003, fechado 21 de abril de 2003, firmado por el Lic. José Luis Araya Alpízar, Subdirector General de la Dirección General de Presupuesto del Ministerio de Hacienda; el cual, “con instrucciones superiores”, así se lo comunica a la entidad contralora.

Recordemos que bajo las falsas argumentaciones de “cierre técnico” primero y “modernización”, después, el Gobierno pretendió transferir la suma de 3.280 millones de colones de fondos del Consejo Nacional de Vialidad (CONAVI), para destinarlos a pagar indemnizaciones adicionales a los trabajadores del INCOP; como “premio” para que no se opusieran a la privatización de tan importante entidad portuaria, la principal fuente de empleo en la Provincia de Puntarenas.

Así se ha caído la maniobra gubernamental, básicamente promovida por el Ministro de Obras Públicas y Transportes (MOPT), Lic. Javier Chaves Bolaños, quien intentó, en todo momento, obviar el necesario debate nacional sobre el futuro del INCOP.

El Gobierno reconoce, en consecuencia, que tendrá que ser por medio de ley de la república, aprobada por la Asamblea Legislativa, la forma correcta para “deshacerse” del INCOP. Esto permitirá un gran debate político, con la participación de las fuerzas vivas puntarenenses, acerca de la oportunidad de privatizar una institución portuaria tan vital en el desarrollo del pacífico costarricense. Desde ya anunciamos una gran ofensiva cívica para preservar al INCOP como parte del patrimonio público del pueblo costarricense.

San José, 15 de mayo del 2003.

La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), ha solicitado a las autoridades de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), declarar “Estado de Emergencia” la situación que vive el Servicio de Nutrición del Hospital Nacional de Niños “Dr. Carlos Sáenz Herrera”; en virtud de que se ha agudizado el problema del abastecimiento de alimentos tales como arroz, carne, frijoles, jugos, leche, SIMILAC, avena, galletas, margarina, helados, queso, pescado. Por otra parte, un aparato denominado “autoclase”, que sirve para esterilizar los chupones está malo; además, no hay máquinas de lavado, por lo que todo el proceso se debe realizar a mano.

Esta crítica situación en dicho servicio hospitalario, coloca en serio riesgo la salud de los niños y de las niñas que se enfrentan al dolor y la enfermedad, debiéndose hospitalizarles en dicho centro médico. Tan grave es la situación que hoy, miércoles 14 de mayo, a las 6:00 de la mañana, venció el plazo que los trabajadores del Departamento de Nutrición dieron a las autoridades de la institución para resolver este grave problema,

La gravedad del problema exige medidas de suma urgencia. Si éstas no se toman, la ANEP ha comunicado ya a la Presidencia Ejecutiva y a la Gerencia Administrativa de la CCSS, que en las próximas horas se incrementarán las medidas de presión para que la ciudadanía y, especialmente, los padres y las madres de familia de la población infantil internada en el Hospital Nacional de Niños, apoyen la acción de lucha responsable que ha asumido el personal del Departamento de Nutrición de tan noble institución de salud. La situación es alarmante y no puede esperar. Urge una solución institucional ya.

San José, 14 de mayo del 2003.

La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), respalda, de manera rotunda, el movimiento de paro de labores que este lunes 12 de mayo, efectuarán los trabajadores y las trabajadoras del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE); contra la nueva ofensiva de los neoliberales del Gobierno del Presidente Pacheco, por acabar con este estratégico patrimonio nacional, vía el estrangulamiento financiero.

La estratagema del trío neoliberal (el verdadero poder dentro del actual Gobierno), compuesto por Ronulfo Jiménez, Francisco de Paula Gutiérrez y Jorge Walter Bolaños; es clara: ahogar financieramente al ICE, debilitarlo al máximo, paralizar sus proyectos y restarle apoyo ciudadano, y así allanar el camino para introducir en el marco del Tratado de Libre Comercio (TLC), con los Estados Unidos, la apertura del mercado de telecomunicaciones.

La ANEP respaldará esta nueva fase de la lucha por la defensa del ICE, y desde ya está girando instrucciones a sus bases y estructuras multisectoriales e interinstitucionales, para que estén listas a entrar en acción.

San José, 10 de mayo del 2003.

250 mil colones pagará cada costarricense ¡Mil Millones de colones cuesta el Proceso del TLC! El Ministro de Hacienda, Jorge Wálter Bolaños Rojas, solicitó a la cartera de MIDEPLAN (Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica), una transferencia por la cantidad de C. 1.000.000.000.oo (MIL MILLONES DE COLONES), “…para ayudar al proceso que está llevando a cabo el Ministro de Comercio Exterior, señor Alberto Trejos, relativo al Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos”. Así consta en el Oficio DM-292, fechado 17 de febrero de 2003, enviado por el citado jerarca al Lic. Jorge Polinaris Vargas, Viceministro de MIDEPLAN, documento puesto en conocimiento de la ANEP. Los dineros serían tomados de los fondos de preinversión, constituidos por un Contrato de Préstamo, No. 569/OC-CR, del Gobierno de Costa Rica con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID); préstamo que fuera aprobado por la Asamblea Legislativa, según Ley de la República No. 7376, del 23 de febrero de 1994, por un total de 6 millones de dólares. MIL MILLONES DE COLONES significa que, en una población de 4 millones de personas, a cada costarricense (hombre, mujer, niño, niña), el proceso del TLC le costará 250 mil colones; pues esa escandalosa cantidad de dinero debe pagarse a la entidad bancaria que la presta. Resulta imperioso que el Ministro de Comercio Exterior, don Alberto Trejos, explique las razones de que el proceso del TLC alcance MIL MILLONES DE COLONES, suma escandalosa si la analizamos a la luz de los lamentos cotidianos del actual Gobierno por el asunto fiscal del país. Debe rendirse cuentas plenas del porqué tan escandalosa erogación, si el Ministerio de Comercio Exterior cuenta con un equipo numeroso de negociadores comerciales, de alta experticia, a quienes se les paga salarios significativos con cargo al Presupuesto Nacional. Téngase presente que para el presente año 2003, la planilla del COMEX está cercana a los 500 millones de colones. Tal rendición de cuentas debe indicar, por ejemplo, si de esa suma tan grande se pagan consultorías, por ejemplo, por qué razones y a qué entidades, empresas y/o personas. Es fin, la ciudadanía debe saber a qué manos llegará tanta plata por el TLC. Por otra parte, para los entendidos en la materia, estaríamos al frente de un destino irregular de los fondos provenientes de dicho empréstito, pues se emplean para fines distintos de los que dictaminó la Asamblea Legislativa al aprobar dicho empréstito. Otra situación grave es que esa transferencia de MIL MILLONES DE COLONES no será reembolsable al fondo de preinversión correspondiente, lo cual afectaría proyectos que sí tendrían respaldo financiero con esos dineros. Por ejemplo, estaríamos hablando de que podrían verse entorpecido el financiamiento de los estudios de catastro y de planes reguladores en los gobiernos locales. Finalmente, ANEP se encuentra preparando la debida documentación en su poder, para trasladar esta denuncia a la Contraloría General de la República y a la Defensoría de los Habitantes de la República. Igualmente, emplazaremos a la Asamblea Legislativa para que ésta se pronuncie. Deseamos determinar no solamente la legalidad de tal transferencia de fondos, sino la propiedad y la racionalidad del destino que se ha indicado, cual es, “ayudar al proceso que está llevando a cabo el Ministro de Comercio Exterior, señor Alberto Trejos, relativo al Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos”.

San José, 7 de mayo del 2003.

Así consta en el Oficio DM-292, fechado 17 de febrero de 2003, enviado por el citado jerarca al Lic. Jorge Polinaris Vargas, Viceministro de MIDEPLAN, documento puesto en conocimiento de la ANEP.

Los dineros serían tomados de los fondos de preinversión, constituidos por un Contrato de Préstamo, No. 569/OC-CR, del Gobierno de Costa Rica con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID); préstamo que fuera aprobado por la Asamblea Legislativa, según Ley de la República No. 7376, del 23 de febrero de 1994, por un total de 6 millones de dólares.

MIL MILLONES DE COLONES significa que, en una población de 4 millones de personas, a cada costarricense (hombre, mujer, niño, niña), el proceso del TLC le costará 250 colones; pues esa escandalosa cantidad de dinero debe pagarse a la entidad bancaria que la presta.

Resulta imperioso que el Ministro de Comercio Exterior, don Alberto Trejos, explique las razones de que el proceso del TLC alcance MIL MILLONES DE COLONES, suma escandalosa si la analizamos a la luz de los lamentos cotidianos del actual Gobierno por el asunto fiscal del país.

Debe rendirse cuentas plenas del porqué tan escandalosa erogación, si el Ministerio de Comercio Exterior cuenta con un equipo numeroso de negociadores comerciales, de alta experticia, a quienes se les paga salarios significativos con cargo al Presupuesto Nacional. Téngase presente que para el presente año 2003, la planilla del COMEX está cercana a los 500 millones de colones.

Tal rendición de cuentas debe indicar, por ejemplo, si de esa suma tan grande se pagan consultorías, por ejemplo, por qué razones y a qué entidades, empresas y/o personas. Es fin, la ciudadanía debe saber a qué manos llegará tanta plata por el TLC.

Por otra parte, para los entendidos en la materia, estaríamos al frente de un destino irregular de los fondos provenientes de dicho empréstito, pues se emplean para fines distintos de los que dictaminó la Asamblea Legislativa al aprobar dicho empréstito.

Otra situación grave es que esa transferencia de MIL MILLONES DE COLONES no será reembolsable al fondo de preinversión correspondiente, lo cual afectaría proyectos que sí tendrían respaldo financiero con esos dineros. Por ejemplo, estaríamos hablando de que podrían verse entorpecido el financiamiento de los estudios de catastro y de planes reguladores en los gobiernos locales.

Finalmente, ANEP se encuentra preparando la debida documentación en su poder, para trasladar esta denuncia a la Contraloría General de la República y a la Defensoría de los Habitantes de la República. Igualmente, emplazaremos a la Asamblea Legislativa para que ésta se pronuncie. Deseamos determinar no solamente la legalidad de tal transferencia de fondos, sino la propiedad y la racionalidad del destino que se ha indicado, cual es, “ayudar al proceso que está llevando a cabo el Ministro de Comercio Exterior, señor Alberto Trejos, relativo al Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos”.

San José, 7 de mayo del 2003.

1 – Los sectores neoliberales del gran poder económico y financiero de nuestro país, representados en las cúpulas de los partidos Unidad Social Cristiana y Liberación Nacional, no descansan en su intención de profundizar el modelo de desarrollo excluyente y concentrador de riqueza que le han venido imponiendo al país.

2 – A partir del rudo golpe que recibieran con los procesos electorales del año 2002, pretenden desarrollar una nueva ofensiva hacia la privatización, ahora que la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia les dio el “regalo” de la reelección presidencial.

3 – Se sienten fortalecidos luego de haber logrado el golpe de Estado técnico del Poder Judicial contra el Poder Legislativo, con la instauración inducida de la reelección presidencial; en medio de la más descarada campaña periodística y publicitaria al respecto, promovida por el Grupo Nación y otros círculos de la derecha neoliberal.

4 – Como es bien sabido, este proceso ha estado dirigido al relanzamiento electoral del Dr. Oscar Arias Sánchez, figura sobre la que se está dando la recomposición de la derecha política del país.

5 – Como indicamos, ésta había quedado muy golpeada luego de los históricos acontecimientos del combo ICE y de los resultados de los procesos electorales del año 2002; procesos que determinaron, de alguna manera, el quiebre bipartidista y la fragmentación parlamentaria, necesitándose una segunda vuelta electoral presidencial y generándose un alto abstencionismo (sobre todo muy impresionante en las elecciones municipales).

6 – La pretensión para remozar el desprestigiado sistema bipartidista tiene como uno de sus elementos centrales, el apoyo de los hermanos Arias Sánchez al Gobierno de don Abel Pacheco y de la Unidad Social Cristiana. Se perfila una especie de cogobierno para darle nuevos aires al errático rumbo neoliberal del país.

7 – Sin embargo, se ocupa algo más que darle oxígeno al Poder Ejecutivo, en momentos en los cuales empieza a ser evidente la pérdida de popularidad y de credibilidad del actual gobernante; pese a la asesoría y al respaldo político que le han venido dando los hermanos Arias Sánchez.

8 – Hay quienes pensaron que el Partido Liberación Nacional (PLN), se recompondría a partir de la recuperación de sus valores originarios, relanzando una propuesta socialdemócrata renovada pero respetuosa de la herencia de equidad y de solidaridad que le caracterizó hasta que se pasó al neoliberalismo.

9 – Sin embargo, parece que está reafirmando su compromiso con la filosofía neoliberal y su próximo candidato presidencial será el de esos poderosos grupos económicos de la derecha neoliberal costarricense.

10 – Vistas así las cosas y ante el cogobierno que ya parece realidad, para tales grupos se hace necesario e imprescindible, en consecuencia, la retoma del control bipartidista de la Asamblea Legislativa; que, por cierto, el marasmo y la pasividad exhibida frente a su anulación política en el caso de la reelección presidencial, nos ha dejado perplejos.

11 – Es en este nuevo marco de circunstancias que se pretende modificar el reglamento legislativo. Desde los sectores sociales no podemos tener otra perspectiva más que ésta: Está en desarrollo una nueva ofensiva neoliberal para garantizar los votos necesarios de las más acariciadas tesis de privatización, reformas financieras y libre comercio.

12 – Esto sería mucho mejor si todo puede salir de un solo tiro, a propósito del tratado de “libre comercio” entre Costa Rica, los otros países centroamericanos y los Estados Unidos de América, ahora que los deseos hegemónicos de esta potencia por el control imperialista del mundo, son más que evidentes; de lo cual, por ejemplo, dan fe los niños iraquíes, masacrados y mutilados, con el aval del propio Presidente Pacheco de la Espriella.

13 – A la vez y en este nuevo marco de condiciones, es de esperar que la revolución tributaria que ocupa Costa Rica, para lograr que el gran capital pague lo que debe, no tenga “ambiente”; dados los grandes intereses económicos y financieros potencialmente afectados y que se han conjuntado en torno a la cuestión de la reelección.

14 – De la misma forma, pueden esperarse enormes dificultades y fuertes obstáculos para dar paso a la ley de fortalecimiento del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE). Producto de maniobras políticas oscuras se introdujo en la Comisión Mixta que tendrá que analizar la legislación para fortalecerlo, representaciones espúreas, verdaderas infiltraciones de los intereses neoliberales privatizadores, aliados estratégicos del bipartidismo que hoy pretende remozarse.

15 – Argumentar que por culpa del reglamento legislativo el parlamento costarricense no funciona, es una tesis inexacta y falaz; además de que conlleva un sesgo autoritario que puede conducir a situaciones sociales explosivas que en nada benefician al país.

16 – Las representaciones parlamentarias minoritarias, así como el amplio abanico de organizaciones de la sociedad civil, corren el riesgo de ser marginadas, excluidas, burladas; es decir, quedar en total estado de indefensión. No es posible, por tanto, pretender reformas al reglamento legislativo como acuerdo cuasisecreto de cúpulas parlamentarias, a espaldas de la ciudadanía.

17 – En consecuencia, para los sectores sociales, las propuestas de reforma al reglamento legislativo forman parte de la nueva estrategia neoliberal, a partir de lo que empieza a visualizarse como el cogobierno del Presidente Pacheco y los neoliberales hermanos Arias Sánchez, con el aval de las cúpulas del tradicional bipartidismo.

18 – Estas han encontrado en la reelección presidencial una oportunidad para remozarse, retomando el control político de las grandes decisiones nacionales, dándole la espalda a las demandas de cambios de forma y de fondo sobre cómo decidir las grandes cuestiones del país.

19 – Para los sectores sociales costarricenses, lo que le está pasando a la actual Asamblea Legislativa resulta alarmante. La aplanadora neoliberal, atascada por la férrea resistencia cívica de un pueblo que se niega a perder su particular identidad y su sistema social de bienestar, ha sido aceitada por la Sala IV con la reelección presidencial y el cogobierno PLN-PUSC que se avecina.

20 – No estamos dispuestos a permitir un parlamento como entidad tramitadora de legitimidad formal para los proyectos más anhelados de la derecha neoliberal: privatizaciones, reformas financieras, “libre comercio”.

21 – Otra vez queda certificada la validez de la movilización social para frenar la nueva intentona en desarrollo. Afortunadamente, la articulación organizativa del poderoso abanico de sociedad civil contraria a la neoliberalización total del país, está ya en movimiento para entrar en acción.

Albino Vargas Barrantes
Secretario General ANEP

Edgar Morales Quesada
Secretario General Adjunto ANEP

Jorge Arguedas Mora
Coordinador General FIT-ICE

Rafael Mora Solano
Coordinador Nacional Federación

30 de abril del 2003.

Entre las motivaciones centrales de la convocatoria que se está haciendo al pueblo trabajador para su participación en el histórico y tradicional desfile de este Jueves 1 de mayo, destacan:

· – Restablecer la Dignidad Nacional ante las naciones del mundo, a raíz de la posición a favor de la guerra asumida por el Presidente de la República, don Abel Pacheco.

· – Demanda por un aumento salarial justo de cara a las negociaciones venidas de los sectores Público y Privado.

· – Defensa y mejora del sistema de pensiones de los y de las costarricenses, reafirmando una oposición rotunda para que se eleve la edad de jubilación a los 65 años, incremento de las cuotas y la reducción de los beneficios del sistema.

· – Demandar una urgente revolución tributaria para que el gran capital tribute lo que debe y no evada sus responsabilidades, de forma tal que se detenga el abusivo proceso de concentración de la riqueza que estamos viviendo.

· – Contra un tratado de libre comercio con los Estados Unidos, que prácticamente nos anexiona a ese país; de forma tal que se protejan las empresas públicas (ICE, INS, Bancos, CCSS); nuestros agricultores, la preservación del ambiente y contra la abusiva explotación laboral.

Además, habrá una destacada participación de varias organizaciones que luchan a favor de la paz y contra la guerra, todas las cuales desean hacer énfasis en la tradición civilista del pueblo costarricense y contra la errática posición del gobierno del Presidente Pacheco, de “hacer lo mismo que hace el Sr. Bush”.

En conferencia de prensa próxima de todas las agrupaciones se ampliarán sobre la histórica celebración de la clase trabajadora.

San José, 24 de abril del 2003.

Casi el 80 % de los y de las costarricenses, según encuesta de la firma Demoscopía, califica la gestión presidencial de regular a pésima; sin dejar de lado que la caída en la imagen de Don Abel se viene dando, muy rápidamente, desde agosto del año anterior.

Lo anterior no deja ninguna duda. Las últimas decisiones de Don Abel y su equipo económico han marcado un camino plagado de equivocaciones, que ha confrontado el sentir popular de la mayoría de la ciudadanía costarricense, particularmente la compuesta por la clase trabajadora.

Una política salarial restrictiva, tanto para los trabajadores del Sector Privado como para los trabajadores del Sector Público, ha traído un enorme descontento entre la población asalariada; la cual, día con día, lucha contra un crecimiento desmedido en el costo de la vida, particularmente en bienes y servicios básicos.

Por otra parte, el pueblo le está cobrando al Presidente Pacheco el golpe dado al espíritu civilista y pacifista del ciudadano costarricense, por haber apoyado la genocida acción bélica de los Estados Unidos y sus aliados contra el pueblo iraquí; invasión militar violatoria de todas las normas internacionales y que pisoteó el papel de las Naciones Unidas.

Tampoco el señor Presidente Pacheco ha podido mantener coherencia entre lo dicho y prometido en campaña, con lo actuado y cumplido hasta el momento, en uno de esos temas más explosivos para el país: las privatizaciones y aperturas de los monopolios públicos.

Don Abel dijo no querer nada con tales tesis neoliberales, sin embargo ha venido en los últimos días cambiando su dicho, acomodándose a los intereses de los grandes grupos económicos y financieros de enorme poder político, que impulsan en el marco del tratado comercial con los Estados Unidos, una apertura y privatización de actividades claves como las telecomunicaciones, la banca y los seguros.

Se impone un estratégico cambio de rumbo en el Gobierno del Presidente Pacheco. Caso contrario, la confrontación social está a la vuelta de la esquina.

San José, 22 de abril del 2003.