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Así consta en el Oficio DM-292, fechado 17 de febrero de 2003, enviado por el citado jerarca al Lic. Jorge Polinaris Vargas, Viceministro de MIDEPLAN, documento puesto en conocimiento de la ANEP.

Los dineros serían tomados de los fondos de preinversión, constituidos por un Contrato de Préstamo, No. 569/OC-CR, del Gobierno de Costa Rica con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID); préstamo que fuera aprobado por la Asamblea Legislativa, según Ley de la República No. 7376, del 23 de febrero de 1994, por un total de 6 millones de dólares.

MIL MILLONES DE COLONES significa que, en una población de 4 millones de personas, a cada costarricense (hombre, mujer, niño, niña), el proceso del TLC le costará 250 colones; pues esa escandalosa cantidad de dinero debe pagarse a la entidad bancaria que la presta.

Resulta imperioso que el Ministro de Comercio Exterior, don Alberto Trejos, explique las razones de que el proceso del TLC alcance MIL MILLONES DE COLONES, suma escandalosa si la analizamos a la luz de los lamentos cotidianos del actual Gobierno por el asunto fiscal del país.

Debe rendirse cuentas plenas del porqué tan escandalosa erogación, si el Ministerio de Comercio Exterior cuenta con un equipo numeroso de negociadores comerciales, de alta experticia, a quienes se les paga salarios significativos con cargo al Presupuesto Nacional. Téngase presente que para el presente año 2003, la planilla del COMEX está cercana a los 500 millones de colones.

Tal rendición de cuentas debe indicar, por ejemplo, si de esa suma tan grande se pagan consultorías, por ejemplo, por qué razones y a qué entidades, empresas y/o personas. Es fin, la ciudadanía debe saber a qué manos llegará tanta plata por el TLC.

Por otra parte, para los entendidos en la materia, estaríamos al frente de un destino irregular de los fondos provenientes de dicho empréstito, pues se emplean para fines distintos de los que dictaminó la Asamblea Legislativa al aprobar dicho empréstito.

Otra situación grave es que esa transferencia de MIL MILLONES DE COLONES no será reembolsable al fondo de preinversión correspondiente, lo cual afectaría proyectos que sí tendrían respaldo financiero con esos dineros. Por ejemplo, estaríamos hablando de que podrían verse entorpecido el financiamiento de los estudios de catastro y de planes reguladores en los gobiernos locales.

Finalmente, ANEP se encuentra preparando la debida documentación en su poder, para trasladar esta denuncia a la Contraloría General de la República y a la Defensoría de los Habitantes de la República. Igualmente, emplazaremos a la Asamblea Legislativa para que ésta se pronuncie. Deseamos determinar no solamente la legalidad de tal transferencia de fondos, sino la propiedad y la racionalidad del destino que se ha indicado, cual es, “ayudar al proceso que está llevando a cabo el Ministro de Comercio Exterior, señor Alberto Trejos, relativo al Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos”.

San José, 7 de mayo del 2003.

1 – Los sectores neoliberales del gran poder económico y financiero de nuestro país, representados en las cúpulas de los partidos Unidad Social Cristiana y Liberación Nacional, no descansan en su intención de profundizar el modelo de desarrollo excluyente y concentrador de riqueza que le han venido imponiendo al país.

2 – A partir del rudo golpe que recibieran con los procesos electorales del año 2002, pretenden desarrollar una nueva ofensiva hacia la privatización, ahora que la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia les dio el “regalo” de la reelección presidencial.

3 – Se sienten fortalecidos luego de haber logrado el golpe de Estado técnico del Poder Judicial contra el Poder Legislativo, con la instauración inducida de la reelección presidencial; en medio de la más descarada campaña periodística y publicitaria al respecto, promovida por el Grupo Nación y otros círculos de la derecha neoliberal.

4 – Como es bien sabido, este proceso ha estado dirigido al relanzamiento electoral del Dr. Oscar Arias Sánchez, figura sobre la que se está dando la recomposición de la derecha política del país.

5 – Como indicamos, ésta había quedado muy golpeada luego de los históricos acontecimientos del combo ICE y de los resultados de los procesos electorales del año 2002; procesos que determinaron, de alguna manera, el quiebre bipartidista y la fragmentación parlamentaria, necesitándose una segunda vuelta electoral presidencial y generándose un alto abstencionismo (sobre todo muy impresionante en las elecciones municipales).

6 – La pretensión para remozar el desprestigiado sistema bipartidista tiene como uno de sus elementos centrales, el apoyo de los hermanos Arias Sánchez al Gobierno de don Abel Pacheco y de la Unidad Social Cristiana. Se perfila una especie de cogobierno para darle nuevos aires al errático rumbo neoliberal del país.

7 – Sin embargo, se ocupa algo más que darle oxígeno al Poder Ejecutivo, en momentos en los cuales empieza a ser evidente la pérdida de popularidad y de credibilidad del actual gobernante; pese a la asesoría y al respaldo político que le han venido dando los hermanos Arias Sánchez.

8 – Hay quienes pensaron que el Partido Liberación Nacional (PLN), se recompondría a partir de la recuperación de sus valores originarios, relanzando una propuesta socialdemócrata renovada pero respetuosa de la herencia de equidad y de solidaridad que le caracterizó hasta que se pasó al neoliberalismo.

9 – Sin embargo, parece que está reafirmando su compromiso con la filosofía neoliberal y su próximo candidato presidencial será el de esos poderosos grupos económicos de la derecha neoliberal costarricense.

10 – Vistas así las cosas y ante el cogobierno que ya parece realidad, para tales grupos se hace necesario e imprescindible, en consecuencia, la retoma del control bipartidista de la Asamblea Legislativa; que, por cierto, el marasmo y la pasividad exhibida frente a su anulación política en el caso de la reelección presidencial, nos ha dejado perplejos.

11 – Es en este nuevo marco de circunstancias que se pretende modificar el reglamento legislativo. Desde los sectores sociales no podemos tener otra perspectiva más que ésta: Está en desarrollo una nueva ofensiva neoliberal para garantizar los votos necesarios de las más acariciadas tesis de privatización, reformas financieras y libre comercio.

12 – Esto sería mucho mejor si todo puede salir de un solo tiro, a propósito del tratado de “libre comercio” entre Costa Rica, los otros países centroamericanos y los Estados Unidos de América, ahora que los deseos hegemónicos de esta potencia por el control imperialista del mundo, son más que evidentes; de lo cual, por ejemplo, dan fe los niños iraquíes, masacrados y mutilados, con el aval del propio Presidente Pacheco de la Espriella.

13 – A la vez y en este nuevo marco de condiciones, es de esperar que la revolución tributaria que ocupa Costa Rica, para lograr que el gran capital pague lo que debe, no tenga “ambiente”; dados los grandes intereses económicos y financieros potencialmente afectados y que se han conjuntado en torno a la cuestión de la reelección.

14 – De la misma forma, pueden esperarse enormes dificultades y fuertes obstáculos para dar paso a la ley de fortalecimiento del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE). Producto de maniobras políticas oscuras se introdujo en la Comisión Mixta que tendrá que analizar la legislación para fortalecerlo, representaciones espúreas, verdaderas infiltraciones de los intereses neoliberales privatizadores, aliados estratégicos del bipartidismo que hoy pretende remozarse.

15 – Argumentar que por culpa del reglamento legislativo el parlamento costarricense no funciona, es una tesis inexacta y falaz; además de que conlleva un sesgo autoritario que puede conducir a situaciones sociales explosivas que en nada benefician al país.

16 – Las representaciones parlamentarias minoritarias, así como el amplio abanico de organizaciones de la sociedad civil, corren el riesgo de ser marginadas, excluidas, burladas; es decir, quedar en total estado de indefensión. No es posible, por tanto, pretender reformas al reglamento legislativo como acuerdo cuasisecreto de cúpulas parlamentarias, a espaldas de la ciudadanía.

17 – En consecuencia, para los sectores sociales, las propuestas de reforma al reglamento legislativo forman parte de la nueva estrategia neoliberal, a partir de lo que empieza a visualizarse como el cogobierno del Presidente Pacheco y los neoliberales hermanos Arias Sánchez, con el aval de las cúpulas del tradicional bipartidismo.

18 – Estas han encontrado en la reelección presidencial una oportunidad para remozarse, retomando el control político de las grandes decisiones nacionales, dándole la espalda a las demandas de cambios de forma y de fondo sobre cómo decidir las grandes cuestiones del país.

19 – Para los sectores sociales costarricenses, lo que le está pasando a la actual Asamblea Legislativa resulta alarmante. La aplanadora neoliberal, atascada por la férrea resistencia cívica de un pueblo que se niega a perder su particular identidad y su sistema social de bienestar, ha sido aceitada por la Sala IV con la reelección presidencial y el cogobierno PLN-PUSC que se avecina.

20 – No estamos dispuestos a permitir un parlamento como entidad tramitadora de legitimidad formal para los proyectos más anhelados de la derecha neoliberal: privatizaciones, reformas financieras, “libre comercio”.

21 – Otra vez queda certificada la validez de la movilización social para frenar la nueva intentona en desarrollo. Afortunadamente, la articulación organizativa del poderoso abanico de sociedad civil contraria a la neoliberalización total del país, está ya en movimiento para entrar en acción.

Albino Vargas Barrantes
Secretario General ANEP

Edgar Morales Quesada
Secretario General Adjunto ANEP

Jorge Arguedas Mora
Coordinador General FIT-ICE

Rafael Mora Solano
Coordinador Nacional Federación

30 de abril del 2003.

Entre las motivaciones centrales de la convocatoria que se está haciendo al pueblo trabajador para su participación en el histórico y tradicional desfile de este Jueves 1 de mayo, destacan:

· – Restablecer la Dignidad Nacional ante las naciones del mundo, a raíz de la posición a favor de la guerra asumida por el Presidente de la República, don Abel Pacheco.

· – Demanda por un aumento salarial justo de cara a las negociaciones venidas de los sectores Público y Privado.

· – Defensa y mejora del sistema de pensiones de los y de las costarricenses, reafirmando una oposición rotunda para que se eleve la edad de jubilación a los 65 años, incremento de las cuotas y la reducción de los beneficios del sistema.

· – Demandar una urgente revolución tributaria para que el gran capital tribute lo que debe y no evada sus responsabilidades, de forma tal que se detenga el abusivo proceso de concentración de la riqueza que estamos viviendo.

· – Contra un tratado de libre comercio con los Estados Unidos, que prácticamente nos anexiona a ese país; de forma tal que se protejan las empresas públicas (ICE, INS, Bancos, CCSS); nuestros agricultores, la preservación del ambiente y contra la abusiva explotación laboral.

Además, habrá una destacada participación de varias organizaciones que luchan a favor de la paz y contra la guerra, todas las cuales desean hacer énfasis en la tradición civilista del pueblo costarricense y contra la errática posición del gobierno del Presidente Pacheco, de “hacer lo mismo que hace el Sr. Bush”.

En conferencia de prensa próxima de todas las agrupaciones se ampliarán sobre la histórica celebración de la clase trabajadora.

San José, 24 de abril del 2003.

Casi el 80 % de los y de las costarricenses, según encuesta de la firma Demoscopía, califica la gestión presidencial de regular a pésima; sin dejar de lado que la caída en la imagen de Don Abel se viene dando, muy rápidamente, desde agosto del año anterior.

Lo anterior no deja ninguna duda. Las últimas decisiones de Don Abel y su equipo económico han marcado un camino plagado de equivocaciones, que ha confrontado el sentir popular de la mayoría de la ciudadanía costarricense, particularmente la compuesta por la clase trabajadora.

Una política salarial restrictiva, tanto para los trabajadores del Sector Privado como para los trabajadores del Sector Público, ha traído un enorme descontento entre la población asalariada; la cual, día con día, lucha contra un crecimiento desmedido en el costo de la vida, particularmente en bienes y servicios básicos.

Por otra parte, el pueblo le está cobrando al Presidente Pacheco el golpe dado al espíritu civilista y pacifista del ciudadano costarricense, por haber apoyado la genocida acción bélica de los Estados Unidos y sus aliados contra el pueblo iraquí; invasión militar violatoria de todas las normas internacionales y que pisoteó el papel de las Naciones Unidas.

Tampoco el señor Presidente Pacheco ha podido mantener coherencia entre lo dicho y prometido en campaña, con lo actuado y cumplido hasta el momento, en uno de esos temas más explosivos para el país: las privatizaciones y aperturas de los monopolios públicos.

Don Abel dijo no querer nada con tales tesis neoliberales, sin embargo ha venido en los últimos días cambiando su dicho, acomodándose a los intereses de los grandes grupos económicos y financieros de enorme poder político, que impulsan en el marco del tratado comercial con los Estados Unidos, una apertura y privatización de actividades claves como las telecomunicaciones, la banca y los seguros.

Se impone un estratégico cambio de rumbo en el Gobierno del Presidente Pacheco. Caso contrario, la confrontación social está a la vuelta de la esquina.

San José, 22 de abril del 2003.

Dichos sectores, matriculados hasta el tuétano con la ideología neoliberal en su versión más fundamentalista, creen haber encontrado la varita mágica que les traerá su más ansiado sueño: el negocio de la privatización de las más rentables empresas públicas que ha tenido el país hasta hoy día.

Ha ocurrido un dramático cambio institucional en el juego democrático que hasta ahora ha tenido validez en Costa Rica. Un verdadero golpe de Estado técnico se la ha dado a la Asamblea Legislativa.

La facultad soberana del pueblo, depositada en el parlamento, se ha traspasado a la esfera judicial. Las presiones políticas fueron tan descaradas, que el máximo tribunal constitucional de la República, la Sala IV, tuvo dos posiciones diametralmente distintas sobre el mismo tema, en un período corto de tiempo.

Al final, se han salido con la suya quienes hasta el día de hoy han visto frenadas sus aspiraciones para una neoliberalización completa de nuestra vida republicana.

El parlamento costarricense, ya de por sí bastante golpeado en su credibilidad ante la ciudadanía, tanto por razones objetivas como por otras mal intencionadas; ha quedado relegado. Su papel se verá disminuido de ahora en adelante porque, lamentablemente, ante este atropello a su institucionalidad y a su legitimidad, no se reaccionó de conformidad a la intensidad del golpe recibido.

Desde la perspectiva de los sectores sociales, la reelección presidencial no es el problema. Lo que ha quedado en evidencia es el surgimiento de un suprapoder cuya independencia e incidencia nos pone a las puertas de quiebres institucionales radicales, que podrían dejar en gran estado de indefensión a importantes sectores de la sociedad costarricense.

La verdadera opinión del pueblo costarricense al respecto está por verse. No es posible confiar a ciegas en las encuestas que se hicieron al respecto en su momento, con la obvia intención de incidir en la dirección del fallo constitucional que hoy comentamos.

Curioso es constatar otros procesos de medición de la opinión de la gente en el tema y llama la atención, por ejemplo, la encuesta de Telenoticias de Canal 7, por el sistema de internet; la cual, al día miércoles 9 de abril, planteaba un 68.06 % de opiniones contrarias a dicha sentencia judicial. (Ver al dorso información atinente).

Con todo respeto para los honorables señores diputados y señoras diputadas, es nuestra opinión que la actual Asamblea Legislativa ha exhibido un marasmo impresionante en toda esta situación.

La verdad es que, a fin de cuentas, el pueblo, sabiamente, sabrá encontrar las respuestas necesarias en el momento propicio.

San José, 10 de abril del 2003.

La pretensión del Gobierno de los Estados Unidos para que Costa Rica, en el marco del denominado tratado de “libre” comercio (TLC), entregue su mercado de telecomunicaciones, representa, sencillamente, una provocación de consecuencias insospechadas para una ciudadanía como la costarricense; la cual, abrumadoramente, se ha expresado contra la privatización de empresas públicas, en todas sus formas, incluidas las famosas “aperturas”.

Precisamente, hace tres años, en los meses de marzo y abril del 2000, Costa Rica, a lo largo y a lo ancho del país, en una especie de referéndum callejero, anunció al mundo su rechazo tajante a la propuesta neoliberal para la entrega, venta y privatización del mayor patrimonio público que poseemos como nación: el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE).

A pesar del discurso oficialista de que el tema de las telecomunicaciones no es negociable en el marco del TLC de la América Central con los Estados Unidos, desconfiamos de la palabra del Gobierno de la República al respecto; y, desde ya, estamos preparados para enfrentar esta nueva ofensiva privatizadora que pretende, vía el mal llamado “libre” comercio, quedarse con las empresas públicas más rentables de los costarricenses, como lo es el ICE.

A los sectores sociales costarricenses, en sus distintas manifestaciones organizativas, no nos toma por sorpresa las pretensiones de los estadounidenses y sus socios nacionales. Anunciamos desde ya gigantescas jornadas de lucha cívica, superiores a las del combo ICE, para impedir que al patrimonio nacional sea entregado de tan vil forma, escudándose en un TLC altamente perjudicial para los intereses nacionales. El barril de pólvora está listo para explotar.

San José, 1 de abril del 2003.

La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), expresa su felicitación a la fracción legislativa del Partido Liberación Nacional (PLN), por su firme posición política en torno a la desafortunada y errática decisión del Gobierno del Presidente Pacheco de la Espriella, de matricular a Costa Rica en la coalición infractora del Derecho Internacional, que encabeza Estados Unidos, la cual ejecuta la agresión e invasión militar a Irak, al margen de las Naciones Unidas.

Los diputados y las diputadas liberacionistas, con su rompimiento del quórum en la sesión legislativa de ayer lunes 24 de marzo, honraron la tradición pacificista del pueblo costarricense, mancillada por la dócil posición gubernamental, de “banana republic”, que exhibe el actual Gobierno ante la potencia estadounidense.

Creemos que la fracción parlamentaria del PLN, así como otros señores diputados y señoras diputadas de los otros grupos legislativos, deben exigir, con todas sus armas reglamentarias y políticas a su alcance, un cambio radical en la posición costarricense, sacando al país de esa coalición guerrerista y belicista, violadora de la legislación internacional.

San José, 25 de marzo del 2003.

Bush, cuya elección mostró al mundo que en Estados Unidos ni todos los votos cuentan ni todos los votos son contados, ha pisoteado el Derecho Internacional y ha descalificado, casi que para siempre, a la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

Condenamos la posición de “banana republic” asumida por Gobierno del Presidente Pacheco de la Espriella, en torno a esta agresión militar. El mensaje que al respecto ha transmitido el mandatario compromete la tradición civilista y pacifista del pueblo costarricense; a la vez, implícitamente, avala el atropello al Derecho Internacional. Creemos que demuestra así un irrespeto absoluto a los Derechos Humanos del sufrido pueblo iraquí, pueblo sometido a un doble y terrible dolor: el del tirano y el del jefe de las petroleras.

Tristemente, el gobierno costarricense se puso del lado del agresor y contra la solución pacífica, la cual es avalada por importantísimos Estados y por millones y millones de personas a lo largo y a lo ancho de este planeta; agobiado por el irracional ejercicio de la fuerza y el poderío militar estadounidenses; así como por las políticas dictatoriales de los organismos financieros internacionales, como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, políticas que tienen a millones y millones de seres humanos en el hambre y la miseria absolutas.

Es evidente que jamás se puede aceptar un Tratado de Libre Comercio (TLC) con un país que desprecia las leyes internacionales; con un país agresor; con un país que se niega a aceptar convenios tan trascendentales para la vida en la Tierra, como el Protocolo de Kioto, como el Tribunal Penal Internacional, como la normativa laboral de la Organización Internacional del Trabajo (OIT); y ahora, que desconoce al máximo organismo que se suponía garante de la paz y del derecho internacional, Naciones Unidas.

Esta es una hora triste para la humanidad. Y más indigna todavía comprobar que esta agresión militar, mal llamada guerra, es un asunto de negocios, al darse a conocer ya los primeros “contratos” que se asignarán a empresas estadounidenses, para la supuesta “reconstrucción” del Irak sometido al poder imperial dominante.

San José, 20 de marzo del 2003.

Mientras que la cárcel privada de Pococí nos costaría casi 10 mil millones de colones, ¡al año!; con tan sólo 1.383 millones, el Patronato de Construcciones del Ministerio de Justicia y Gracia, financiará la construcción de esos 1.200 nuevos campos; precisamente, la misma cantidad de espacios de reclusión que tendría el penal privado que tanto cuestionamiento público ha generado.

El plan de desarrollo carcelario de Adaptación Social para el período 2003-2004, que dio a conocer la titular de dicha cartera ministerial, Lic. Patricia Vega Herrera, confirma que al Sistema Penitenciario Nacional tiene la capacidad para la contención de los diversos tipos de privados de libertad, aún los más peligrosos.

Sería un crimen para el país destinar los multimillonarios recursos para el negocio privado de la cárcel, a sabiendas de que tales dineros serían aprovechados de mejor manera, en sacar a gran cantidad de programas sociales de la deplorable condición financiera en que muchos de ellas se encuentran.

Esta situación cobra mucha mayor razón ahora que el propio Gobierno de la República, por intermedio del anuncio de la Ministra de Justicia y Gracia, reconoce, tácitamente, que no es necesario que los y las costarricenses, hagamos ricos a un consorcio extranjero con el negocio carcelario.

La honorable Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, instancia que tiene en sus manos la decisión final sobre el cuestionado proceso licitatorio de la cárcel privada de Pococí, debe considerar este nuevo elemento: la institucionalidad pública tiene suficiente capacidad aumentar la infraestructura carcelaria y a muchísimo menor costo para las ya de por sí deterioradas finanzas públicas.

San José, 11 de marzo del 2003.

Si el TLC de los Estados Unidos con Chile duró cerca de seis años y casi la misma cantidad de tiempo el de la América del Norte, no entendemos la premura y la irresponsabilidad que se le está imprimiendo al proceso negociador en el que Costa Rica está involucrada. En los dos casos citados, a pesar del largo tiempo empleado en las respectivas negociaciones, ya ha saltado a la luz pública los graves errores que se cometieron y el impacto socioeconómico negativo en amplias capas de la población mexicana y canadiense.

La ANEP considera como irresponsable y suicida seguir el ritmo que a este proceso le impone el Gobierno de los Estados Unidos de América pues, a final de cuentas, el país saldrá altamente perjudicado; máxime que la potencia del norte está ya relevando sus verdaderas intenciones: apertura en telecomunicaciones (por ejemplo); así como mostrando sus intenciones para fortalecer la protección a sus propios productores agrícolas, de textiles, fármacos y agroquímicos.

La gravedad de los temas de propiedad intelectual y de los medicamentos genéricos representa un riesgo sin precedentes para la estabilidad institucional de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS). La negociación en desarrollo representa la más seria amenaza a la existencia de esta vital entidad pública, en toda su historia.

Por otra parte, esta desaceleración del proceso negociador es vital para Costa Rica, cuyo desarrollo económico y social es radicalmente distinto, a los otros países centroamericanos involucrados en semejante aventura.

El actual proceso negociador lleva a nuestro país hacia una homologación “hacia abajo” en cuanto a sus condiciones laborales y ambientales, por ejemplo; dada la fuerte tradición histórica de las oligarquías centroamericanas contra los preceptos de los Derechos Humanos, que tienen mucho mayor vigencia en Costa Rica.

Además, Costa Rica necesita introducir cambios radicales, de forma y de fondo, en cuanto a cómo se ha venido promoviendo la consulta y la participación de los actores productivos, laborales, ambientales y sociales en el proceso negociador. Este proceso, hasta el momento, ha sido muy superficial, burocrático y con suministro de información insuficiente y hasta insustancial.

Nuestro Gobierno debe entender que, en aras de la necesaria paz social del país, hay que pasar hacia una participación de tales actores radicalmente distinta, que nos conduzca a una especie de negociación estructural interna; de forma tal que los negociadores costarricenses lleven la posición del país y no la de la tecnocracia de los manuales del mal llamado libre comercio.

Es necesario indicar que algunas de las personas integrantes del equipo negociador costarricense no están generando la suficiente confianza entre los sectores sociales ante eventuales conflictos de intereses que pudieran surgir en el camino.

La ANEP hará un llamado al amplio y diverso conjunto de las organizaciones civiles y sociales involucradas en este proceso, para que contribuyan con su valioso aporte en tal sentido, es decir, pronunciándose por la desaceleración del actual proceso negociador, altamente suicida para Costa Rica.

San José, 4 de marzo del 2003.