Bush, cuya elección mostró al mundo que en Estados Unidos ni todos los votos cuentan ni todos los votos son contados, ha pisoteado el Derecho Internacional y ha descalificado, casi que para siempre, a la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
Condenamos la posición de “banana republic” asumida por Gobierno del Presidente Pacheco de la Espriella, en torno a esta agresión militar. El mensaje que al respecto ha transmitido el mandatario compromete la tradición civilista y pacifista del pueblo costarricense; a la vez, implícitamente, avala el atropello al Derecho Internacional. Creemos que demuestra así un irrespeto absoluto a los Derechos Humanos del sufrido pueblo iraquí, pueblo sometido a un doble y terrible dolor: el del tirano y el del jefe de las petroleras.
Tristemente, el gobierno costarricense se puso del lado del agresor y contra la solución pacífica, la cual es avalada por importantísimos Estados y por millones y millones de personas a lo largo y a lo ancho de este planeta; agobiado por el irracional ejercicio de la fuerza y el poderío militar estadounidenses; así como por las políticas dictatoriales de los organismos financieros internacionales, como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, políticas que tienen a millones y millones de seres humanos en el hambre y la miseria absolutas.
Es evidente que jamás se puede aceptar un Tratado de Libre Comercio (TLC) con un país que desprecia las leyes internacionales; con un país agresor; con un país que se niega a aceptar convenios tan trascendentales para la vida en la Tierra, como el Protocolo de Kioto, como el Tribunal Penal Internacional, como la normativa laboral de la Organización Internacional del Trabajo (OIT); y ahora, que desconoce al máximo organismo que se suponía garante de la paz y del derecho internacional, Naciones Unidas.
Esta es una hora triste para la humanidad. Y más indigna todavía comprobar que esta agresión militar, mal llamada guerra, es un asunto de negocios, al darse a conocer ya los primeros “contratos” que se asignarán a empresas estadounidenses, para la supuesta “reconstrucción” del Irak sometido al poder imperial dominante.
San José, 20 de marzo del 2003.
