Trabajadores de la Municipalidad de Cañas logran acuerdos tras 12 horas de huelga

Desde las 6 de la mañana de este lunes 15 de enero trabajadores operativos y administrativos de la Municipalidad de Cañas, con el apoyo de ANEP, iniciaron un movimiento de huelga que se extendió por 12 horas, el cual finalizó con un acuerdo satisfactorio.

La molestia de los trabajadores se debió al incumplimiento de la Convención Colectiva por parte del Alcade, Luis Fernando Mendoza.

Dentro de los incumplimientos de la Alcaldía a los trabajadores se enuentran: el no pago de la peligrosidad, un reajuste salarial por costo de vida del 2%, así como la implementación de una poliza colectiva de vida. Esto pese a darse un acuerdo en la sede del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social entre las partes.

Reymol Jiménez sobre molestias de trabajadores

Este movimiento representa el primero de su tipo bajo el amparo de la Reforma Procesal Laboral, ya que la ANEP estará solicitando en las próximas horas ante un juez de trabajo la legalidad del movimiento por incumplimiento jurídico.

Ante estas acciones la Alcaldía abrió el espacio de diálogo a eso de las 2 de la tarde con la mediación de un representante del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y tras 4 horas de negociación se establecieron los acuerdos que llevó al levantamiento de la huelga.

Albino Vargas sobre acuerdos

Dentro de los acuerdos alcanzados se establece el respeto por parte de la administración de la Convención Colectiva, así como la implementación de una póliza colectiva de vida. Respecto al reajuste salarial se establecerá una comisión entre las partes, que tendrá hasta el 30 de mayo para presentar una propuesta.

En el tema de la peligrosidad, la Alcaldía se compromete a elaborar un instrumento (formulario) para que sea enviado a los jefes de departamentos y, una vez llenado será presentado a la vicealcaldesa para que esta lo presente a la empresa Servicios Empesariales MDM para la elaboración de un informe, el cual será presentado al Consejo Municipal para hacer de su conocimiento el pago de la peligrosidad.

Felicitamos a la Seccional ANEP-Municipalidad de Cañas y los trabajadores que participaron de este movimiento.

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Posición de la Seccional ANEP- PPME ante largas filas en aeropuerto del país y controles migratorios

La Seccional ANEP- Policía Profesional de Migración y Extranjería (PPME) y la ANEP ha venido denunciando la falta de personal e infraestructura necesaria en la Policía Profesional de Migración y Extranjería, tanto en los puestos fronterizos como en los principales Aeropuertos del país.

Para tal efecto hemos realizado reuniones con la Viceministra de Gobernación, las Directoras de Migración y Extranjería que han pasado por la Dirección y la actual.

Ademas, se han realizado reuniones con la Autoridad Presupuestaria quienes aprobaron sólo 50 plazas de 320 que se solicitaron en la administración de la Licenciada Kathya Rodríguez. A esto se suma que hasta ahora se están reponiendo a los compañeros que se han pensionado o han despedido, así como a los que han fallecido, por lo que el faltante de personal es el mismo.

A raíz de la puesta en marcha del nuevo sistema visible, hicimos la observación de que primero había que reformar el Artículo 37 de la Ley General de Migración y Extranjería para poder realizar el cambio, porque sino se estaría haciendo contrario a nuestra legislación.

Nos manifestaron que era un plan piloto sin fecha límite para evaluar. Es decir, no se preocuparon por la infraestructura y tampoco por aumentar personal.

Como hemos visto la gran preocupación y afectación de la ciudadanía y algunas organizaciones por las largas filas que se están presentando en los controles migratorios para entrar y salir del país, queremos pedirle a Coriport, AERIS, ALA (Asociación de Líneas Aéreas), Cámara de Hoteles, Empresarios Turísticos, Aviación Civil y a todos en General; que nos apoyen y soliciten al Poder Ejecutivo que convoque el Expediente No.20323 que le dará recursos a la Policía Profesional de Migración y Extranjería.

Así mismo solicitamos al Director de Aviación Civil que nos incluyan en la mesa de diálogo para buscar una solución al problema de hace muchos años, como lo es el faltante de Personal en la Policía Profesional de Migración y Extranjería.

Gerardo Mora Ordóñez.
Presidente de la Seccional ANEP-Policía Profesional de Migración y Extranjería.
Directivo Nacional de ANEP.

Restringen ingreso de representante sindical en la Escuela Nacional de Policía en Guápiles

Escoltado y vigilado, como sí ingresara a un centro penal de máxima seguridad, esta fue la descripción que brindó Mainor Anchía, Presidente de la Seccional ANEP-Fuerza Pública en su visita este viernes 12 de enero a la Escuela Nacional de Policías, ubicada en Guápiles.

Anchía indicó que se trasladó al recinto policial a visitar a un afiliado de la ANEP, para conversar sobre una serie de situaciones laborales, pero incluso durante la reunión con el afiliado debió ser acompañado por un oficial.

El Presidente de la Seccional ANEP-Fuerza Pública también crítico la forma en que se está manejando el entornó en la Escuela Nacional de Policías, ya que, según este, obligan a los y las oficiales a ingresar desde el día domingo por la noche al recinto, cuando por horario deberían de hacerlo a partir del lunes,” incluso se les impide el ingreso de alimentos para pasar la noche ya que no les brindan la cena el domingo; y hay compañeros y compañeras que se trasladan desde zonas alejadas”

Conversamos con Mainor Anchía sobre estas y otras situaciones que se presentaron en su visita a la Escuela Nacional de Policía. Escuche la entrevista completa en el siguiente audio:


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El Vaticano se reúne con líderes sindicales para abordar las amenazas al mundo del trabajo

Bruselas, 11 de enero de 2018-CSI. Una reunión internacional a la que asistieron más de 300 líderes sindicales, convocada por el Dicasterio para promover el desarrollo humano integral y acogida por el Vaticano, lanzó un llamamiento a intelectuales, líderes empresariales, empleadores, sociedad civil, organizaciones internacionales y gobiernos, a actuar en solidaridad para lograr un desarrollo integral, inclusivo y sostenible, con “trabajo, tierra y vivienda para todos”.

El resumen de los dos días de debates quedaría reflejado en una declaración sobre paz, democracia y derechos humanos, adoptada por el Vaticano y los dirigentes sindicales. Reconoce la importancia central de la persona humana y el derecho a un trabajo decente con normas laborales universales para todos.

El actual modelo de globalización ha fallado a los trabajadores y trabajadoras, desembocando en niveles históricos de desigualdad que, combinados con la digitalización y el cambio climático, plantean numerosos problemas preocupantes para los trabajadores. La movilidad es uno de los desafíos más acuciantes de nuestros tiempos. Millones de mujeres, hombres y niños se ven obligados a abandonar sus hogares y sus familias a causa de las guerras, el hambre y la pobreza.

La declaración sentará las bases para negociar un nuevo contrato social entre gobiernos, empresarios y trabajadores. Se acordó lo siguiente:

– La libertad sindical y la negociación colectiva son un derecho humano fundamental. – La campaña mundial de salarios de los sindicatos resulta primordial para garantizar que ningún trabajador cobre menos de un salario mínimo que le garantice poder vivir dignamente. – La protección social universal y la garantía de unos servicios públicos vitales resultan esenciales. – Las políticas extremistas, incluyendo xenofobia, racismo y toda forma de exclusión, deberán ser rechazadas en aras del bien común.

El incremento de la automatización, individualización, desigualdad, precariedad, desempleo masivo, pobreza, y el fenómeno de la exclusión y de “desechar” a las personas pone en peligro nuestro “hogar común”. Estas tendencias suponen importantes desafíos para todos los actores sociales e institucionales, en particular en relación con el mundo del trabajo.

“Los sindicatos acogen con beneplácito el liderazgo del Papa Francisco a favor de los derechos y la igualdad para todas las personas y en defensa de nuestro hogar común. En un mundo cada vez más fracturado, donde quedan pocos líderes gubernamentales que den preferencia a las personas, todos los líderes religiosos deben unir sus fuerzas con los sindicatos y la sociedad civil para negociar un mundo pacífico y socialmente justo. El 71º Aniversario de la Declaración de los Derechos Humanos de la ONU, que se celebra este año, resulta significativo, y esta declaración sienta las bases para un modelo inclusivo de desarrollo que aporte la dignidad del trabajo decente.

“Los seres humanos necesitan poder vivir y establecer una vida comunitaria justa y próspera a través de su trabajo, y las fuerzas económicas deberían estar al servicio de la humanidad y respetar el medio ambiente. A menos que construyamos un futuro compartido y sostenible, protegiendo y preservando derechos y oportunidades para las generaciones futuras, no estaremos defendiendo nuestros valores”, indicó Sharan Burrow, Secretaria General de la Confederación Sindical Internacional.

IVM-CCSS: ¿Volverá la confrontación?

Provocadora, imprudente y de enorme carga confrontativa es la inviable insistencia de algunos integrantes de la Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), de imponer la repudiable tesis de elevar la edad para la pensión a los 65 años y de reducir el monto de la misma del 60 % a un 40 %, según se da a conocer en este día.

Parecería una burla al esfuerzo de una multiplicidad de sectores que se involucraron en una mesa de diálogo y que, en principio, concertaron en que ni la edad ni el monto se tocarían en lo más mínimo pues según se informó, se apostó por otras medidas alternativas para darle sostenibilidad al régimen de pensiones de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM), en los próximos 20 años.
No nos cansaremos en insistir en que la Fiscalía General de la República desempolve la denuncia interpuesta hace ya 7 años para determinar si con las finanzas de IMV habría ocurrido algunas prácticas de riesgo financiero que estarían generando los problemas que el mismo dicen que está enfrentando en la actualidad; denuncia que el anterior jerarca de esta entidad “metió debajo de la mesa” pero que la nueva autoridad de la misma, la señora Emilia Navas Aparicio, dijo que la reactivaría.

Obvio es que doña Emilia ha estado muy recargada de trabajo; pero, con todo respeto, le hacemos un llamado público para que no se retrase más activar este expediente, ahora que hay tanta confianza ciudadana en que la transparencia retornó a la Fiscalía General de la República.

Contra el rechazo generalizado de la clase trabajadora cotizante para IVM-CCSS, se le impuso una reducción salarial del 1 % que ya entró en vigencia; reduciendo en el caso del reajuste por costo de vida para la empresa privada, el cual quedó en menos del 2.43 % que se definió para que entrara en vigencia este pasado 1 de enero. A la clase trabajadora del sector Público, sin su reajuste establecido, le espera lo mismo: reducción salarial por el 1 % de aumento en el aporte obrero a este sistema de pensiones.

ANEP y el Colectivo Sindical PATRIA JUSTA formula un llamado a toda la clase trabajadora, pública y privada, para que estén alertas y se apresten a movilizarse a fin de cerrarle el paso a este tipo de intentonas que lo que pretenden es privatizar IVM para entregarlo a las insaciables pretensiones de los sectores financieros del país que anhelan tener acceso a sus multimillonarios fondos.

Igualmente, reiteramos la imperiosa necesidad de una gran unidad sindical en la acción para enfrentar este reto y otros que amenazan con deteriorar todavía más la situación sociofinanciera del pueblo trabajador de nuestro país.

San José, lunes 8 de enero de 2018.

Albino Vargas Barrantes
Secretario General ANEP

Corrupción:Gobierno debe responder a indignación ciudadana

Todo parece indicar que los señores diputados y las señoras diputadas volverán a sus trabajos este lunes 8 de enero de 2018, tal y como lo harán miles de personas trabajadoras asalariadas del sector Público; otros miles empleados estatales lo hacen desde el pasado día 2, como también muchísimas más en el sector privado que ya están trabajando desde las primeras horas del año nuevo.

Pocos días antes de que terminara el año pasado 2017, la ANEP hizo pública su exhortación vehemente para que el parlamento reanudara labores desde este próximo lunes 8 y no como se pretendía que lo hiciera hasta pasadas las elecciones nacionales del domingo 4 de febrero; considerando la enorme indignación ciudadana por los escándalos de corrupción de estos tiempos de los TLC’s neoliberales, especialmente el más reciente caso conocido como el cementazo.

Nos satisface que la exhortación de la ANEP en tal sentido, tanto como en la misma línea se pronunciaron importantes sectores de la ciudadanía por las redes sociales, haya tenido oportuna escucha de las fracciones parlamentarias, según diversas informaciones de prensa.

Se podría disipar así la justificada suspicacia de que el informe legislativo sobre el cementazo se quería meter debajo de la alfombra, por lo menos, hasta pasadas las elecciones. ¡Parece que no será así! Y que cada palo aguante su vela en el debate parlamentario que se generaría.

Este tema de la corrupción, mediando la colusión de intereses públicos y privados, ha acaparado la atención de la ciudadanía como nunca antes en los últimos tiempos; especialmente, repetimos, en estos tiempos de los TLC’s neoliberales.

Además, para la ciudadanía será tan bien relevante que se pueda escuchar los descargos de los aludidos en el informe legislativo de la investigación sobre el cementazo, quienes han venido puntualizando en las redes sociales, que 32 conclusiones del mismo “carecen de fundamento, son contradictorias o falsas”.

En congruencia con este sentimiento cívico de enojo y de indignación por la corrupción, el propio señor Presidente de la República y su gobierno no deberían mirar para otro lado; y, por el contrario, poner el dedo en la llaga convocando los siguientes proyectos de ley que tienen que ver con atajar, al menos en la legislación, el avance de la corrupción

Ante tal circunstancia le solicitamos, respetuosa, pública y vehementemente al Gobierno de la República que convoque a trabajar con agenda de proyectos a los señores diputados y a las señoras diputadas. ¡Que no exista escusa alguna! Que no se convoque un mar de proyectos; que el Gobierno sea selectivo y convoque proyectos relacionados con la corrupción en la función pública, y únicamente.

De esta manera, la ciudadanía, la opinión pública y la prensa podrían centrar su atención en unos cuantos proyectos de ley; y, en esto del combate a la corrupción, podríamos identificar quién es quién, quién quiere que un proyecto avance y se apruebe y quién no. Estamos seguros que en tiempos electorales muchos actores legislativos no bloquearan alguna iniciativa anticorrupción sin excusa racional.

Hay mucha labor que los diputados pueden desarrollar en estos días electorales, para eso se les paga. En consecuencia, reiteramos que el Gobierno debe quitar los pretextos y convocar una agenda específicamente concreta con relación al grave enojo ciudadano; y la sugerencia de la ANEP es que tal agenda sea anticorrupción, centrada en estos cuatro proyectos de ley:

Expediente Legislativo No. 19.251: Ley reguladora del cabildeo en la función PÚBLICA

Expediente Legislativo No. 19.984: Reforma al Reglamento Legislativo para creación de la Comisión de Disciplina de los Diputados.

Expediente Legislativo No. 19.439: Ley para determinar la obligada vinculación de los dictámenes de la Procuraduría de la Ética.

Expediente Legislativo No. 19.111: Reforma constitución para establecer la pérdida de credencial del diputado.

La clase política, la tradicional y la que aspira a serlo plenamente, cada vez más distanciadas del común de la ciudadanía, tienen una enorme oportunidad de oxigenación en la tramitación celera de una agenda legislativa anticorrupción. Los poderes Ejecutivo y Legislativo, bien golpeados ambos por lo del cementazo, desde una perspectiva de institucionalidad republicana, podrían reivindicarse aprobando estos proyectos de ley.

San José, viernes 5 de enero de 2018.

Albino Vargas Barrantes
Secretario General ANEP

La Superintendencia de Seguros pretende debilitar el régimen de riesgos del trabajo del INS

El Superintendente de Seguros, don Tomás Soley Pérez, en una arremetida más en contra del Instituto Nacional de Seguros (INS) y de la Seguridad Social costarricense, asesta una cuchillada artera (Resolución SGS-R-2100-2017) al Régimen de Riesgos del Trabajo (RT) administrado durante más de noventa años por el INS.

Don Tomás Soley Pérez resolvió que la Reserva de Capital que el INS ha dispuesto para consolidar y promover constantes mejoras a la infraestructura y a los servicios que ofrece el Régimen de Riesgos del Trabajo (RT), cambie su naturaleza; y, por tanto, que esta Reserva de Capital ya no siga respaldando al RT y su solidez económica, sino que pase a formar parte del capital ordinario del INS y así sea destinado a otras necesidades institucionales.

Desde la reforma de 1982 (introducción del Título IV al Código de Trabajo), obra del humanista socialcristiano don Germán Serrano Pinto (q.d.D.g.), las distintas administraciones del INS se han dedicado a fortalecer los servicios de salud en materia de riesgos del trabajo.

Entre otras mejoras, con la creación del complejo de La Uruca (Casa de Salud y Albergue Temporal), la construcción de dispensarios médicos por todo el país, la construcción del Hospital del Trauma (el hospital en su naturaleza más moderno de Centroamérica y uno de los mejores de América Latina), la creación de una red de servicios de salud con siete centros médicos incrementando el personal de trescientos a mil quinientos servidores, programas de especialización médica a nivel internacional, bajando la tarifa del seguro en forma sostenida durante la presente administración; y consolidando un proyecto muy agresivo y extenso de prevención de accidentes y de enfermedades laborales, además del apoyo en constante crecimiento a la Comisión de Salud Ocupacional a nivel nacional.

Don Tomás ha decretado una especie de saqueo en perjuicio de la clase trabajadora costarricense (y migrante); en deterioro de la calidad de la atención de sus accidentes laborales, de sus enfermedades del trabajo, de la salud ocupacional y de la prevención de los riesgos laborales.

Es un despojo de ciento treinta mil millones de colones (130.000.000.000, equivalentes a un 0.40 de Producto Interno Bruto PIB); enorme cantidad de dinero que ahora el INS no podrá destinar al mejoramiento constante del régimen RT
La información que tenemos nos lleva a que el origen de este despojo es un supuesto documento del Fondo Monetario Internacional (FMI), mismo que ha ordenado al Banco Central de Costa Rica (BCCR), así como al propio al Gobierno de la República, debilitar el Régimen de Riesgos del Trabajo (RT); para que al bajar los requerimientos de capital e inversión, la empresa privada pueda llenar los requisitos mínimos e instalarse en el mercado, ofreciendo servicios deteriorados de atención de riesgos laborales y bajo la lógica egoísta del capitalismo salvaje.

Nos preguntamos: ¿Habrá aquí algún tipo de movida para favorecer a la empresa Oceánica de Seguros su inserción en materia de ofrecimiento de seguros de riesgos del trabajo? ¿Tendría algún nexo la funesta decisión de don Tomás con la no menos funesta decisión de la Junta Directiva de la Caja de asegurar su patrimonio con tal firma privada y no con el INS? ¿Estaremos entrando ya en un escenario de un ataque estratégico coordinado contra la institucionalidad y contra la estabilidad financiera del INS; institución que a pesar de la imposición del TLC con Estados Unidos, sigue siendo la líder del mercado en todas sus modalidades?…

Aprovecharon que en este momento el pueblo se concentra en la celebración de la Natividad de Nuestro Señor y en las festividades del fin de año, y que se toma un merecido descanso, para consolidar este saqueo a la Seguridad Social.
Don Tomás, Gobierno de la República: los derechos a la salud laboral de las trabajadoras y de los trabajadores son sagrados.

¿Qué pretende don Tomás? ¿Hacer méritos con los neoliberales para que le renueven el nombramiento por cinco años más, con su salario de más de nueve millones de colones al mes?.

Han venido debilitando y privatizando la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), golpeando el Régimen de Pensiones y ahora quieren acabar con el Régimen de Seguridad Social en materia de salud laboral.

Hacemos un llamado a todos los trabajadores y a todas las trabajadoras de Costa Rica, a las organizaciones sindicales, a las organizaciones sociales, a la Iglesia Católica, a todos los verdaderos cristianos, a los candidatos a la Presidencia de la República y sus partidos políticos, para enfrentar unidos este nuevo despojo que pretende el capitalismo salvaje con esta maniobra sucia y cobarde de la Superintendencia de Seguros (Sugese).

El régimen social costarricense de la salud laboral es un modelo que es ejemplo a nivel mundial y consolida una forma de redistribución de la riqueza en favor del pueblo trabajador.

No dejemos que los ricos egoístas y el Fondo Monetario Internacional (FMI) nos roben esta conquista histórica del Estado Social de Derecho.

*ENFRENTEMOS TODOS JUNTOS
ESTA MANIOBRA EN CONTRA
DE LA CLASE TRABAJADORA COSTARRICENSE

LUCHEMOS POR FORTALECER
EL REGIMEN DE SEGURIDAD SOCIAL LABORAL
EN FAVOR DE LA SALUD DEL PUEBLO TRABAJADOR

COLECTIVO SINDICAL PATRIA JUSTA*

Albino Vargas Barrantes, Secretario General de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP)
José Luis Soto Rodríguez, Secretario General, Unión del Personal del Instituto Nacional de Seguros (INS)
San José, en el Día de la Navidad
Lunes 25 de diciembre de 2017

La última fijación salarial del gobierno Solís Rivera

A partir del próximo 1 de enero de 2018 deberá darse un reajuste por costo de vida a los salarios de todas y de cada una de las personas trabajadoras asalariadas del sector Público.

Tal reajuste, posiblemente impuesto vía decreto (aunque no se descarta que podría ser producto de una negociación), será la última fijación salarial del gobierno del Presidente don Luis Guillermo Solís Rivera.

Recordemos que para el sector Público todavía siguen existiendo dos fijaciones de reajuste salarial por costo de vida al año. Para el caso del sector Privado, precisamente en el presente gobierno quedó establecido un único reajuste salarial anual por tal razón, mismo que se seguirá definiendo cada mes de octubre.

En el caso de la clase trabajadora asalariada que labora para el sector privado, a partir del próximo 1 de enero, el salario mínimo deberá reajustarse en un 2.43 %.

Una cifra similar, 2.43 %, vendría a ser el punto de partida para la elaboración de una propuesta sindical de reajuste a los salarios base del sector Público. Al menos, para el caso de la corriente sindical en la cual milita la ANEP.

Tanto para la ANEP, como para la Central Social Juanito Mora Porras (CSJMP), y para el mismo Colectivo Sindical PATRIA JUSTA, sigue siendo importante la unidad en la acción del Movimiento Sindical Costarricense.

No más entrando enero, se hará un esfuerzo desde nuestra parte para unificar una única propuesta sindical de reajuste salarial por costo de vida a los salarios base de la población trabajadora del sector Público.

A estas alturas no sabemos si habrá algún interés gubernamental en convocar para tratar el tema en el seno de la Comisión Negociadora de Salarios del Sector Público, en el marco de la controversial situación fiscal, por una parte; y, por otra, con el peligroso antecedente del atraso en el pago de la primera quincena de diciembre para los empleados públicos del Estado central.

Evidentemente, el escenario fiscal del país sigue deteriorándose. Pero ello se debe a causas ajenas a la clase trabajadora asalariada, tanto la del sector Privado como la del Sector Público.

De nuestra parte, como corriente sindical que le da mucha prioridad a la propuesta, hace ya bastante tiempo que hemos planteado una amplia gama de iniciativas, desde la perspectiva obrero-social, para enfrentar el tema fiscal. Además, de manera reiterada hemos insistido en la importancia, con carácter estratégico, de luchar por un acuerdo nacional al respecto, multipartidista y multisectorial.

Una vez más hay que plantearlo con fuerte contundencia: la clase trabajadora, la asalariada como la no asalariada y/o desempleada, no es la responsable del déficit fiscal.

Los trabajadores y las trabajadoras, tanto quienes tienen la suerte de tener un empleo relativamente estable y un salario fijo, como quienes están en el mercado informal, e incluso, en desempleo/subempleo, son puntuales pagadores de impuestos. ¡No se los roban ni los evaden!

Esto sucede con los dos más importantes impuestos. El de ventas, al momento mismo de la compra, en la caja registradora. El de renta, cuando corresponde, se rebaja directamente del salario.

En tal sentido, no renunciaremos a reivindicar, vía planteamientos serios, el mejoramiento de las condiciones de empleo, de trabajo y salariales de las personas trabajadoras de ambos sectores.

Estamos convencidos de que ante el escenario de creciente desigualdad que vive la sociedad costarricense de la actualidad, la necesidad de otro tipo de política salarial se impone como un mecanismo de detener el avance de la exclusión.

Albino Vargas
Secretario General ANEP

Patria Justa alerta a toda la clase trabajadora

El Superintendente de Seguros, don Tomás Soley Pérez, en una arremetida más en contra del Instituto Nacional de Seguros (INS) y de la Seguridad Social costarricense, asesta una cuchillada artera (Resolución SGS-R-2100-2017) al Régimen de Riesgos del Trabajo (RT) administrado durante más de noventa años por el INS.

Don Tomás Soley Pérez resolvió que la Reserva de Capital que el INS ha dispuesto para consolidar y promover constantes mejoras a la infraestructura y a los servicios que ofrece el Régimen de Riesgos del Trabajo (RT), cambie su naturaleza; y, por tanto, que esta Reserva de Capital ya no siga respaldando al RT y su solidez económica, sino que pase a formar parte del capital ordinario del INS y así sea destinado a otras necesidades institucionales.

Desde la reforma de 1982 (introducción del Título IV al Código de Trabajo), obra del humanista socialcristiano don Germán Serrano Pinto (q.d.D.g.), las distintas administraciones del INS se han dedicado a fortalecer los servicios de salud en materia de riesgos del trabajo.

Entre otras mejoras, con la creación del complejo de La Uruca (Casa de Salud y Albergue Temporal), la construcción de dispensarios médicos por todo el país, la construcción del Hospital del Trauma (el hospital en su naturaleza más moderno de Centroamérica y uno de los mejores de América Latina), la creación de una red de servicios de salud con siete centros médicos incrementando el personal de trescientos a mil quinientos servidores, programas de especialización médica a nivel internacional, bajando la tarifa del seguro en forma sostenida durante la presente administración; y consolidando un proyecto muy agresivo y extenso de prevención de accidentes y de enfermedades laborales, además del apoyo en constante crecimiento a la Comisión de Salud Ocupacional a nivel nacional.

Don Tomás ha decretado una especie de saqueo en perjuicio de la clase trabajadora costarricense (y migrante); en deterioro de la calidad de la atención de sus accidentes laborales, de sus enfermedades del trabajo, de la salud ocupacional y de la prevención de los riesgos laborales.

Es un despojo de ciento treinta mil millones de colones (130.000.000.000, equivalentes a un 0.40 de Producto Interno Bruto PIB); enorme cantidad de dinero que ahora el INS no podrá destinar al mejoramiento constante del régimen RT
La información que tenemos nos lleva a que el origen de este despojo es un supuesto documento del Fondo Monetario Internacional (FMI), mismo que ha ordenado al Banco Central de Costa Rica (BCCR), así como al propio al Gobierno de la República, debilitar el Régimen de Riesgos del Trabajo (RT); para que al bajar los requerimientos de capital e inversión, la empresa privada pueda llenar los requisitos mínimos e instalarse en el mercado, ofreciendo servicios deteriorados de atención de riesgos laborales y bajo la lógica egoísta del capitalismo salvaje.

Nos preguntamos: ¿Habrá aquí algún tipo de movida para favorecer a la empresa Oceánica de Seguros su inserción en materia de ofrecimiento de seguros de riesgos del trabajo? ¿Tendría algún nexo la funesta decisión de don Tomás con la no menos funesta decisión de la Junta Directiva de la Caja de asegurar su patrimonio con tal firma privada y no con el INS? ¿Estaremos entrando ya en un escenario de un ataque estratégico coordinado contra la institucionalidad y contra la estabilidad financiera del INS; institución que a pesar de la imposición del TLC con Estados Unidos, sigue siendo la líder del mercado en todas sus modalidades?…

Aprovecharon que en este momento el pueblo se concentra en la celebración de la Natividad de Nuestro Señor y en las festividades del fin de año, y que se toma un merecido descanso, para consolidar este saqueo a la Seguridad Social.
Don Tomás, Gobierno de la República: los derechos a la salud laboral de las trabajadoras y de los trabajadores son sagrados.

¿Qué pretende don Tomás? ¿Hacer méritos con los neoliberales para que le renueven el nombramiento por cinco años más, con su salario de más de nueve millones de colones al mes?

Han venido debilitando y privatizando la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), golpeando el Régimen de Pensiones y ahora quieren acabar con el Régimen de Seguridad Social en materia de salud laboral.

Hacemos un llamado a todos los trabajadores y a todas las trabajadoras de Costa Rica, a las organizaciones sindicales, a las organizaciones sociales, a la Iglesia Católica, a todos los verdaderos cristianos, a los candidatos a la Presidencia de la República y sus partidos políticos, para enfrentar unidos este nuevo despojo que pretende el capitalismo salvaje con esta maniobra sucia y cobarde de la Superintendencia de Seguros (Sugese.

El régimen social costarricense de la salud laboral es un modelo que es ejemplo a nivel mundial y consolida una forma de redistribución de la riqueza en favor del pueblo trabajador.

No dejemos que los ricos egoístas y el Fondo Monetario Internacional (FMI) nos roben esta conquista histórica del Estado Social de Derecho.

ENFRENTEMOS TODOS JUNTOS ESTA MANIOBRA EN CONTRA DE LA CLASE TRABAJADORA COSTARRICENSE

LUCHEMOS POR FORTALECER EL REGIMEN DE SEGURIDAD SOCIAL LABORAL EN FAVOR DE LA SALUD DEL PUEBLO TRABAJADOR

Albino Vargas Barrantes, Secretario General de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP)

José Luis Soto Rodríguez, Secretario General, Unión del Personal del Instituto Nacional de Seguros (INS)

COLECTIVO SINDICAL PATRIA JUSTA