Para la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), el país ni sus ciudadanos deben tranquilizarse ante el anuncio presidencial de Luis Guillermo Solís, de que el Gobierno de la República está enfrentando serios problemas de liquidez para honrar la enorme cantidad de compromisos financieros que implica su operación diaria.
Es preocupante la falta de recursos que está enfrentando la Administración Central del Estado para pagar prioridades fundamentales como la deuda pública y sus intereses, los salarios de ministerios, entes adscritos, transferencias a universidades públicas, las pensiones con cargo al presupuesto nacional y las transferencias según la urgencia social, entre otros compromisos.
Una de las interrogantes es ¿cómo llegamos a esto? La organización sindical considera que la esencia del problema radica en la naturaleza del sistema tributario costarricense, caracterizada por una injusta regresividad, según lo han catalogan especialistas en la materia, quienes han señalado este problema hace ya mucho tiempo.
En palabras sencillas, esa injusta regresividad hace que estén pagando más los que menos tienen; mientras los que más tienen, pagan menos o no pagan del todo (eluden, evaden, roban impuestos).
Ante esto, es necesario cambiar el esquema: que paguen más los que proporcionalmente ganan, concentran y acumulan más. Además, se debe sancionar severamente el robo de impuestos como se hace en los Estados Unidos.
Es importante transformar el carácter del sistema tributario costarricense para que se vuelva progresivo. A esto le hemos llamado en ANEP una “Transformación Tributaria Estructural”. Haciendo énfasis a la frase del expresidente de la República Alfredo González Flores (1877-1962) “Que el rico pague como rico y el pobre como pobre”.
La profunda e injusta regresividad del sistema tributario costarricense tiene cualquier cantidad de ejemplos:
• En el 2012 se reportó que 80 megaempresas costarricenses con ingresos equivalentes a la mitad del presupuesto nacional, no pagaron el impuesto a las utilidades. Hacienda dijo que iba a investigar lo sucedido.
• En el 2015 fue la Contraloría la que alertó sobre 93 grandes contribuyentes que declararon cero impuestos de utilidades, a pesar de declarar en conjunto ingresos brutos por ¢3 billones y de activos totales por ¢6,7 billones, en promedio, por año.
Acometer esta tarea, la de la Transformación Tributaria Estructural, implica la construcción de un poderoso polo de sectores políticos, político-partidistas, sindicales y sociales, dispuestos a evitar, por todas las formas posibles, que suframos el inmenso dolor de pueblos como el de Grecia o como el de Portugal; acometiendo tareas de adopción de legislación tributaria urgente y justa, con la movilización social que también resulta urgente.
Planteamientos desde la visión de sindicalismo sociopolítico
La ANEP ha insistido a lo largo de muchos meses en una serie de planteamientos en torno al problema fiscal-tributario del país. Conviene reiterar algunos:
1. Las personas trabajadoras asalariadas empleadas públicas no son responsables del déficit fiscal. Quienes laboran para el Estado y quienes lo hacen para el sector privado son pagadoras puntuales de sus impuestos, especialmente los dos más importantes; el de venta y el de renta. Mientras que los excesos y abusos en materia de Empleo Público y en pensiones pueden ser corregidos, pero, aunque fuera así, no impactarán nada en materia de déficit fiscal.
2. Si la deuda pública nacional está superando ya el 50 % con respecto al Producto Interno Bruto (PIB) y si su pago y el de los intereses es prioridad ante los problemas de liquidez que afronta el Gobierno corresponde ejercer una especie de auditoría ciudadana de la deuda: ¿Quiénes son los acreedores del país? ¿quiénes son nacionales y quiénes son extranjeros? ¿cuál es la deuda de corto, de mediano, de largo plazo? ¿en qué períodos gubernamentales se fue generando esa deuda? ¿es posible renegociar plazos, pago de intereses, condonaciones? ¿cuáles son los sectores financieros que viven de los intereses de la deuda y cuáles no tendrían interés alguno en que se resuelva el problema del déficit?
3. Si el déficit fiscal está cerca de llegar o superar la barrera impuesta por los mercados financieros del 6 % con relación al Producto Interno Bruto (PIB), deberíamos considerar e dos aspectos centrales como ¿Cuál es el porcentaje de déficit fiscal con el cual podríamos vivir como sociedad? y ¿cuál es la cifra con la cual no podríamos vivir como sociedad? ¿Podríamos construir un acuerdo sociopolítico entre sectores y fuerzas sanas para que, por ejemplo, aceptemos vivir con un 3 % y arreglar el otro 3 %? Y como segundo punto ¿Pueden los economistas diseñar una nueva metodología para reconceptualizar eso del déficit fiscal, de modo tal que se comprenda y se contabilice la estructura financiera total del Estado y no solamente el 40 % de la misma?
4. Uno de los cambios tributarios más urgentes es la modificación al impuesto sobre la renta, de forma tal que se instaure la renta global o universal. Respecto a la propuesta de transformar el Impuesto de Ventas en Impuesto al Valor Agregado (IVA) genera oposición rotunda de nuestra parte, ya que este último es el más injusto de todos los impuestos, pues se cobra sin discriminar capacidad de ingreso de las personas.
¡La clase trabajadora no da más!
Los salarios están prácticamente congelados, así impuesto por la política macroeconómica del Banco Central de Costa Rica (BCCR) y su obsesividad por establecer una “inflación cero” mientras seguimos viviendo en uno de los países más caros de la América Latina; una clase trabajadora altamente endeudada por diversos tipos de créditos. Una clase trabajadora con salarios mínimos realmente bajos, en contraste con los que devenga la alta cúpula del Estado, con salarios realmente lujosos y abusivos.
Una clase trabajadora a la que ahora castigaron injustamente con una reducción del 1 % en sus salarios para darle “sostenibilidad” al sistema de pensiones de la Caja, el IVM-CCSS; mientras el festín de las pensiones de lujo con cargo al presupuesto “nacional”, muestra una de las más duras caras de la desigualdad.
Una clase trabajadora que está llegando a tener al 50 % de sus integrantes en la informalidad y en el desempleo al margen de la Seguridad Social.
En lo inmediato estamos trasladando estas primeras impresiones de la ANEP a cada una de las organizaciones hermanas en el seno del Colectivo Sindical PATRIA JUSTA para que sus respectivas juntas directivas las consideren a fin de que, con la urgencia del caso, definan sus propias posiciones para la mayor conjunción de esfuerzos al respecto de la situación planteada.
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