Categoría: Opinión

“_Yo no envidio los goces de Europa, la grandeza que en ella se encierra…_”, dice una de las más hermosas frases de la letra de lo que podríamos llamar nuestro segundo Himno Nacional, “_La Patriótica Costarricense_”; pero la realidad es que una buena parte de las principales ideas filosófico-políticas del pensamiento de la Humanidad se han generado desde Europa; y, por tanto, lo que en ella suceda, de una manera u otra, repercute por estas tierras latinoamericanas. Aunque a decir verdad, y con lo que uno ve que le sucede a la clase trabajadora de la Unión Europea (UE), desde la América del Sur se le está diciendo a ésta que las cosas, desde el punto de vista de la justicia y de la inclusión sociales, hoy en día se hacen mejor por aquí que por allá, para beneficio de las mayorías.

No obstante ello, la reciente elección presidencial en Francia, con la victoria del señor François Hollande, no puede pasar desapercibida para quienes, de una manera u otra, venimos luchando de múltiples maneras contra la hegemonía del neoliberalismo económico y su especie de dictadura política disfrazada de democracia; tal y como se ha estado manifestando en los distintos países componentes de la UE, en los cuales sus pueblos trabajadores sufren las más fuertes agresiones a sus derechos conquistados a lo largo de los últimos cien años y más.

Lo que en Francia pase, al ser la quinta economía del planeta y la segunda de la UE (después de la de Alemania), en el actual contexto de sobreexplotación de la clase trabajadora europea y de reversión de sus derechos laborales, sociales y económicos; genera enormes inquietudes y no pocas esperanzas para los sectores progresistas, humanistas y socialistas. En consecuencia, llama mucho la atención algunas de las principales propuestas de campaña formuladas por el señor François Hollande, el nuevo Presidente de Francia, que de seguido compartimos con ustedes. Veamos.

Su programa contiene medidas para cambiar a Francia. El empleo de los jóvenes, la justicia social, y la igualdad de derechos para los homosexuales son algunas de las prioridades. Además, propone sendas reformas fiscal y bancaria. Y su medida más llamativa es la tasación del 75% para los ingresos superiores al millón de euros, gravando fuertemente las ganancias de los ricos.

Se propone crear 150.000 empleos de futuro en los barrios populares, y 500.000 “_contratos generacionales_”. Las empresas que contraten a un joven y mantengan a un trabajador veterano durante tres años no pagarán las cotizaciones sociales. El primero aprendiendo del segundo. Además, promete aumentar los costes de los despidos colectivos a las compañías que obtengan beneficios, introducir el diálogo social en la Constitución, y aumentar las cargas sociales a las empresas que abusen de los contratos precarios.

El salario mínimo se actualizará cada año según el crecimiento del PIB y no sobre la inflación. Ganarán un 30% menos el presidente y los ministros, y se ajustará el sueldo de los dirigentes de empresas públicas. Subirá un 25% la ayuda estatal a la vuelta al colegio.

Regresa la jubilación a los 60 años (el anterior Presidente Sarkozy la elevó a 62) para quienes hayan cotizado 41,5 anualidades, y el mayor gasto se cubrirá subiendo 0,1 puntos anuales las cotizaciones salariales y empresariales.

Se suprimiría la exoneración fiscal a las horas extra, salvo a las empresas muy pequeñas, y se crea un nuevo impuesto de sociedades: 35% a las grandes empresas, 30% a las medianas y 15% a las pequeñas.

La reforma bancaria separará a los bancos de depósito y de inversión, prohibirá a las entidades tener actividad en paraísos fiscales, y subirá un 15% el impuesto sobre los beneficios. Se establecerá la tasa a las transacciones financieras (la tasa Tobin o “_impuesto Robin Hood_”), que se dedicará a la ayuda al desarrollo y a luchar contra el cambio climático (empezando con tres o cuatro países).

Hollande promete contratar a 60.000 profesionales de educación en cinco años, reducir a la mitad el fracaso escolar, revalorizar los salarios de los profesores y tocar la ley de autonomía universitaria para dotar de más democracia a los liceos. Otras ideas: Construir 40.000 viviendas nuevas para estudiantes; el derecho de matrimonio y adopción para las parejas homosexuales y la ley de eutanasia. Habrá ventajas en el acceso a los empleos jóvenes, una filial de la banca pública de inversión dedicada a los barrios más pobres, y una nueva policía de proximidad. Hollande se compromete a reducir la cuota nuclear en la producción de electricidad pasándola del actual 75% al 50% en 2025. Promete tarifas progresivas para agua, luz, y gas; bloqueo de los precios de la gasolina durante tres meses, y más energía renovable.

Estas medidas y otras más, están generando una especie de “_terremoto_” político en la vieja Europa que, bajo la directriz hegemónica de Alemania, bajo la línea dura y fundamentalista neoliberal de la señora Ángela Merkel (la gobernante de Alemania), ha generado una especie de catástrofe social en países como Irlanda, Grecia, Portugal, España e Italia entre otros de la UE. Si el Presidente François Hollande honra su palabra, por estos lados, aquí, en la misma Tiquicia, para el 2014, muchos de los aspirantes deberán revisar sus propios planteamientos profundamente.

Por otro, una opinión mayoritaria de que económicamente estamos peor que antes, dadas las restricciones que viven, en términos generales, la abrumadora mayoría de los hogares que, sin duda son los de la clase trabajadora en sus diversas manifestaciones: asalariada con empleo y salario fijos; no asalariada -por cuenta propia y en el mercado informal; y la que está desempleada.

Podríamos hablar también de que debemos incluir a aquella parte de la población propietaria que desde las micro, pequeñas y medianas empresas, viven duras angustias cotidianas para sobrevivir en el mercado desalmado que nos ha sido impuesto por la hegemonía global y nacional dominante.

Es evidente que un gobierno sin perspectiva de inclusión social, que no transite por la senda de la búsqueda, promoción y tutela del bien común; que tolere la injusticia tributaria y que sea carcomido por la corrupción; será un gobierno impopular.

Hace ya bastante tiempo que las últimas administraciones (no gobiernos soberanos) ejecutan la acción gubernativa con una perspectiva de clase que no es la de los sectores populares; sino con la perspectiva de clase plutocrática, la que acumula riqueza en forma acelerada, la que delega en sus cuadros político-gerenciales bien pagados, el ejercicio del poder pero no necesariamente para repartir la riqueza generada por la sociedad con sentido estratégico; sino para mantener el esquema de acumulación sin modificaciones profundas; extractando de los bolsillos de la “_gente de abajo_”, más cantidad de dinero presionando al empobrecimiento, al endeudamiento, a la estrechez y el agobio económicos a segmentos poblacionales como la otrora poderosa clase media, hoy muy arrinconada contra la pared, en situación muy vulnerable.

Por eso es indudable que gobiernos con tal carácter terminen su gestión en total desprestigio, con repudio ciudadano casi que generalizado; incrementando el descrédito popular en los procesos electorales y aumentando la sensación de que “_ya esto no tiene arreglo_”.

El actual Gobierno va a terminar igual, estamos casi seguros de ello. Solamente con cambios estratégicos de rumbo podría ser distinto. Pero esto es como creer en la “_cuadratura del círculo_”. Ante ello, llama la atención la petición de doña Laura dirigida a varios sectores en el sentido de que ella y su gobierno ocupan de una “_tregua_” para lo que le queda de su Gobierno.

En tal sentido ha pedido que los diputados y las diputadas; que las magistradas y los magistrados constitucionales de la Sala Cuarta; que los gremios; y que los intereses corporativos, le permitan cumplir en los dos años que le quedan algunas de sus promesas electorales; por ejemplo, en materia de seguridad ciudadana. Tal petición la denominó “_tregua_”.

En realidad, es poco creíble que tal llamamiento sea genuino. Decimos esto por cuanto la mejor “_tregua_” que este país se merece es la construcción de grandes acuerdos nacionales que nos permitan avanzar hacia nuevas sendas de justicia social, con equidad y con nuevos niveles cualitativos de desarrollo de la democracia, con verdadero sentido participativo. Nosotros pensamos que la señora Presidenta no cree que el Diálogo Social con Negociación Efectiva, en temas-país, merezca una oportunidad sistemática.

Por ejemplo, en el tema tributario y ante el estrepitoso fracaso de su plan fiscal, la señora Presidenta puso oídos sordos a importantes planteamientos, todos muy serios, formulados desde los sectores sindicales, como en el que nos movemos. Un frío, burocrático y escueto acuse de recibo fue la reacción presidencial a planteamientos que le fueran entregados en su despacho. Es evidente que, probablemente, algunos de esos planteamientos colisionan con la esencia de la hegemonía en el poder en este país, no muy diferente a la que vemos, expresarse, con toda dureza, en la Unión Europea (la hegemonía del capital financiero-bancario de signo neoliberal).

Por eso es imposible que desde una perspectiva “_de los y de las de abajo_”, haya tregua posible, aunque es probable que haya algunos episodios futuros de negociación sectoriales y muy particulares, producto de especificidades corporativas.

Está ahora más claro que nunca que los grandes ejes articuladores hacia una sociedad de inclusión y de integración sociales, vendrán ligados a una nueva hegemonía que muestre vocación de poder a la actualmente dominante. Pero eso no se ve en el horizonte y si juzgamos por lo que del lado de los sectores sociales se pueda aportar a la construcción de esa nueva hegemonía, no hay nada alentador por ahora.

Lo que sí inspira es la posibilidad de su construcción y esto es un proceso que saldrá de la movilización ciudadana, misma que no contradice las posibilidades del Diálogo Social con Negociación Efectiva; especialmente cuando entre ambas haya combinaciones con sentido estratégico o que, al menos, aporten en tal sentido. ¿Será el 2014 escenario propicio al efecto?…

Termina así el viacrucis de más de siete años de un funcionario universitario, de un servidor público con más de veinte años de laborar para esa casa de estudios superiores y ya pronto a jubilarse en aquel momento; cuya “_falta_” fue cumplir con su deber, con su obligación de denunciar graves irregularidades de las que tuvo conocimiento cometidas por las autoridades universitarias.

Como represalia y para tratar de silenciarlo se inició, entonces, un acoso laboral que lo llevó a ser acusado falsamente de la supuesta desaparición de una tarjeta plástica de acceso al parqueo del campus universitario (no de la Universidad Nacional sino de la Universidad de Costa Rica, aunque cueste creerlo); cuyo costo de reposición, en todo caso, hubiera sido de tres mil colones y de cuya eventual pérdida la UNA no tenía ninguna responsabilidad.

Con este subterfugio, con esta mentira y bajo amenaza de despido, fue este oficial de seguridad suspendido de su trabajo por nueve meses mientras esperaba la audiencia oral y privada del proceso disciplinario abierto en su contra; audiencia que concluyó favorablemente para el servidor (gracias al apoyo sindical-jurídico de la ANEP), estableciéndose una absoluta exoneración de la farsa levantada en su contra. Sin embargo, el servidor fue sometido a nueve meses de una cruel tortura que le produjo un profundo deterioro de su salud psicológica y física, incluyendo un infarto, así como el sufrimiento y angustia de su familia.

Pero este caso no es para nada la excepción en la Universidad Nacional. De hecho el acoso laboral, o “_mobbing_” (como se le conoce por su nombre en inglés), es una plaga que infecta profundamente toda la administración pública, extendiendo sus tentáculos de ruina y desgracia también en el ámbito de la empresa privada. Un mal con destructivas consecuencias para el trabajador y para la trabajadora, incluyendo el suicidio; y con un enorme perjuicio económico para las instituciones públicas, empresas privadas, y para la sociedad nacional, en general.

Una enfermedad que en Costa Rica se agrava por la falta de una ley específica que la combata; como ya, por dicha, se logró para el caso del hostigamiento sexual. Lamentablemente, el país sigue sin contar con una ley que castigue y prevenga el mobbing, de ahí que para ANEP sean tan importantes distintas iniciativas de ley que se encuentran en la corriente legislativa. Tal es el caso, por ejemplo, del expediente legislativo número 18.184, “_Ley contra el acoso laboral en el empleo y el hostigamiento en el campo educativo_”, proyecto elaborado por la Asociación Contra el Acoso Laboral y Daño Moral en Costa Rica (ACALEM), e impulsado diligentemente por la honorable señora diputada Marielos Alfaro Murillo, del Partido Movimiento Libertario.

Precisamente por la falta de una ley contra el acoso laboral, por una parte; y, por otra, de la total ausencia de voluntad de las autoridades de la UNA de combatir este mal (por el contrario, siendo estas autoridades partícipes del acoso sufrido), una vez que se logró la absoluta exoneración del oficial de seguridad, no quedó otro camino que demandar a la misma Universidad Nacional por acoso laboral; demanda que con todo éxito presentó y condujo la abogada Lillia Fonseca Alvarado, culminando con la sentencia de la Sala Segunda arriba citada.

Pero lejos de terminar los casos de acoso laboral en la UNA, los mismos aumentan. Actualmente en ANEP estamos acompañando, a manera de ejemplo, el caso de una valiente funcionaria acosada por haber denunciado gravísimas irregularidades; tales como la admisión anómala a la Universidad Nacional de hijos de altísimas autoridades universitarias usando títulos de bachillerato de secundaria falsos o acogiéndose fraudulentamente a la figura de “_estudiante extraordinario_”, con el fin de obviar o saltarse los requisitos de ingreso existentes. Una serie de irregulares confirmadas por la misma Contraloría Universitaria en un informe que, al día de hoy, años después, las autoridades de la Universidad Nacional continúan “_guardando_” como “_confidencial_”, so pretexto de que hay procesos disciplinarios en curso. Caso notable de esta valiente funcionaria que esperamos que muy pronto llegue a juicio en los tribunales laborales del país.

También acompañamos (otra ilustración), el caso de un funcionario universitario a quién se le abrió un proceso disciplinario ya hace más de cuatro años, aunque y nuevamente sea difícil creerlo. Una duración que ya de por sí es simplemente inadmisible. Un caso que ya ha sido conocido, desestimado y archivado por las instancias disciplinarias competentes, pero que, sin embargo y como parte del acoso laboral que sufre ese trabajador universitario, el mismo ha sido “_reabierto_” de manera ilegal y actualmente la acusación en su contra sigue siendo “_instruida_”, a pesar que los responsables legales de esta persecución saben perfectamente que, de todas maneras, este proceso prescribió y caducó ya hace años. Cabe agregar, para ilustración de la persona lectora interesada que, después de cuatro años y medio, la parte acusadora no ha podido presentar contra este trabajador ninguna prueba o testigo de la supuesta falta. Pero el acoso laboral subyace en el proceso disciplinario mismo, en la misma amenaza de un despido inminente que este trabajador ha tenido que soportar continuamente por más de cuatro años.

Como lo señala acertadamente un miembro de la Junta Directiva del Comité Seccional ANEP-UNA, “_abrir por abrir un expediente disciplinario, o forzar la ilegal ‘reapertura’ de un proceso disciplinario, o forzar ‘de oficio’ cambios en la acusación, so pretexto que la apertura no significa condenar a un funcionario sino ‘para que se llegue a la verdad real de los hechos’, es una forma de acoso laboral, dado que el funcionario se desestabiliza emocional y laboralmente, con consecuencias institucionales económicas y morales_”.

Una situación de acoso laboral que en la Universidad Nacional se ve agravada por el uso arbitrario de la medida de suspender a un funcionario, separación forzosa que se hace del trabajador o trabajadora a la que recurren las autoridades universitarias para “_deshacerse_” de un funcionario que “_estorba_”: primero se acusa al trabajador “_que molesta_” de cualquier cosa y de inmediato se le separa de su trabajo “_mientras dure el proceso disciplinario_”.

En ANEP llevamos el registro de múltiples casos donde las autoridades universitarias “_suspenden_” a un trabajador por meses y años. Una forma de acoso laboral que es posible porque nos son estas autoridades universitarias quienes pagan de su bolsillo el inmenso costo económico de esas suspensiones. Estamos aquí ante un mal uso, un gasto absolutamente indebido de dineros públicos. Un perverso uso del presupuesto universitario que debería ser investigado y cuantificado por los entes contralores.

El mobbing o acoso laboral es, pues, una perversa y trágica realidad laboral en Costa Rica. Lo que sucede en la Universidad Nacional es, desgraciadamente, una clara ilustración de una siniestra y retorcida realidad laboral costarricense. Así como se logró en la lucha contra el hostigamiento sexual, es un paso necesario en la lucha contra este mal el que se legisle para combatir y prever el acoso laboral, así como apoyar y ayudar a las víctimas. El caso de la UNA es un ejemplo. Tenemos más en nuestra agenda pero luego hablaremos de ellos.

Hemos escrito este comentario a primera hora de ayer, martes 17 de abril de 2012 y no teníamos todavía noticias desde la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, respecto a ordenarle a la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep), suspender el acto administrativo por medio del cual se elevarían, sustancialmente, las tarifas de la casi totalidad de las rutas de autobuses de todo el país, utilizando un proceso que deja muchas dudas con respecto a su transparencia.

Efectivamente, el distinguido señor diputado don Manrique Oviedo Guzmán, actual jefe de la fracción parlamentaria del Partido Acción Ciudadana (PAC), ante tal situación fue a la Sala Cuarta a interponer un recurso de amparo pues ese proceso para establecer nuevas tarifas para el transporte público en autobús, estaría lleno de inconsistencias e irregularidades; perjudicando, sensiblemente, a las personas usuarias que, como sabemos, son miles y miles y, prácticamente, todas pertenecen a la clase trabajadora, tanto la que es asalariada como aquella que se gana el sustento en el mercado informal de la economía; sin hablar de esas miles personas desempleadas, casi sin dinero en sus bolsillos, que van de un lado a otro, en autobús, dejando su currículo por aquí y por allá en busca de un empleo.

También, según tenemos entendido, la propia Defensoría de los Habitantes de la República hizo lo mismo, es decir, fue a la Sala Cuarta indicando que esa alza, así como está tramitada, perjudica a las miles de personas usuarias de los servicios de autobús y, por tanto, debería suspenderse el acto administrativo mediante el cual la Aresep autoriza ese gran aumento tarifario hasta que las cosas se hagan como deben ser. Pero no. La misma Sala IV que estableció las barbaridades que ocurrieron durante la tramitación legislativa del plan fiscal, tan detestado por el pueblo, por la ciudadanía, por la Gente; es la misma Sala IV que pese a haber admitido los recursos del diputado mencionado y de la Defensoría para estudiarlos, le dijo a la Aresep, siga adelante con el trámite del alza. ¡Qué raro!

Ante esta inusual actitud del más alto tribunal de la República, pues por lo general suspende los actos administrativos cuestionados cuando alguien les pone un recurso de amparo; don Manrique Oviedo Guzmán fue más allá y presentó una especie de acción adicional, por si a la Sala IV se le hubiera “_olvidado_” decirle a la Aresep que se detuviera en su “_alocada_” carrera por imponer ese alza; acción que se denomina “_medida cautelar con carácter de so legislador, de nuevo, toca las puertas de ese tribunal y, reitera, su petición de que el trámite para tal alza debe detenerse porque, juntando todos los elementos que median en el proceso que lleva a la misma_”, pareciera que estamos de cara a un “_compadre hablado_”; es decir, el empresariado autobusero estaría siendo favorecido por presuntos torcidos procedimientos con una alza que en casi todos los casos es exagerado y va en contra del golpeado bolsillo de la gente trabajadora que viaja en bus.

Nosotros, que desde nuestra actividad sindical creemos en el Diálogo Social, en una sociedad de inclusión y en una comunidad nacional en la que todos ganemos, no estamos en contra de la actividad empresarial, mucho menos la que representa el negocio del servicio público de transporte modalidad autobús. Nosotros entendemos que en este ámbito de la actividad productiva del país, hay microempresarios, hay pequeñas y medianas empresas, muchas de ellas negocio familiar de toda una vida. Nosotros no somos de la tesis del extremismo dogmático ideológicamente trasnochado que donde ve un empresario inmediatamente ve un explotador desalmado (que sí los hay, por supuesto). Sabemos también que hay un peligroso proceso de concentración en el mercado autobusero. También somos conscientes de que, por lo general, los empresarios autobuseros han acumulado mucho poder político real; ese que, en verdad, manda en este país y hegemoniza la acción gubernativa estratégica entre bambalinas.

Pero en este caso, del alza en trámite para las tarifas de autobús, la Aresep se ha comportado muy “sospechosamente” para decirlo con “_elegancia_”. Eliminar la audiencia oral (por muy desprestigiado y desacreditado que esté el procedimiento de las audiencias); trabajar en días santos en carrera loca para tener lista la decisión que debe publicarse en “_La Gaceta_”; y, lo más grave, invocar, cayendo en flagrante ilegalidad, un procedimiento extraordinario para hacer esas alzas cuando sólo debe emplearse el mismo en casos sumamente graves y totalmente fortuitos que afecten la economía nacional, constituyen solamente una parte de los elementos que a uno lo hacen desconfiar de toda esta situación.

Porque ahora que están saliendo un montón de cosas cuestionables desde la perspectiva de la transparencia en la función pública y que tiene escandalizada a la ciudadanía, alrededor de esos “_procesos_” de tráfico de influencias, de “_recomendaciones_” entre amigos para adjudicar consultorías y similares; bien haríamos en tener claridad de cómo es eso de un “_centro para el desarrollo de la regulación_”, o “_CDR_”, que funciona al interior de la Aresep, como una especie de “_aresepsita_”, ¿es que acaso trabaja a través de consultorías?; “CDR” que se creó cuando el jefe de la Aresep era el hoy “_renunciado_” Ministro de Hacienda. Así las cosas, esto de las alzas en los buses como se está tramitando deja mucho que desear y es por eso que la honorable Sala IV debería comprender que la “_medida cautelar con carácter de urgencia_” presentada por el señor diputado don Manrique Oviedo Guzmán debe ser acogida. Así lo pedimos, pública y respetuosamente.

…haciendo énfasis en que debemos poner un frenazo en el camino de la peligrosa senda de exclusión social a que nos están llevando los grupos y personas detentadoras del poder real en Costa Rica; esa clase dominante que sigue lanzando imprudentes provocaciones en contra de la estabilidad misma de institucionalidad democrática.

Se sigue jugando con la buena voluntad de un pueblo trabajador generoso y que con franciscana paciencia sufre en carne propia el propio drama de su existencia cotidiana, de su dura lucha por el diario vivir; en medio de una situación social que hace avanzar, por todos lados, la corrupción social y la concentración de la riqueza.

Las escandalosas revelaciones acerca de la magnitud de la evasión de impuestos en Costa Rica, nos hacen reforzar nuestro clamor de que la señora Presidenta de la República escuche a la Gente que grita no querer más impuestos.

Porque más impuestos es para que los sigan pagando los que siempre pagan y nunca evaden: la clase trabajadora, tanto la que tiene empleo formal con salario fijo, como aquella que en la actividad del mercado informal, el “_cuentapropismo_”; pero para que se los sigan robando los que siempre se los roban, “_los de arriba_”; aquellos que por sus vínculos con el poder, directos y/o indirectos, obtienen contratos millonarios, jugosas consultorías, concesiones abusivas, compras monopólicas a través de licitaciones amañadas y previamente negociadas, falsos gastos en las campañas electorales, etc., etc.

A la vez, empresas grandes y pequeñas, de “_respetable imagen_”, registran cuantiosísimos ingresos pero reportan “_pérdidas_” para no pagar renta, para pagarlas en poca cantidad; o bien, jugosísimos negocios financiero-bancarios que han acumulado inimaginables niveles de riqueza, en forma abusiva y ofensiva.

Insisten la señora Presidenta de la República y su Gobierno en imponer un paquete fiscal, que a no dudarlo, hará que ese robo de impuestos se incremente y se profundice; agravando la situación económica de quienes siempre seguirán pagando porque no pueden evadir: los trabajadores y las trabajadoras.

Si fuese cierto el discurso de la señora Presidenta Chinchilla Miranda de que su proyecto tributario es “_solidario_”, lo más conveniente es, por ejemplo quitarle al mismo el pernicioso impuesto al valor agregado, que nos hará pagar el impuestos sobre las ventas que ya conocemos varias veces, en diversos tramos del proceso productivo de un bien, incrementando su costo final y elevando ese impuesto del 13 al 14 %. Lo más conveniente sería concertar con representativos sectores sociales, sindicales y empresariales responsables, con el respaldo de la academia y de la intelectualidad cívica y patriótica, un gran acuerdo sobre todas aquellas transformaciones que requiere el injusto sistema tributario costarricense para detener, atenuar y eliminar el gigantesco robo de impuestos. Las investigaciones y los estudios sobran al respecto; como sobran las propuestas, algunas muy creativas (como la pensión-consumo), para enfrentar ese robo.

Pero no. Lo más fácil es lo de siempre. Que el pueblo trabajador siga siendo el “_paganini_” para que se puedan seguir repartiendo con cuchara grande, entre los pocos de “_arriba_”, dineros públicos que bien podrían servir para más políticas sociales de las que tanto estamos necesitados.

En verdad, sobra elementos para indignarse, para organizarse, para movilizarnos, pero en una gran unidad respetando diversidades, sin imposiciones y sin dogmatismos.

¡Cómo no indignarse y cómo no protestar si nos van a sacar de nuestros empobrecidos bolsillo, entre 3 y 5 mil millones de colones con las nuevas tarifas de autobús!, impuestas por el sistema de “_compadre_” hablando y ya sin guardar las apariencias de una “_consulta_” al usuario; sistema tarifario que parece haber surgido de una de esas consultorías de moda, las de los “_procesos_”.

¡Cómo no indignarse si en el banco de los trabajadores se habría gastado una enorme cantidad de millones remodelando la oficina de la presidencia!

¡Cómo no indignarse si un político-banquero se gana 15 millones mensuales, mientras que el repartidor de recibos de agua se juega la vida en barrios marginales por un salario miserable!

¡Cómo no indignarse si a un trabajador en nuestra querida Caja le dan una cita médica para el año 2020; mientras se “_invirtieron_” 18 millones de colones en otra “_consultoría_” para nombrar gerentes en la institución.

Por razones de espacio se nos quedan más ejemplos para motivar, con más fuerza nuestra indignación. Estamos seguros de que usted, que nos hace el gran honor de leernos, tiene también los propios. ¿Entonces, qué esperamos?

Con toda transparencia (porque nuestro interés no va más allá de nuestro compromiso de servicio con el pueblo trabajador y porque no respondemos a ninguna ideología político-partidista y mucho menos de corte electoral); le hacemos un vehemente llamado para salgamos a la calle este Primero de Mayo. Que la indignación, que ya sabemos que es grande entre nosotros y nosotras, la Gente, así en mayúscula, “los y las de abajo”, mueva los cimientos sobre los cuales la gente poderosa cree que está muy segura haciendo de las suyas sintiéndose muy segura de nuestra “_pasividad_”.

A lo sumo, habría que poner impuestos pero a las grandes rentas, a las fortunas abusivas, a las exhibiciones ostentosas y lujuriosas de acumulación de capital desenfrenada. Los niveles de evasión tributaria en Costa Rica son, realmente, alarmantes, constituyendo en la práctica un verdadero crimen contra la sociedad.

Por estos días el tema ha cobrado notoriedad de un nivel sin precedentes. Nosotros nos alegramos por ello. Las escandalosas revelaciones periodísticas acerca de que varios integrantes del gabinete ministerial de la Presidenta Chinchilla, habían subdeclarado el valor real de sus propiedades, dejando de pagar lo que se debía por concepto del impuesto a los bienes inmuebles; dejó en evidencia hasta qué niveles, de una manera u otra, no pagar los impuestos debidos ha permeado en profundidad los niveles político-empresariales y económicos de alto vuelo.

¿Por qué decimos esto? Pues porque, por ejemplo, el pueblo trabajador, el que es asalariado con empleo y salario fijos, el que debe jugársela por cuenta propia en el mercado informal, sí paga sus impuestos; tanto el de ventas cada vez que hace una compra, como el de renta que se lo rebajan de la planilla cuando corresponde por nivel de ingreso.

Incluso, a nivel de microemprendimientos productivos y de pequeñas y medianas empresas, resulta prácticamente imposible de evadir responsabilidades tributarias. Conocemos, incluso, de varios casos en los cuales, precisamente por honrar esos impuestos, la empresita ha quebrado, o ha tenido que reducirse al mínimo.

Por tal razón impacta profundamente e indigna sobremanera el caso del ya hoy Exministro de Hacienda, don Fernando Herrero Acosta, quien doblemente quedó en evidencia; no solamente por el tema de la subdeclaración de sus propiedades, sino porque, presuntamente, habría incurrido en evasión de pago del impuesto sobre la renta.

Al ser él la principal figura gubernamental que ha venido insistiendo, un día sí y otro también, en que se necesitaban nuevos impuestos y por eso su fuerte acción en favor del paquetazo fiscal que actualmente tramita el parlamento pero que está en consulta de constitucionalidad; pierde el Gobierno de la Presidenta Chinchilla toda credibilidad y legitimidad para seguir abogando por ese paquete de impuestos.

Es más, nos atrevemos a indicar que esta situación dejó a la primera mandataria con una gran deuda moral con el pueblo trabajador. Por tanto, la mejor manera de saldar esa deuda con la gente del trabajo, es renunciar a ese plan fiscal, retirarlo de la corriente legislativa; pasando, alternativamente, a conformar una gran comisión nacional, político-social, para entrarle durísimo al tema de la evasión tributaria en todas sus formas, con ropaje legal o sin él; para entrarle, también, al asunto de las exenciones y exoneraciones abusivas; igualmente, al fortalecimiento estratégico de toda la administración y gestión tributarias (más auditores fiscales, más personal de apoyo, más policías fiscales, más infraestructura y más tecnologías).

Esta propuesta nuestra se ve fortalecida a raíz de que por estos días, importantísimos medios de comunicación colectiva, en su plano editorial, han planteado ante la opinión pública la grave situación social que implica la evasión de impuestos en todas sus manifestaciones.

Diario Extra, el de mayor circulación del país y que es el más leído por la clase trabajadora, por el pueblo, abogó por la divulgación pública de los nombres de quienes son evasores de impuestos, tanto personas como empresas. Esta sería una extraordinaria medida porque quienes, por ejemplo, compramos cosas en empresas evasoras, podríamos promover boicots y no ir a las mismas a adquirir artículos. Como bien dijo Diario Extra, tales evasores no tienen por qué invocar un “_derecho de imagen_”.

Por otra parte, sorprende que desde el mismísimo periódico La Nación, gran baluarte de los consorcios y emporios empresariales monopólicos u oligopólicos; se le llame la atención al poderosísimo sector financiero-bancario; si se quiere, el sector del capital más “_chineado_” del modelo neoliberal de concentración abusiva de la riqueza, vigente en los últimos gobiernos.

En palabras bonitas, se les dijo a los banqueros que ganan mucho, pero muchísimo; pero tributan poco, poquísimo. He aquí una veta de evasión tributaria que podría tener ropaje legal pero que ética y moralmente tendría una base un endeble.

Telenoticias, con la señora doña Pilar Cisneros Gallo, no se quedó atrás. Sin tapujos, indicó que “_nada más falso que aquí los ricos pagan como ricos y los pobre pagan como pobres_”. Agregó que “_es muy fácil quitarles a los trabajadores una buena tajada de su salario en impuestos. Pero este y otros gobiernos han demostrado que son pésimos cobradores, que no se atreven a metérsele a las empresas poderosas y que, aun sospechando enormes evasiones, hacen muy poco por cobrar lo que les corresponde_”.

Como ven ustedes, nos sentimos más que satisfechos de que la prédica de tantos años, formulada desde los sindicatos y desde otros sectores sociales y cívicos, acerca de que en Costa Rica se necesita una Transformación Tributaria Estructural, tiene ahora una carta de ciudadanía incuestionable.

Ya no se trata de una consigna que no más mencionarla, era descalificada de entrada. Ahora queda clarísimo. En Costa Rica, los ricos no pagan como ricos; y los pobres no pagan como pobres. Siempre tuvimos razón. Ahora pasemos a la acción. ¿Qué les parece?

Los nombres de “_Los Mártires de Chicago_” están para toda la eternidad en lo más profundo de la memoria obrera. Su sacrificio no ha sido en vano y no lo será jamás, pese a que en no pocas partes del planeta, esa jornada de ocho horas es violentada de múltiples formas.

Ilustres costarricenses de hace un siglo, especialmente educadores agrupados en el denominado “_Centro Germinal_”, impulsaron en el año 1913 la primera celebración del Primero de Mayo en nuestro país. Don Joaquín García Monge, don Omar Dengo Guerrero, doña Carmen Lyra entre otras personalidades de aquel entonces, creyeron que nuestra Patria no podía quedar al margen de las luchas laborales, sindicales, obreras, sociales, por la jornada de las ocho horas; situación que luego y legamente hablando, se da en el país en el año 1920.

Corresponde al Movimiento Sindical Costarricense de hoy la histórica misión de relegitimarse, en toda su dimensión, con ocasión del Primer Centenario de la Celebración del Primero de Mayo en Costa Rica.

Estando ya, prácticamente a un mes de la conmemoración correspondiente a este año 2012, debemos crear una gran comisión nacional organizadora para que en el 2013, resuene por los cuatro costados del territorio nacional un evento de tanta trascendencia.

A 99 años de la primera festividad de un Primero de Mayo en nuestro país, la que ha de ocurrir el día martes 1 de mayo de 2012, conviene destacar algunos elementos que muestran a las claras desafíos de enorme trascendencia para la lucha laboral; pues en el escenario global tenemos una corriente hegemónica que, precisamente, pretende revertir los logros de muchas décadas de lucha social a favor de la plena reivindicación de la clase trabajadora asalariada, esa que no es dueña de los medios de producción, la cual solamente tiene su fuerza de trabajo para su subsistencia.

Siempre hemos tenido la inquietud de que en Costa Rica debe haber un cambio en la Constitución Política que nos rige, a fin de que los cambios en el directorio de la Asamblea Legislativa y la lectura del mensaje presidencial no se hagan el Primero de Mayo.

Las peticiones de la clase trabajadora, sus demandas y sus planteamientos, sus propuestas quedan muy invisibilizadas, relativizadas, relegadas, mediáticamente hablando; pues por lo general cobra más notoriedad noticiosa cómo iban vestidas las señoras diputadas, cómo fueron los trajes de vestido entero de los señores diputados, cuál fue el menú que degustaron y cuál fue el contenido del mensaje de la persona que a la cabeza de la Presidencia de la República, representa al Poder Ejecutivo en el ritual constitucional de ese Primero de Mayo.

No tenemos noción de porqué, política y constitucionalmente hablando, los tomadores de decisiones de aquellos años, decidieron que el Día Internacional de la Clase Trabajadora, en Costa Rica debía también ser el día de un episodio republicano del sistema político dominante, como lo es la elección de nuevo directorio del parlamento y la sesión solemne de éste para escuchar el mensaje presidencial.

“_Devuélvannos el Primero de Mayo_” fue la frase que empleamos hace varios años en este mismo espacio, para demandar la necesidad de un cambio constitucional en tal sentido. Por ejemplo, que ese ritual constitucional tenga lugar ocho días después, tal y como los 8 de mayo un Presidente de la República le entrega a otro (o a otra, como fue la última vez), la banda presidencial.

Con el deterioro de la confianza ciudadana en quienes ejercen el poder político-formal en la Costa Rica de hoy (recordemos que hay un poder político-real que, en realidad, tiene el control hegemónico del rumbo del país); este planteamiento de “_Devuélvannos el Primero de Mayo_”, es más urgente que nunca.

Considerando que el principal problema nacional sigue tomando más fuerza cada día que pasa, como lo es la concentración de la riqueza y el crecimiento de la desigualdad, el Primero de Mayo no debe ser destinado a otra actividad que no sea su celebración por parte de la clase trabajadora, tanto la asalariada con empleo formal, como aquella que sin tenerlo, tiene que laborar muy duro, por cuenta propia, para su propia subsistencia.

Es más, las personas propietarias en microemprendimientos productivos, como en formas de propiedad pequeñas y medianas, aunque empleen fuerza de trabajo, podemos considerarlas para incluirlas en los planteamientos que en torno al Primero de Mayo suelen hacerse de cara a la acción de los gobernantes de turno y de cara a los reales detentadores del poder político que son los que ponen, cada cuatro años, a esos gobernantes.

Para este Primero de Mayo de 2012, según nuestro modesto entender la salvación de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) y su liberación de la especie de secuestro en que la tienen grupos corporativos tanto internos como externos, debe ser un eje central de nuestra lucha. Al mismo nivel, que se detenga la robadera de impuestos y la necesidad, por tanto, de una Transformación Tributaria Estructural, tiene igual relevancia. La plena Libertad Sindical en las empresas privadas, especialmente en las fincas productoras de piña y de banano debe ocupar lugares importantes en nuestra agenda de lucha hacia el Primer Centenario de la Celebración del Primero de Mayo en Costa Rica. En próximas entregas seguiremos con este tema.

Desde una perspectiva laboral un anuncio de tal calibre ha impactado sensiblemente, considerando la estrechez salarial de ingreso, tanto para la clase trabajadora con empleo formal, como aquella parte de la misma que se desenvuelve en el mercado informal, en el cuentapropismo.

No es poco ya el tiempo en que venimos insistiendo en que nuestro país sigue transitando por la senda peligrosa de la concentración de la riqueza y del crecimiento de la desigualdad; y como la política salarial de los últimos gobiernos sigue siendo, en esencia, de carácter restrictivo, un 13% de aumento en la tarifa de autobús tiene un efecto perturbador para las finanzas familiares de las amplias mayorías.

Decimos que los aumentos salariales semestrales tienen un carácter restrictivo, porque se dan apenas para compensar el aumento en la inflación, es decir, son un ajuste; no son aumentos que incrementan el poder de compra del salario, que expanden el mismo, que le dan más poder de compra.

En esto del negocio con el transporte público modalidad autobús, es bueno distinguir dos campos que tiene su actividad empresarial. Por un lado, queda todavía un grupo empresarial que podríamos denominar como “_criollo_”, que tienen un pequeño grupo de unidades automotoras y que, en no pocos casos, son formas de negocio familiar; y, por otro, se vienen perfilando grandes conglomerados autobuseros, con fuertes tendencias monopólicas u oligopólicas con influencia extranjera y que tienden hacia una acaparamiento total del mercado del transporte por autobús, dejando por fuera del mismo a aquellas empresas del primer grupo que hemos mencionado.

Este segundo grupo, el de los “_grandotes_”, ha logrado acumular un fuerte poderío que ha llegado ya a la esfera de la política electoral, brindando enormes aportes financieros a los diferentes partidos buscando garantizarse la salvaguarda de su negocio autobusero en las mejores condiciones.

Con alguna información en nuestro poder, el anuncio de que Aresep ha de autorizar ese fuerte incremento de la tarifa de autobús en un 13%, por la modalidad en que se impondrá, expresa el desarrollo de una poderosa influencia empresarial autobusera que es imposible pensar que no provenga desde los grandes grupos corporativos que vienen avanzando en el control total del transporte público modalidad autobús.

Cuando se indica que uno de los parámetros, sino el principal, para el incremento de 13% en la tarifa de autobús, resulta de una comparación de precios de varios insumos que ocupa la actividad, entre lo que costaban en el año 2009 y lo que valían en el año 2011, notamos una desproporción abusiva en la cuantificación de lo que debería ser la nueva tarifa en este año 2012; dejándose en total estado de indefensión a los miles y miles de personas trabajadoras usuarias de los servicios de autobús.

Es más, solamente por esta circunstancia, la sospecha de un “_compadre hablado_” en esta situación, surge con fuerza ante un escenario de creciente desconfianza ciudadana en la institucionalidad que le gobierna.

Muchas cosas deberían considerarse a la hora de que se autorizara un incremento en la tarifa de los buses, en cualquier circunstancia que fuera, tanto ordinaria como “_extraordinaria_”. Por ejemplo, se debería divulgar si tal empresa ha pagado, puntualmente, su impuesto sobre la renta, por un lado; y, por otro, si está al día en sus obligaciones patronales para con la Seguridad Social (CCSS). Además, la constatación de que los choferes de los buses y otros trabajadores de estas empresas, tienen garantizado el pleno respeto a sus derechos laborales, debería ser elemento esencial a la hora de pedir un incremento en la tarifa, haciendo que el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), emitiera una certificación al respecto.

En este sentido, somos testigos directos de la represión y la persecución que en muchas empresas sufren los choferes de autobús cuando se afilian a un sindicato, promueven uno ó se vuelven dirigentes sindicales. Tenemos casos directos en nuestras manos por razones de nuestro trabajo cotidiano, no solamente de este tipo de despido antisindical, sino de que el chofer “_sindicalista_” queda condenado a una especie de muerte civil, pues su nombre es pasado a otras empresas y cuando se presenta en éstas buscando un nuevo empleo en la misma actividad, le dicen que no le contratan.

No es posible que en la democrática Costa Rica estas situaciones se den. Como no es posible aceptar que la población usuaria de los servicios de transporte público modalidad autobús quede, prácticamente, en total estado de indefensión ante este fuerte incremento tarifario; y que, más grave todavía, haya líneas de autobús que con este ajuste podrían incrementar sus ingresos mensuales entre 20 y 40 millones de colones, con este “_compadre hablado_” que pareciera existir para que tengan ese aumento del 13% en el pasaje de autobús.

En una perspectiva de promoción del bien común, de la integración y de la movilidad sociales, los empresarios autobuseros con seria responsabilidad social corporativa deberían buscar acuerdos con las organizaciones sindicales de sus trabajadores choferes (si en verdad quisieran que éstas tuvieran existencia plena a la luz del Estado de Derecho que todavía sigue vigente en el país); acuerdos que compartidos con la población usuaria respectiva, podría hacer que emergieran escenarios de un “_ganar-ganar_” en beneficio de una justicia social de enorme urgencia en este país. Con esta aspiración seguramente nos ganaremos la “_cajita blanca_” del mes. Por el contrario, una actitud abusiva y poco transparente, contraria al sentir de la gente pareciera imponerse con este aumento del 13% en los pasajes de autobús. Intentaremos volver sobre el tema la semana próxima.

Recientemente, con estupor e indignación, enojo e impotencia, leímos en el periódico La Nación (medio de comunicación pretendiente de ser el abanderado, por excelencia, de la “_libre_” empresa), la noticia titulada “_16 grandes empresas tienen tres años de no pagar tributo de renta_”.

Lamentablemente, no pudo la información indicada dar los nombres de las firmas evasoras, pues la ley tributaria vigente “_no lo permite_”. Los grandes ladrones de impuestos se benefician de la “_confidencialidad_” del sistema; quien roba gallinas o comida para alimentarse y combatir su hambre, o un celular, ¡no!; no tiene esa “_confidencialidad_”.

Nos llamó la atención que tal noticia, por su dimensión en los momentos actuales, al estarse debatiendo en la Asamblea Legislativa el plan fiscal-paquete de impuestos, fuese dada a conocer precisamente para alimentar los argumentos de quienes, como este columnista, venimos sosteniendo que en este país no hay necesidad de más impuestos; sino que hay que cobrar bien los que ya existen y sancionar fuertemente (con cárcel incluida), su robo.

Ahora bien, si hubiera necesidad de nuevos impuestos, éstos deberían ir por el lado de las grandes fortunas, los abultados capitales, las astronómicas rentas.

Así, por ejemplo, el paquete fiscal que parece que, finalmente, se le hará realidad a la señora Presidenta de la República, doña Laura Chinchilla Miranda, así como al destacado político don Otón Solís Fallas; debió incluir, únicamente, conceptos claves de carácter tributario-progresivo, pero que realmente funcionaran como debe ser, tales como renta mundial, renta global e impuestos a las transacciones financiero-bancarias; sin mezclarse con el impuesto al valor agregado (IVA), el cual, como sabemos, es profundamente regresivo.

Al analizar la magnitud del robo de impuestos que hicieron esas 16 grandes empresas, que tienen tres años de no pagar el impuesto sobre la renta, pese a la enormidad de sus ingresos brutos, sencillamente uno asume que más impuestos es más robo de impuestos por parte de los grandotes evasores.

Éstos suelen tener a su disposición los servicios profesionales de especialistas en Derecho Tributario, los cuales les enseñan cómo evadir, cómo burlar a la administración tributaria, cómo pagar menos (si es que quieren pagar algo), cómo llevar dos juegos de contabilidad, etc.; en fin, cómo robar impuestos en la más absoluta impunidad y sin “_salirse_” de la legalidad.

Fíjese usted que la indicada noticia nos habla de que esas 16 grandes empresas, durante tres años continuos tuvieron ingresos por, nada más y nada menos, la gigantesca cantidad de 420 mil millones de colones. Ponga cuidado de cuánta plata es de la que se está hablando.

Doña Laura y don Otón se vienen “_matando_”, políticamente hablando, por ese plan fiscal a punto de aprobarse en el parlamento, el cual sólo dejaría en las arcas públicas unos 300 mil millones de colones producto de los nuevos impuestos y asumiendo que no se robarán nada de los mismos, lo cual es difícil que no pase.

300 mil millones equivalen a un 1.5 % del PIB (Producto Interno Bruto); mientras que esos 420 mil millones de ingresos de esas “pobrecitas” 16 empresas que no tributaron nada, por concepto de renta, en tres años, representan 2.1 % del PIB.

¿No le parece a usted, en consecuencia, que ya es hora de que tomemos plena conciencia acerca de la barbaridad que representa el robo de impuestos en el país?…

Esa clase de ladrones de impuestos, por más “_respetables_” nombres empresariales que tengan, deberían identificarse plenamente ante la sociedad. Robar impuestos es un crimen contra toda la sociedad y la ley debe facilitar que se sepa el nombre físico y jurídico de estos delincuentes fiscales de alto cuello blanco. En segundo lugar, debería enjuiciárseles y que vayan a dar con sus huesos a la cárcel, en función de la naturaleza perversa que es delinquir contra toda la sociedad. Con más razón, si se trata de firmas trasnacionales, pues dentro del “_ranking_” de la evasión tributaria, algunas de esas 16 grandes empresas ladronas de impuestos deben tener “_lugares de hono_r”.

Ante el emplazamiento que se le hizo al Director de Tributación por esta clase de gánsteres fiscales, solamente atinó a decir que “_es evidente que el sistema debe ser revisado, no sólo potenciando a la Administración Tributaria, sino cambiando las leyes sustantivas de impuestos_”. ¡Impactante! El citado jerarca descubrió el “_agua tibia_”.

Pero, además, admitió que esa administración está debilitada (qué oportuno, ¡no!), pues no se le han repuesto 18 plazas de auditores fiscales de gente que se pensionó o trasladó. ¿Cómo no va ser el robo de impuestos en Costa Rica un asunto de gigantesca e impactante magnitud, si el propio Ministerio de Hacienda es, prácticamente, un cómplice por tener debilitada a su Administración Tributaria? ¿Qué estará pasando en otros campos estratégicos de la misma si en el de la auditoría fiscal no se han “_repuesto_” 18 plazas?

La contundencia de nuestra terca prédica acerca de que el país ocupa una Transformación Tributaria Estructural, una “_Revolución Tributaria_” (como nos gusta llamarla), es más que evidente: 16 grandes empresas que durante tres años consecutivos tuvieron ingresos por 420 mil millones de colones y no pagaron ni un cinco de renta, nos dan la razón. Vamos por el camino correcto. Pero tenemos que ser miles y miles, en la calle y en movilización constante, para “_darle vuelta a la tortilla_” en esto del robo de impuestos con ropaje legal ó sin él; para detener este crimen en contra de toda la sociedad.

…la más importante entre las importantes entidades del Estado solidario que nos fuera heredado por las generaciones anteriores. La Caja es la vida para quienes dependemos de ella para nuestra buena salud.

Nosotros somos del criterio de que la Caja ha venido siendo atacada desde adentro y desde afuera. Poderos intereses corporativos, de diversa índole, han venido conspirando, de diferentes maneras y a lo largo de los últimos años, en contra de su estabilidad financiera; creándose, además, una pérfida red de negocios privados de salud partiendo de la propia institucionalidad de la Caja.

Uno se impresiona cuando en el centro de la capital vemos crecer lo que se siente como un poderoso consorcio hospitalario privado en desarrollo; y no deja uno de pensar que gran parte del financiamiento para el mismo pudo haber salido de las arcas de la Caja, a través del tráfico de influencias, la compra de servicios, la contraposición horaria médica y otros.

Dentro de los gravísimos problemas que en nuestro criterio están conduciendo a la Caja hacia su quiebra, está la acumulación gigantesca de las deudas que con ella tienen tanto el sector privado como el propio Estado.

Ahora resulta que en este último caso, el arreglo de pago que se hizo en el Gobierno anterior que encabezó el señor Oscar Arias Sánchez, no contempló el pago de intereses por la deuda estatal para con la CCSS; es decir, solamente se le obligó al Gobierno a pagar el principal de la deuda, perdonándosele que no pagara los intereses acumulados por la misma, cantidad que no es nada despreciable a juzgar por el monto de esa deuda, ya de por sí polémico y de dudosa credibilidad pues se dice que es mucho más alto.

Aun así, en el Gobierno de Oscar Arias Sánchez, su Ministro de Hacienda, don Guillermo Zúñiga Chaves y el entonces Presidente Ejecutivo de la Caja, don Eduardo Doryan Garrón, llegaron a este acuerdo, en octubre de 2007.

Primero: Que la deuda del Gobierno con la Caja quedaba en un monto de 123 mil millones de colones (casi un 1.5 % del Producto Interno Bruto). Se trata de una cantidad astronómica, gigantesca pero que algunos entendidos y con buena base argumental, sostienen que es mucho mayor.

Segundo: Que por esa deuda de 123 mil millones, no se le cobraría al Gobierno interés alguno. Se le perdonaría el “_atraso_”. (¿Se procederá así con los patronos privados, especialmente los de la pequeña y mediana empresa? Por supuesto que no).

Tercero: Esa deuda (de monto cuestionable y con perdón de pago de intereses incluido), se pagará con bonos (papeles), y no con dinero contante y sonante (el “_no hay plata_” se utilizó ya desde ese momento).

Cuarto: La Caja fracasó, a finales del año pasado, en su intento por colocar en el mercado financiero parte de esos bonos (papeles) con que el Gobierno le pretende pagar la deuda que tiene con ella. La Caja se dio “_contra un muro_” y no pudo colocar esos papeles lo que la obligó a endeudarse, ¡por primera vez en su historia!, para funcionar en lo mínimo. Pidió un préstamo de 35 mil millones de colones a los bancos Nacional y de Costa Rica, pagando intereses mensuales por el orden de los 612 millones de colones. Más préstamos vienen en camino si los que pueden no le compran esos bonos.

Los señores Arias, Zúñiga y Doryan deben explicar, ampliamente, su proceder en tal sentido; es decir, la condonación del pago de intereses de la deuda del Gobierno con la Caja, lo cual, repetimos, no se hace con los patronos morosos con ella.

La situación es de extrema gravedad según nuestro criterio. Si a uno de los mayores (si no el mayor) deudores con la Caja se le perdona el pago de intereses por esa gigantesca deuda; deuda que además se paga con papeles (bonos), que no se pueden colocar bien en el mercado financiero para que la institución tenga dinero contante y sonante y que por tal razón, la obliga a endeudarse para su funcionamiento mínimo; entonces, nos preguntamos: ¿no es acaso que ya empezamos a transitar la ruta de la irreversible quiebra de la Caja?

Porque, “_a quien no quiere caldo, dos tazas_”. Si bien es cierto la actual Constitución Política de Costa Rica dice en su artículo 177 que si Caja tuviera déficit, el Estado deberá acudir en su ayuda, inyectándole vía Presupuesto Nacional los recursos que le hagan falta; ¿de dónde saldrá la plata para esto si el propio Estado está con un gigantesco déficit que ya lo tiene en este momento, a él mismo, pidiendo prestado pagar los salarios de los maestros, de los policías y de los otros funcionarios públicos del poder central de la Administración Pública?

Es aquí donde, necesariamente, tenemos que hablar de la imprescindible Trasformación Tributaria Estructural que el país necesita. A riesgo de que nos “_abucheen_” por nuestra insistencia en ello, seguiremos con esta terquedad ansiosa porque no queremos hacernos cómplices de que, por un lado, una persona empleada pública se quede sin trabajo porque “_no hay plata_” (déficit fiscal) para seguirle pagando su salario; y, por otro, que esa persona tuviera un serio quebranto de salud, con riesgo de su propia vida, y que no pudiera recibir atención médica oportuna porque la Caja está en quiebra o va hacia ella. No señores. De ello no queremos hacernos cómplice teniendo la oportunidad de alertarlo y denunciarlo con toda la fuerza que podamos.