Categoría: Opinión

…especialmente ahora que la Sala Constitucional ha admitido para su estudio un serio cuestionamiento procedimental y de fondo a su tramitación parlamentaria. Según los entendidos, el paquetazo tributario de la Administración Chinchilla Miranda (con el apoyo de una parte del PAC), podría estar ya desechado en la práctica, por una cuestión de realismo político.

Ahora bien, pensamos que este puede ser el gran momento para que distintas fuerzas cívico-patrióticas, sociolaborales y sindicales, académico-intelectuales, junto a sectores productivos y empresariales honestos (entre otros); nos pongamos a trabajar en el diseño de un planteamiento tributario estratégico con visión de mediano y largo plazo, más allá de los gobiernos de turno y lejos de los vaivenes electoralistas de corto plazo que tanto daño le hacen a nuestra ya maltrecha institucionalidad republicana.

Esta aspiración, que sabemos será compartida por mucha gente realmente preocupada por el severo problema nacional número uno que es el crecimiento de la desigualdad; está siendo potenciada por un reciente pronunciamiento del Consejo Universitario de la Universidad de Costa Rica (UCR), la institución de estudios superiores de más prestigio en nuestro país; mismo que ha indicado que el paquete fiscal del Gobierno “_no es conveniente para el país_”; y, por el contrario, lo que corresponde es que nos pongamos a fortalecer la administración tributaria y reducir la evasión fiscal.

“_El Consejo Universitario considera que este proyecto no constituye una propuesta integral de reforma fiscal que venga a resolver los problemas hacendarios del Gobierno Central; en ese sentido, antes de aprobar un proyecto de este tipo, el Gobierno debe emprender una acción efectiva contra la evasión fiscal, en particular, en el caso de los sectores de mayores ingresos y más ricos del país_”, señala el pronunciamiento del Consejo Universitario de la UCR.

¡Impresionante! La máxima casa de altos estudios de nuestro país da la razón a los sectores sindicales que desde este espacio y por otras vías venimos “_pegando el grito al cielo_” en cuanto a que el robo de impuestos en sus diversas manifestaciones, debe merecer la más alta prioridad de la política pública en este campo; declarando una especie de “_emergencia nacional_” en cuanto a la recaudación y lanzando la más feroz campaña gubernamental en contra de la delincuencia tributaria de cuello blanco, especialmente. Por tanto, ¿para qué más impuestos?… ¡para que se los sigan robando! ¡No!

Nuestros compañeros y nuestras compañeras sindicalistas de la ANEP en el Ministerio de Hacienda han sido bastante insistentes en ello y que ahora desde la propia UCR se les dé la razón, pues es una forma de honrar su larga lucha en tal sentido. ¡Enhorabuena por todo el Movimiento Sindical Costarricense!

Quienes roban no son precisamente, por ejemplo, las personas trabajadoras asalariadas en planilla, tanto del sector Público como del Privado, a las cuales y luego de la barrera exenta, de una vez, mes a mes, le descuentan su aporte impositivo al país, en el ámbito de la renta. Pero también, la parte asalariada que no tributa renta salarial, también la “_cazan_” cuando hace las compras, al aplicársele el impuesto de ventas, por ejemplo.

La semana pasada hablamos de las cuatro “_E_” del grave problema tributario nacional: Evasión, Elusión, Exoneraciones y Exenciones; planteando así un primer eje de trabajo de un análisis compartido y multisectorial en búsqueda de un gran acuerdo nacional al respecto. En materia de exoneraciones y exenciones estamos hablando ya de un 6 % del Producto Interno Bruto (PIB); y en el campo de la evasión y la elusión, las cifras que se manejan son del orden del 2.5 del PIB (aquí está el caso de los 800 mil furgones que, al año, entran y salen del país sin ningún tipo de revisión) ¡Qué relajo!

Entonces, estamos hablando de que al Gobierno se le “_escapa_” recaudar un ¡8.5! del PIB. En consecuencia, su plan fiscal, ahora reducido prácticamente a un “_mamarracho_”, queda en el más absoluto ridículo pues ya se resignaron, luego de múltiples concesiones, a solamente recaudar un 1.5 % del PIB; es decir, casi una sexta parte de lo que se roban por la vía de las cuatro “_E_”.

Luego podríamos pasar a un segundo eje de trabajo, en dos partes. Por un lado, ¿cuáles son las medidas de diversa naturaleza que hay que emitir para fortalecer la administración tributaria, de modo tal que como país, como sociedad, como nación, como Estado, lleguemos a un punto tal en que robar impuestos equivalga a matar a un ser humano, ó, al menos, constituya un delito de tanta gravedad que encierren al evasor?

Por el otro lado, ¿cuáles serán las medidas para estimular el pagar impuestos, para exigir la factura? Como lo hemos dicho ya varias veces, proponemos la pensión-consumo, la recompensa por denunciar evasión (una vez comprobada ésta), la lotería fiscal ligada a la de la Junta de Protección Social, la introducción curricular de la responsabilidad de tributar desde la niñez escolar y otras.

Pasaríamos luego a ver nuevos impuestos. Sí, ¡nuevos impuestos!, pero por el lado “_de los de arriba_”: renta mundial, renta global e impuesto a las transacciones financieras; pero en los tres casos, ¡de a verdad! No “_cosméticamente_”, de “_mentirillas_”.

A este nivel, deberíamos aprobar la ley para eliminar, parcialmente, el secreto bancario solamente ante la presunción administrativa de robo de impuestos. Después de todo este proceso, veríamos si el IVA (impuesto al valor agregado) sería necesario y si así fuese, ¿cuál IVA?…

Como vemos, no se ocupan más impuestos. Hay que combatir su robo. ¡Pongámonos a trabajar en ello! A la UCR, así como a las otras prestigiosas universidades públicas, patrióticamente les pedimos, ¡ayuden al pueblo!

…pues no se vale que se siga fortaleciendo, robusteciendo, potenciando, el injusto carácter regresivo del sistema tributario costarricense. Regresivo porque pagan más impuestos, proporcionalmente hablando, quienes menos plata tienen.

Este proyecto, si bien tiene componentes muy importantes que van en la dirección opuesta, es decir, por el lado de la progresividad (para sacarle más plata a los que más tienen); la verdad es que quedó descalificado, satanizado, inviable y repudiable ante la ciudadanía, ante la gente, ante “_los y las de abajo_” por habérsele incluido su más perverso componente, la transformación del impuesto sobre las ventas, en impuesto al valor agregado (IVA), por más exoneraciones, exenciones que a su eventual aplicación se le hayan incluido.

Sin embargo, nos parece que la oposición del movimiento sindical y social organizado a este paquete de impuestos, no ha sido lo contundentemente explicada como para que el pueblo pueda diferenciar la naturaleza distinta de la oposición que se generó desde las poderosas cámaras empresariales, versus la oposición que se ha generado en los sindicatos y en otras expresiones del amplio y diverso movimiento social costarricense.

En nuestro criterio, son varias las alternativas que se pueden considerar a un paquete de impuestos como el que hoy está siendo cuestionado por “_tirios y troyanos_” aunque, como indicamos, con motivaciones distintas.

Pensamos que tanto el Gobierno como el Partido Acción Ciudadana (PAC), debieron haber acordado el trámite de un proyecto de impuestos que incluyese, únicamente, las medidas necesarias por el lado de la progresividad tributaria.

Es decir, debieron indicarle al país que se tramitaría una ley únicamente conteniendo los artículos sobre la renta mundial, sobre la renta global y sobre las transacciones financieras. Debieron mandar un potente mensaje de que, por primera vez y no sabemos en cuántos años, se impulsaría un cambio estructural tributario para que los que más tienen aportaran más.

La renta mundial es aquella que personas y empresas costarricenses generan por su actividad en el exterior, sólo que obligándoles a pagar impuesto de la renta en el mismo momento en que generan su ganancia y no cuando ésta ingresa al país.

La renta global es la suma única de todas las entradas que tienen las personas y las empresas por su actividad en el país: salarios, intereses, bonos, alquileres, etc.

El impuesto a las transacciones financieras es un monto que se cobra por mover la plata, por ejemplo, de un banco a otro y luego de cierto monto para no afectar a los pequeños y medianos ahorrantes y cuentahabientes bancarios.

Jamás se debió incluir la transformación del impuesto de ventas a IVA en un mismo proyecto de ley que contuviera medidas como la renta mundial y la renta global.

Creemos que la lucha popular de las próximas semanas en torno a la cuestión tributaria debe diferenciarnos, radicalmente, de las objeciones del gran empresariado, del gran capital, de las grandes fortunas que se niegan a ser gravadas con más impuestos; y no caer en la trampa de hacerles el juego, con una oposición “_per se_”, consignera, panfletaria y que a final de cuentas nada cambie en la estructura tributaria injusta que pesa sobre el pueblo trabajador y otros sectores populares y sociales.

Si lográramos articular nuestras propuestas para una ley tributaria por el lado de la progresividad (sin IVA); además de incluir la renta mundial, la renta global, el impuesto a las transacciones financieras (con los cambios de contenido que se necesitan en los tres casos); debemos incluir disposiciones y estrategias jurídicas en esa ley para estos tres aspectos centrales.

Uno: el combate a las cuatro “_E_” del “_apocalipsis tributario_” que amenaza con la quiebra del Estado costarricense: Evasión, Elusión, Exenciones y Exoneraciones.

Dos: La naturaleza de las medidas del fortalecimiento estratégico de la gestión tributaria: más personal especializado, más recursos, más tecnología.

Tres: Incentivos para tributar, para pedir la factura, para incrementar la responsabilidad cívica de pagar impuestos; implementando, por ejemplo, la pensión-consumo y la recompensa por denunciar a las personas y empresas evasoras.

Además, esa ley tributaria por “_el lado de los de arriba_” (repetimos, sin IVA), debería incluir la apertura parcial del secreto bancario únicamente bajo suposición de evasión fiscal y sin arriesgar su esencia (aquí ya hay un proyecto en la corriente legislativa, el número 17.677).

Igualmente, deben incluirse dos disposiciones transitorias que podrían regir por un período entre los 18 y los 24 meses: una ley de contingencia fiscal que grave, por ejemplo, el consumo suntuario; y un impuesto al patrimonio, por una única vez, similar al adoptado por don Pepe Figueres cuando impuso la Junta Fundadora de la Segunda República.

Como vemos, ojalá podamos construir una articulación popular con sentido estratégico para la revolución tributaria que ocupa nuestra querida Patria; de manera tal que el pueblo trabajador, que “_los y las de abajo_”, distingan, con claridad, porqué el gran capital no quiere que se le pongan más impuestos; pero, que a la vez, distingan cuáles son los cambios por los que sí vale la pena luchar completamente unidos para que tengamos la transformación estructural que sí ocupamos con urgencia.

Primero: La parte positiva del proyecto “_Ley de Solidaridad Tributaria_” (expediente legislativo No. 18.270), sus componentes progresivos (como renta mundial, renta global e impuesto a las transacciones financieras por más “_tímidas_” que fueran), debieron tramitarse primero, en proyecto aparte; de manera tal que la gente, que “_los y las de abajo_”, que la ciudadanía, percibiera que, por vez primera y en muchos años, habría una ley centrada en gravar a las grandes fortunas, a los abultados capitales, a las ganancias generadas en el exterior.

Aquí, también, debió considerarse la aprobación del expediente legislativo No. 17.677, para que la administración tributaria tuviera acceso a las cuentas bancarias en caso de presunción de robo de impuestos, sin que por ello se pusiera en riesgo el secreto bancario.

Es decir, jamás debió mezclarse estos avances tributarios hacia la justicia y hacia la progresividad, con algo tan regresivo como la transformación del impuesto de ventas en impuesto al valor agregado (IVA).

Segundo: Debió tramitarse un proyecto de ley de “_contingencia fiscal_”, similar al que se tramitó en la Administración Pacheco de la Espriella (2002-2006), gravándose, transitoriamente, altas rentas, consumo suntuario y similares, de forma tal que se habría captado unos dos puntos del Producto Interno Bruto (PIB); cantidad suficiente para atenuar el impacto actual del déficit fiscal, dando tiempo así a la construcción de soluciones tributarias estructurales profundas con participación ciudadana efectiva.

Tercero: Deberían tramitarse, parlamentariamente hablando, las iniciativas de ley de reforzamiento de la gestión tributaria y de la efectividad, para la satisfacción real de la población, de la inversión y del gasto. Adicionalmente, dentro de estas iniciativas, o bien, separadamente, convendría legislar sobre lo siguiente. A) La creación de una gran comisión político-social, con mandato definido y con término establecido para analizar y emitir recomendaciones y directrices sobre el tema de la evasión y de la elusión tributarias en todas sus manifestaciones, es decir, el robo de impuestos que, según la Contraloría General de la República (CGR), andaría por una cifra entre el 2 y el 2.5 % del PIB. Paralelamente, sobre el tema de las exoneraciones y exenciones de todo tipo, que hoy en día alcanza la escandalosa cifra del 6 % del PIB, según investigaciones de la Universidad Nacional (UNA); dato éste que es validado por el propio Ministerio de Hacienda.

Finalmente, luego de todo este proceso, si hiciera falta, se pondría en discusión lo del IVA, una vez que las señales de que la reforma tributaria se hizo por “_arriba_”, quedaron constatadas debidamente como “_insuficientes_”.

En este asunto del robo de impuestos, impresiona muchísimo la valiente denuncia del señor diputado del Partido Unidad Socialcristiana (PUSC), don Wálter Céspedes Salazar, acerca de la conducta presumiblemente delictiva y evasora, tributariamente hablando, de varios consorcios empresariales del ramo de la construcción, de “_renombre_” en el mercado y que ostentan gran poder político.

El indicado legislador señaló su dedo acusador como grandes deudoras de impuestos a las constructoras Sánchez Carvajal, con 714 millones de colones de “perro amarrado” al fisco; a la empresa Hernán Solís, con 531 millones de colones de deuda; a la firma Pedregal, con 142 millones de colones de deuda.

Igualmente, el diputado Céspedes Salazar mencionó el caso de empresas constructoras que pese a estar en condición de morosas con respecto a sus obligaciones tributarias para con la sociedad, siguen recibiendo contratos de obra pública. Por ejemplo, está el caso de la firma FCC, la cual pese a deber unos 85 millones de colones, se benefició con la adjudicación de la ampliación y rehabilitación de la ruta nacional número 1, en el tramo Cañas-Liberia. O bien, la licitación para el mejoramiento nacional de la ruta No. 152, sección 27 de Abril-Villarreal, se le dio a varias empresas, dentro de las cuales están las firmas RAASA, con una deuda por impuestos de 885 millones de colones; la firma TRAESA, con 324 millones de deuda tributaria y la misma FCC-ALBOSA, con 133 millones de deuda impositiva.

Si bien reconocemos que la gestión tributaria de cobro de impuestos y en contra de la evasión está haciendo un trabajo notable, lo real es que pareciera que tales “_poderes empresariales_” parecen intocables a la hora de demandar cuentas por deudas de impuestos pendientes. Toda la clase política tradicional sabe que este tipo de consorcios empresariales son, por lo general, grandes contribuyentes en campañas políticas para todos los lados, de forma tal que así es como compran una especie de “_inmunidad tributaria_” que hace que el Ministerio de Hacienda les ande de “_larguito_”.

En tal sentido, es inadmisible aceptar que se le pongan más impuestos a “_los y las de abajo_”, si en las alturas ha de continuar el robo, la evasión, la elusión, la exoneración tributarias; y, muy especialmente, la “_inmunidad_” de estos poderes reales para librarse del pago de impuestos.

Concretamente, ante una pregunta periodística sobre la reciente agitación social que estamos presenciando, dijimos que “_el sistema está alejado de las necesidades de la gente. Es por eso que hay tanto malestar e indignación en ascenso_”.

Esta opinión generó que el ministro de Comunicación del Gobierno, don Roberto Gallardo Núñez, se nos viniera “_a patada limpia_”, insultándonos, con un ataque al cuerpo, indigno para un jerarca de su nivel y que, en términos generales, lo que hace es mostrar una pobreza argumental para entender el entorno sociopolítico que se mueve a su alrededor, de lo cual parece que él no se da cuenta cabal. Pero bueno, ese es el problema de él y el de su gobierno, si éste no quiere ver cómo se está moviendo el suelo que pisan.

Lo interesante de nuestra apreciación acerca de que el sistema político se divorció de la ciudadanía, también es compartida por ilustres personas que, ni por la más mínima, son sindicalistas; y que desde otras perspectivas también están notando que el “_estado actual de las cosas en Costa Rica no está nada bien_”, puesto así, “_en bonito_”, para ver si el indicado ministro puede “_digerir_” mejor lo que a su alrededor está ocurriendo, aunque es notable que tiene limitaciones para apreciar su significado real.

Don Luis Mesalles Jorba, economista de renombre en los círculos empresariales, escribió en su columna de “_La Nación_” que “_nuestra democracia va en retroceso_”; que “el Estado costarricense ha perdido capacidad de implementar políticas que aseguren bienestar y eficiencia económica”; que “_la cantidad de pobres va en aumento y la brecha de ingresos entre ricos y pobres va en aumento_”; que “la poca efectividad del Estado para resolver los problemas de la ciudadanía es evidente”; que “_en campaña política los candidatos prometen, casi mesiánicamente que ellos tienen la solución. Pero, cuando llegan al Gobierno, nos entregan otra realidad_”; que “_ante las promesas incumplidas, la ciudadanía se decepciona cada vez más; que a este paso, nuestra democracia va para el despeñadero_”.

Más o menos lo que nosotros venimos planteando desde hace ya bastante tiempo. Pero el ministro Gallardo Núñez no agarrará “_a patadas_” al señor Mesalles Jorba por lo que dijo. Al sindicalista sí, porque es eso, un “_sindicalista_”, entre comillas, porque es así, despectivamente, como la gente igual a él concibe el trabajo que se hace desde las tiendas del movimiento sindical.

Sigamos. Otro ilustre señor, ligado al partido oficialista, muy respetado en esos y similares círculos, don Enrique Obregón Valverde, recientemente publicó, en el mismo periódico mencionado, un artículo titulado “_Algo nos están robando_”. Este costarricense tiene un palmarés impresionante pero dentro del mismo no incluye ser “_sindicalista_” (para “_ventaja_” de él).

Sin embargo, lo que don Enrique ahora dice, ya muchos otros, desde hace tiempo, lo venimos diciendo. Veamos: que “_…alguien puso en un platillo la ley de los mercados, y en otro la ley de la democracia, pero excluyendo el derecho de los pueblos a escoger_”; que “_los pueblos democráticos del mundo están siendo sometidos a una nueva forma de opresión_”, a raíz de que se nos impuso “_un sofisticado proyecto que allana los caminos para la más amplia libertad empresarial, aun cuando tengan que destruir totalmente las bases de la democracia_”; que “_la democracia tiene como sustento la educación, la moral y la cultura, y estos valores (principios o bienes del alma colectiva) se desvanecen arrasados por las privatizaciones, los mercados y las desregularizaciones_”. Que “_la democracia…, desde los tiempos griegos, se decía que era el ‘gobierno con ventaja de los pobres’, en contraposición de la oligarquía que era el ‘gobierno con ventaja de los ricos’… Entonces, nos encontramos, al cabo de veinticinco años, con un sistema que cambia la forma de gobernar con ventaja para los pobres, por otro que desborda ventaja para los ricos_”.

Bueno, don Enrique lo que nos está diciendo es que nuestro sistema político tradicional se ha divorciado de la ciudadanía porque es más que notorio que “_desborda ventaja para los ricos_”. ¡Ah!, pero el ministro Gallardo Núñez, ¡jamás!, se le iría a patadas a tan destacado ciudadano porque no es “_sindicalista_”.

Cuando nosotros planteamos que hay un divorcio creciente entre el sistema político y la ciudadanía es porque, como dice don Enrique, “_es preciso regresar a la idea de la defensa de lo público, de lo que pertenece al pueblo_”. Las protestas sociales de estos días, las que vendrán en el “_enero caliente_” que se avecina, las que puedan darse aisladamente, las que podamos ayudar a articular multisectorialmente a través de una agenda de lucha compartida… nos indican de que estamos en tiempos en los cuales el sistema político se divorció de la ciudanía, por más que esta apreciación le moleste al ministro Gallardo Núñez. Con tal visión seguiremos desarrollando nuestro trabajo de sindicalistas, así, sin comillas… a mucha honra.

La indignación es creciente pero su materialización concreta para una acción social cívica transformadora, presenta el enorme problema de la dispersión sectorial, pues cada grupo está en su feudo, con su agenda corporativa de corto plazo, tratando de sobrevivir ante una vorágine de exclusión y de marginación social.

El modelo de país que nos impusieron con sus TLC’s, con el mal llamado y hoy desacreditado “_Consenso de Washington_” es un soberano fracaso.

Los empleos prometidos (hasta medio millón se dejaron decir), con el TLC con los Estados Unidos, no se ven por ningún lado. No se están creando los empleos necesarios para incorporar a la juventud que se asoma a la fuerza laboral; y los que se crean, son de baja calidad, en el mercado de la informalidad, esencialmente. Prácticamente, es una tragedia humana tener más de 35-40 años y estar sin trabajo. La persona trabajadora en tal condición es tratada por esta sociedad en ruta hacia su “neoliberalización” total, como material de desecho, como basura. Necesitamos un movimiento nacional de personas desempleadas y hacia eso vamos.

Está saliendo por estos días el nuevo Informe del Estado de la Nación. Como siempre, oportuno. Ahora se confirma algo de lo que venimos planteando desde esta columna: Costa Rica está a merced del narcotráfico; por un lado; por otro, no se ven signos sólidos de recuperación económica y, más bien, parece que nos encaminamos hacia una segunda recesión, pues no se superó lo que nos hizo sufrir la crisis del 2008.

El “_sistema_” está colapsado. El “_norte_” prometido es una verdadera estafa. El neoliberalismo, especialmente el del capitalismo bancario – financiero fundamentalista, ha fracasado estrepitosamente; pero en su caída está arrastrando a las clases trabajadoras, a las clases medias, arrasando con toda clase de derechos, tal y como se observa en varios de los países más importantes de la Unión Europea (UE).

En el caso nuestro, el deterioro de nuestro “_sistema_” todos los días nos da un episodio que nos lo constata. El más reciente: el caso de la filtración de la sentencia judicial que daría al traste con la intentona de negocio de la minería a cielo abierto, en el caso de Crucitas; una causa que tiene gran arraigo en el pueblo costarricense. ¿Cuál “_independencia_” de poderes? El Poder Judicial sufrió un durísimo golpe en cuanto a su transparencia.

La división de poderes es falsa; el fraude fiscal es colosal, astronómico; el desempleo creció y la pobreza también; la concentración de la riqueza sigue su avance incesante; nos amenaza un nuevo paquetazo de impuestos; se deteriora la confianza en la institucionalidad; se defrauda a la gente en los procesos electorales y ahora hasta se roban la plata de las elecciones inventando “_capacitaciones políticas_”, etc., etc., etc.

Podemos seguir citando más síntomas de un deterioro generalizado de la calidad de vida de las mayorías del pueblo costarricense que, efectivamente, nos hablan de que podríamos estar entrando ya en una crisis sistémica pues la lógica del bien común que nos mantuvo durante tanto tiempo estables como sociedad, ya no va más, dado que así lo decidieron los del poder, los del poder real que no necesariamente son los que están en el gobierno de turno; los que nos ofrecieron un “_norte_” hacia la tierra prometida que resultó un verdadero fiasco.

La alternativa va, en consecuencia, por otro lado. Nuestra alternativa es el “_sur_”. Le llegó el turno a los y a las de abajo, a sus organizaciones, a sus representaciones políticas y cívicas. ¿Qué nos pasa que no nos unimos, de verdad? Las condiciones parecen perfilarse cada día que pasa, con mayor claridad, para ello. El hastío es general. La indignación crece sin cesar. La sensación de abandono de la política pública por miles de compatriotas, incluso en segmentos productivos, se puede apreciar en diferentes tipos de protestas que antes no veíamos.

Los y las costarricenses de hoy, gran parte de los cuales nacimos después de los acontecimientos de la guerra civil de 1948, no nos hemos percatado en la medida necesaria de la naturaleza de la herencia que nos fue dejada por las generaciones anteriores y, por tanto, la defensa de una institucionalidad que fue pensada para el bienestar de las mayorías.

Esto quiere decir asumir el reto de salvar lo que tengamos que salvar, de recuperar lo que ya nos han quitado, de reconstruir lo que fue destruido y de crear lo que tengamos que crear para que volvamos a ser una sociedad integrada. Es esta la tarea gigante que nos toca emprender de ahora en adelante, cuando ha quedado claro, sin la menor duda, de que el “_norte_” no es nuestro rumbo; que nuestro rumbo, el de la gente, es el del “_sur_”. Emprendamos la tarea.

Evidentemente no hay interés en cambios profundos en nuestra sociedad para que, de una vez por todas, retornemos a la senda de la justicia social y del bien común.

Creció la pobreza, creció el desempleo y la clase media sigue, al parecer sin parar, su ruta hacia la pobreza. El salario, especialmente en los segmentos de menor ingreso, incrementa su deterioro; y los empleos que se generan, que no alcanzan para la demanda, en su mayoría son de mala calidad.

El sistema está colapsando. Estamos hablando de una verdad del tamaño de la catedral. La corrupción pública y privada (tanto la que se ejecuta bajo formas legales, como las que se hacen al margen de la ley); la violencia en todas sus manifestaciones; la penetración del narcotráfico al interior del propio Estado; más esta pobreza que duele, que indigna, que crece, son tan solo unos pocos elementos, quizás los de mayor impacto, que nos indican que nos llevan por mal camino.

Sí, nos llevan, porque las gigantescas operaciones mediáticas de propaganda electoral le imponen a la gente opciones de gobierno que no están en función del bien común, en función de la inclusión social, en función de la lucha contra la creciente desigualdad.

Estando ya, prácticamente, a dos años de las próximas elecciones generales, las de febrero del 2014, muy probablemente el aplastante poder del dinero impondrá en las urnas lo que en palacio ya fue decidido.

Sin embargo, como la terquedad debe aconsejarnos, quizás haya nuevos espacios, frescas oportunidades, renovados esfuerzos en pro del surgimiento de una gran coalición cívico-social y político partidista que recoja la creciente indignación que provoca la dolorosa circunstancia de que haya casi 300 mil hogares costarricenses (y seguramente bastantes de población trabajadora migrante), que no tienen qué comer, que comen mal, que solo hacen una comida al día, que no suplen otras necesidades básicas.

Que hay jóvenes desalentados porque no encuentran empleo; que miles de personas trabajadoras asalariadas están con poca o sin ninguna liquidez por el agobio de las deudas; que muchas empresitas están desamparadas, que casi no queda gente en la actividad agropecuaria.

Uno piensa que esta dolorosa situación no tiene porqué existir en nuestra Costa Rica habida cuenta de una institucionalidad que si bien está golpeada, todavía tiene cimientos fuertes que con otro tipo de políticas centradas en la gente, no solamente llevarían comida y bienestar a esos 300 mil hogares que viven en extrema pobreza, sino que propiciarían un relanzamiento de la clase media y, por ende, nos sacarían del descarrilamiento peligroso de la desigualdad.

Duélale a quien le duela, en nuestro propio continente americano, especialmente en la parte sur, están desarrollándose políticas públicas de inclusión social promovidas por gobiernos cercanos a la gente; gobiernos que si bien siguen bajo el esquema capitalista dominante de la apropiación privada, impulsan programas de naturaleza estructural para sacar a la gente de la pobreza, no para mantenerla en ella.

Otras veces hemos planteado que muchas de esas 300 familias con hambre son, malintencionadamente mantenidas en tal condición por parte de la estructura político-partidista dominante, pues son los votos que se necesitan para ganar elecciones.

Estos votos se compran con latas de zinc, con diarios, con cemento, con dádivas monetarias, con bonos. Parece ser que para la clase gobernante tradicional, es arriesgado, políticamente hablando, eliminar de manera estructural la pobreza. Pierden votos.

Con un tipo de gobierno cercano a la gente, de carácter progresista, humanista, se podría enfrentar el reto ya no solo de la eliminación estructural de la pobreza, sino de cimentar un relanzamiento de las capas medias, en momentos en los cuales la lógica global dominante, la del capital financiero-bancario, nos amenaza con la extinción total.

Hay un reto histórico de altísima prioridad y si bien para las pasadas elecciones generales del 2010, las vanidades personalistas hicieron que se desperdiciara un capital político de lucha social acumulado durante bastantes años; nada nos impide intentarlo de nuevo.

Sabemos que ya hay esfuerzos en tal sentido, dispersos sí, pero intentos válidos en la dirección correcta. No cuesta nada soñar. Soñar nos mantiene vivos. Ojalá pudiéramos comprender que la ventaja que tiene la gente de arriba, la del poder, puede ser superada si los y las que estamos abajo, con nuestra indignación creciente, nos juntamos de verdad.

Sus choferes, en abrumadora mayoría, decidieron no seguir trabajando ante lo que consideran, según ellos, una serie de situaciones que atentan contra sus derechos laborales, contra su dignidad laboral, contra el clima de paz laboral y contra la misma estabilidad de la empresa, la cual se ve amenazada en su desarrollo y en su propia sostenibilidad financiera por mantener condiciones que desestabilizan la convivencia obrero-patronal.

Aunque teníamos pensado enfocar en este día un tema de otra naturaleza, la experiencia que hemos estado viviendo en todas estas horas junto a estos trabajadores choferes de autobús en paro laboral, nos lleva a llamar la atención de la opinión pública que viaja todos los días en bus, que en esencia es el pueblo trabajador, es decir, los grandes segmentos de los sectores populares que no tienen transporte propio, básicamente por razones económicas.

Podemos decir que, en términos generales, los choferes de autobús son uno de los sectores laborales más explotados de la clase trabajadora costarricense y también migrante porque como es ya una realidad, muchos ciudadanos nicaragüenses que vienen a Costa Rica laboran en este tipo de trabajo.

Uno de los temas que más impacta es el de las barras electrónicas con la que los empresarios pretenden controlar el pago real del pasaje de autobús por parte de cada persona usuaria del servicio, tratando de evitar fugas de diverso tipo.

Ocurre que algunos empresarios creen que sus choferes son todos ladrones y de manera sumaria proceden a realizar rebajos confiscatorios deducidos del monto neto salarial a pagar, sin ningún procedimiento previo, ningún protocolo al efecto, dejándoles en total indefensión y en una precaria situación económica con gran impacto negativo en sus familias.

La protesta que empezó ayer de este grupo de choferes debe servir para que se busque un acuerdo nacional entre los empresarios de autobús, sus trabajadores choferes, las organizaciones que les representan y las autoridades gubernamentales del caso.

Damos fe de que este problema de sobreexplotación laboral de los choferes de autobús no es nuevo pues, en más de una ocasión la organización para la cual laboramos, ha intervenido al efecto, constatando que la intolerancia patronal, la violación a los derechos laborales y un desprecio total por el dialogo, han puesto a sufrir a muchos de estos trabajadores, a quienes “les cortan el rabo”, como se dice popularmente, simplemente por pretender utilizar en su favor la Constitución Política, el Código de Trabajo, las normativas internaciones de Derecho Laboral al respecto; todo lo cual no es sino ser consecuentes, sin que ellos mismos se dieran cuenta, de que el trabajo decente hoy más que nunca, es un Derecho Humano universalmente reconocido.

El empresario autobusero debe comprender que sus trabajadores, sobre todo los choferes, son seres humanos, elementos vitales sin los cuales sus empresas no caminarían y, por tanto, necesitamos construir un protocolo general de respeto a los Derechos Laborales de los choferes de bus, dándole un contenido integrador con la necesidad de la mayor satisfacción de la población usuaria de esos servicios públicos, la rentabilidad y la ganancia empresarial, así como con las obligaciones tributarias derivadas de ello.

Hay muchos ámbitos en los que podemos trabajar conjuntamente para humanizar el trabajo que representa ser chofer de autobús. Esta es una de las conclusiones que nos queda a partir de la experiencia que hemos estado viviendo en estas últimas horas con el paro laboral de la empresa herediana, ya de notorio conocimiento público por las informaciones de prensa al respecto.

Es lamentable que un movimiento laboral de este tipo tenga repercusiones para con la población trabajadora que utiliza los servicios de autobús, de tal suerte que hermanos y hermanas de una misma clase social, en este caso la trabajadora, tengan que verse enfrentados por terquedades empresariales que niegan nuestra convivencia civilizada con base en normas que dictan nuestro Estado Social de Derecho, que si bien está muy maltrecho por la acción de los gobernantes inescrupulosos, todavía es pieza clave de referencia para que sigamos en convivencia democrática.

Finalmente, si usted es chofer de autobús y está leyendo este comentario; o tiene familiares y amigos que realizan esta actividad, tengan presente de que disponen de una serie de instrumentos jurídicos para que su actividad sea dignificada completamente.

Así lo sostienen algunos expertos en las ciencias económicas, profesionales con alta sensibilidad social y que no están matriculados con ese dogma dominante que impone que son las personas las que deben estar al servicio de la Economía; sino que debería ser todo lo contrario, es decir, que es la Economía la que debe estar al servicio de la gente.

Esos criterios expertos indican que el asunto del déficit fiscal que sufre el Gobierno, no es en estos momentos un asunto que podamos denominar como una catástrofe, aunque si debe preocupar; pero ni la inflación está disparada, ni tampoco las tasas de interés se han vuelto abusivas.

Es muy probable que de estas cosas usted no tenga mucho conocimiento, tal como sucede con quien esto escribe. Pero si, por ejemplo, a la clase trabajadora asalariada del sector Privado de la economía, le acaban de recetar un 3.17 % de “_incremento_” salarial valedero para el primer semestre del próximo año 2012; es porque la inflación está baja y, por tanto, el tan mentado y traído déficit fiscal no está tan grave como nos lo pintan.

Por otra parte, la circunstancia de que la inflación esté baja, más la circunstancia de que el déficit fiscal no está fuera de control y eso de que las tasas de interés estén “_estables_”; no niega la grave realidad de que el poder de compra del salario sigue sin recuperarse lo necesario como para que se convierta en uno de los factores clave que puede y debe aportar a atajar el grave problema nacional que representa el crecimiento de la desigualdad.

Si bien es cierto habrá de ahora en adelante una nueva fórmula de cálculo para la fijación del salario mínimo en lo que respecta a la clase trabajadora asalariada del sector Privado, que podría abrir espacio para que este aumento semestral pudiera ser menos indigno; lo poco que se avance al respecto se esfumará más rápido de lo que pensamos, ante nuevas cargas tributarias con carácter regresivo, como lo puede representar la transformación del impuestos sobre las ventas en impuesto al valor agregado (IVA), y la variación que ello conlleva de un 13 a un 14%.

Tratamos de relacionar todo esto con el paquete de impuestos que el Gobierno tramita en la Asamblea Legislativa, que tiene el decidido apoyo de varios distinguidos integrantes de la fracción parlamentaria del Partido Acción Ciudadana (PAC), ante el acuerdo político al respecto de la señora Presidenta Chinchilla Miranda con don Ottón Solís Fallas.

No se puede negar que varias de las proposiciones que está incluyendo dicho paquete de impuestos tienen un sesgo de progresividad que merece resaltarse. Por ejemplo, los casos de renta mundial, renta global e impuestos a las transacciones financieras (tasa Tobin o impuesto “_Robin Hood_”), son avances relevantes por más reservas que se generan en cuanto a su implementación real, impacto recaudatario, timidez de la medida y retardación de emisiones reglamentarias una vez establecida su naturaleza legal dentro del sistema tributario.

Pero, la única forma de que el pueblo trabajador, “_los y las de abajo_”, pudiera comprender que el paquete de impuestos actualmente en trámite legislativo no les afectaría, es haciendo una división del mismo, de forma tal que solamente se tramiten, por ejemplo y entre otras, aquellas nuevas disposiciones tributarias que tengan un carácter progresivo; es decir, las que están dirigidas a las grandes rentas y capitales que se generan y se acumulan tanto dentro del territorio nacional como fuera de él.

Por ejemplo, sacar de ese paquete de impuestos lo que es el IVA será una clarísima señal de que, por primera vez, quizás, el hilo no se reventará por su parte más delgada; percepción ciudadana que se potenciaría si, por ejemplo, se establece una comisión nacional multisectorial para discutir el tema de la evasión tributaria en todas sus formas y el tema de las exenciones impositivas de toda naturaleza.

Por otra parte, muchísimo hay que hacer en materia de reforma del Estado sin sacrificar el empleo, por ejemplo; así como en redefiniciones estratégicas compartidas con la ciudadana, en materia de decisiones sobre gasto y sobre políticas de inversión.

Por supuesto que estas sencillas aportaciones nos habrán de calificar para recibir una “_cajita blanca_”, pero es que no podemos como país seguir tomando decisiones que en vez de redistribuir la riqueza, más bien, faciliten su concentración. Por lo menos, que lo hagan sin nuestra complicidad, ni tácita ni explícita.

Acéptenos usted esta “_desviación_” del tema. Tenemos muchísimo que aprender acerca de las razones de la reelección de la señora Cristina Fernández Wilhem, al frente de Argentina, quien ha de continuar en la presidencia de esa hermana nación latinoamericana.

La clase dominante costarricense, esa que tiene la hegemonía del poder político real en nuestra sociedad, debería documentarse acerca del éxito político de procesos latinoamericanos que le están dando gran prioridad a lo social (la Economía al servicio de la gente y no al revés); así como enorme prioridad a la redistribución del ingreso, la participación democrática ciudadana, la integración regional autonómica, el fortalecimiento del mercado interno expandiendo la capacidad de compra del salario y democratizando el acceso a la información con alternativas de comunicación que le hacen frente a los latifundios mediáticos. Pero esto, que por ahora es un sueño en el caso tico, deberá hacerse desde abajo. Ojalá entendamos este desafío.

Es del señor Nouriel Roubini, destacadísimo economista mundial en la actualidad, a quien en los mercados bancarios del capitalismo financiero global se le ve como una especie de “_papá_”, pues fue, según dicen, quien mejor que nadie “_acertó_” al predecir, en términos generales, la crisis financiera del 2008 (que continúa en desarrollo), específicamente la crisis de las hipotecas “_subprime_”. Por sus predicciones catastrofistas, se le apodó “_Dr. Catástrofe_” (“_Dr. Doom_”). Lo citamos por lo siguiente.

Desde este espacio y en otros foros y eventos, hemos venido sosteniendo el planteamiento de que el problema número uno de la Costa Rica de hoy es el crecimiento de la desigualdad. Si bien hay otros tres graves problemas que amenazan nuestra convivencia civilizada (corrupción pública y privada –con ropaje legal ó sin él-; la violencia en todas sus manifestaciones; y, la penetración del narcotráfico en el tejido social e institucional); el estrujamiento que sufre la clase media en viaje hacia la pobreza, es una grave amenaza a la estabilidad democrática.

El planteamiento de un nuevo paquete de impuestos, actualmente en discusión en la Asamblea Legislativa, bajo el expediente No. 18.261, denominado “_Ley de Solidaridad Tributaria_”, tiene que ser analizado desde la perspectiva del crecimiento de la desigualdad como problema número uno de nuestra sociedad. Al menos, esa es nuestra perspectiva.

Así las cosas, y al tener claridad de que la característica fundamental del injusto sistema tributario costarricense es su regresividad (es decir, pagan más proporcionalmente hablando los que menos tienen); no puede aceptarse ninguna clase de impuestos con tal sesgo de regresividad, de injusticia tributaria, de golpear aún más el ya de por sí deteriorado poder de compra de la clase trabajadora, tanto de la que tiene empleo formal con salario seguro, como aquella que debe ganarse su sustento en el día a día, con base en el cuentapropismo.

La transformación del actual impuesto sobre las ventas, que está en un 13%, a un impuesto al valor agregado (IVA), quedando éste en un 14%, es un reforzamiento muy fuerte del carácter regresivo de la estructura tributaria costarricense. Más aún, si notamos que no habrá cambios fundamentales en la política salarial vigente y que, por ejemplo, variaciones sustanciales en el salario mínimo están lejos de producirse.

Adicionalmente, es sumamente difícil aceptar el establecimiento de nuevos impuestos, (mucho menos los de carácter regresivo), si no abordamos con contundente voluntad política y con una perspectiva de emergencia nacional, la evasión de responsabilidades tributarias en sus múltiples formas.

La aspiración del actual Gobierno de que con su “_Ley de solidaridad tributaria_”, tenga ingresos frescos por el orden de un 2% ó un 2.5% del Producto Interno Bruto (PIB), representa una cifra muy parecida a la de la evasión fiscal según estudios de la propia Contraloría General de la República (CGR).

Por otra parte, en materia de exoneraciones es urgente hablar y poner el tema como uno de los elementos centrales de esta discusión sobre nuevos tributos. Las exoneraciones al año alcanzan, nada más y nada menos que un 5.8 % del PIB, según un serio estudio elaborado por el Programa de Estudios Fiscales de la Escuela de Economía de la Universidad Nacional (UNA). Tomemos nota, entonces, de que ese porcentaje de exoneraciones fiscales es más del doble de lo que el presente Gobierno pretende conseguir con su proyecto de “_Ley de Solidaridad Tributaria_”. Por supuesto que no todas las exoneraciones son malas y hay espacio para hacer las discriminaciones sociales necesarias.

Un gran diálogo nacional en este sentido: evasión, exoneraciones e impuestos progresivos, es más que una oportunidad para entrarle de lleno al problema de la desigualdad creciente.

Si se insiste en este proyecto, el mismo debería comprender, solamente, tributos en la línea de la progresividad; es decir, poner a pagar impuestos, pero de verdad, a quienes más tienen y/o más han acumulado en estos tiempos de neoliberalismo. Los conceptos de renta mundial y de renta global vienen a representar importantes elementos en la línea de la transformación tributaria estructural que ocupa el país. Particularmente, la imposición de la renta mundial a cobrarse en el exterior, en el mismo momento en que se percibe, sería un avance cualitativo de gran relevancia.

Por supuesto que jamás quisiera uno que la tragedia griega con despidos masivos de empleados públicos y alza generalizada de impuestos para las clases trabajadoras y medias, tuviera un doloroso episodio en nuestra querida Costa Rica.

El tema de que de cada dos colones que el Gobierno necesita para funcionar, un colón lo tenga que pedir prestado, es una cuestión sumamente preocupante. Pero pensamos que ese colón está “_en la calle_”: se evade, se exonera por privilegio, se acumula en pocas manos. Por aquí debemos empezar, antes de hablar de más y nuevos impuestos; y no por seguir golpeando a “_los y las de abajo_”, incluidas las capas medias.

Una vez más debemos señalar que el sistema tributario costarricense es sumamente injusto: pagan más, proporcionalmente hablando, quienes ganan menos; y, por el contrario, los pocos que tienen mucho, cada vez son menos pero acumulan más. Esto es lo que podríamos resumir como la esencia de un sistema tributario sumamente regresivo.

El desafío, en consecuencia, es cómo hacemos más justo el pago de impuestos en momentos en los cuales la desigualdad se ha convertido en el problema número uno de la sociedad: la miseria y la pobreza no se reducen, la clase media viaja hacia la pobreza y la clase rica acumula más plata.

A toda velocidad se tramita en estos momentos en la Asamblea Legislativa, el expediente legislativo No. 18.270, denominado “_Ley de solidaridad tributaria_”, luego de un acuerdo político entre el Gobierno de la Presidenta Chinchilla y el principal partido opositor con representación parlamentaria, Acción Ciudadana (PAC).

Quienes defienden este acuerdo alegan que los principales puntos de ese proyecto de ley son de carácter “_progresivo_”, es decir, que irían en la dirección de cambiar el sistema tributario costarricense, alejándolo de su tradicional y pernicioso sesgo regresivo.

La transformación tributaria estructural que ocupa Costa Rica, lo que hemos denominado “_Revolución Tributaria_”, debe ser un proceso integral que, de forma simultánea, ataque las causas por las cuales se afirma de la existencia de un gran déficit en las finanzas centrales del Estado; y, por ende, la carencia de más recursos para hacerle frente a las crecientes necesidades de la ciudadanía ante los graves problemas sociales que genera la desigualdad en incontrolable desarrollo.

Nuestros compañeros de causa en el Ministerio de Hacienda, a través de la Seccional ANEP-Hacienda, han sido persistentes en señalar que no hay necesidad de más impuestos pues los existentes, si se cobrasen correctamente, generarían los recursos frescos por los cuales la señora Presidenta y su gobierno claman a cada rato.

La “_fiesta_” de evasión en las aduanas es algo inimaginable, dentro de la cual se destaca el caso de los 800 mil furgones que, al año, cruzan los puestos fronterizos nacionales, entrando y saliendo del territorio costarricense, sin que, prácticamente, se sepa qué llevan dentro. Esto fue denunciado en su momento por el más importante columnista del periódico emblema de la oligarquía neoliberal.

Es más, entre las más altas autoridades políticas hacendarias y aduaneras se sabe de la existencia de un grupo empresarial que ejerce poderosísima influencia en este ámbito del control de la evasión fiscal, al punto de que resulta “_impronunciable_” el nombre de su dueño por temor, dicen, a perder la vida, si se le entra duro a controlar la red de corrupción que se manifiesta ante la ausencia de controles reales de la carga que llevan los furgones de tal empresario.

Trataremos de documentarnos más al respecto para en una sucesiva entrega contarles más al respecto. Personalmente lo sabemos pues estuvimos físicamente presentes en una reunión en el COMEX, acompañando a compañeros trabajadores traileros y el tema estuvo en comentario.

Nosotros reconocemos que se vienen haciendo esfuerzos serios desde el Ministerio de Hacienda para atacar otros frentes de evasión de impuestos. Sin embargo, falta muchísima más voluntad política al respecto antes de aceptar nuevos impuestos.

No obstante, se pueden considerar aquellos que toquen a los grupos y personas que, progresivamente hablando, no están aportando lo correcto para que la sociedad alcance niveles de equidad y de movilidad como los requeridos en estos momentos para atajar la desigualdad creciente de la que venimos hablando.

En tal sentido, no creemos justo ni conveniente que el impuesto de ventas actualmente vigente, se transforme a impuesto al valor agregado (IVA), subiéndolo de 13 a 14 %. Este impuesto es el más injusto de todos pese a las excepciones que pudieran establecerse en cuanto a su aplicación.

Otra transformación tributaria que es conveniente y necesaria y que sí se puede aceptar, es el establecimiento de la Renta Mundial. Hablamos aquí de que se impone un impuesto a la riqueza que se ganan costarricenses (personas y empresas), fuera del país. Pero aquí está la trampa: tal impuesto se debe cobrar al momento del devengo, es decir, en el instante en que se reciben las rentas gravables y no cuando esas rentas ingresan al país. Los vivillos de siempre, nunca ingresarán sus ganancias en el exterior a territorio nacional, para no pagar la Renta Mundial.

Dentro de los contenidos que tendría el nuevo paquete de impuestos, también vemos como positivo la inclusión del concepto del “impuesto Robin Hood”, también conocido como la Tasa Tobin, por la cual hemos abogado desde este espacio.

Se establecería un impuesto a las transacciones financieras internacionales pero objetamos que, por un lado, únicamente sea para aquellas transacciones de corto plazo; y, por otro, que quede a juicio del Banco Central el momento en que pondría en vigencia tal impuesto, únicamente bajo el criterio de prevenir “_desequilibrios internos_”. Entonces, en la práctica, ni siquiera un “_impuesto Robin Hood_”, a la tica y chiquitico habría. La semana próximo, Dios primero, volveremos sobre el tema.