¿Más impuestos para pagar salarios de los empleados públicos?

Dice él que, fundamentalmente, la plata que se recaude de esos nuevos impuestos es para pagar los salarios de los empleados públicos y de las empleadas públicas del Gobierno Central, lo cual incluiría al personal de los ministerios y a quienes laboran en entidades que reciben fondos desde la cartera de Hacienda, vía transferencias.

Interpretamos la pretensión del señor Ministro de Hacienda como una especie de chantaje que, sin la menor duda, debemos rechazar tajantemente. Don Fernando ó no está midiendo con exactitud la naturaleza perversa de tal pretensión; ó, por el contrario, está impulsando una estratagema maquiavélica para incrementar, aún más, la sistemática campaña de desprestigio y de ataque feroz contra todo lo que representa el sector Público, en aras de facilitar el ya en desarrollo proceso de apropiación de todas las partes de mayor rentabilidad del mismo, para pasarlas a ciertos grupos de negocios y convertirlas en fuente de lucro mercantil.

Habida cuenta de que el proyecto “_Ley de Solidaridad Tributaria_” pese a su nombre, está inclinado a ponerle más impuestos, proporcionalmente hablando, a la “_gente de abajo_”, insistir en el falaz argumento de que se requieren nuevos impuestos para pagarle salarios a quienes trabajan para el sector Público de la administración central del Estado, implica dos cosas.

Por un lado, va a generar fricciones entre personas integrantes de una misma clase social para enfrentarlas entre sí, de tal suerte que sean los empleados públicos indicados quienes han de quedar como “_los malos de la película_”, potenciando así el estigma negativo que sistemáticamente se ha impulsado durante los últimos años contra estas personas trabajadoras, bajo la visión neoliberal extremista que tipifica como que todo lo público es malo por naturaleza.

Por otro, refuerza la política de que en materia de impuestos ningún cambio irá por la vía en que debe ir, cual es la que los conocedores en materia tributaria llaman progresividad, que es decir deben tributar más lo que más tienen que, como sabemos, son los que han venido tributando menos por el perverso carácter “_regresivo_” del sistema de impuestos en Costa Rica.

Según el decir del señor Ministro de Hacienda, todas las quincenas hay que ir a pedir prestado al mercado financiero, colocando bonos, para pagar los sueldos del indicado personal. Indica que se trata de un endeudamiento sistemático que se volverá insostenible si no hay nuevo impuestos para, insiste, en pagar salarios. Nuevamente, debemos ser enfáticos al respecto rechazando tal enfoque del problema tributario.

¿Quién es el responsable de ese déficit fiscal? Veamos: ¿la señora que atiende niños pobres en los CEN-CINAI?; ¿el policía de una cárcel que debe permanecer ocho horas en un fortín y sin posibilidad de realizar dignamente sus necesidades biológicas en tal lapso?; ¿el policía de la Fuerza Pública que debe trabajar en los barrios marginales plagados de delincuencia y exclusión social, exponiendo su vida a cada minuto?; ¿lo queda de los obreros del MOPT que, en carretera, podría ser arrasados por vehículos conducidos por choferes irresponsables como acaba de pasar con la muerte de uno de ellos?; ¿la maestra de escuela con 40 niños en el aula y muchos de ellos procedentes de hogares con problemas familiares que, por lo general, están asociadas a la estrechez económica, considerando que ya tenemos un 40 % de las familias que no les alcanza el salario para subsistir?; ¿quiénes deben promover la salud controlando la reaparición de epidemias que se suponían extinguidas?; ¿el inspector de Trabajo al que un patrono explotador le echa los perros y le amenaza con una arma solamente porque va a fiscalizar si se paga o no el salario mínimo?; ¿el o la profesional de las instituciones sociales que debe arriesgar su pellejo por atender problemas de drogadicción, violencia doméstica, agresión infantil, intervención familiar, estudios socioeconómicos para ayudas sociales, teniendo que presentarse en barriadas de alta conflictividad social?… Bueno, estos son algunos ejemplos de personas que trabajan para el Gobierno Central cuyos salarios, según don Fernando, deben pagarse pidiendo prestado y, como vemos, jamás son responsables del famoso déficit fiscal.

El señor Ministro de Hacienda sabe que ese problema de déficit puede ser atendido por otras vías y que existen muchas propuestas que no van por el lado de nuevos impuestos sobre las espaldas de quienes ya no están en posibilidades de pagar más tributos.

Además, prestigiosas entidades que estudian este tipo de problemas, que investigan estas cuestiones, se han encargado de indicar otras perspectivas y salidas distintas que no son, precisamente, las incluidas en el proyecto del Gobierno de “_Ley de Solidaridad Tributaria_”. Señor Ministro de Hacienda, debe ser el otro el camino y no culpabilizar, indirecta y subliminalmente, a los empleados públicos del Gobierno Central por el problema del déficit. Así no se vale para enfrentar un problema tan viejo.

El alto endeudamiento de la clase trabajadora asalariada

Recientemente, el personal trabajador asalariado de una importante institución pública integrante del Sistema de Seguridad Social de nuestro país, fue sorprendido por un amenazante correo electrónico masivo emitido por uno de sus jerarcas quien, a su vez, utilizó comentarios personales de un destacado funcionario del campo jurídico del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), aparecidos en este mismo medio; para plantear una visión autoritaria y deshumanizante acerca del grave problema que enfrenta una amplísima mayoría de quienes viven de un salario, ya sea laborando para el sector Público como para el Privado: el alto endeudamiento.

Según la indicada circular amenazante “_cualquier trabajador que tenga deudas superiores a lo que gana mensualmente puede ser despedido con responsabilidad patronal o sin ella, dependiendo del caso_”. Especialmente, se hizo alusión a quienes “_desempeñan puestos con responsabilidades económicas y que, a la vez, enfrentan altas deudas_”. Se afirmó en ese decir patronal que tal situación puede “_causar pérdida de confianza_”; y que “_otra situación que puede llevar a una sanción disciplinaria grave es cuando un trabajador ve menguado sus ingresos como consecuencia de rebajas por préstamos, embargos producto de deudas y otros compromisos no cubiertos en forma satisfactoria_”. Hasta aquí la esencia del contenido intimidatorio de esa advertencia jerárquico-patronal.

Entendemos que en aras de causar miedo al personal asalariado mencionado, se utilizó, impropia y abusivamente, el inciso primero del artículo 81 del actual Código de Trabajo. Éste plantea que un despido sin responsabilidad patronal procedería “Cuando el trabajador incurra en cualquier otra falta grave a las obligaciones que le imponga el contrato“. Se interpretó, erróneamente, que el alto endeudamiento de quienes son asalariados llevaría consigo una “_pérdida de confianza_” y, por tanto, que se abriría paso para que se configure una causal de despido _“justificada_”.

También entendemos que la opinión del servidor del MTSS, hasta donde tenemos conocimiento, no es un dictamen oficial de dicha cartera ministerial; sin embargo, sería importante que las máximas jerarquías políticas de Trabajo y Seguridad Social hablaran al respecto.

Dice nuestro compañero de labores, Edgar Morales Quesada, que una disposición de este calibre se contrapondría de forma directa a lo estatuido en el primer párrafo del numeral 39 de nuestra Carta Fundamental, mismo que sentencia: “A nadie se hará sufrir pena sino por delito, cuasidelito o falta, sancionados por ley anterior y en virtud de sentencia firme dictada por autoridad competente, previa oportunidad concedida al indiciado para ejercitar su defensa y mediante la necesaria demostración de culpabilidad“.

Consideramos que es una barbaridad, una arbitrariedad, suponer y condenar a una persona trabajadora asalariada al despido, por pérdida de confianza, sólo por el hecho de estar altamente endeudada. Este sería un acto eminentemente subjetivo, que lesiona no solamente la Constitución Política, sino que la propia dignidad humana; pues supondría que el hecho de estar endeudado, ya sólo por eso, la persona se convierte en sospechosa de cometer delito y con ello hacerse acreedora de pérdida de confianza, como si las personas que no tienen deudas, no fueran también proclives a cometer delito o falta grave.

No solamente se prejuzga y condena a la persona endeudada, sino que además se le discrimina por esa condición, poniéndola como sospechosa, causando daño a su imagen y sentimientos personales.

Nuestro indicado compañero de causa sindical nos documentó acerca de que la jurisprudencia, en abundancia, ha sentenciado que la pérdida de confianza no puede ser jamás una apreciación subjetiva, arbitraria, librada a juicio del patrono. La pérdida de confianza debe demostrarse, requiere de indicios, prueba y, por tanto, del debido proceso. Dejarle al patrono que él configure, subjetivamente, la causal de pérdida de confianza sería proporcionarle una carta en blanco, para que proceda a despedir cuando le venga en gana. Imagínense cuántos atropellos se cometerían. Por eso la jurisprudencia ha sido clara: la pérdida de confianza debe tener indicios, prueba, que lleven a demostrar los hechos que configuran el delito.

Por otra parte, no tenemos norma que tipifique el alto endeudamiento como causal de despido. De haberla, en todo caso sería una norma contraria al espíritu de la Constitución Política ya que estaría, prejuzgando, condenando y discriminando, subjetivamente, a las personas trabajadoras asalariadas altamente endeudadas.

Considérese, además, que lamentablemente en nuestro país, la precariedad de los salarios y la gran inequidad en la distribución de la riqueza, ha hecho que las personas trabajadoras tengan que recurrir al endeudamiento para sostener de alguna manera su nivel de vida y evitar caer en la pobreza ó en la pobreza extrema.

El auto endeudamiento de la clase trabajadora asalariada, en esencia, refleja la pésima distribución de la riqueza que se manifiesta descarnada y descaradamente en nuestro país. Es más, certifica, reafirma, comprueba que como sociedad, nuestro problema número uno es el crecimiento de la desigualdad; por encima de otros tres gravísimos problemas que nos atormentan: la violencia en todas sus manifestaciones; la penetración del narcotráfico en todos los ámbitos del tejidos social; y, los espeluznantes episodios de corrupción pública y privada, con ropaje legal ó sin él. Ojalá que nunca más gente trabajadora asalariada reciba semejante amenaza.

El impuesto “Robin Hood”

Se lo sitúa entre los finales del siglo XIV y principios del XV. Según la leyenda, Robin Hood era un barón llamado Robin Longstride o Robin de Loxsley, quien era de gran corazón y vivía fuera de la ley, escondido en el bosque de Sherwood, cerca de Nottingham, ciudad del centro de Inglaterra. Más simple: Robin Hood le robaba a los ricos para darle a los pobres.

El pasado 8 de marzo, el parlamento europeo, en el cual están representados los 27 países que forman la Unión Europea (UE), votó a favor de ponerle un impuesto a las transacciones financieras (ITF) que se hagan en toda Europa. Culminaba así una larga lucha, básicamente impulsada por los movimientos sociales y sindicales de la UE, a partir de la propuesta del economista estadounidense James Tobin.

En 1971, él propuso un impuesto sobre el flujo de capitales en el mundo para crear un gigantesco fondo de combate a la pobreza y para propiciar políticas públicas de inclusión social. El señor Tobin recibió el Premio Nobel de Economía en 1981 y a su propuesta de impuesto sobre las transacciones financieras (ITF), se le conoció como la “Tasa Tobin”.

Esa larga lucha por llevar a la realidad la Tasa Tobin, fue liderada por la Asociación por la Tasación de las Transacciones y por la Ayuda a los Ciudadanos (ATTAC); convirtiéndose en un movimiento internacional que promueve el control democrático de los mercados financieros. La ATTAC se originó en Francia, en junio de 1998, teniendo entre sus promotores a un extraordinario ciudadano, el periodista español Ignacio Ramonet, director de uno de los periódicos de mayor prestigio en el planeta, “Le Monde Diplomatique”.

Como es bien sabido, la ideología dominante en el mundo, pese a su evidente fracaso, es la que comúnmente denominamos como el “neoliberalismo”, pero dentro de la misma, su parte más criminal, más anticristiana, más deshumanizada, es la del capital financiero-bancario; el cual, sin piedad ni misericordia alguna, arruina países, destruye empleos, produce violencia desenfrenada, potencia a niveles siderales la corrupción y vive en una orgía desenfrenada de acumulación y de concentración de riqueza jamás vista en la historia de la Humanidad.

La propuesta de la Tasa Tobin, es decir, el ITF (impuesto a las transacciones financieras), como indicamos, llegó a popularizarse en Europa como el impuesto “Robin Hood”, dado que ese capital financiero es de tal magnitud, es tan “recontragigantesco”, que quitarle un “poquito”, vía ese impuesto, en nada se le afecta. Aún ese “poquito” generaría un fondo enorme. Aunque por ahora el impuesto “Robin Hood” aprobado en la UE es de un monto diminuto, evitaría, por ejemplo, la necesidad de realizar recortes tan drásticos en el gasto público que afectan a miles y miles de personas trabajadoras con rebajas de salarios y con recortes de empleos y eliminación-deterioro profundo de los servicios públicos sociales.

Por ejemplo, el Instituto Austríaco de Investigación Económica, ha estimado que una tasa global de transacciones de 0.05 % podría aportar entre 447 mil millones de dólares y 1.022 millones de millones, ¡al año!

Está más que claro que el impuesto “Robin Hood” no será la solución auténtica y definitiva para atender los problemas de la pobreza y la desigualdad mundiales, pero su entrada en vigencia podría, con gran fiscalización ciudadana, elevar los ingresos disponibles por los gobiernos para financiar algunos aspectos de una agenda de desarrollo inspirada en el bien común, la inclusión social y el cambio climático, es decir, la preservación de la vida misma del planeta.

El impuesto “Robin Hood” es una iniciativa realista y viable, sumamente necesaria para contrarrestar la dinámica desbocada de los movimientos financieros a nivel internacional (y nacional, también); movimientos que alimentan crisis recurrentes con impactos destructivos sobre la economía de los países y las condiciones de vida la población.

En Costa Rica, el capital financiero-bancario ha sido sino el más, uno de los sectores que más ha acumulado riqueza, en cantidades insospechadas por la ciudadanía, con las políticas económicas dominantes que han prevalecido en los últimos seis gobiernos, incluido el actual. Tan es así que el comentario siguiente no es de un sindicalista, sino de un costarricense que se ha movido en ese “mundillo” y que lo conoce profundamente. Hablamos del prestigioso economista don Jorge Guardia Quirós, quien el 24 de noviembre de 2009, en su columna de opinión indicó lo siguiente:

“Lo que dije, y sostengo, es una realidad objetiva que… nadie podrá camuflar…: los banqueros han desplegado una influyente labor de cabildeo y logrado beneficios injustificados que el país debe cuestionar. Ese es el punto. Se les permitió captar recursos y efectuar préstamos sin una licencia bancaria (a cualquier mortal lo habrían metido en la cárcel), sin satisfacer encajes ni pagar impuestos. Gracias a esos y otros beneficios, su tasa efectiva es muy baja, mientras se crucifica a otros contribuyentes. Vivieron en la opulencia y cotizaron como paupérrimos. También gozaron de reducciones de encajes que les liberaban recursos para prestar y ganar más… Están las leyes, reglamentos, actos y decretos que lo demuestran, y las actas de la Asamblea donde se bendijo a las offshore, en 1995. Yo no estoy contra la banca. Cumple una función vital. Pero mi preocupación por los privilegios es sana y de interés público. Por eso creí que de la polémica podría emanar algo positivo. Esperaba un examen de conciencia y acto de contrición para pedir perdón al país por todos los beneficios concedidos y su anuencia a consentir reformas para eliminarlos. Pero no…”.

Efectivamente, en Costa Rica ocupamos de la instauración, a lo tico, del impuesto “Robin Hood”. Señora Presidenta Chinchilla Miranda: Con todo el respeto que requiere su honrosa investidura, usted que dice que los sindicatos en vez de protestar deberíamos proponer, aquí le dejamos ésta, junto a las otros 13 planteamientos que ya le formulamos para que se resuelva el grave problema del déficit fiscal que su gobierno dice tener; pero resolviéndolo sin que los y las de abajo (incluida la clase media), siga sufriendo más.

¿Fue a la manifestación?…

“Claro, no lo dude. ¿Me puedo sentar a la par suya ahora que este amigo se está bajando?” “Sí, por supuesto”. “Bueno, ¿y qué? ¿Fue a la manifestación del jueves? Yo sí y no la vi”.

“Ah no, ahí estaba. Es que me fui con el grupo del ministerio. Usted sabe. Como ahora tiene una más información me asustó más eso que dijo el Ministro de Hacienda”. “Ah sí, a mí también me preocupó. Yo me le pegué a la gente del Magisterio. Eran muchísimos. ¡Qué bueno que los educadores salgan a la calle con cosas tan importantes como luchar contra más impuestos para la gente!”.

“No hay duda. Pero fíjese que todavía falta más conciencia. Imagínese eso de que dice el Gobierno de que si los diputados no le dan ese paquete de impuestos, entonces nos rebajarán, oiga bien, ¡nos rebajarán el salario!, y ¡cortarán empleos! Ya no se trata de congelar salarios y dar aumentos raquíticos. ¡Ay Dios, ¿qué vamos a hacer?…”.

“Mire, yo creo que la manifestación fue grande. Y por dicha, aparte de los maestros, había mucha gente de otras instituciones, trabajadores del sector privado y hasta gente de la calle”. “Sí, es cierto. Yo vi muchas pancartas con letreros que hablaban de muchos reclamos de varios tipos”. “Ah, mire. Es que cuando la gente se une los gobiernos tiemblan. ¿Ha visto la tele, de lo que pasa por esos países de África, Egipto, otros…”. “Sí, claro. Qué dicha que los sindicatos se unieron esta vez. Ojalá sigan así. La verdad es que solo unidos se pueden lograr cosas por estos tiempos”. “Sí, no hay duda. Aunque faltaron otros grupos muy sonados hace un tiempo. Ojalá en la próxima se apunten”.

“Viera que antes de la manifestación fui a una reunión del sindicato. La verdad es que tengo miedillo porque me despidan y usted sabe, ahora, sola con los güilas… ¡Me rogaron para que fuera! No tiene usted idea. Pero, ¡qué interesante! Viera que dieron propuestas para resolver eso que le preocupa al Gobierno, eso del tal déficit”. “Ah, sí. Por cierto. A mí me molestó mucho un comentario de doña Laura que dijo que en vez de protestar se debería proponer. Así lo leí en la Extra, el viernes, luego de la manifestación. Y ahora que usted me dice eso, sí recuerdo que leí algo de que los sindicatos estaban proponiendo medidas en vez de los impuestos”.

“Pues fíjese que me encantó esa de que una puede denunciar (anónimamente por supuesto), a un evasor de impuestos y que si se lo comprueban, le dan una parte, como una recompensa, de la plata que se dejaron y que debieron pagar por impuestos. Hay otra buenísima. Le llaman… déjeme ver el folletillo que me dieron. Ah sí, pensión-consumo”.
“Y eso, ¿qué es?”. Mire qué bonito. Bueno, así lo entendí yo. Se guardan las facturas de lo que compramos y al final del mes se entregan, por ejemplo, en un banco. Eso le da a uno puntos con relación al impuesto de ventas pagado y esos puntos se acumulan, como plata, para el fondo de pensión complementaria”. “¡Qué interesante! Déjeme ver el papelito ese que anda. Veamos… Fortalecer la Policía Fiscal… abrir cuentas bancarias bajo sospecha de evasión sin violar secreto bancario… Impuestos por los capitales de ticos generados en el exterior… Regular la banca offshore, ¿qué es eso…”. “Diay… entiendo que los bancos de ticos que hacen plata en otros países. No sé…”.

“Sigamos… Impuesto al patrimonio después de cierto monto para no afectar los ahorros de la clase media… Mire esta: Fondo solidario para personas físicas altamente endeudadas. Diay, ¡yo! Ya casi ni liquidez tengo y no por irresponsable, usted lo sabe… ¡Qué interesante! Y la Presidenta dice que los sindicatos no tienen propuestas…”.

“Bueno, lo que yo puedo decirle a usted es que yo voy a defender mi empleo a capa y espada. Trabajo honestamente y me esfuerzo bastante todos los días. Yo estoy de acuerdo en que se fortalezcan las municipalidades pero, ¿y mi trabajo?… Además no entiendo eso de mandar servicios a los municipios sin plata en las arcas públicas. Diz que el Gobierno está casi en quiebra. ¿Entonces?…”. “La verdad, yo no sé mucho de eso pero en mi caso, el 2.33 % de aumento me ofendió muchísimo (ya le dije que casi ni tengo liquidez); y ahora que me van a rebajar el salario. ¿Estás loca que me voy a quedar viendo para el ciprés? A la próxima manifestación voy a ir con más ganas y voy a jalar más gente, pues le cuento que motivé a varios compañeros que fueron conmigo”. “Sí, usted sabe, yo siento que la gente anda como agua pa’chocolate. La plata no alcanza y juegan con el empleo de una”.

“Mire, ya casi me bajo. ¿Me dejo el folletito?. Es que a mi trabajo no llegó”. “Sí, claro. Yo consigo más”. “Gracias… ¿Mire qué es esto del (¡parada por favor!)… Impuesto “Robin Hood”. ¡Qué risa! ¿Es una historieta?… “Nombres, es algo serio. Si nos vemos otro día en el bus se lo explico porque ya no hay tiempo”. “Bueno, ¡feliz día! “Igual para usted…”. “Recuerde, me debe eso de impuesto “Robin Hood”…

Comités Permanentes y Arreglos Directos: Instrumentos de antisindicalismo

Comentamos hoy el artículo que el señor Camilo Rodríguez, ahora líder solidarista, publicara el jueves pasado, toda vez que el mismo contiene una serie de imprecisiones y aseveraciones que como sindicalistas, consideramos un deber aclarar ante la opinión pública.

Nuestro Código de Trabajo regula los diversos mecanismos de negociación, individuales y colectivos. En materia colectiva establece dos instrumentos de negociación: los contratos colectivos y la convención colectiva de trabajo, cuya titularidad compete exclusivamente al sindicato. En la Convención Colectiva, las personas trabajadoras organizadas en un sindicato se sitúan en una relación equilibrada de fuerzas frente a su empleador, estableciendo con fuerza de ley profesional la regulación fundamental de sus condiciones laborales. La negociación colectiva no presupone la existencia de un conflicto sino que lo previene, aún cuando en alguna ocasión represente la solución de un conflicto colectivo.

El sujeto de la negociación colectiva es el sindicato, al que la ley no sólo le exige una serie de requisitos formales para su constitución, sino que le garantiza autonomía financiera, independencia en su acción y protección a sus dirigentes. El sindicato se financia con las cuotas que aporta su membresía, a la cual sus representantes deben rendir cuentas periódicamente de su gestión.

Por otra parte, el Código prevé las formas de resolver un conflicto colectivo que se suscite en un centro de trabajo, estableciendo la vía judicial (conciliación y arbitraje) y la extrajudicial (el arreglo directo). Así las cosas, tenemos que el arreglo directo es el mecanismo mediante el cual “patronos y trabajadores tratarán de resolver sus diferencias, con la sola intervención de ellos o con la de cualquiera otros amigables componedores”. Para ese fin pueden nombrarse los comités permanentes, integrados por tres personas, que se encargarán de plantearle las quejas o solicitudes a los patronos de manera atenta. Nuestra legislación no establece ningún procedimiento formal para integrar esos comités, ni les garantiza autonomía y protección a sus integrantes.

Es claro que no cualquier grupo de personas trabajadoras constituye una organización gremial y que no podríamos asimilar las figuras del comité permanente y el sindicato; así como no podemos pretender otorgar igual jerarquía legal a los arreglos directos y a las convenciones colectivas de trabajo. Estas últimas gozan de garantía constitucional y normativamente tienen fuerza de ley.

Ahora bien, históricamente, en nuestro país el arreglo directo y el comité permanente se utilizan de manera ilegítima a través de un procedimiento que podríamos llamar de “prevención” sindical. Decenas de casos comprueban que en las bananeras y piñeras cuando aparece el germen del sindicato, se despide a los dirigentes sindicales o se les discrimina de variadas maneras para mermar su gestión sindical, pasándose a conformar de manera inmediata una asociación solidarista y un comité permanente de trabajadores, suscribiéndose con estos últimos un arreglo directo, para contener toda pretensión de negociación por parte de los trabajadores sindicalizados. El arreglo directo se ha desnaturalizado. Se ha venido utilizando como instrumento de negociación colectiva en sustitución de la convención colectiva. Pareciera que el mensaje implícito es este: Los empleadores están dispuestos a conversar con los trabajadores, siempre y cuando no haya un sindicato de por medio.

Es por ello que encontramos en el Ministerio de Trabajo gran cantidad de arreglos directos suscritos con trabajadores no sindicalizados, en detrimento de convenciones colectivas negociadas con trabajadores sindicalizados. Precisamente por esta situación, la OIT le ha señalado reiteradamente a nuestro país que esto constituye un incumplimiento de los convenios sobre Libertad Sindical y Negociación Colectiva que ha suscrito y ratificado Costa Rica.

Por eso, con fundamento en estudios técnicos de especialistas independientes y propios, este ente internacional le ha recomendado al país, la derogación de los artículos del Código de Trabajo que regulan estos instrumentos, a efectos de cumplir con los compromisos de promover la organización sindical y garantizar la negociación colectiva que le imponen los convenios 87 y 98 de la OIT.

Don Camilo Rodríguez ratifica la denuncia que el movimiento sindical costarricense ha venido planteando desde hace mucho tiempo, cuando afirma que los comités permanentes tienen más de 30 años de negociar colectivamente; precisamente el mismo tiempo que tienen los trabajadores y trabajadoras bananeras luchando porque se respete su derecho humano a sindicalizarse y negociar colectivamente. Asimismo, él evidencia la relación simbiótica entre solidarismo y comités permanentes; “relación natural” como él la llama, originada precisamente en que son los empleadores los que promueven ambas figuras.

Los sindicatos esperamos que en este proyecto de Reforma Procesal Laboral, diputados y diputadas permitan que Costa Rica se ponga a derecho con los compromisos de OIT, para respetar, fortalecer y promover el ejercicio de la Libertad Sindical y la Negociación Colectiva, que son Derechos Humanos fundamentales de las personas; reconocidos y garantizados no solo en nuestro ordenamiento jurídico nacional, sino en el marco jurídico internacional. (Este artículo fue preparado con el aporte político-profesional de nuestra compañera de labores, Susan Quirós Díaz).

Salvar la democracia con la democracia de la calle

Así describiríamos nuestra percepción del estado actual de cosas en nuestro país, dados los duros momentos que vive la mayoría de nuestra población, la población trabajadora y los sectores medios que ven con desesperación cómo se les conduce aceleradamente al precipicio de la pobreza.

El domingo anterior, gracias a una especial invitación que se nos hiciera, constatamos, fuimos testigos, de uno de esos episodios que demuestran cómo se desdibuja la Costa Rica de capas medias, otrora famosa en la América Latina y en el mundo, por las oportunidades de ascenso social que ofrecía a sus habitantes.

Un grupo de camioneros transportistas de carga pesada, comúnmente denominados traileros, de carácter unitario como se dicen ellos, es decir, propietarios de un furgón, de un cabezal o de un pequeño grupo de este equipo de transporte; están viendo, con desesperación, cómo se extingue su actividad, cómo se quedan sin fletes, cómo se arruinan (según sus propias palabras), ante el avance de una liberalización económica descarnada y de una competencia desleal frente a sus homólogos centroamericanos, que les conduce a la pobreza sin que nuestras autoridades gubernamentales hagan nada por salir en su auxilio.

El empobrecimiento de los traileros unitarios, su proceso de extinción; es muy parecido al que están viviendo los taxistas formales, los taxis rojos, también en vías de extinción; es un proceso muy similar al que sufren nuestros agricultores, quienes también parecieran destinados a ser figuras sociales del recuerdo.

En situación análoga, constatamos el avance del empobrecimiento de las personas trabajadoras asalariadas con la “_dicha_” de tener empleo “_fijo_” y “_formal_”, quienes son castigadas, semestralmente, con decretazos salariales indignos e insuficientes para enfrentar el alto costo de la vida. En este segmento social de la clase trabajadora, el endeudamiento personal es impresionante, en no pocos casos la liquidez salarial (semanal, quincenal), es raquítica; el deterioro de la convivencia familiar por estas estrecheces económicas es muy marcado. Pero, ¡cómo juegan con fuego!: Pretenden echar a la calle a unas 10 mil personas empleadas públicas con el cuento de la “_transferencia de competencias_” y el “_fortalecimiento municipal_”, por un lado; y, por otro, desprofesionalizar el sector Público, eliminando la dedicación exclusiva.

Igualmente, vemos el crecimiento del empleo informal, del cuentapropismo, llegando ya éste a una cifra aproximada del 45 % de la Población Económicamente Activa (PEA).

Y hablemos de esa clase trabajadora que se la juega tratando de sobrevivir en el mundo de los negocios a través de micro, de pequeñas y de medianas empresas. Otra situación dolorosa y angustiante. Pero, ¡qué relajo! Crearon una “_banca de desarrollo_” y resulta que tienen acumulados, sin usar, la astronómica cantidad de 185 mil millones de colones, girando en el mercado financiero, el de los negocios bancarios. ¿Qué es, en realidad, lo que pretenden con estas cosas los detentadores del poder real?…

Cientos y cientos de jóvenes no encuentran trabajo. Una enorme cantidad de personas jóvenes, recién graduadas, con la ilusión del significado de haber logrado, con mucho esfuerzo, una carrera profesional, son castigados por unas políticas que no les incluyen, que los lanzan a la informalidad (si tienen suerte); o, que les conducen al submundo de la ilegalidad en sus variadas formas. Por otro lado, somos testigos directos del dolor, del drama, del sufrimiento de personas en uso pleno de sus facultades, en sus mejores épocas productivas, quienes, por tener 35, 40, 45, 50 años de edad, no encuentran empleo, son discriminadas. “_No nos llame, nosotros le llamamos_”, es la frase cajonera que reciben, una y otra vez, cuando dejan su currículo luego de haber detectado una oferta de empleo.

¿Es que alguien podría considerar que esto es una democracia? ¿Es que alguien cree que esto será “_sostenible_” y que la clase política tradicional que gerencia el país y el poder real que está detrás de ella, seguirá creyendo que “_abajo_” no está pasando nada?…

Hasta el último de nuestros días seguiremos creyendo que hay dos democracias y hay dos poderes. Está la democracia formal, esa de las elecciones; y está la democracia real, la Democracia de la Calle, la de la gente, la del pueblo, la de los y las de abajo. Esta es la democracia que tumba gobiernos cuando éstos abandonan la senda del bien común y se entregan a intereses egoístas, dejando a las mayorías abandonadas a su suerte.

Se está convocando una manifestación cívica, una protesta social, un paro laboral para el día jueves 10 de marzo, en el Parque Central de San José. No sabemos si habrá “_cuatro gatos_”. Esperamos que no. Muchas organizaciones sindicales y de otra naturaleza estiman llegado el momento de empezar a acudir a la Democracia de la Calle, como mecanismo legítimo de llamar la atención de tal estado actual de cosas que, como indicamos, está estrujando a los y a las de abajo, incluida la clase media, dada la perniciosa senda de exclusión social que nuestra democracia está transitando en este momento. ¡Y quieren que les aceptemos un paquetazo de impuestos que, en lo esencial, mantiene todo este estado de cosas!

¡Cómo no va a crecer el narco si tiene una cantera de jóvenes disponibles en las barriadas populares! ¡Cómo no va a crecer la violencia criminal si se reduce la distribución de la riqueza, si los salarios no alcanzan, si hay hambre en muchos hogares, si hay chiquitos y chiquitas que van descalzos a la escuela! ¡Cómo no va a crecer la corrupción, pública y privada, si el asalto organizado a la hacienda pública con ropaje legal (licitaciones, concesiones, privatizaciones, “_aperturas_”, consultorías), se ve ahora como rápida fuente de enriquecimiento y “_eficaz_” forma de ascenso social!… Definitivamente, esto no puede seguir así. Hay que actuar ya, usando la Democracia de la Calle para salvar la Democracia, abriendo los sabios mecanismos del Diálogo Social.

Municipalidades, déficit, despidos y transferencias de competencias

En el autobús. Dos trabajadoras del sector Público. Una labora en un ministerio, la otra en una municipalidad.

“¡Hola!, cómo estás, ¿me siento a la par tuya?”. “¡Claro!, ¿cómo vas?”. “Diay, fijate que no muy bien. No ves que aquel me dejó. El desgraciado se fue con otra. Yo me lo olfateaba pero nunca le dije nada. Vos sabés. Por los güilas…Y en estos tiempos tan difíciles”. “¡Nombres!, ¿y eso?”. “Como sabés, la vida está carísima. La plata no alcanza. Vos sabés que yo soy profesional pero aún así, nos habíamos endeudado con la casa y todo eso”.

“¿Cuántos son los hijos que tenés?”.” Tres. Dos de colegio y una en la escuela”. “¿Obviamente lo vas a tallar a la pensión?”. “Ni lo dude. Más ahora que dicen que lo van a echar a una”.” ¿Cómo es eso?”. “Pues fijate que dicen ahí en el ministerio que todo lo van a pasar a las municipalidades y que a uno lo van a liquidar pero el Gobierno dice que no tiene plata y no se sabe si pagarán las prestaciones. ¡Vieras vos”! La gente anda preocupada. Mirá mi caso. A los 45 años, quién me va a dar trabajo”.

“Pues ahora que lo mencionás, ahí en la muni se está hablando de eso. ¿Cómo es que le dicen…? ¡Ah sí, transferencia de competencias…”. “Pues vaya nombrecito para echarla a una a la calle”. “Ay muchacha. Parecés nueva. Si todos sabemos que dicen una cosa y hacen otra. Así son todos los políticos. Pero contame más. Todavía no te bajás, ¿verdad?”.

“No. Falta un poquillo. Lo que pasa es que dicen que hay un miche en el Gobierno y que a la Presidenta la quieren joder los Arias y por eso andan con esas cosas de echar gente en los ministerios y pasar los servicios a las munis”. “Mirá. Yo no sé qué te diga. Pero ahí en la muni no sé qué harían. Ese alcaldito que nos tenemos. Pura politiquería. Ofreció el oro y el moro para ganar y como casi nadie fue a votar, en cuenta yo, pues quedó por el apoyo de sus amigotes, parientes y plata que le dieron los grandes. Además, imaginate. Los Arias lo apadrinaron”.

“¡Pues claro! Rodrigo Arias quiere ser presidente como su hermano y seguro ocupan de los alcaldes para el 2014 y entonces, que me boten a mí, que me dejen sin empleo y en la calle y con las deudas y con los güilas pequeños! ¡Ay no, Dios mío!”.

“Mirá, pero en la muni no hacemos tan mal trabajo y si las van a fortalecer, pues eso sería bueno. Ahí uno se da cuenta de que la gente lo que quiere es más y mejores servicios y las munis, pienso yo, no sé, están más cerca de la gente… o deberían ¿No creés?”.

“Bueno, no sé, pero vos creés que tengan que echarla a una a la calle, sin prestaciones, ¿porqué no creo que con eso de la tal transferencia nos pasen a todos a las munis, con todo y empleo y los derechos. ¿Qué pensás vos?”. “Mirá, no sé”.

“Ponete a pensar. El Gobierno quiere más impuestos. Con eso del déficit, fijate que hasta nos van a quitar la dedicación exclusiva. Ya prácticamente nos congelaron el salario. Viste, un cochino 2.33. Entonces, ¿de dónde plata para darle a las munis si dicen que hasta piden prestado para pagarnos el sueldo”.

“Bueno, ahí en la muni hay algunos que se frotan las manos creyendo eso de que llegarán millones del Gobierno. Porque dicen, no sé, no me creás, pero que las munis hasta darán servicios de Educación y Salud.

¡Imaginate! Van a ser poderosísimas”. “Mirá. No estás tan perdida. Por eso estoy preocupada. Yo vi un documento que llegó a la oficina, porque vos sabés que donde yo trabajo llega información muy importante, de que las munis van a dar bonos de vivienda y van a manejar plata del IMAS y de asignaciones. Perdoname, pero imaginate el festín que habrá con eso y la cacería de votos en el 2014. Y Rodrigo Arias de candidato, qué me decís”.

“Bueno, entendé que como trabajo en una municipalidad yo veo todo eso bien, es decir, que llegue más plata y que demos más servicios. Pero eso debe regularse mucho porque vos tenés razón. Con lo que yo vi ahora que pasó la elección del alcalde, ni tenés idea… ¡Qué no ofreció el alcalde con tal de ganar!”.

“Ahí está el punto. En el ministerio ni siquiera plata para fotocopias hay. Una tiene que llevar hasta el papel higiénico porque a todo dicen que no hay plata. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Cuál plata para las municipalidades? Ya casi me bajo pero, en verdad, vieras que todo el mundo anda asustado porque dicen que somos como unos diez mil de los ministerios que vamos para la calle. Hasta ya el sindicato convocó a una reunión con urgencia y yo que nunca voy a esas cosas, esta vez sí iré.

Te imaginás yo en la calle con tres güilas y con esa deuda de la casa.

¿Cómo haré ahora como madre sola? Por cierto si ocupara un testigo para la pensión que le pienso meter a ese desgraciado, ¿me servirías?”.

“Ay muchacha, pues claro. No le aguantés nada. Recordá que ahora las mujeres tenemos muchos derechos que antes nos negaban. Al final Dios no le faltará a una”. “Sí, claro. El asunto es que tengo miedo de que me echen a la calle”.

“Yo no sé que te diga. Pero ahí en la muni nunca nos dejamos. Cuando el sindicato llama por algo justo, todo el mundo se apunta. Nadie se deja. Perdimos el miedo y así ganamos respeto. Estoy segura de que si vamos a dar más servicios, el sindicato se pondrá las pilas para que no haya chorizos ni esas cosas y, por supuesto, sería una locura pasar servicios de los ministerios a las munis sin nada claro y mucho menos sin plata”.

“Ya te dejo. Parada por favor. Ahí te cuento que me dijeron en la reunión.

Hasta luego”. “Que te vaya bien. No te dejés. Recordá que las mujeres somos buenas pa’ las peleas”.

¢1.379.816.054.704.91

Con datos de la Contraloría General de la República (CGR), el señor diputado don Luis Fishman Zonzinski, nos está indicando que esa gigantesca cantidad de plata es dinero disponible (técnicamente conocido como superávit), que tendría a su disposición el Gobierno para sus proyectos y gastos, sin necesidad de imponernos un nuevo paquete de impuestos como lo está proponiendo.

Se nos viene diciendo por parte del distinguido señor Ministro de Hacienda, y también por la propia señora Presidenta, doña Laura, de que hay un gran déficit y que ocupan, con urgencia, recursos frescos por el orden de los 500 mil millones de colones. Pues fíjense ustedes que, esa cifra casi incomprensible de 1.379.816.054.704.91, es casi tres veces la cantidad que dice el gobierno ocupar para resolver “su” déficit.

Con los datos de la entidad contralora, se juntaron todas las cifras presupuestarias de todo el aparato estatal costarricense, más allá del Gobierno Central, llegándose a la conclusión de que, más bien, en vez de déficit hay superávit en el Estado.

Por supuesto que hay que tener muchísimo cuidado viendo el problema planteado y no ver “en neutro” la cifra de 1.379.816.054.704.91, pues debemos tener presente los desafíos de inversión de instituciones emblema de nuestra nacionalidad (como el ICE, la CCSS, el INS y A y A), hoy amenazadas con el cuento de la “apertura” y la “competencia” por las gigantescas transnacionales monopólicas y oligopólicas que nos han “invadido” mediando el TLC con Estados Unidos. Pero aún así, descontando esto de esa gran cifra, queda en evidencia que en vez de déficit hay superávit.

Con esta situación, a uno le queda la impresión de que existe como una especie de “contabilidad secreta del Estado”, que hay una “doble contabilidad” en las finanzas públicas y, por tanto, se le resta credibilidad a la propuesta de un nuevo paquete tributario que promueve el gobierno. Es tan fuerte esto, de que en vez de déficit hay superávit, que el mismo gobierno integró una comisión para discutir con la oficina del diputado Fishman Zonzinski el asunto. Pero la cosa es más complicada todavía. Porque si nos olvidamos de esa gran cifra, la propia CGR, con sus sólidos informes y su seriedad profesional y gran precisión técnica, dice que la evasión fiscal, que el robo de impuestos, anda por el orden de los 500 mil millones de colones; es decir, una cifra parecida a la que espera el gobierno tener como dineros “frescos” con su paquete de impuestos. Y ¡qué ridículo! El país solamente tiene menos de cien policías fiscales. Aquí, hay algo que huele mal, definitivamente.

Recientemente fuimos convocados por la Comisión de Asuntos Hacendarios del parlamento para que explicáramos nuestra posición sobre lo que el gobierno llama proyecto de “Ley de Solidaridad Tributaria” y planteamos “desechar, desistir, archivar, la propuesta de “LEY DE SOLIDARIDAD TRIBUTARIA”, por su carácter inequitativo, de reforzamiento de la regresividad que caracteriza al sistema tributario costarricense y porque hay otras alternativas para resolver el problema del supuesto déficit fiscal; o, incluso, que demuestran que éste tiene una existencia ficticia al existir una especie de “contabilidad secreta del Estado”.

Como alternativa al paquete tributario del gobierno, lanzamos un conjunto de propuestas como las siguientes. 1) Crear una comisión político-social para un análisis puntilloso de los diversos informes de la Contraloría General de la República (CGR) que tratan el tema de la evasión fiscal en sus diversas manifestaciones. 2) Fortalecimiento urgente del cuerpo de la Policía Fiscal. 3) Dictar una ley para premiar la denuncia de evasión fiscal de forma tal que la persona denunciante, comprobado el ilícito tributario, reciba un porcentaje de lo que le fue robado al fisco por impago de impuestos. En la misma ley debe establecerse la pena de cárcel por evadir impuestos. 4) Aprobación del proyecto de ley para que la administración tributaria, de presumirse ilícitos tributarios con evidencia sólida en ello, puede tener acceso a las cuentas bancarias sin demérito del secreto bancario. 5) Aprobar el proyecto de ley de regulación de la banca costarricense en el exterior, banca “offshore”. 6) Aprobar, por una única vez, un impuesto al patrimonio, para grandes fortunas y capitales, a partir de cierto monto, de forma tal que no toque las cuentas ni los ahorros que con grandes penurias, gente de la clase media ha logrado guardar. 7) Aprobar un proyecto de “Ley de Contingencia Fiscal”, para gravar, extraordinariamente y por uno o dos años, las erogaciones suntuarias, el consumo de lujo y las muestras evidentes de riqueza acumulada. 8) Aprobar una ley para gravar las ganancias producidas en el exterior y repatriadas al país.* 9)* Establecer la PENSIÓN-CONSUMO, una idea de varios ciudadanos, encabezados por el Dr. Wálter Coto Molina, Expresidente de la Asamblea Legislativa; una iniciativa que vincula la responsabilidad ciudadana de tributar, con el incremento en la recaudación y con el premio al ciudadano que tributa para efectos de una pensión complementaria.

Como vemos, sin que los y las de abajo (que por supuesto incluye a la golpeada clase media), sigamos sufriendo la mayor proporción de la carga tributaria, hay sobradas alternativas para que sea la “gente de arriba” la que pague lo que debe en materia de impuestos. Pero debemos movilizarnos para que la justicia tributaria y el bien común imperen en bien de la democracia.

Nos vemos en las calles

“¡Ah, pero eso es más platilla!” “No, ¡qué va! Nos dijeron que había que producir más porque sino la empresa cerraba y luego nos arreglaban. Aquí estoy esperando. Pero vos sabés. Es que el trabajito hay que cuidarlo mucho y a veces uno tiene que agachar la cabeza. Sobre todo cuando uno tiene tanta deuda. Bueno, pero a ustedes, los empleados públicos, tampoco les fue bien. Les recetaron por decretazo un… ¿2 por ciento o algo así?… Muy parecido a nosotros, en la empresa privada, con 2.63 al mínimo”. “Pues sí. Fue un 2.33 % que no alcanza para nada. Todo el mundo está chivísima pero, como siempre, nadie hace nada”. “Sí, es cierto, nos quejamos y nos quejamos pero nadie hace nada. Y ahora con ese paquete de impuestos, imaginate…”.

“Ay sí. Mirá. Vieras que he leído algo porque vos sabés que a uno como asalariado lo atornillan desde la planilla. Uno no puede escaparse. El otro día leí una columna de un señor muy famoso, se llama don Jorge Guardia Quirós. Creo que es economista. En realidad yo solo compro la Extra pero en la oficina alguien me prestó el artículillo y me quedó clarísimo eso del nuevo paquete de impuestos”. “Pues contame porque en esta carajada de impuestos uno siempre siente que es solo para nosotros, los pobres, porque arriba todo es fiesta”.

“Poné cuidado. Supongamos cuatro personas y digamos que todas reciben lo mismo. Ponele, que cada una tiene como ingreso, digamos 6 millones de pesos al mes”… “Estás loco. ¿Quién gana tanta plata? Sólo los políticos y los empresarios”. “Tranquilo, no jodás. Es para usar el ejemplo del señor que escribió. Sigamos. Cada uno de los cuatro con seis millones al mes. Uno es un capitalista y se llevó la plata fuera de Costa Rica para ponerla a trabajar afuera. Recibe ingresos por eso. Pero, ¡no le cobran nada de impuestos! ¡Fijate! No paga ni cuita, como dice ese señor. ¡Qué risa! El otro, es también otro capitalista pero por esos seis millones devenga intereses, ganancias, dividendos, aquí. A éste lo cazan con un 15 % de impuestos. Aunque es igual que el otro que sacó la plata del país. Veamos el tercero. Un profesional con salario fijo, en planilla.

Más o menos le apean, igual que al capitalista que sí paga. El cuarto caso es el de un profesional, digamos un abogado o un médico por fuera, que trabaja en lo propio, en lo privado. A éste, si lo pezcan (porque la verdad es que porque los tallan tan duro burlan mucho lo que tienen que pagar), le apean un 30 % de impuesto. Te das cuenta. Los ricachones pagan menos plata de impuestos de la que debieran”.

“Mirá. Muy bueno el ejemplo del señor ese”. “Sí, de don Jorge Guardia”. “Vieras que ahí en la universidad donde estudio, porque vos sabés que en las noches estudio, todo el mundo está bravísimo porque ahora nos van a cobrar impuesto. A mí me parece injusto. Porque en esa “u” casi todo el mundo es trabajador, la pulsea en el día y se la juega por la noche a ver si se saca una carrera para progresar uno en la vida. Pero con eso del paquete de impuestos que viene, ¿de dónde vamos a sacar más plata?”.

“Efectivamente, vos tenés razón. En las “u” privadas casi no hay “hijitos de papi y mami” y es mucha la gente de clase trabajadora que hace sacrificios para estudiar porque las “u” públicas no reciben a todo el mundo. Los ricos, por lo general, mandan a sus hijos a otros países a estudiar”. “Sí, es verdad. Es igual que la salud. El otro día me estaba matando un dolor de muela y tuve que sacármela, pagando un médico privado porque, vos sabés, en la Caja hay que esperar y a uno le duele porque uno quiere mucho a la Caja. Por dicha tenía una platilla por ahí pero con el paquete de impuestos que viene me saldría más caro y, la verdad, no puedo faltar al trabajo porque están deseando echarlo a uno. Vos sabés como es la cosa en la empresa privada”.

“Tenés razón. Vieras que el sindicato, ahí en el ministerio nos está dando mucha información. Te cuento. Yo tengo dos casitas, como vos sabés. En la que vivo y otra que alquilo. Así me redondeo la platilla, pago la pensión y veo mi actual hogar. Pues fijate que yo tendría que pagar impuestos por la plata que recibo del alquiler, igualito que el dueño de un “mol” que recibe mucha plata por todos los locales que alquila. Vos creés que es justo que a todos nos traten por igual. A mí me parece que no”.

“Mirá, yo no sé que te diga. Pero aquí en Costa Rica el robo de impuestos es enorme y no necesariamente del lado de uno porque uno no puede burlar pagar impuestos. O se lo rebajan del salario ó se lo cobran de lo que uno compra, el impuesto de ventas. Deberían meter en la cárcel al que se roba los impuestos que cobra; o bien, premiarlo a uno cuando uno denuncie a un ladrón de impuestos y que le den a uno un porcentaje de lo que se evadió. ¿No le parece?”. “¡Huy, qué buena idea!, pero, además, la gente que gana plata fuera del país debería pagar impuestos”.

“Bueno ya te dejo. Me bajo en la próxima. Sigo pensando que hay que hacer algo y mi sindicato está llamando a salir a la calle. Yo voy a ir. Me cuesta mucho ganarme la plata para que me atornillen con más impuestos y ¡con estos aumentitos de salario!”. “Diay, sí. Parece que no queda de otra. Nos vemos en la marcha. Okey”. “¡Pura vida!”.

La reforma tributaria: ¡No más impuestos a los y las de abajo!

De cada 100 pesos que recauda el Gobierno, 70 colones los ponen “los y las de abajo” (impuesto de ventas, por ejemplo). Los otros 30, salen del bolsillo de quienes tienen grandes rentas, mucho capital, abultados ingresos. Debería ser al revés. El país urge de tener una estructura tributaria de carácter progresivo: paga más quien más tiene.

Este es un primer problema que no ha sido abordado por ningún gobierno. Nadie quiere enfrentar al poder del capital. ¡Pues claro! Es el que pone la mayoría de la plata para las campañas políticas y que apuesta por varios bandos a la vez. Ninguna propuesta de reforma tributaria podrá ser justa si sigue reforzando la regresividad impositiva y no se le abre paso a la progresividad impositiva.

El segundo gran problema es la gigantesca evasión en el pago de los impuestos ya establecidos por ley. Los datos son espeluznantes. Los datos no son inventados y los han presentado entidades que gozan de mucha autoridad en el tema, como la Contraloría General de la República (CGR).

El Gobierno quiere que se le apruebe el paquete de impuestos que ya presentó en la Asamblea Legislativa, para recaudar, ¡500 mil millones de colones! y así, dicen las actuales autoridades, atajar el problema del déficit fiscal que, visto técnicamente, es grave. Pero ocurre que la evasión en el pago de impuestos (que tiene múltiples formas, por cierto), anda en una cifra parecida, siendo los impuestos de ventas y de renta los que más se evaden.

Es decir, si el Gobierno, por ejemplo, toma una especie de decisión de declarar como “Emergencia Nacional”, el combate al robo de impuestos, podría estarse garantizando recuperar esa cantidad de ¡500 mil millones de colones!

El mismo ente contralor ha señalado este grave problema de robo de impuestos y le ha dicho al Gobierno que lo combata, dándole instrucciones precisas como, por ejemplo, el reforzamiento estratégico de la administración tributaria, tomando una medida como más contrataciones de personal.

Con una sociedad como la nuestra, en veloz ruta hacia la desigualdad, la reforma tributaria que propone el Gobierno incrementará esa desigualdad y generará uno de los golpes más duros a la ya de por sí golpeada clase media, gran parte de la cual está sumamente endeudada en su desesperado intento para evitar caer en la pobreza.

Nosotros tenemos claro que dentro del Gobierno hay personas que no comparten el rumbo hegemónico en su seno, de signo neoliberal, fortalecido por encontrarnos ya en “tiempos de TLC’s”. Sin embargo, lo que cuenta es la naturaleza contraria al bien común de las medidas que se avecinan y, por tanto, nada más oportuno que el Movimiento Sindical opte por acciones de movilización con un plano más global, pese al enojo que sentimos por la miseria de los incrementos salariales impuestos a la clase trabajadora en sus dos segmentos principales: el Privado y el Público. Por tanto, la movilización prevista para marzo debe ser algo gigantesco.

Debemos alertar a la clase trabajadora del sector Público, a sus entidades gremiales y sindicales. Estamos absolutamente convencidos de que vienen despidos masivos en la Administración Pública y lo decimos sin ambages para que nadie sea sorprendido. Varias iniciativas, legales y administrativas, vienen de camino. Veamos algunas: a) la ley de “competitividad” del Estado; b) hay unas once convenciones colectivas en la mira de un fuerte ataque jurídico; c) se pretende incrementar el número de instituciones con el carácter de entidades con “personería jurídica instrumental”, de tal suerte que si no venden servicios para pagar toda o parte de su planilla, han de quebrar pues la plata que se les transferiría desde Hacienda será mínima. Ni qué decir, del ya prácticamente vigente congelamiento salarial y de plazas, sin importar el tipo de servicio público de que se trate.

Antes de hablar de nuevos impuestos, las fuerzas políticas y sociales que abogamos por el bien común, debemos obligar al Gobierno a que: 1) Diseñe, con participación de tales fuerzas, un conjunto de medidas de urgencia para atacar, de raíz, la evasión, en un período evaluable de, al menos, doce meses, para medir el impacto recaudador de tales medidas.
2) Considerar un impuesto al patrimonio, por una única vez, para grandes fortunas y capitales, a partir de cierto monto que, por supuesto, no toque las cuentas ni los ahorros de lo que queda de la clase media;
3) un proyecto de ley de “contingencia fiscal”, a erogaciones suntuarias, al consumo de lujo y a las muestras evidentes de riqueza acumulada;
4) Un proyecto de ley, en específico, para controlar, regular y/o eliminar las abusivas exenciones impositivas, muchas de las cuales son un verdadero “asalto legal” al erario público;
5) establecimiento de un órgano político-colegiado, de integración diversa, para el seguimiento, en todos sus dimensiones del proceso de la “emergencia” fiscal.

Hay muchas más propuestas que se pueden tomar sin despedir gente, sin congelar salarios, sin deteriorar más los servicios públicos… es decir, sin impuestos para “los y las de abajo”. Pero, claro está: urge de un gran músculo social para viajar de la regresividad a la progresividad en materia de impuestos. En marzo, en las calles… no hay otra opción.