La mancha amarilla de nuevo a las calles

En deuda con usted, por tercera vez. El asunto de que “los ricos quieren pagar más impuestos” en su segunda parte, lo postergaremos por una semana más. Disculpas por ello.

Es que este asunto de la privatización del servicio de energía eléctrica, a cargo del ICE por más de seis décadas, es una cuestión de enorme relevancia para toda la sociedad; especialmente para la clase trabajadora y para todo ese empresariado micro, pequeño y mediano que ha estado abandonado, durante tanto tiempo, de apoyo estratégico por parte de la política pública.

El pasado lunes 26 de setiembre, con mucha emoción, vimos de nuevo la “_mancha amarilla_” por las principales calles capitalinas. Efectivamente, los sindicatos del ICE dieron el campanazo de salida para un nuevo episodio de su ya legendaria lucha cívica, que los ha llevado a dejar de lado las cuestiones corporativo-gremiales, para asumir tareas estratégicas en defensa del bien común, de la integración social, de la propiedad nacional del patrimonio público heredado; y, en defensa de un modelo de desarrollo económico con importantes niveles de equidad que había puesto a Costa Rica como ejemplo regional y mundial.

La historia moderna de nuestra querida Costa Rica tendrá que consignar la trayectoria cívica de la clase trabajadora iceísta y de sus organizaciones sociolaborales, en los últimos veinticinco años; a partir de la primera lucha con sentido patriótico que fue contra la imposición de la transnacional Millicom, en el primer gobierno de Oscar Arias Sánchez (1986-1990). A partir de ahí son constantes las acciones de los sindicatos del ICE en defensa de esta institución y de lo que la misma ha representado para la igualdad social en Costa Rica.

Luego de la caída del Muro de Berlín, en 1989, cuando los partidos Liberación y Unidad, renegaron de sus filosofías políticas (la Socialdemocracia y el Humanismo Cristiano, respectivamente), para entregarse ambos al neoliberalismo; y cuando se dio la desbandada de toda la izquierda “_clásica_” costarricense por la caída del bloque de países socialistas; en Costa Rica, especialmente en esa dura década de los años 90’s, la lucha contra el desmontaje del Estado Social de Derecho que nos fuera heredado de las generaciones anteriores, pasó a ser asumida por diversos movimientos sociales y, específicamente, por algunos de carácter sindical, como las agrupaciones del ICE.

Esta historia está por escribirse y hay deudas cívicas pendientes para honrar a muchos hombres y muchas mujeres que, con los gremios del ICE como vanguardia, asumieron importantes desafíos históricos en defensa de una particular forma de ser costarricenses, hoy en riesgo total de desaparecer por obra de esa globalización neoliberal anticristiana de signo financiero-bancario.

Los sindicatos del ICE nos llaman ahora a la lucha en defensa del modelo eléctrico exitoso que le dio el ICE al pueblo costarricense. Los que en el seno de la Asamblea Legislativa y fuera de ella quieren desaparecerlo, no tienen cómo refutar realidad como la de que con el ICE se tiene una cobertura eléctrica de un 99.3 del territorio nacional (la más alta de la América Latina), y a precios muy favorables.

La “_mancha amarilla_” que nuevamente se lució por las principales avenidas del centro de San José, revaloró, relegitimó, reconfirmó, la validez de la protesta cívica del concepto de Democracia de la Calle, como una forma apropiada de los pueblos que necesitan llamar la atención de sus gobernantes para exigirles cambios de rumbo y/o adopción de políticas públicas en pro del bien común y del bienestar de las mayorías.

La manifestación iceísta de este lunes 26 de setiembre, otra histórica página en el transcurrir cívico del movimiento laboral del ICE, nos llama la atención para que defendamos, como pueblo, el patrimonio eléctrico nacional hasta ahora al servicio de la gente, del bien común.

Los sindicatos del ICE, a través de su coordinadora de unidad, el Frente Interno de Trabajadores y de Trabajadoras –FIT-ICE, nos indican (entre otros aspectos dados a conocer con la indicada manifestación), que es necesario “_conservar y fortalecer el modelo eléctrico actual, con orientación de servicio al costo, universal y solidario_”. Para ello le proponen al gobierno de la Presidenta Chinchilla un “_diálogo respetuoso con sectores sociales, ambientales y productivos_”; que, por ejemplo, dé como resultado un “_plan de contingencia_” que contemple, entre otros aspectos, “_el financiamiento de los proyectos planificados y en ejecución, incluidos en el Plan de Expansión de la Generación definido por el ICE_”. Además, lanzan la iniciativa de que se promuevan reformas legales “_para que los fondos de pensiones del país puedan ser invertidos en proyectos eléctricos construidos por el ICE_”.

También destaca en este planteamiento sindical del FIT-ICE, la indicación de que “_es necesario fortalecer las empresas municipales de servicio público y las cooperativas de electrificación rural_”; reconociéndoseles su importante papel de contribución al desarrollo eléctrico nacional, al llevar la luz a los rincones más alejados del país, bajo conceptos de Economía Social pero sin afán de lucro mercantil. Toda una lección sindical con profundo contenido cívico.

Pensionarse a los 57 años

Nuevamente les vamos a quedar mal. Nos hemos comprometido con una segunda parte del comentario “Los ricos quieren pagar más impuestos… ó el caso de la serpiente neoliberal que se mordió la cola”; compromiso que era para hoy.

En verdad, modestamente, creemos que volver sobre este tema es importantísimo ante la brutal escalada contra la clase trabajadora y las clases medias que vemos en varios países de la Unión Europea y de los Estados Unidos. En verdad, lo abordaremos, Dios mediante, la próxima semana.

Hemos recibido muchas solicitudes para que demos una visión, desde nuestra perspectiva laboral, acerca del tema de la pensión a los 57 años. Indudablemente que es un asunto de enorme interés y que genera muchísimos comentarios.

En la Asamblea Legislativa se ha aprobado en primer debate, un proyecto de ley que, popularmente se conoce como la “pensión a los 57 años”, pero que conviene pormenorizar en sus alcances. Antes de ello, se nos indica que ya algo similar está en el propio Reglamento de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) de la Caja.

La aprobación se dio en el seno de la Comisión Legislativa Plena Primera y obtuvo el voto positivo de 13 de sus 19 integrantes.

Esta idea comenzó a cobrar notoriedad pública a partir de que su gestor la promovió intensamente. Hablamos del distinguido ciudadano, hoy exlegislador don Oscar López Arias, del Partido Accesibilidad sin Exclusión (PASE), por quien guardamos un gran respeto, a raíz de su vibrante lucha contra la adversidad.

El proyecto recibió, como indicamos, aprobación legislativa en primer debate pero fue enviado a consulta a la Sala Cuarta, antes de que reciba la segunda y definitiva votación.

En la indicada comisión, el proyecto recibió el apoyo, como es lógico suponer, de la actual fracción parlamentaria del PASE; así como de diputados y de diputadas de los partidos Liberación, PAC, Libertario y la Unidad. Igualmente, el connotado legislador del Frente Amplio, el diputado Villalta ha avalado la iniciativa.

Jamás podríamos en duda la buena fe, la transparencia y la preocupación social de tal iniciativa. Sin embargo, para muchos trabajadores y trabajadoras la “pensión a los 57 años” no les estará al alcance. Veamos.

La ley es para adelantar en cinco años la jubilación de la edad reglamentada hoy en día para pensionarse. Ese adelanto cuesta plata, como veremos más abajo. Es decir, siempre habrá que pagar todas las cuotas como está previsto hasta hoy, solamente que, si uno logra reunir el dinero suficiente para adelantar la pensión, hay que pagar lo que se llama el “anticipo”; o sea, pagar por adelantado las cuotas que le faltan para la pensión.

Por otra parte, solamente las mujeres podrían pensionarse a los 57 años (hoy está la edad de retiro de ellas está en 62). Los hombres, que tienen como tope los 65 años, solamente podrían retirarse a los 60. Jamás a los 57 años. Recuerde que la ley es para adelantar en cinco años la edad actual establecida para la pensión que es menor en la mujer que en el hombre.

En ambos casos se debe, para adelantar la pensión en cinco años, hacer fuertes aportes financieros, según el salario y según el monto de pensión a que se aspire. Los ejemplos siguientes se conocieron durante el trámite del proyecto de ley. Vea el cuadrito adjunto.

Como podemos notar, con la edad promedio actual de la clase trabajadora, difícilmente alguien reúna esas cantidades de plata para anticipar su pensión en cinco años.

En muchísimos casos habría que poner todo lo que esté ahorrado en los varios sistemas de pensión, según cada situación particular; además, habría que destinar los recursos acumulados en el FCL (Fondo de Capitalización Laboral); e, incluso, el dinero de las prestaciones que, en abrumadora mayoría el tope de años está en 8.

Muchas personas trabajadoras que nos contactaron al respecto indican que ni aún así, sumando todas esas platas juntas, se podrá reunir la cantidad de dinero exigida para dar el “anticipo” de cuotas que quedaría establecido según regulaciones que establecerían tanto la propia Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), como la Superintendencia de Pensiones (Supen). Además, el proyecto crea una odiosa discriminación entre las personas trabajadoras del sector Público y las del sector Privado. En el primer caso, el Estado pagaría el adelanto, el anticipo de cuotas de su personal que sufra un proceso de “reestructuración institucional” que lo deje en la calle (despido puro y simple). Esto está bien.

Pero no nos parece justo que quede por fuera la clase trabajadora del sector Privado que presenta cualquier cantidad de despidos por la vía de la “reestructuración” y/o “reorganización. ¿Y que pasará con las personas trabajadoras de mercado informal, quienes se la juegan todos los días por cuenta propia. Nadie pensó en ellas al tramitar la ley.

Bien afirmó el respetado gestor de esta idea de que, en realidad, el proyecto será beneficioso, básicamente, para la gente joven. Sin embargo, con los niveles salariales de Costa Rica, en los estratos medios y bajos de la estructura productiva, pública y privada, ni toda una vida de trabajo podrían hacer que se reúna tal cantidad de plata para pagar el adelanto de la pensión. ¿Usted qué piensa?…

Los ricos quieren pagar más impuestos… o el caso de la serpiente que se mordió la cola

Don Bernal Jiménez Monge, distinguido caballero muy adinerado de la sociedad costarricense, quien actualmente es el Presidente del Partido Liberación Nacional (PLN), y quien dice de él mismo que él sí es un verdadero socialdemócrata; sacudió los cimientos del actual Gobierno de la Presidenta Chinchilla Miranda, al indicar que el proyecto de impuestos que ella tramita en el parlamento es, sencillamente, ¡injusto!

Don Bernal se “_rajó_” y en una entrevista periodística aparecida el pasado domingo 4 de setiembre, en La Nación, expresó opiniones demoledoras sobre el actual plan fiscal que ardorosamente está defendiendo el Poder Ejecutivo.

Dijo don Bernal que él aboga por una propuesta fiscal progresiva para que los ricos paguen más. Dijo que se ocupa una reforma tributaria “_rotunda_” y “_absoluta_” y que no basta con contralar la evasión tributaria.

Don Bernal nos da la razón a nuestra incansable y larga prédica acerca de que ocupamos una Transformación Tributaria Estructural, como solemos nosotros llamar a lo que el distinguido y potentado político-empresario denomina como reforma tributaria “_rotunda_” y “_absoluta_”.

Es más, a lo mejor, él, desde su lado de la acera y nosotros, en la de enfrente, podríamos coincidir en la necesidad de una “_revolución tributaria_” si queremos, en verdad, una sociedad que retome los senderos que había transitado hacia la integración y la movilidad sociales que, aunque relativas, habían distinguido a Costa Rica entre otras naciones, especialmente latinoamericanas, marcadas y carcomidas por altísimos niveles de violencia, de corrupción y de desigualdad.

A lo mejor, las declaraciones contundentes de don Bernal se han inspirado en la naciente y creciente corriente de “_mea culpa_” que está pegando fuerte, entre los más grandes ricos de los ricos, en varios países de la Unión Europea (UE), como Alemania, Francia e Italia; y hasta en los Estados Unidos.

Los niveles de explotación inmisericorde a las clases trabajadoras y a los pueblos de esos y otros países, otrora desarrollados y que hoy están viajando al subdesarrollo; son de tal nivel que esos grandes ricos sienten “_pasos de animal grande_” ante la furia y la indignación crecientes, de carácter popular que ya se manifiesta en las calles y/o que se ve venir.

Muchos estudiosos estiman la llegada de grandes explosiones sociales y en contra del mismo orden capitalista neoliberal explotador, de signo financiero-bancario; que ha generado situaciones tan perversas como que el 40 % del ingreso mundial queda en manos del 1 % más rico del planeta, según datos de The Boston Consulting Group, una entidad consultora de corte neoliberal especializada en negocios e inversiones.

El capitalismo desbocado, malignamente codicioso, depredador abusivo de la democracia, de las relaciones humanas y de la ecología, está cavando su propia tumba; al punto de que esos grandes ricos están corriendo ahora a “_ofrecer_” pagar más impuestos antes de que una debacle sociopolítica socave, vulnere, acabe, y supere el estado sistémico actual de las cosas, que hace insostenible para la preservación misma de todas las formas de vida del planeta, que sigamos por este sendero que, efectivamente, amenaza con destruir a la Humanidad misma.

Y es que lo están diciendo desde el lado de ellos mismos. Por ejemplo, un señor llamado Paul Farrell, que según leímos es uno de “_los más lúcidos comentaristas de The New York Times_”, afirmó que la “_la ideología destructiva de Reagan amenaza con derribar varios siglos de capitalismo_”.

Como bien sabemos, la ideología extremista del capital de signo neoliberal, financiero-bancario, la de Reagan, se inspiró (en gran parte), en las ideas propugnadas por la Escuela de Chicago encabezada por el economista Milton Friedman, un “_ícono_” para los adoradores del “_dios mercado_”.

Aunque fue el multimillonario gringo Warren Buffet (cuya fortuna se estima en más de 50 mil millones de dólares), quien puso en el tapete mediático global eso de que los grandes ricos quieren, “_voluntariamente_”, pagar más impuestos; ya un grupo de superricos alemanes lo había planteado antes que él.

En el 2009, las personas más adineradas de Alemania, fundaron un “_movimiento_”, irónicamente llamado “_Ricos por una tasa para los ricos_”, sugiriendo, ellos mismos, que les eleven en un 5 % los impuestos que pagan, con lo cual, oigan ustedes, el estado germano lograría recaudar unos 200 mil millones de euros y ¡resolvería su déficit!
Luego apareció publicado un manifiesto, en el diario francés Le Figaro de 16 archimillonarios galos, en igual sintonía, pidiéndole a su presidente Sarkozy: “_Gobierno, cóbrenos más impuestos…_” Esta “_petición_” fue firmada, incluso, por la persona más adinerada de Francia, la señora Liliane Bettencourt, dueña del emporio de cosméticos L’Oreal.

En Italia no se han quedado atrás. Por ejemplo, el presidente de la Ferrari, Luca di Montezemolo, ofreció “_sacrificarse_” en igual sentido.

El pasado 15 de agosto y en el mismo periódico “_The New York Times_”, Mr. Buffet escribió un artículo con el “_sugestivo_” título de “_Dejen de mimar a los superricos_”. Entre otros aspectos, indicó que él “_se sentía mal_” porque solamente paga por sus ingresos, una renta de 17.4 %; mientras que a sus propios empleados, esa misma renta es de un 36 %.

Muy parecido (guardando las dimensiones de capital, por supuesto), a lo que dijo don Bernal: que a él le cobran un 15 % por sus regalías, siendo que a su propio chofer, también le cobran, por lo mismo, un porcentaje igual del 15 %.

Si usted nos permite, hablaremos un poco más de esto en próximas entregas. Indudablemente esto que estamos comentando tiene un profundo significado ideológico. No se trata de brindar nombres y datos como una cuestión anecdótica. Es la serpiente que se muerde su propia cola.

Seguridad y solidaridad del modelo eléctrico de Costa Rica

Lea también: Impuesto al recibo de luz para financiear a los bomberos
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Tales transformaciones están inspiradas en las concepciones neoliberales de concentración de la riqueza y de desaparición de todas aquellas entidades que habían venido siendo pilar fundamental de lo que en otro momento conocimos como el Estado Social de Derecho, como el Estado Benefactor, como el Estado Solidario.

En los últimos tiempos, ha estado en el tapete de la discusión de las esferas políticas y económicas que hegemonizan el poder real en nuestra Patria, el tema energético; concretamente, el tema de la electricidad que, hasta la fecha, ha estado principalmente en manos, del ICE.

A lo largo de los últimos años son incontables las iniciativas de proyectos de ley que de una u otra manera buscan transformar, radicalmente hablando, la concepción de la prestación del servicio eléctrico a la población nacional; para quitarle su histórica y tradicional concepción de servicio público solidario, convirtiéndolo en mera mercancía, con fines de lucro y para acrecentar los capitales privados que ya se han introducido en este estratégico aspecto de la vida nacional.

Así ocurrió, por ejemplo, con la ley 7200 que autorizó la cogeneración eléctrica privada que por muchísimo tiempo sangró las finanzas del ICE, llegándose a un escandaloso punto en que produciendo apenas el 12 % de la generación eléctrica nacional, se llevaban para sus arcas privadas casi el 30 % del presupuesto del sector eléctrico del ICE. ¡Negocio redondísimo!

Ahora estamos de cara a una nueva ofensiva del capital para incrementar el negocio con el suministro de energía eléctrica. La Administración Arias Sánchez primero, y la actual, junto con las cámaras empresariales y algunos medios de comunicación ya conocidos, han estado fomentando nuevas iniciativas de ley para ampliar la inserción del capital privado en la generación eléctrica.

Solamente que, ante lo que resultó ser un escandaloso negocio al amparo de la ley 7200, bastante cuestionado legal, moral y éticamente; ahora emplean el chantaje del miedo, alegando que el ICE es “incapaz” de ofrecer toda la energía necesaria que el país ocupa en el corto, mediano y largo plazo; y, por ende, hay que abrirle el campo al sector privado, prácticamente sin restricciones de ningún tipo. Se ha llegado al colmo de pretender alarmar a la ciudadanía con supuestos apagones que “ya tenemos encima”, sino se aprueba el actual proyecto de ley de electricidad.

Por el contrario, algunas fuerzas parlamentarias para las cuales la promoción del bien común sigue siendo un valor democrático, están promoviendo otra iniciativa de ley dentro de la cual el ICE quedaría “armado” para realizar una nueva fase de su exitosa carrera en el ámbito del suministro de electricidad a la población, de tal suerte que tuviera las herramientas suficientes para implementar la planificación de construcción de sus nuevos proyectos para la provisión de la demanda eléctrica por venir.

Sin embargo, es tal la glotonería de ese capital eléctrico que la mencionada iniciativa de ley fue rechazada ad portas, sin siquiera permitir un debate mesurado e integral de una legislación que tendrá un poderoso impacto en el futuro del país.

Por suerte, la destrucción del exitosísimo modelo de suministro de energía eléctrica que nos brinda el ICE, no se ha consumado, gracias a la resistencia diversa que se ha venido ejerciendo en el mismo parlamento y fuera de él, a través de argumentaciones sumamente sustentadas, técnica y científicamente, de que el ICE, si se lo permiten y si le dejan de poner trabas y zancadillas, puede seguir produciendo la demanda futura de electricidad nacional.

Esa labor patriótica y cívica de impedir la transformación del modelo eléctrico nacional en una cuestión de mera mercancía para el lucro privado, requiere del apoyo de la gente, del pueblo, en estos momentos donde se nota un incremento en la presión para desmantelar el papel del ICE en dicho modelo.

Con mucha alegría y esperanza nos hemos enterado de que las organizaciones sindicales y gremiales del ICE, agrupadas unitariamente en el ya histórico FIT-ICE, están decididas a manifestarse en defensa de este patrimonio público que es el modelo eléctrico a cargo del ICE; y que harán explícita su defensa del mismo con una primera acción de calle en el mes de la Patria, setiembre, ya encima.

Como vemos, está en puertas una acción ejemplarizante en el marco de lo que denominamos Sindicalismo Ciudadano, pues los gremios del ICE levantan esta bandera del servicio eléctrico con sentido patriótico y nacionalista, a favor de toda la población. En este contexto, todas las organizaciones sindicales y sociales debemos sumarnos a tal esfuerzo

Además, haciendo gala de su actitud responsable para con estas causas, el FIT-ICE tiene ya en preparación una propuesta alternativa sobre el tema de las necesidades eléctricas futuras del país, fomentando una discusión nacional sobre el futuro eléctrico de Costa Rica.

Tres parecen ser elementos fuertes a considerar al respecto. Primero, que la electricidad no puede ser reducida a una mera mercancía para propósitos de lucro privado; segundo, que debemos, como país, ser responsables en el manejo, preservación y utilización de las fuentes de energía renovables; y tercero, que el Estado debe seguir dando este servicio con fines sociales y de manera exitosa como lo ha hecho hasta el día de hoy, a través del Costarricense de Electricidad (ICE).

Impuesto al recibo de luz para financiar a los bomberos

Todos los y todas las costarricenses siempre hemos sentido orgullo por el Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica. Lo seguimos teniendo. Lo que sí molesta y conviene comentar es que se le debe hablar claro a la población e indicarle que este impuesto surge en el marco de la entrada en vigencia del TLC con los Estados Unidos, ante la apertura del mercado de seguros, lo que ha determinado que dicha entidad afrontaría, según algunos, un serio desequilibrio financiero si no se le encuentran nuevos recursos para su sostenimiento; punto de quiebra al que podría llegar en el 2013.

Costa Rica, gracias al Instituto Nacional de Seguros (INS), había logrado tener el mejor cuerpo de bomberos de toda la América Latina, el cual, nunca, nunca, tuvo problemas financieros. Sus problemas empezaron cuando en el marco de ese TLC, se aprobó la “Ley Reguladora del Mercado de Seguros”, que convirtió al Cuerpo de Bomberos de Costa Rica en un “órgano de desconcentración máxima”, con lo cual el mensaje y la directriz que se le dio, en términos populares, lo podemos traducir como “vaya y se la juega solo”.

Según la ley que viene para financiar a dicha y prestigiosa entidad, a través de un 1.75 % de impuesto al recibo de luz, impuesto que será mensual porque mes a mes hay que pagar la electricidad que consumimos; “no estarán sujetos al pago de dicho tributo, los abonados cuyo consumo mensual sea igual o inferior a cien kilowatts hora (100 kWh)”.

Es decir que los pobres de los más pobres no pagarán este nuevo impuesto (esto está bien), pero, otra vez volvemos sobre lo mismo: reforzar sobre la deteriorada situación económica de las capas medias de la población, la clase media, el peso del sistema tributario costarricense, para cargarle sobre sus golpeadas espaldas, tanto lo que de manera directa establece el mismo, como lo que lo que por vía indirecta se le cobra, a lo que en otro momento había sido el “bastión” de la democracia costarricense.

Dicho impuesto, que no solamente se aplicará a la luz consumida en nuestros hogares, será pagado también por las diversas actividades productivas y empresariales; con lo cual (como es lógico suponer), seguramente terminará siendo trasladado a los bolsillos de las personas consumidoras.

Se dirá que este nuevo impuesto es “justo” porque pagará más quien consuma más electricidad, a partir de los 100 kWs. Pero este no es el punto. El punto es que siempre saldrá perdiendo la gente de “abajo” (dentro de la cual ha hay que incluir a la clase media), pues ésta no tiene escapatoria alguna a la hora de que la “capturen” en el pago de impuestos: vía recibos, vía planilla salarial, vía compras directas (impuesto de ventas, por ejemplo), etc.

Así que la iniciativa legislativa sigue fortaleciendo la injusta estructura tributaria costarricense que es abrumadoramente regresiva: pagan más proporcionalmente hablando, quienes menos tienen; y, al lado opuesto, quienes acumulan más y más cada día, tienen menos carga tributaria.

La justificación que dan los altos jerarcas del Cuerpo de Bomberos cuya directiva está presidida por el ilustre y polémico don Guillermo Constenla Umaña (que, a la vez, es Presidente Ejecutivo del INS), en declaraciones a Diario Extra indica que “Queremos más estaciones para bajar los tiempos de respuesta en cada emergencia y el principal objetivo es poder inaugurar unas 4 estaciones por año”. Además, se tiene “que velar por varios incidentes al mismo tiempo, tales como accidentes de tránsito, e incendios de distintas magnitudes”. También alegan que “queremos más estaciones pero al mismo tiempo requerimos de más personal para poder dar un mejor servicio a la población que va en aumento de forma considerable”.

Pensamos nosotros que una supuesta falta de recursos no es real toda vez que este estratégico servicio público sigue estando bajo la responsabilidad del INS, según lo establece la “Ley reguladora del Mercado de Seguros”. La misma establece que para el financiamiento del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica, se tienen los ingresos del 4% de las primas de los seguros que se vendan en el país; las multas, cobros o resarcimientos por esa ley; los intereses o réditos del fondo; y las donaciones de entes nacionales o internacionales.

Asimismo se establece que en caso de algún tipo de déficit para el Fondo de Bomberos los mismos serán cubiertos por el Instituto Nacional de Seguros. Entonces, ¿por qué ponerle una nuevo impuesto a la clase trabajadora?…

Segunda recesión económica mundial: Debemos blindarnos como país

Economistas, banqueros y especialistas en desarrollo coinciden en ello. Pero, ¿cómo se percibe el asunto desde una perspectiva de “abajo”? Pues pensando en cuántos compatriotas se quedarán sin trabajo (jóvenes incluidos), pensando especialmente en mujeres trabajadoras solas, jefas de hogar; cuántas empresas micro, pequeñas y medianas quebrarán; cuánto más se deteriorarán los salarios; cuánto más aumentará el cuentapropismo y el mercado informal, golpeándose así la Seguridad Social; cómo se deteriorarán aún más los servicios públicos más importantes para la población trabajadora…

Nos dicen que la recesión gringa que nos arrastraría, impactaría, especialmente, en los campos de exportaciones, turismo e inversión. ¿Debe un sindicalismo preocuparse por ello? Nosotros pensamos que sí. Agréguese, además, que está el problema de la crisis de la deuda en la Unión Europea (UE), en varios de cuyos países (al igual que en el estadounidense), el “castigo” inmisericorde de la orgía desenfrenada de acumulación en que está sumido el capitalismo bancario-financiero neoliberal, está recayendo sobre millones de personas trabajadoras, los y las de abajo, la “gente de a pie”.

Nosotros creemos que debemos aportar nuestro mayor esfuerzo y desde nuestra perspectiva para que nuestros iguales, nuestra clase trabajadora, no sufra tanto si, efectivamente, la recesión gringa (y la europea) nos arrastrará.

Por supuesto que la opción estratégica que ha emergido con potencia demoledora es la superación de ese capitalismo financiero-bancario neoliberal anticristiano; para lo cual, será imprescindible una conjunción de diversidades múltiples en gran unidad, pero desde posiciones sectarias, fundamentalistas y dogmáticas resultará imposible ayudar a construir.

En tal ámbito de cosas, es decir, ante la necesidad de esa construcción diversa y de enfrentar la perversidad de la crisis sistémica del neoliberalismo bancario-financiero, recobra fuerza en nuestro país un esfuerzo de propuesta alternativa que desde la sociedad civil, fuera formulado hace poco más de dos años, denominado las “Diez medidas para enfrentar la crisis económica con inclusión social y productiva”; planteamiento que en abril de 2009 se le presentó al país y, específicamente, ante aquellas personas que eran ese momento precandidatas a la Presidencia de la República, incluida la actual mandataria, doña Laura Chinchilla Miranda.

La semana pasada y en este mismo espacio nos hicimos eco de planteamientos de advertencia, responsablemente formulados, por el señor economista y académico con Luis Paulino Vargas Solís; quien ha estado emplazando a la señora Presidenta acerca de que, como país, debemos tomar medidas para intentar blindarnos ante la eventualidad, ya casi real, de una segunda recesión mundial generada por la brutalidad de las políticas neoliberales en los países capitalistas centrales como EUA y la UE.

Hoy, públicamente, reforzamos nuestro emplazamiento a la Presidenta Chinchilla, al respecto de la necesidad nacional de construir ese blindaje, para indicarle que discuta con los grupos socioproductivos no solamente las propuestas de don Luis Paulino, sino las que están incluidas en las “Diez medidas para enfrentar la crisis económica con inclusión social y productiva”.

Al respecto, indicamos esas propuestas: 1. Recuperación de la función socio-productiva del sistema financiero. 2) Garantizar la seguridad y la soberanía alimentaria y el empleo agropecuario. 3) Sistema de transferencias condicionadas para promover el Trabajo Decente (“Protrabajo”). 4. Corresponsabilidad social y trabajo decente mediante infraestructura social de cuidados (reconocemos que algo ya está haciendo este Gobierno al respecto, inspirado en esta medida). 5. Hacia un nuevo papel del Banco Central: redefinición de la política cambiaria y de balanza de pagos. 6. Plan solidario para rescatar a personas altamente endeudadas. 7. “Hecho en casa”: promoción del consumo responsable y nacional, así como promoción de mercados locales justos, dirigiendo el consumo hacia la producción de bienes y servicios nacionales. 7. Estabilidad en el empleo público (también aquí reconocemos al presente Gobierno su voluntad para regularizar la estabilidad en el empleo de varios miles de personas trabajadoras interinas, pero falta por resolver otro tanto). 8. Política de recuperación de poder adquisitivo y de salarios crecientes progresivos. 10. Propiedad comunitaria en las comunidades costeras y otras formas de acceso a la propiedad.

Como se puede apreciar, desde los sectores sociales se han generado sólidas propuestas para la inclusión social; y, ahora, con miras a construir ese blindaje del que nos habla el mencionado experto aquí citado. Don Luis Paulino ha indicado que el país debe, por un lado, “revitalizar el espacio económico centroamericano como nuestro espacio económico natural”; y, “desarrollar un esfuerzo extraordinario de acercamiento a América del Sur, en especial Brasil y Argentina pero, en general, todo el bloque sureño en sus diversas expresiones”.

Nos indica este profesional que “esto es esencial a fin de contar con mercados confiables donde colocar la producción y con la finalidad de hacerse parte de mecanismos de cooperación financiera mancomunados. A su vez, esto atiende a un objetivo ineludible: crear diques de contención que frenen la marejada destructiva que viene del norte”.

Entonces, señora Presidenta, tiene usted la palabra.

La Caja: Las refundamos ó la sepultamos

Hoy, a casi 70 años de aquellas históricas jornadas, tenemos el más grande desafío desde entonces y con relación a esos trascendentales acontecimientos: emprender los más grandes esfuerzos para refundar la Caja, salvarla, pues de lo contrario, la hemos de sepultar ante nuestros ojos, con nuestra complicidad activa ó pasiva.

El entorno sociopolítico y económico conspira contra la existencia misma de la Caja. La correlación de fuerzas es totalmente favorable para que la salud se vea como negocio, como mercancía y no como Derecho Humano Fundamental.

Son varias las amenazas mortales que enfrenta la CCSS y llegó el momento de hablar claro, incluso, con las más descarnadas autocríticas para todos cuantos tenemos que ver, de manera directa, con lo que le ha pasado a la Caja y con lo que le puede pasar.

Cuatro o cinco gigantes transnacionales farmacéuticas, con sus referentes y representantes nacionales, tienen una especie de cártel del negocio de suministro de medicamentos, obligando a la Caja a pagar precios exorbitantes por las compras de los mismos, mediante participaciones arregladas en licitaciones.

Se ponen de acuerdo para turnarse en las ofertas y obtener la compra de manera alterna; o bien, a la que le dieron determinada compra alega, en último minuto, no poder cumplir con la entrega, obligando a la Caja a una compra de “emergencia”, extorsionándola con precios exorbitantes por motivo de tal circunstancia. A esto hay que entrarle.

Conocemos el caso de un trabajador de Acueductos y Alcantarillados (A y A), quien está a punto de perder su empleo por cuanto, en su tiempo libre, le hizo a un vecino de su barrio un trabajo de fontanería. Le han abierto un proceso administrativo por ello, pues la institución considera eso como totalmente incorrecto e incompatible con la función pública encomendada a dicho servidor.

¿Y los médicos biomberos? ¿Y los médicos que tienen, descaradamente, su propio consultorio privado frente a la propia clínica, al propio hospital donde laboran?… ¿Cuánto más se tendrá que “tolerar” esta situación, sabiéndose, incluso, de casos de gravísima interposición horaria porque le quitan tiempo laboral pagado a la Caja para ir a sus propias consultas privadas?…

No estamos en contra de la noble profesión médica, ni de ningún galeno en particular. Pero hay que cambiar este sistema. Hay que modificar la Ley de Incentivos Médicos para, por ejemplo, establecer, categóricamente, que el médico que trabaje para la Caja tiene una prohibición explícita de hacerlo en lo privado, so pena de perder el empleo sin indemnización alguna y de hasta cometer delito contra la salud pública. A esto hay que entrarle, también.

El sistema de compras de la Caja debe ser revisado profundamente. Especialmente en cuanto a la provisión de alimentos, como los productos agropecuarios. ¿Por qué se violenta el sistema establecido a través de la provisión de estos productos vía los mecanismos del Consejo Nacional de Producción (CNP), con su Programa de Abastecimiento Institucional (PAI), todo lo cual, incluso, tiene una ley al respecto que obliga a actuar en consecuencia?

Digámoslo claro: muchas licitaciones de compra de alimentos, de verduras, de frutas, de tubérculos, tienen nombre y apellidos de antemano y la licitación es solamente fachada. A esto hay que entrarle también, esperando ser más explícitos al respecto, en próximos comentarios.

La transferencia de recursos públicos de la Seguridad Social hacia el negocio privado de la salud, vía compra de servicios y alquiler de sofisticados equipos médicos, a lo largo de los últimos años, exige una ventilación pública total y absolutamente transparente.

La ciudadanía necesita saber de cuánta plata estamos hablando, con esa especie de saqueo “legalizado” que ha venido sufriendo la Caja, intermediando esa perversa mescolanza entre la concepción pública de la prestación de sus servicios y la apropiación privada de sus finanzas vía este tipo de negocios.

A esto hay que entrarle, también, pues es importante saber nombres de personajes políticos que lucraron con la Caja para sus negocios de medicina privada; es preciso saber cuánta plata estuvieron recibiendo en los últimos años por tal razón; saber cuáles son esas empresas mercantiles de servicios hospitalarios tan pujantes hoy, que estuvieron recibiendo dineros de la Caja… A esto hay que entrarle, sin duda alguna.

¿Cómo es eso de que las universidades privadas que brindan carreras profesionales de Medicina, de Enfermería, pretenden que la Caja les facilite, ¡gratis!, sí, ¡gratis!, sus instalaciones hospitalarias para que sus respectivos estudiantes realicen su práctica académica, sin un solo centavo de pago adicional por ello?… ¿Se debe ó no se debe entrarle a esto también?… Usted qué opina de todo esto… A la Caja, ó la refundamos ó la sepultamos.

Salvar la Caja: Histórica tarea ciudadana

lucha social que tendrá escenificaciones diversas, destacándose los acontecimientos que tendrán lugar en las calles del país, tal y como ya lo estamos presenciando según las demandas que van apareciendo formuladas por diversos sectores, incluso de carácter productivo, de quienes nunca se esperó que tuvieran que acudir a las vías de hecho para defenderse de la marginación y de la exclusión sociales: arroceros, paperos, cebolleros, traileros, por ejemplo.

Para la abrumadora mayoría del pueblo costarricense (e incluso, para la gran masa de población migrante), la cuestión de la salud pública es de vida ó muerte. Por ello, el destino final que en estos “tiempos de TLC’s” le espera a la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), igualmente, se torna en una cuestión de vida ó muerte para la gente, para “los y las de abajo”, incluida la clase media.

Se necesita de una verdadera cruzada ciudadana para sacar a la Caja del gravísimo peligro en que se encuentra; acción cívica profunda que requerirá enormes desprendimientos y fomento de soluciones que podrían ser, en unos casos, impensadas; en otros, dolorosas. Los gremios y asociaciones profesionales, así como los sindicatos de la CCSS, deben repensarse su rol en las actuales condiciones en que está la institución, formulando las correspondientes autocríticas y gestando las ideas propositivas para construir el pilar de la estrategia de defensa y de salvamento de la Caja según nuestra visión: la alianza de su clase trabajadora con la población usuaria de los servicios que la institución brinda.

Debemos entender que la persona asegurada y que la persona trabajadora de la Caja son un todo único de una misma institucionalidad que debe preservarse para el desarrollo democrático de la sociedad. Como organizaciones laborales que actuamos en el seno de la institución, nos corresponde diseñar políticas tendientes a fomentar profundos valores como la solidaridad, la ética al máximo, la máxima moral en la función pública de la Salud y en contra de toda forma de corrupción en su seno; la elevación sustancial de la calidad de la atención, la cercanía afectiva con el asegurado y con el paciente; la máxima cortesía, el trato afable, la explicación convincente de los inconvenientes que sufre el servicio; así como la gigantesca labor de esclarecimiento político-ideológico del origen de las dificultades que amenazan la existencia de la Caja, la denuncia de sus enemigos internos; destacando la denuncia de los cárteles de proveedores que la extorsionan con sus tendencias monopólicas y oligopólicas en cuanto a compras, especialmente en medicamentos, alimentos, contrataciones a terceros y almacenamiento.

Recientemente, uno de sus altos jerarcas directivos nos comentaba que, por ejemplo, ya se ha estructurado, en el marco de estos “tiempos de TLC’s”, un cártel farmacéutico que tan solo un medicamento de obligada utilización en la Caja, cuesta ahora cuatro millones de dólares una sola compra del mismo, cuando antes del TLC costaba dos. Imaginemos como podría estarse ya perfilando la situación general en este ámbito de compra de medicamentos, si oligopólicamente la Caja ya es rehén de las transnacionales farmacéuticas tuteladas por este tipo de tratado de “libre” comercio.

Por otra parte, sin ser especialistas en la materia, pensamos que, entre otros órdenes, se debe actuar con urgencia en los siguientes.

Uno. El de la deuda del Estado para con la Caja, lo cual nos dice de que hay aquí una vinculación estratégica entre el sistema tributario altamente regresivo que nos castiga como sociedad y la disponibilidad de recursos frescos para honrar esa deuda estatal. La transformación tributaria estructural es, por tanto, condición “sine qua non”, imprescindible, en tal sentido.

Dos. La elevación sustancial de la calidad de la atención, la oportunidad de los servicios de la Caja cuando la gente los ocupa y el incremento de los productos de salud que ofrece, especialmente para amplios sectores medios que están cotizando bajo la obligatoriedad de la universalidad, pero que es cuestión de tiempo para que se promuevan cambios políticos liberándolos de ello, con lo cual se asestaría el golpe mortal definitivo a la institución, quedando prácticamente reducida para servir a la pobreza y a la indigencia.

Tres. Cambios sustanciales en cuanto a las responsabilidades profesionales de su personal especializado, especialmente médico, de forma tal que ó se trabaja para la Caja ó se trabaja para su “competencia”. No se puede servir a Dios y al diablo al mismo tiempo, quedando legalmente prohibido, mediando las necesarias retribuciones económicas estimulantes, tener actividad médica privada si se está al servicio de la Caja.

Cuatro. Si estamos brindando atención médica prácticamente gratuita a una población migrante que es creciente, debemos emplazar a los organismos multilaterales de crédito y a los gobiernos correspondientes a esa ciudadanía extranjera en el país, que coadyuven al sostenimiento financiero de la institución, pasando, por ejemplo, facturas globales anuales a esos gobiernos para hacerlos responsables del descuido de sus propias poblaciones.

Como vemos, la operación de salvamento de la Caja, que es algo así como nuestra madre institucional, requiere un esfuerzo articulado, en diversos órdenes y multisectorial, de forma tal que estamos de cara a una histórica tarea ciudadana que es de vida ó muerte.

El país en la encrucijada

La crisis de nuestra sociedad, en pleno desarrollo, muestra diversas expresiones pero hay un denominador común entre ellas: es la sensación de una inmensa mayoría de la población de que está siendo excluida de los beneficios del crecimiento económico; beneficios éstos que por concentrarse cada vez en menos manos y grupos, atrofia por completo las aspiraciones legítimas de la gente por un desarrollo con equidad, con inclusión y justicia sociales.

La crisis de nuestra sociedad, como ya indicamos, tiene varias facetas, algunas de las cuales citaremos seguidamente, sin ningún orden lógico.

Veamos:

La fiscal-tributaria: un Estado al borde de la quiebra que se endeuda cada 24 horas en una inmensa cantidad de millones.

La de los partidos políticos: la gente se aleja cada vez más de éstos, especialmente cuando comprueba cómo se le sigue estafando cada cuatro años con promesas incumplidas.

La que se padece en los movimientos sindicales, sociales y populares: todavía con los efectos de la conmoción por los resultados del No al TLC, generándose grandes inconvenientes para una rearticulación renovada, a tono con estos tiempos de crisis y con un terreno abonado para un gran trabajo de promoción organizada de la indignación para la movilización con vocación de poder.

La crisis de legitimidad del sistema jurídico que presenta grandes de sus segmentos con fuerte penetración narco.

La crisis de la Caja, nuestra madre institucional, agredida por diversos flancos.

La crisis ecológica agravada por el doble discurso moral de protección a la naturaleza pero de fuerte inclinación extractivista a como dé lugar.

También tenemos una crisis de valores, potenciada por el hedonismo neoliberal del facilismo y del consumismo sin control, a tono con la perversa fórmula de “vales lo que tienes”; sin hablar de la crisis espiritual ante el vaciamiento de contenido solidario de una existencia colectiva que parece forzada a renegar del humanismo necesario e inherente a la búsqueda y promoción del bien común.

La crisis del empleo juvenil y del empleo adulto; así como la crisis de la deserción educativa juvenil e infantil por razones económicas y sociales.

La crisis de la inseguridad ciudadana, la de la violencia narco y la de la corrupción en todas sus formas.

Usted podrá agregar de su propia cosecha otras expresiones de la crisis que vive nuestra sociedad; pero que, digámoslo claro, solamente genera efectos negativos para las amplias mayorías populares que, un día sí y otro también, sienten el deterioro generalizado de sus condiciones de vida.

La sensación de estrujamiento, de arrinconamiento, de asfixia, de exclusión, de invisibilización de no pocos grupos y sectores amenazados de quedar sin tajada en el pastel de la acumulación; obliga a que haya un encuentro multisectorial e intergrupal en un mismo espacio para ver si es posible hacer “algo”, ante la angurria, la codicia y el desenfreno de quienes lo quieren “todo”, sin repartir nada.

La paradoja de la avidez codiciosa de la acumulación insaciable que muestran los deshumanizados grupos del poder económico-político real; es que está alimentando las condiciones para un encuentro de diversidades impensado hasta hace un tiempo; incluso, que podría superar la gran pluralidad de ciudadanía que vimos con ocasión del Movimiento Patriótico del No al TLC.

Hoy, ya no solamente quienes entendieron en su momento de qué se trataba la cosa en ese entonces, expresan condiciones para la indignación organizada; sino que la situación es mucho mejor ahora, cuando más grupos y sectores van quedando fuera producto de un sesgo aperturista aventurero que va a arrasar con actividades productivas y de servicios que otrora daban empleo y generaban inclusión social. Dos ejemplos: los traileros unitarios y los micropequeños y medianos empresarios turísticos. Si la lógica política que domina en el seno del Gobierno se matricula con los valores (mejor antivalores) de la acumulación financiero-bancaria de sesgo especulativo; el necesario contrapeso puede salir a partir de esos encuentros multisectoriales e intergrupales de amplios segmentos ciudadanos de nuestra sociedad que están siendo lanzados a la precariedad, al desempleo, a la quiebra, a la miseria, a la pobreza… y a la violencia.

La apuesta por la promoción de la indignación, para organizarla, sistematizarla y articularla con visión estratégica y con vocación de poder, es una bellísima provocación para rebelarnos contra el orden del desorden que solamente favorece “a la gente de arriba”. ¡Entrémosle!

«Pérdida de confianza en el orden actual»

Boff nos dice que “en la perspectiva de las grandes mayorías de la humanidad el orden actual es un orden en desorden, producido y mantenido por las fuerzas y países que se benefician de él, aumentando su poder y sus ganancias”.

Nos plantea Boff que la voracidad de la globalización económica está sin control, en manos de su parte más perversa: el sistema de especulación financiera.

En su artículo Boff menciona que dos notables premios Nobel de Economía (por demás, sin la menor sospecha de tener “ideas sociales”), los estadounidenses Joseph Stiglitz y Paul Krugman, son fuertes críticos del presidente Obama, “por no haber puesto freno a los ladrones de Wall Street y de la City en vez de rendirse a ellos. Después de haber provocado la crisis, todavía fueron beneficiados con inversiones mil millonarias de dinero público. Y volvieron, airosos, al sistema de especulación financiera”.

El sistema capitalista global, bajo el control total del capital bancario dirigido exclusivamente a la especulación financiera, nos conduce sin piedad alguna a una descomposición social profunda y nos arroja datos espeluznantes como éste:

Mientras que al año la lógica del capital productivo anda por el orden de los 60 billones de dólares; la lógica del capital especulativo, al año, es de diez veces más: 600 billones de dólares, bajo la consigna del “greed is good” (“la codicia es buena”). Esta es la naturaleza totalmente perversa y malévola de los banqueros que controlan al mundo… y a Costa Rica también.

En el caso tico, nos hemos hecho eco desde esta columna de lo que al respecto ha indicado el prestigioso economista Jorge Guardia Quirós; quien al igual que Stiglitz y Krugman, no es sospechoso de tener “ideas sociales”.

Al igual que Boff, nosotros pensamos que en Costa Rica, “el orden actual es un orden en desorden”; considerando que el escenario de la desigualdad creciente, problema número uno del país a juicio de una gran cantidad de estudios prestigiosos, nos conduce a una profunda desestructuración social que, paradójicamente, contribuye a consolidar el poder de los que opinan que “la codicia es buena”.

No solamente aquí, en Costa Rica, tenemos ya un proceso desestructurante de la institucionalidad republicana sobre la cual se asienta la democracia… supuestamente.

Leímos una reciente publicación periodística sobre Chile, país cuyo modelo económico se nos ha vendido en Latinoamérica como “el modelo”, la sociedad perfecta, el país del perfecto crecimiento económico para realidades como las nuestras en esta región.

Chile está viviendo una fuerte agitación social producto de la creciente indignación que generó tal estado de cosas, en manos del capital bancario dedicado únicamente a la especulación financiera.

Un dato ilustra más que muchas palabras. Chile tiene un alto puesto en el rankin del Índice de Desarrollo Humano (IDH) de la ONU, el 44; pero, la mayoría de los chilenos, de acuerdo con ese mismo estudio, tiene ingresos comparables con los del país africano Angola, que tiene el puesto 146 del IDH. “El crecimiento económico no es desarrollo”, a juicio de un sociólogo chileno.

El pueblo chileno ha vuelto a las calles, como forma legítima de expresar su indignación y, “curiosamente”, formula demandas muy similares a las que desde los sectores sociales costarricenses venimos levantando.

En Chile exigen volver a la Educación Pública, cambios sustanciales a la matriz energética para buscar mayor armonía con el ambiente, mejoramiento de la salud, salario mínimo real, reforma tributaria y renacionalización del cobre. Vean ustedes cómo se parecen a nuestras demandas.

“La pérdida de confianza en el orden actual” de que nos habla Boff, va estratégicamente conectada a la indetenible fuerza material que coge la frase de que “el crecimiento económico no es desarrollo”, como lo demuestra el caso chileno… y el tico también.

Bien ha dicho el presidente del senado chileno, Guido Girardi de que “los especuladores son los verdaderos antisistema; los que no producen nada, pero dedican su vida a jugar a la ruleta financiera, de ellos estamos siendo rehenes”.

Agregó que en Chile se vive una crisis ética, donde prima el interés personal sobre el bien común, con la ayuda y complicidad de un poder económico monopólico, “que nunca en la historia se había concentrado en tan pocas manos”.

¿No les parece que estamos, en Costa Rica, ante un escenario similar? Nosotros creemos que sí. De ahí que sigamos sosteniendo que “la pérdida de confianza en el orden actual”, y de que “el crecimiento económico no es desarrollo”; obliga a construir la nueva hegemonía para acabar con el desorden actual y restaurar otro, el de la inclusión social centrado en la promoción del bien común con profunda equidad. ¿Se puede? ¡Claro que se puede!