Categoría: Opinión

Por lo general, cuando hablamos de embates de la Naturaleza, son “los de abajo” quienes más sufren y a quienes más rápidamente se les olvida y se les deja a su suerte.

Primero que todo, expresamos un sincero sentimiento de solidaridad para con las personas que perdieron seres queridos y bienes materiales con la tragedia de Escazú, producto del paso por el país de la tormenta tropical Thomas.

A la vez, expresamos un fuerte sentimiento de indignación porque la misma se pudo haber evitado. Voces autorizadas, especialistas en el campo de la Geología, en el de la Geografía, por ejemplo, lo habían advertido. Tales muertes, tales pérdidas de bienes materiales, casas incluidas, pudo evitarse.

Algo grave está pasando en varios ámbitos institucionales de la política pública que tienen relación con el tema de la planificación urbana, de los planes reguladores, de la protección de cuencas hidrográficas sin importar su tamaño, de las políticas locales y regionales en materia ambiental y ecológica. Dentro de tales ámbitos, el de las municipalidades quedó en el “ojo del huracán” de los permisos facilistas, de las acciones preventivas, de la educación comunal, de logística para las emergencias… del tráfico de influencias y hasta de las corruptelas con tales “flexibilidades”.

La agrupación social en la cual trabajamos, tiene mucha relación con el mundo municipal, específicamente con el de orden laboral. Sin embargo, con lo que pasó, emerge una gran responsabilidad adicional desde la perspectiva de una acción de proyección comunal que hemos denominado Sindicalismo Ciudadano.

Esas voces expertas, con estudios científicos de gran rigurosidad, mismas que advirtieron de lo que luego pasó en Escazú, con todas esas deplorables muertes y esa gran destrucción, nos indican que hay 31 cantones ubicados en la Gran Área Metropolitana (GAM), con graves riesgos de derrumbes, de inundaciones, de deslizamientos de montañas y de cerros, que, ojalá nunca se presente, pues podrían generar tragedias muchos mayores, con eventos como el de la tormenta Thomas o de mayor envergadura como un huracán en toda la expresión del concepto.

Las personas, la ciudadanía habitante, pero especialmente las personas de ingresos bajos y medios, en esencia, “los de abajo” de estos cantones, deben asumir una nueva actitud, más enérgica, más contundente, más fiscalizadora, más organizada, más incisiva con sus respectivas autoridades locales y también con las centrales.

Los cantones de Atenas, Poás, Alajuela, Mora, Santa Ana, Escazú, Alajuelita, Aserrí, Desamparados, La Unión, Curridabat, Montes de Oca, Goicoechea, Tibás, Coronado, Moravia, Santa Bárbara, Barva, San Rafael, San Isidro, San José, Flores, El Guarco, Heredia, Oreamuno, San Pablo, Belén, Santo Domingo, Paraíso, Cartago, y Alvarado; están propensos a vivir las duras y trágicas experiencias de estos días pasados.

Por ejemplo, es criterio de la Escuela de Geografía de la Universidad de Costa Rica (UCR), que en el Gobierno Central se tienen mapas que detallan estas situaciones de riesgo inminente, pero que no están profundizando lo suficiente para parar el relajo permisivo con que se está practicando la planificación urbana. Además, de que en las municipalidades conocen de todo ello y aún así siguen metiendo gente en esas zonas peligrosas.

Hacemos una vehemente exhortación para que las personas líderes laborales en las municipalidades de esos cantones, extiendan sus agendas de trabajo hacia estas delicadas cuestiones, de forma tal que, coadyuven a la organización comunal para la defensa de la vida de sus correspondientes comunidades; para la defensa de los bienes materiales de la gente, para la defensa de la ecología y del ambiente.

Igualmente, dada la cercanía de las elecciones para las alcaldías, sería muy bueno revisar bien las propuestas electorales de las personas aspirantes y revisar con lupa qué posición, planes, políticas, estrategias tienen (si es que las tienen), para lidiar con esta nueva realidad. Dios no permita, nadie quiere otras 31 tragedias más similares a la de Escazú. Nadie podría decir de ahora en adelante que no nos lo advirtieron.

Como artistas, este personal profesional decidió hace 10 años sumarse a las filas de la organización en la que militamos, reconociéndose como trabajadores, pues como tales se ven obligados, día a día, a defender sus derechos laborales y, por ende, a fortalecer esa noble institución cultural que es la OSN.

No obstante, esta celebración debió contar con varias actividades a lo largo de todo el año y no circunscribirse a dos conciertos. Consideramos que los jerarcas de esta institución quedaron en deuda con los trabajadores y con el público, ya que el programa no incluyó obras costarricenses o latinoamericanas; no incluyó a todos los miembros de la orquesta en el concierto fundamental de la celebración; no incluyó obras que ejecutó nuestra orquesta sinfónica en aquella, hoy histórica noche del 31 de octubre de 1940; no se contrató a ningún solista nacional, sino que solamente solistas extranjeros que interpretaron la sinfonía de Beethoven; no se contrató a un solista de la propia orquesta, contando el colectivo de la OSN con compañeras y compañeros que tienen el nivel musical y técnico idóneo, para ser dignos representantes musicales de esta institución cultural. En fin, interrogantes son muchas y eso denota la falta de conocimiento sobre la historia, por parte de los jerarcas, de nuestra querida Orquesta Sinfónica Nacional.

Debió haber sido una celebración para recordar por mucho tiempo, especialmente sus actuales integrantes, quienes no encontraron entradas para invitar a las personas que querían que les acompañara en tan no menos histórica noche, la del 70 aniversario. Se nos dice que la administración no tomó las previsiones del caso para sus músicos pudieran tener entradas, y por otro lado se les invitó a una recepción a la cual no podían llevar ningún acompañante…realmente sorprendente.

Como sindicato, no podemos olvidar en esta celebración, los hechos ocurridos en 1971, con la famosa “reorganización” de la Orquesta Sinfónica Nacional: el despido de los compañeros músicos integrantes de la Orquesta Sinfónica Nacional de aquel momento. En una fecha tan especial como la del 70 aniversario, se debe hacer justicia y se debe reivindicar la memoria de quienes fueron despedidos, violentándose sus derechos laborales, constitucionales y humanos, causándoles un daño moral irreparable.

Paradójicamente, don Guido Sáenz, el entonces Ministro de Cultura, se refirió a los compañeros despedidos de la siguiente manera: “éstos habían sido abnegados pero son mediocres[…]”. Esto está debidamente documentado. Se trata de una frase lapidaria, ingrata y despectiva para los músicos que desde 1940 hasta 1971 mantuvieron viva la institución que hoy tenemos y podemos festejar, a pesar que trabajaron en condiciones adversas y con un presupuesto casi nulo. Esta frase, como la pronunciada por este exfuncionario público, no puede, ni debe repetirse en nuestra querida institución.

¡Honor a los compañeros despedidos en 1971: Gerardo González, Carlos Luis Jiménez, Carlos E. Muñoz, Dagoberto Loría, Ronny Castro, Roberto Valle, Jaime del Valle, Carlos Cambronero, Hermógenes Mata, Jorge Antich, Ronulfo Jiménez, Roque Solís, Bolívar Quirós, Efraín Prado, Héctor Soto, Álvaro Murillo, José Joaquín Prado, Jesús Irigansay, José Ramos, Mario Zúñiga, Mariano Prado Quesada, Mariano Prado Robles, Manuel Bonilla, Ángel Salvatierra, Jesús Brenes, Rigoberto Zúñiga, Guillermo Alvarado, Juan Bonilla

Este panorama plagado de inconsistencias aparece en un momento en el que los músicos de la Orquesta Sinfónica Nacional necesitan del apoyo de la Presidenta de la República y de los jerarcas de Cultura, de cara a la entrada en el Servicio Civil, una situación que pone en riesgo muchos salarios. Este artículo fue, esencialmente, construido con el aporte del compañero M.Sc. Luis Carlos Amador Brenes, músico violista de la OSN, Dirigente Sindical de la ANEP en esta institución cultural e integrante de la Junta Directiva Nacional de nuestra agrupación.

Debilidades y complicidades, tácitas o explícitas, parecen conjurarse en esta difícil problemática del tráfico internacional de cocaína y otras drogas que pasan por el territorio costarricense ó que se quedan en él. Pero aún así, con toda la gravedad que esta delicada situación está representando, este no es el principal problema nacional.

Asaltos, robos, hurtos, asesinatos, estafas, violencia física en todas sus expresiones (doméstica, intrafamiliar, colegial, juvenil); en bares, fiestas, casas, centros laborales, carreteras, en la calle); intolerancias, abusos de toda naturaleza… Todo esto nos acongoja, nos hace sentirnos inseguros, tememos por nuestras personas queridas, salimos de la casa y no sabemos si volveremos a ella ó cómo volveremos (sin plata, asaltados, con una puñalada, golpeados, agredidos verbalmente, etc.). Hay una espiral de violencia, potenciada, por cierto, por el sensacionalismo mediático y la nota periodística roja. Pero aún así, con toda la gravedad de esta espiral de violencia en ascenso, la violencia criminal y similar no es el principal problema nacional.

Chorizos, corrupciones de toda laya (con concesiones sin transparencia, con consultorías fantasmas), tráfico de influencias, compra de conciencias, mordidas y sobornos (como las ofrecidas en el caso de los muelles de Limón); reparto de plata, comida y materiales de construcción entre la gente más pobre para ganar votaciones; etc., etc. Sentimos que toda esta corrupción, que pareciera no detenerse, lesiona la democracia, deteriora la legitimidad republicana, golpea la confianza ciudadana en las instituciones. Pero aún así, con toda la gravedad que esto representa, la corrupción no es el principal problema nacional.

¡No! Ni el narco, ni la violencia, ni la corrupción, gravísimos problemas en sí mismos, son el principal problema nacional. El principal problema nacional es el crecimiento de la desigualdad producto de una concentración abusiva de la riqueza; producto de un sistema tributario que tritura a “los de abajo” y que beneficia a “los de arriba; producto de actividades de micro, pequeña y mediana empresa dejadas “a la mano de Dios”; producto de políticas salariales restrictivas que han empobrecido y/o han dejado a la gente asalariada con altísimos niveles de endeudamiento; producto del deterioro de la calidad de los servicios públicos sociales afectados por restricciones presupuestarias que reducen su cobertura; en fin, producto de las políticas neoliberales altamente fracasadas en los propios Estados Unidos y en países de la Unión Europea (UE), como Portugal, Irlanda, Grecia, España… La desigualdad creciente, no la pobreza, es el principal problema nacional.

Que ahora no venga ningún cro-magnon en vela, con condena judicial incluida por violar derechos laborales, a descalificar la acción social de lucha sostenida durante todos estos años por amplísimos sectores (incluyendo sectores productivos y empresariales), a fin de evitar el deterioro de nuestra legendaria convivencia basada en el bien común; de la sociedad de relativa inclusión y de movilidad social que se había venido construyendo; de una patria de oportunidades que había sido ejemplo global, especialmente para Latinoamérica. Gigantesca lucha cívica tenemos por delante: volver a la senda de la promoción del bien común, de la integración social, de la equidad… y en tiempos de TLC’s.

Nada más trágico para el país que ni siquiera podamos, técnica y científicamente, auscultarnos de cuántos somos, de cómo estamos, de qué carecemos, de qué debemos planificar en el mediano y en largo plazo; si, verdaderamente, es sincero el discurso oficial de la política pública que debe centrarse en la búsqueda y en la promoción del bien común.

Consideramos que es un grave error estratégico cercenar el presupuesto necesario que para esos efectos ha solicitado el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), cifrado en la cantidad de 5 mil 372 millones de colones. Pero en la cartera de Hacienda le han aplicado un inmisericorde machetazo y han indicado que solamente podrán otorgar 2 mil 500 millones de colones.

Es decir que por una miopía política que, al final, pagaremos caro, se le quita al presupuesto para los censos nacionales del año entrante, unos 2 mil 800 millones de colones; cantidad ésta que fácilmente puede asignarse sin que nos “hundamos” más en el “precipicio” del déficit fiscal. ¿Es que en verdad nos estamos “hundiendo” por tal razón como dice el discurso oficial?

Esto de los censos nacionales previstos para el año entrante 2011, no es un asunto improvisado, que el INEC se sacó de la manga de la noche a la mañana. El altísimo profesionalismo, la solidez técnica y la gran solvencia moral que caracteriza al personal de esta importantísima institución de servicio público, ha estado trabajando desde hace mucho tiempo para que con los datos que se van a obtener, Costa Rica, puede pensarse a sí misma: qué va a hacer en materias de política pública tan sensibles como educación, seguridad, salud, infraestructura, asistencia y movilidad social, medio ambiente y otras.

Como país, promocionamos ante el mundo que le llevamos muchísima ventaja a otras naciones del orbe que tienen desafíos parecidos o perfiles más o menos similares al nuestro; nos damos el lujo de vanagloriarnos de que, en algunos campos, tenemos estándares sociales similares a los países más desarrollados, como los del norte de Europa. Es más, hasta pontificamos y les decimos a otros (teniendo ya como tenemos techo de vidrio), cómo deben practicarse los Derechos Humanos universalmente reconocidos. Pero ¡oh paradoja! ¡Qué ridículo! No podemos realizar el censo nacional por un recorte absurdo, irracional, fuera de toda proporción, del presupuesto que, de manera absolutamente responsable, la gente del INEC ha previsto con toda seriedad.

¡Por favor! De manera vehemente le pedimos a la primera mandataria, al señor Ministro de Hacienda, que corrijan semejante error, más bien horror. El Censo Nacional es una decisión de país, no de un gobierno transitorio; es una cuestión de superior orden estratégico, no una política ocasional de cuatrienio gubernamental.

¿Qué será? ¿Será que a los sectores dominantes les da miedo que se dé una constatación estadística, profesionalmente incuestionable, con fuerte asidero científico, de qué, en verdad, estamos mal en muchos órdenes, como así lo siente a diario la gente, “los de abajo”; por ejemplo, en cuanto al crecimiento de la desigualdad y en cuanto a la concentración de la riqueza?…

Solicitamos, respetuosamente, a la honorable Asamblea Legislativa que corrija en el trámite del presupuesto nacional del año entrante, la “metida de pata” del Gobierno en este asunto del financiamiento de los censos nacionales del año entrante. Se trata de una urgente necesidad nacional que ha de tener impacto en el desarrollo nacional venidero.

Sin embargo, en la formulación de propuestas de solución a esos problemas, hay una tendencia hacia la exclusión participativa de importantísimos segmentos de la sociedad a los cuales, pese a tener importantes niveles organizativos, de representatividad y de propuesta, se les niega posibilidades de ser tomados en cuenta, sencillamente porque no forman parte del quehacer “natural” de la política: los partidos que, monopólicamente hablando, controlan el ejercicio de la misma. El deterioro de su legitimidad se explica, en parte, porque no quieren entender que ese monopolio se les acabó.

La situación de exclusión participativa se torna más grave si nos fijamos en la importantísima cantidad de personas ciudadanas, básicamente de los sectores populares y medios, que no están en ninguna forma de organización por las más diversas razones.

Pese a esta situación, la dimensión de esos grandes problemas nacionales es de tal calibre que, al menos, esa “sociedad de los partidos políticos” debe considerar que en sí misma se queda ya corta para idear, buscar, diseñar e implementar nuevas políticas conducentes a la integración social, con la suficiente legitimidad y credibilidad como para relanzar un nuevo proyecto de país, con inclusión y con solidaridad.

Al recordar mañana los 150 años del asesinato político, vía fusilamiento, del hoy Héroe Nacional y Libertador de la Patria, don Juan Rafael Mora Porras (Juanito Mora), tenemos que resaltar su altísima capacidad de estadista convocante de un proceso de unidad nacional en un momento de gran amenaza al proyecto de país de entonces.

Y ahora que nuestra Patria se encamina hacia el bicentenario de su independencia política con respecto a España (estamos a una década, en el 2021, que no es nada en tiempo), debería emprenderse el más gigantesco esfuerzo de diálogo sociopolítico, de discusión nacional, de encuentro multisectorial, de convergencia patriótica para reconstruirnos, para recomponernos, para resignificarnos como Patria.

Esto es más que urgente en momentos en los cuales el deterioro de nuestra convivencia social y civil es tan evidente que sentimos que nuestro diario vivir es una amenaza en todos los órdenes, un miedo diverso producto de que hemos dejado crecer hasta niveles insospechados las injusticias: miedo a perder el empleo, miedo a que quiebre el negocio, miedo a empobrecernos más, miedo de la clase media a desaparecer, miedo al deterioro salarial, miedo a no encontrar trabajo, miedo a perder la vida en una acción violenta, miedo a la delincuencia, miedo por el futuro que se ve venir para nuestros hijos y nuestras hijas, miedo a la pérdida de valores, miedo por el avance de la insolidaridad y la indolencia, miedo al deterioro de la vida en familia, etc., etc.

“Los de arriba”, los poderosos y quienes a éstos sirven desde los partidos políticos, deben entender que si el país se ha vuelto ingobernable puede explicarse, en parte, por la lucha diaria de “los de abajo” para defenderse a sí misma y a sus personas queridas, a su lucha para enfrentarse a esos miedos, a la lucha por sobrevivir a la inseguridad de la existencia cotidiana, resistiendo al avance de tales amenazas.

Quizás pueda sonar simplista y excesivamente reduccionista indicar lo siguiente: Si no hacemos un esfuerzo nacional compartido para atajar, atenuar, aminorar, reducir y revertir el crecimiento de la desigualdad, la ingobernabilidad crecerá a tal nivel que flagelos sociales como el narcotráfico y la violencia, ya no tendrán posibilidad alguna de control; terminarán con todos, con “los de arriba” y con “los de abajo”. Ustedes, los del poder real, deberían promover ese diálogo nacional. Sin arrogarnos una representación que no ostentamos, podríamos decir que en el Movimiento Sindical Costarricense estamos listos para tal desafío. Don Juanito Mora, ¡vive!

El FCL es un acumulado porcentual correspondiente al 1.5 % del salario bruto que se ha ido depositando, mes a mes, a favor de la persona trabajadora durante este período de cinco años: 2006-2011. En términos generales, podría decirse que la cantidad promedio a retirar podría equivaler al monto de un aguinaldo, colones más, colones menos.

Sin embargo, hay otra gente que está pensando en que usted no retire esa platita. Efectivamente, está en la corriente legislativa el proyecto de ley No. 17.597, titulado “Ley de fortalecimiento del fondo de capitalización laboral como instrumento de protección contra el desempleo”. Vaya pomposo nombre.

La idea disgusta profundamente a muchísimas personas trabajadoras asalariadas que ya se han enterado al respecto. Nadie se opone a que en Costa Rica exista, algún día, un verdadero seguro de desempleo. Pero no con la plata de la gente asalariada ya sumamente empobrecida. Veamos:

La oposición fuerte que ya está en desarrollo, se basa en razones de lógica vivencial cotidiana de miles y miles de gente del trabajo asalariado que, producto de una sociedad en alocada carrera de concentración de la riqueza y de crecimiento sistemático de la desigualdad, está siendo víctima de males sociales como: a) Ajustes salariales paupérrimos; b) imposiciones de esas fijaciones por decretazo, sin negociación alguna; c) salarios decrecientes; d) ajustes por inflación vencida que se comen rápidamente el ajuste semestral; e) salarios mínimos indignos calculados con fórmulas viejas; f) y aún así, miles de personas ganan por debajo del mínimo legal o apenas están en él; g) miles de personas trabajadoras asalariadas están altamente endeudadas; h) fórmulas de cálculo de las variaciones de precios que no se ajustan a la realidad; i) sistema tributario injusto (pagan más lo que menos tienen, proporcionalmente hablando); d) deterioro de los servicios públicos sociales, limitaciones de acceso a ellos y otros concesionados y en vías de privatización; entre otros factores que marcan esa desigualdad.

Si además le agregamos que nadie tiene la menor idea de cómo se maneja esta plata; que no hay claras rendiciones de cuentas; que el sector bancario-financiero que las maneja es de los que más han ganado con las políticas neoliberales de los últimos tiempos; que no hay comités de transparencia compuestos por la gente del trabajo para fiscalizar bien con perspectiva “desde abajo” y no de la tecnocracia; que nadie entiende cómo se calculan los intereses; que esa muletilla de “rendimientos decrecientes” solamente implica menos plata en la cuenta de la gente; etc. ¿Entonces, cómo pretenden que la gente no se oponga a que le prohíban retirar esos dineros en marzo del año entrante? Miles pensamos que es ¡una salvada!

Así que no se rasguen las vestiduras porque los sindicatos del sector Público estamos alertando sobre el particular, ante la indefensión de que en estas cuestiones tienen miles de personas trabajadoras asalariadas del sector Privado porque les impiden sindicalizarse. Estamos haciendo lo justo… Defienda su platita y alístese para salir a la calle cuando nos convoquen.

22 de setiembre de 2010