Categoría: Opinión

El FCL es un acumulado porcentual correspondiente al 1.5 % del salario bruto que se ha ido depositando, mes a mes, a favor de la persona trabajadora durante este período de cinco años: 2006-2011. En términos generales, podría decirse que la cantidad promedio a retirar podría equivaler al monto de un aguinaldo, colones más, colones menos.

Sin embargo, hay otra gente que está pensando en que usted no retire esa platita. Efectivamente, está en la corriente legislativa el proyecto de ley No. 17.597, titulado “Ley de fortalecimiento del fondo de capitalización laboral como instrumento de protección contra el desempleo”. Vaya pomposo nombre.

La idea disgusta profundamente a muchísimas personas trabajadoras asalariadas que ya se han enterado al respecto. Nadie se opone a que en Costa Rica exista, algún día, un verdadero seguro de desempleo. Pero no con la plata de la gente asalariada ya sumamente empobrecida. Veamos:

La oposición fuerte que ya está en desarrollo, se basa en razones de lógica vivencial cotidiana de miles y miles de gente del trabajo asalariado que, producto de una sociedad en alocada carrera de concentración de la riqueza y de crecimiento sistemático de la desigualdad, está siendo víctima de males sociales como: a) Ajustes salariales paupérrimos; b) imposiciones de esas fijaciones por decretazo, sin negociación alguna; c) salarios decrecientes; d) ajustes por inflación vencida que se comen rápidamente el ajuste semestral; e) salarios mínimos indignos calculados con fórmulas viejas; f) y aún así, miles de personas ganan por debajo del mínimo legal o apenas están en él; g) miles de personas trabajadoras asalariadas están altamente endeudadas; h) fórmulas de cálculo de las variaciones de precios que no se ajustan a la realidad; i) sistema tributario injusto (pagan más lo que menos tienen, proporcionalmente hablando); d) deterioro de los servicios públicos sociales, limitaciones de acceso a ellos y otros concesionados y en vías de privatización; entre otros factores que marcan esa desigualdad.

Si además le agregamos que nadie tiene la menor idea de cómo se maneja esta plata; que no hay claras rendiciones de cuentas; que el sector bancario-financiero que las maneja es de los que más han ganado con las políticas neoliberales de los últimos tiempos; que no hay comités de transparencia compuestos por la gente del trabajo para fiscalizar bien con perspectiva “desde abajo” y no de la tecnocracia; que nadie entiende cómo se calculan los intereses; que esa muletilla de “rendimientos decrecientes” solamente implica menos plata en la cuenta de la gente; etc. ¿Entonces, cómo pretenden que la gente no se oponga a que le prohíban retirar esos dineros en marzo del año entrante? Miles pensamos que es ¡una salvada!

Así que no se rasguen las vestiduras porque los sindicatos del sector Público estamos alertando sobre el particular, ante la indefensión de que en estas cuestiones tienen miles de personas trabajadoras asalariadas del sector Privado porque les impiden sindicalizarse. Estamos haciendo lo justo… Defienda su platita y alístese para salir a la calle cuando nos convoquen.

22 de setiembre de 2010

Aunque ha quedado en total evidencia, afortunadamente, la operación de espionaje político a que fue sometido el colega sindicalista don Jorge Arguedas Mora, reconocido luchador social en defensa del ICE, por órdenes expresas de las más altas autoridades de la institución en el período gubernamental anterior; estamos absolutamente convencidos de que no se trata de un caso aislado, además de que nos muestra un nuevo acto de abuso de poder, gestado, urdido y ocurrido en el gobierno de los hermanos Arias Sánchez.

El mérito de la denuncia pública que al efecto, de manera antinada y valiente, ha formulado el diputado don Luis Fishman Zozinsky, es de ponernos a pensar de que existe un patrón, sistemático, persistente, deliberadamente estructurado, de invadir la privacidad, de violentar la intimidad personal y familiar, de anular los derechos constitucionales, de grandes cantidades de compatriotas porque resultamos del desagrado de los reales detentadores del poder político en nuestra golpeada democracia.

Ya ha estado en la picota del señalamiento ciudadano el caso de la Dirección de Inteligencia y Seguridad (DIS), por cuya disolución muchos sectores se han pronunciado. La DIS, cuyos agentes se infiltran en los eventos democráticos de manifestaciones cívicas y hasta en actividades en espacios cerrados de similar naturaleza, acumula una gran cantidad de expedientes, de archivos secretos, con fotos, con videos, con bitácoras de seguimiento y hasta con grabaciones telefónicas, acerca de las actividades realizadas por el activismo patriótico sostenido por parte de muchas personas y organizaciones. En verdad, ¿cuántas conversaciones telefónicas, suyas, nuestras, han sido escuchadas de manera ilegal? Acierta la actual dirección política del ICE en pedir si tales escuchas telefónicas se hicieron apegadas a la legalidad.

No podemos dejar de pensar en que, en el caso del espionaje al sindicalista don Jorge Arguedas Mora, la llamada “Dirección de Protección y Seguridad Institucional”, oficina del ICE que lo tuvo en seguimiento, que le puso un “fijo” durante once días continuos; ó bien, decidió en convertirse en la “competencia” de la DIS (en estas épocas de “aperturas”); ó, por el contrario, actuó con algún nivel de coordinación con la misma, por lo menos, en intercambio de información básica sobre las actividades de don Jorge, antes de estructurar las líneas de la operación de seguimiento personal a que él iba a ser sometido.

El espionaje político que hace la DIS, más el que ahora queda en evidencia ordenado por la anterior cúpula del ICE, socava, debilita, nuestra golpeada democracia y revelan el deterioro de un sistema político que parece hacer aguas por todo lado con su espiral de concentración de riqueza, de crecimiento de la desigualdad, de violencia criminal desbordada, de corrupción sistemática por la colusión de intereses privados con la cosa pública y, ahora, con el destape del espionaje político violatorio de toda norma ética, moral, jurídica y constitucional. Hay que llegar hasta las últimas consecuencias en este caso.

08-09-10

Estamos comprometidos con la defensa de su institucionalidad y por eso tenemos que llamar la atención acerca del momento político que esta importante institución, el banco de la gente del trabajo, está viviendo.

Al vencer el período actual de su junta directiva, cobra notoriedad la elección de la próxima. Se trata de la designación de siete personas: tres que nombra el Poder Ejecutivo (Gobierno) y cuatro que salen de su asamblea de trabajadores y de trabajadoras (ATTBP). Ésta se compone de 290 personas provenientes de diversos sectores sociales: cooperativismo, sindicalismo, solidarismo, comunalismo, magisterio, profesionales, artesanos, independientes (cuentapropistas) y otros. Hablamos de la elección de la nueva directiva que regirá los destinos de Banco Popular del 2010 al 2014.

Estamos intentando llamar la atención de la señora Presidenta, doña Laura Chinchilla Miranda en tal sentido. El gobierno anterior emitió un arbitrario decreto violentando la autonomía de elección de las cuatro personas que debe nombrar la ATTBP. Los hermanos Arias pretendían hacerse con el control del Banco Popular, al que “tirios y troyanos” le reconocen su importancia, su solidez financiera, su prestigio y el muy honroso tercer lugar que ya ostenta en el “ranking” bancario nacional.

Ese arbitrario decreto le pasó por encima a directrices de la propia Contraloría General de la República (CGR), acerca de cómo había que hacer el proceso en los sectores para la elección de esas 290 personas de la ATTBP. Tal fue el abuso que obligó a que el asunto fuese llevado a la Sala IV, donde está para su resolución. Como si no fuera suficiente, la propia Procuraduría General de la República, ha fijado posición indicando lo abusivo y arbitrario del decreto interventor de los hermanos Arias en los asuntos internos del proceso de elección de las 290 personas delegadas de la ATTBP.

En la noche de este lunes 16 de agosto, la Presidenta Chinchilla, habló de lo mismo: la reforma fiscal. Desde muchos lados ya se habla del tema. Ahora bien, desde el lado de “los de abajo”, preferimos hablar de transformación tributaria (aunque lo correcto debe ser hablar de revolución tributaria).

Hablando de transformación tributaria, hay tres cosas clarísimas.
1) El robo de impuestos anda por el orden del 4 % del Producto Interno Bruto (PIB) del país. ¿De cuánto hablamos? Quizás hasta de ¡400 mil millones de colones por año!

• 2)* Proporcionalmente hablando, pagan más impuestos “los de abajo” que “los de arriba”. Es decir, el actual sistema tributario costarricense es regresivo cuando debe ser progresivo.

3) Urge fortalecer la gestión de cobro de impuestos y de sanción para los que se los roban, como hacen en Estados Unidos que penan con cárcel la evasión fiscal. Hemos llegado al “ridículo” de que solamente existen unos 80 policías fiscales en el país.

Por eso debemos desconfiar cuando desde el Gobierno se habla de “reforma fiscal”. Lo que se requiere es una transformación tributaria estructural; atacando, seriamente, cada uno de los tres aspectos mencionados. Si lo que pretenden es aumentar el impuesto sobre las ventas, hay que oponerse férreamente a ello, porque los principales golpeados serán los diversos sectores componentes de la clase trabajadora, especialmente los que menos ganan.

Llegó el turno de que “los de arriba” paguen por la lujuriosa, abusiva e indignamente fiesta de la concentración de la riqueza en que están viviendo. Las mayorías populares están abrumadas económicamente hablando y, por eso, los expertos más calificados hablan del crecimiento de la desigualdad como el principal problema del país. Los problemas de seguridad ciudadana se derivan, básicamente, por esta razón.

La transformación tributaria que demandamos, es aquella centrada en gravar los grandes capitales y las gigantescas fortunas junto a un fortalecimiento estratégico de la gestión pública de cobro de impuestos. Contratar más policías fiscales, por ejemplo.

Se impone la más grande movilización social para que haya una efectiva transformación tributaria. Por ejemplo, la gente trabajadora del sector Público, a la que le recetan los decretazos salariales pero que tiene mejores condiciones para salir a las calles, debe asumir esta tarea en nombre de todo el pueblo trabajador. ¡Preparémonos!

Nosotros pensamos que sí: el rumbo del desorden institucional, ahora más institucionalizado que antes. ¿Para qué?: A) Para que se afiancen más el crecimiento de la desigualdad; B) siga avanzando la concentración de la riqueza; C) continúe el deterioro salarial; D) prevalezca la limosna del asistencialismo social como reserva electoral de votos para la próxima campaña; E) se ensanche la doble moral del país en lo ambiental y ecológico; F) sigan los grandes negocios con los servicios públicos sin control en manos de unos grupos económicos cada vez más reducidos; G) se preserve la profunda injusticia tributaria y, por ejemplo, se renuncie a fortalecer la cartera de Hacienda en su ámbito recaudatorio como lo ordenó la Contraloría; H) seguridad ciudadana en el “limbo”, crisis penitenciaria hacia su profundización, militares gringos en suelo patrio enlodando el prestigio internacional del país; etc. … Desagreguemos algo de lo anterior.

El caso del agua. ¡Qué impresionante! Convertirla en negocio abierto completamente… La indignación de los sectores sociales que defienden su concepción como derecho humano fundamental, más la consecuencia política de varias fracciones parlamentarias con buenas dosis de decoro, afortunadamente, impidieron esta intentona de asalto social en contra del pueblo. Pero, ahora resulta que el principal socio político de la Presidenta Chinchilla, el partido libertario, tiene tantísimo poder en el Gobierno de ella que la obliga a bloquear una reforma constitucional para salvar el agua de la gente.

Lo de Crucitas es de antología. El macronegocio minero, aparte de nocivo para la vida humana, está convirtiendo en rehén al Estado, a la ciudadanía, a la gente, al pueblo, gracias a los buenos servicios del “judas vicepresidencial”, quien nos salió el mejor gerente corporativo que la empresa involucrada jamás pensó tener.

Ahora bien, ¿hay potencialidades de algo a favor de la gente? ¡Sí! Pero… Veamos. La “Campaña Nacional de Salario Mínimo”. ¡Buenísima! Pero de dónde sacarán la plata para fortalecer la Inspección de Trabajo (más personal, más recursos, más equipos). Nada se dijo al respecto. ¿Y qué pasa con quienes están ganando apenas el salario mínimo o un poquito por encima del mismo? Nada se dijo de cambiar la fórmula de cálculo cómo lo demanda la urgencia del empobrecimiento salarial.

En lo tributario: El plan para gravar los casinos, ¡bien! Pero ¿podrán si los libertarios tienen como rehén a la Presidenta Chinchilla? El plan para gravar las sociedades anónimas con 300 dólares. Parece bien, ¿pero porqué a todas por igual? ¿Y las sociedades anónimas de los tagarotes, grandotes, gigantes económicos, no deberían pagar más?

¿Por qué pensar en clavarle a la gente más en el impuesto de las ventas? Mejor éntrenle a las grandes rentas y/o a su espantosa evasión, si ésta anda por el orden del 4 % del Producto Interno Bruto (PIB). ¡Qué ridículo! El país tiene menos de 80 policías fiscales. ¡Nombren más gente! Así se da más empleo y se favorece al pueblo.

¡Ah, pero no! Mientras tanto, los salarios de la clase trabajadora del sector Público debe ser lo único que se sacrifique con los decretazos que ya empezaron; y, además, tras de que se les condena, a los empleados públicos y a las empleadas públicas a más congojas económicas producto de estos decretazos, ahora resulta que el banco de los trabajadores y de las trabajadoras, el de quienes laboran para ambos sectores (privado y público), debe ser el único que ponga plata para las “Redes de Cuido Infantil” (especie de privatización “creativa” de los CEN-CINAI), porque eso cuesta unos 28 mil millones de colones que no se tienen (por la gravedad del problema tributario) y, ¡qué bonito!, entonces, otra vez, que seamos “los de abajo” los que paguemos los platos rotos.

Y ni qué decir de la corruptela que representa el negociazo de la concesión de los muelles de Limón y de Moín. Hasta el empresariado exportador está asustado. Ahora pagan 98 dólares por movimiento de contenedor y los tagarotes enquistados por los hermanos Arias pretenden, ¡302 dólares! por movimiento de contenedor. Como gran “consuelo”, se les dice que no será esta cifra, que no se “preocupen, que pagarán “solamente ¡264! Al carajo la competitividad del país. Así que, por un lado, señora Presidenta, ¿por qué insistir en cargar con un muerto que no es suyo? ¡Declare desierta la licitación del chorizo, doña Laura! Hay soluciones alternativas, por supuesto. Por otra parte, es mejor que esa parte del personal del Japdeva que creyó en la “mordida” de los 80 mil millones de colones se vaya despidiendo de la misma.

Respetada Presidenta: Su gobierno puede tener otro rumbo: El de la gente. Con Diálogo Social. Cambie soledad por acompañamiento. Lo del frustrado aumentazo diputadil la catapultó a usted, señora Presidenta, en popularidad, pero bien recuerde que desde un inicio usted estuvo de acuerdo. Después rectificó cuando escucho el clamor popular. Eso demuestre que usted tiene capacidad de escucha y de rectificación. A los 100 días de su gobierno, puede hacerlo de nuevo. Pase a la historia.

Dado que el próximo sábado 7 hay cambio de presidentes, quisimos aprovechar la ocasión; y, aunque sea “en pequeñito” y su usted nos honra leyéndonos, tendrá algunos elementos distintos para que los considere a la hora de tratar de entender lo que pasa en ese hermano país latinoamericano. Aquí vamos.

Nos imaginamos que usted ha escuchado en estos días de la controversia entre el ya saliente gobierno de Colombia, encabezado por el cuestionado Presidente Álvaro Uribe Vélez; con su contraparte de la República Bolivariana de Venezuela, encabezado por el Presidente Hugo Chávez Frías. Éste rechaza las acusaciones de aquel de que alberga en territorio venezolano, guerrilleros colombianos.

Uribe formuló acusaciones públicas muy serias contra Chávez y realizó para ello un enorme despliegue mediático al respecto, aprovechando el escenario de la desprestigiada Organización de Estados Americanos (OEA). De seguido, Venezuela rompió relaciones diplomáticas con Colombia, afectándose así, gravemente, las relaciones históricas de dos pueblos con un fuerte pasado común, incluyendo un deterioro del intercambio comercial entre ambos que afectará a miles de personas de uno y otro país. Un dato: en el 2008, Venezuela hizo compras de productos colombianos por 7 mil millones dólares. Ahora hasta de guerra se habla entre los dos países, supuestamente azuzada por los bloques militaristas que controlan el gobierno de Estados Unidos.

Como latinoamericanos no podemos permanecer pasivos ante un conflicto de tanto riesgo para la paz regional que, incluso, nos puede alcanzar de una u otra forma. Por ello, pensamos que en cualquier análisis deben considerarse elementos que no están saliendo a la luz pública, precisamente por la falta de equilibrio informativo de las cadenas y poderes mediáticos matriculados con la globalización neoliberal y que, por ejemplo, satanizan al Gobierno de Venezuela y exculpan, de oficio, al de Colombia.

Este sábado 7 de agosto, Uribe deja de ser Presidente de Colombia y le traspasa el cargo a quien fuera su Ministro de Defensa, el señor Juan Manuel Santos. Éste planteó mejorar sus relaciones con Venezuela, lo que no gustó al saliente Uribe. Según la prestigiosa revista financiera británica (un “templo” mediático del neoliberalismo), The Economist, lo mejor que puede hacer el señor Santos es mandar al señor Uribe de embajador de Beijing, China. Al parecer, todo el escándalo montado por el señor Uribe deriva en el riesgo de cárcel que él afrontaría, una vez que salga de la presidencia colombiana.

Uribe está acusado de espionaje telefónico y de seguimiento ilegal a personalidades de la alta política colombiana. De esto lo acusa un exjerarca de la propia policía secreta de Colombia, el DAS (Departamento Administrativo de Seguridad). Como si esto no bastase, otra revista neoliberal de gran renombre internacional, estadounidense, la revista Newsweek, indicó que Uribe integró el narcotráfico y fue aliado de los paramilitares, asesinos de miles de personas en Colombia, entre ellas, cientos y cientos de colegas sindicalistas. De ello que para nosotros, el tema de Colombia nos toca directamente en el alma.

Newsweek (8 de agosto de 2004), estableció que Uribe formaba, en los años 90, parte del cartel de Medellín, comandado por el narcotraficante Pablo Escobar, de quien era amigo íntimo. Así lo indica un artículo del prestigioso periodista uruguayo, Raúl Zibechi, al cual tuvimos acceso.

Ahora bien, tampoco el entrante mandatario, el señor Juan Manuel Santos, parece ser un “santito”. El mismo artículo del periodista Zibechi nos habla de que siendo el Ministro de Defensa de Uribe, fue responsable directo de lo que en Colombia se conoce como los “falsos positivos”. Se le dice “falsos positivos” a los cientos de jóvenes (muchos de ellos todavía adolescentes), asesinados por el criminal ejército colombiano, haciéndolos pasar como “bajas de combate” en supuestos “enfrentamientos” con las guerrillas. Por supuesto que jamás hubo tales “combates”. Esto ha armado un gigantesco movimiento de los familiares de esta muchachada que exigen justicia.

Recientemente, en Colombia se descubrió la mayor fosa común de la historia contemporánea del continente americano, la cual contiene los restos de, al menos, 2 mil personas. Está ubicada en la localidad de La Macarena, departamento del Meta. Se denunció que desde el 2005, el ejército colombiano ha estado enterrando ahí a miles de personas, sepultadas sin nombre, los “NN”. Muchas de esas personas asesinadas y hoy sin identificar, “NN”, seguramente fueron en sus vidas luchadores y luchadoras sindicales; y, precisamente, fue gracias a la perseverancia e insistencia de familiares de las personas desaparecidas y de una delegación de sindicalistas y parlamentarios británicos que investigaba la situación de los derechos humanos en Colombia, en diciembre de 2009, que se ha logrado destapar este horrendo crimen, este verdadero genocidio.

Como podemos notar, la presidencia colombiana de corte narcopolítica estaría punto a terminar; sin embargo, la que sigue también estaría manchada de sangre inocente. Es doloroso pero parece ser que cientos y cientos de colegas sindicalistas seguirán siendo asesinados en la “democrática” Colombia, quedando tales crímenes en la más absoluta impunidad. ¡Qué bueno que existe Diario Extra!, que nos permite escribir libremente para, aunque sea de esta forma, honrar la memoria de tantos compañeros luchadores, sindicalistas y sociales, asesinados por las mismas causas que abogamos en Costa Rica.

Como ya sabemos, el TLC se le impuso a la gente con toda clase de artimañas de la peor ralea y el pueblo que lo votó en el cuestionadísimo “frauduréndum” del 7 de octubre de 2007, fue, literalmente, estafado políticamente con el timo de que habría reforma tributaria.

Esta estafa política nos recuerda otra, quizás “jocosa”, como lo fue aquella de que, con ese TLC, quienes viajaran a sus trabajos en carros Hyundai, lo harían en Mercedes Benz; y quienes se trasladaran a sus empleos, en bicicletas, lo harían con el tratado, en motos BMW. ¡Qué soberana engañada y qué clase de mentira tramposa! Bueno, esto es típico de esa clase de gente que tuvo (y que sigue teniendo), el poder político en el país.

Ahora, lo que desde siempre ha sido un fortísimo clamor de la lucha de los sindicatos, tiene a prestigiosas entidades reconocidas, tanto a nivel americano como mundial, diciendo, prácticamente, lo mismo: El crecimiento de la desigualdad en Costa Rica es de tal nivel que las bases de la democracia representativa están siendo carcomidas en lo que tiene que ver con las políticas de integración social; porque en materia de corrupción con la cosa pública, hace ya bastante tiempo que ese tipo de democracia está sumamente desprestigiada.

Organismos internacionales, nada sospechosos de simpatizar con los sindicatos, están poniendo el dedo en la llaga con esto de la desigualdad creciente y ensanchamiento de las brechas sociales en nuestro país.

Tanto la Comisión Económica para la América Latina (CEPAL), como el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), entidades con reputación global, coinciden, a grosso modo, con un reiteradísimo clamor sindical: ese crecimiento de la desigualdad debe ser atacado de fondo.

Para ello, pensamos nosotros, no hay más que entrarle, con profundidad, a una modificación estructural del sistema impositivo que estrangula los ingresos de los sectores sociales medios y bajos; pero que, por el contrario, tiene a los sectores altos de la sociedad viviendo en orgiástica fiesta financiera, sin pudor ni límite alguno, a raíz de que les sobra tal cantidad de plata por lo poco que, proporcionalmente hablando, pagan por impuestos.

En vez de reforma tributaria, nosotros preferimos hablar de Revolución Tributaria. El gran capital, sobre todo el de signo neoliberal, tanto el nacional como el de corte transnacional, debe ser obligado a pagar lo que debe pagar, mediante decisiones políticas de enorme contundencia, sumamente valientes, pensadas para el presente y para el futuro del bien común; y, sobre todo, fomentadas por gente que está en la política (o que debe meterse en ella), pero que no está contaminada de corruptelas, de tráfico de influencias, de compadrazgos y de venta de conciencias.

Esa revolución tributaria que tanto necesita la democracia costarricense, prácticamente, deberá serle arrancada a los sectores dominantes y sus gerentes y capataces de la política (especialmente ubicados en el parlamento pero en el seno del propio gobierno también).

Entre otros factores, es preciso generar una estrategia de movilización de tal calibre que nos lleve a la subversión cívica de esa democracia representativa que, como serpiente que se muerde la cola, viene serruchándose ella misma su propio piso. Por tanto, quienes creemos en un nuevo desarrollo superior de la democracia, debemos articuladamente recomponernos para golpear.

Muchos de esos sectores del gran capital, profundamente egoístas y sin pizca alguna de humanismo cristiano, enceguecidos por la hedonista codicia, además de contar con desproporcionada influencia política (poder real), cuentan con fuertes medios de comunicación colectiva.

Estos, ante el menor asomo del tema tributario, pegan el grito al cielo, supuestamente en defensa de los que menos tienen; pero, en realidad, es para que ellos no tengan que pagar ni un centavo más de las baratijas impositivas que se les cobra. El divorcio entre crecimiento económico y distribución de sus beneficios es, sencillamente, repulsivo. La principal víctima sigue siendo la clase trabajadora, sobre todo la asalariada. El decretazo salarial que acaba de serle impuesto al sector Público es una dolorosa muestra.

Hay muchísimas formas de lograr cambios legales para que haya en el país verdadera justicia tributaria y para que (como lo indicamos en nuestro comentario de la semana anterior), la Presidenta Chinchilla haga honor a sus promesas de campaña las cuales, para hacerse realidad, ocupan de recursos que solamente se pueden obtener promoviendo esa Revolución Tributaria.

Aunque esa Revolución Tributaria fuese tan profunda como soñamos, esos sectores egoístas, codiciosos y corruptos, podrían continuar en esa fiesta financiera ofensiva de cualquier nivel de dignidad humana. Tal es el nivel de riqueza que tan abusivamente han concentrado.

Como vemos, la Revolución Tributaria es una tarea de tanta profundidad estratégica, como también lo es la necesidad de una rearticulación, también estratégica, de los sectores político-sociales, cívico-democráticos y económico-nacionalistas que tenemos, más que comprobada, la falacia de una democracia representativa que sigue excluyendo cada vez más, más y más gente.