Presidente de la Corte salió por la puerta de atrás

En horas de la tarde de este día aciago para la Democracia costarricense, lunes 16 de julio de 2018, sus hasta ahora colegas magistrados integrantes de Corte Plena cambiaron la sanción que a don Carlos le habían impuesto pocas horas antes, de suspenderle ahora de su cargo sin salario, por dos meses, en vez de la amonestación escrita que ya le habían aplicado inicialmente, por su papel en la causa del cementazo cuando él era integrante de la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia.

Profundas interrogantes quedan que jamás serán disipadas. ¿Hubo “compadre hablado” entre algunos de los señores magistrados y el ahora expresidente de la Corte? Es decir, ¿se le habría recomendado a él, por parte de sus colegas, que resultaba mejor su renuncia de manera inmediatísima, a primera hora de este lunes 16, porque pocas horas después, por la tarde de este mismo día, la sanción inicial que le impusieron, de amonestación escrita, le sería cambiada por dos meses de suspensión?

¿Se le habría indicado a don Carlos que mejor garantizara sus prestaciones o su propia pensión millonaria, y que renunciara con toda celeridad, dado que una suspensión por dos meses y sin salario, le podría arriesgar a ser destituido por el parlamento, quedándose sin el santo y sin la limosna, es decir, sin pensión y sin prestaciones?

Pero, además, cabe formularse la interrogante si la salida abrupta de don Carlos de su cargo, es por algunas razones de fondo que tienen que ver con las profundidades del caso del cementazo, pues mucha ciudadanía sigue creyendo (en cuenta nosotros), que no todo salió a la luz; y que, tal vez, el ahora expresidente de la Corte sabía demasiado. ¡Qué va!… ¡El señor presidente de la Corte salió por la puerta de atrás!

Lo real es que la credibilidad ciudadana en su más alto estamento del sistema judicial se ha venido a pique.

Cuando en su propio seno, funcionarios judiciales de niveles medio y bajo, según la estructura de dicho sistema, pierden su cargo de manera inmisericorde, por faltas de menos envergadura y lo contrastamos con lo que aconteció en estas horas en el seno de la Corte Plena, estamos en presencia de una circunstancia que podría pulverizar a la Democracia misma, o al menos, provocarle una grave lesión de la cual tardaría mucho tiempo en recuperarse.

Toda esta especie de trama de opereta política, escenificada en pocas horas de un solo día, en el seno de la máxima instancia judicial del país, muestra la enfermedad de un sistema político que viene, peligrosamente, alejándose del sentir ciudadano, de las mayorías cívicas, del pueblo trabajador.

Si a esta especie de “compadre hablado” que pudo haber sido lo que se dio en el seno de la Corte Plena del pasado lunes 16 de julio, usted le agrega la especie de estafa electoral ocurrida en las pasadas elecciones presidenciales; usted no puede más que concluir validez del desarrollo de un perverso estado de indefensión ciudadana, a la cual no le está quedando ninguna instancia de la institucionalidad republicana que le merezca suficiente confianza y credibilidad.

Si a estas circunstancias, le adicionamos el entramado de corrupción que presupone el calamitoso estado de las finanzas públicas al punto de que se castiga al pueblo con más impuestos (combo fiscal), para que la robadera de los mismos siga en su desenfrenada locura, no queda más espacio que la autodefensa cívica expresada en ese legítimo mecanismo de oxigenación sistémica que es la Democracia de la Calle.

En lo inmediato, emerge con incuestionable potencia la legitimada demanda cívica que los otros tres magistrados sancionados con los dos meses de suspensión renuncien a sus cargos: don Jesús Ramírez, doña Doris Arias y doña María Elena Gómez. La continuidad de su presencia en esos altos cargos es un serio incremento en el descrédito del Poder Judicial.

Debe variarse el sistema de elección de los magistrados, aunque es algo sumamente difícil pues implica cambios constitucionales. Pero bien haría el actual parlamento en, al menos, impedir que los y las postulantes anden por los pasillos de la Asamblea Legislativa, autopromoviéndose, buscando votos diputadiles y ofertando qué sabe uno qué cosas con tal de quedar electos.

En materia de fallos constitucionales, algo debe hacerse para impedir el zigzagueo del cambio de los mismos; especialmente cuando tales cambios son para complacer la gritería de ciertos poderes mediáticos, creándose perversas injusticias y severas discriminaciones y crueles daños sociales.

Es más, la ciudadanía que va a verse afectada por esos fallos constitucionales debe saber si los mismos fueron redactados por el propio magistrado constitucional (pagado con salarios públicos de entre 8 y 10 millones de colones); o fue un segundo de a bordo quien lo elaboró para dar paso a la improvisación por encima de la probidad de la experiencia y del sabio conocimiento jurídico acumulado.

A 48 horas de los insondables acontecimientos intramuros de Corte Plena del pasado lunes 16 de julio de 2018, día aciago de la Democracia costarricense, la sensación de indefensión ciudadana con respecto a su institucionalidad política se ha fortalecido, lamentablemente.

Los magistrados: credibilidad en descenso

Cabe preguntarse, en consecuencia, si ya hemos empezado a transitar ese perverso trayecto, luego de la decisión intramuros que se dio en el seno del más alto cuerpo político-jurídico del país, la Corte Plena, con ocasión de la cuestionada decisión disciplinaria ya de amplio conocimiento público, sobre la actuación de magistrados de la Sala Tercera en el caso del cementazo.

No vamos a entrar en detalle al respecto pues las diversas manifestaciones que se están produciendo al respecto, nos hablan ampliamente de la gravedad del asunto en cuanto a la erosión de la credibilidad popular y cívica con relación a la transparencia de los más altos jueces de la República.

Nuestro enfoque de este grave problema es complementario del anterior y consiste en lo siguiente. Desde una perspectiva obrero-social, hace rato venimos conmocionados y perplejos por el zigzagueante comportamiento del tribunal constitucional del país, la Sala Cuarta, parte de esa Corte Plena, hace rato en la mira de la desconfianza ciudadana.

Que la Constitución Política del país sea interpretada con base en una línea político-ideológica impuesta según una matriz mediática, nos resulta abominable, incomprensible y hasta peligroso.

Que los altos jueces guardianes de la Constitución, adecuen sus fallos al “diktat” de un periódico, en materia de Negociación Colectiva y de Cesantía, es un golpe profundo al Estado de Derecho que ha venido desmoralizando a toda una generación de profesionales y practicantes del Derecho, quienes todavía no creen que el Derecho de la Constitución se está “interpretando” con base en una línea editorial y con “informaciones” de prensa editorializadas.

Más perplejidad aflora si este tipo de fallos constitucionales son contradictorios entre sí, en la misma materia fallada y en un corto plazo de tiempo; mediando en ambas circunstancias una intensa y sistemática campaña mediática de agresión psicológica y de terrorismo ideológico de corte anti sindical y contra el principio magno de que la Negociación Colectiva es Ley, pura Ley de la República.

Amplios sectores obrero-laborales jurídico-sociales y sindicales sienten el desarrollo de una tendencia en el seno de la más alta magistratura nacional, ya no solamente de inseguridad con relación al ordenamiento legal que marca el mundo obrero-patronal; sino que hay normas constitucionales que dejaron de ser pétreas al envolvérseles en un papel periódico difusor de odio y de infamia.

La República está enferma. La desigualdad la atormenta. No podemos negar que en nuestro propio mundo de la lucha sindical y social, esa desigualdad es dolorosamente latente.

La enfermedad de la desigualdad que atormenta a la República, es casi una metástasis al saber que en el seno del Olimpo jurídico, la desigualdad es la norma que reina.

La credibilidad en la alta magistratura del país está en descenso, inobjetablemente.

La otra cara del déficit fiscal: las megacompras estatales

Varios años ya. Meses y meses. Semana tras semana. Día tras día. Hora tras hora. Y, sin embargo, han fracasado estrepitosamente pese a que lo manifestaron miles de veces por los más diversos medios.

Se les ha ganado la partida porque, escribámoslo en mayúsculas: EL DÉFICIT FISCAL NO ES RESPONSABILIDAD DE LA CLASE TRABAJADORA. Ni la del sector público, ni la del privado.

Ni de la que está desempleada, ni la que está en la informalidad. Ni de las micropequeñas y medianas empresas. Así de contundente. No pudieron y no han podido refutarlo. ¡Ya no lo lograron!

Lo han intentado todo, especialmente en materia de empleo público. Han ofendido, han injuriado, han calumniado, han difamado, han mentido, han atizado el odio y la cólera, tratando de propiciar un enfrentamiento intraclase, es decir, entre la clase trabajadora asalariada del sector público y la del sector privado; cuando lo que en realidad está en desarrollo es un conflicto estratégico entre estas dos, con la clase del capital insanamente apropiado mediante la usura, el fraude fiscal incontrolado y la evasión tributaria desenfrenada, la corrupción con fondos públicos, las megacompras estatales, las exenciones-exoneraciones, la especulación financiera, las violaciones laborales y la sobreexplotación obrera.

Sin embargo, de manera enfermiza, siguiendo el fracasado recetario macroeconómico-neoliberal, insisten en su carrera loca y en el desenfreno de su desbocado despropósito para imponerle a la sociedad el combo fiscal-paquetazo de impuestos, proyecto de ley No. 20.580, conocido en el lenguaje de ellos como Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas.

El combo fiscal-paquetazo de impuestos es abrumadoramente inequitativo, potenciador de la desigualdad que nos azota como país, fortalecerá todas las formas de corrupción fiscal y no resolverá en profundidad el problema de las debilitadas finanzas públicas y su desequilibrio o déficit fiscal.

Uno de los más grandes vacíos en la discusión nacional sobre el déficit fiscal tiene que ver con el tema de la utilización de los recursos públicos en las megacompras del Estado y su sistema licitatorio.

Precisamente, dada la intoxicación “informativa” de la matriz hegemónico-mediática dominante, con su insana operación de propaganda de terrorismo ideológico y de agresión psicológica en contra de la clase trabajadora, este tema de las megacompras del Estado ha estado en la sombra, “escondidito”.

En este asunto de las megacompras estatales queremos llamar la atención en cuanto a lo que la Contraloría General de la República (CGR) indica en sus “Estadísticas sobre Compras con Fondos Públicos”.

Revisando el “Informe Anual de la Actividad Contractual”, tenemos que, para el pasado año 2017, las compras del Estado que se indican en ese registro ascendieron a ¢1.585.163.949.422 (un billón 585 mil 163 millones, 949 mil 222 de colones), lo que equivale a 4,52 puntos PIB.

Gran parte de esta gigantesca cantidad de dinero público va directo a las arcas del sector privado, sin que la sociedad tenga noción concreta de los resultados reales que esta inversión pública genera, tanto en obra, como en tributos, como en lo social-laboral y la seguridad social.

¡Vean ustedes! El monto total de las compras del Estado según registros del ente contralor, durante el año 2017, fue de 4,52 puntos PIB. Esta cifra es un 62,5 % del déficit fiscal esperado para el final de este año 2018, que es de 7,2 puntos PIB.

¿No será este el “lado oscuro”, la “cara oculta” del déficit? ¿No merece esta situación ser objeto de debate nacional en un ambiente sano, sin intoxicación mediática alguna?

Y doblemente llama la atención el siguiente dato: El Consejo de Seguridad Vial (Cosevi) dispuso en compras públicas la cantidad de ¢260.854.045.372 millones: 260 mil 854 millones, 45 mil 372 millones de colones, es decir, 0,74 puntos PIB. Y, por su parte, el Consejo Nacional de Vialidad (Conavi), 194.759.012.558 millones de colones, 0,55 puntos PIB.

Ambas, Cosevi y Conavi, invirtieron, en el año 2017, 455 mil 613 millones, 57 mil 930 de colones, el equivalente a 1,30 puntos del PIB. ¿No creen ustedes que este tema debe ser objeto de discusión pública cuando hablamos del déficit fiscal?

Y si seguimos analizando con más cuidado y puntillosamente este asunto de las megacompras del Estado, la misma CGR nos brinda información estratégica que se desprende de su informe “Adjudicatarios con actividad contractual registrada en el año 2017”. Solamente dos “megaempresas” recibieron solicitudes-órdenes de megacompra por el valor de 421.860.378.115 millones de colones, lo que equivale 1,20 puntos PIB.

Según el registro de la CGR, a la empresa “Centro de Lubricación para Supermercados Sociedad Anónima”, se le adjudicó compras por la cantidad de 250 mil 137 millones 126 mil 977 colones (250.137.126.977) ¡Escuchen ustedes! ¡Una sola empresa recibe órdenes de compra del Estado por 0,71 puntos PIB!

Otro consorcio privado, “Grupo Empresarial El Almendro Sociedad Anónima”, negoció compras del Estado, solamente en el año 2017, de 171 mil 723 millones, 251 mil 138 colones (¢171.723.251.138). Esto equivale a casi medio punto porcentual del PIB, específicamente, 0,49 %.

Es decir, entre solamente dos megaempresas, se adjudicaron el 26,61 % de los fondos públicos destinados al rubro de licitaciones-compras del Estado, durante el año 2017: ¡1.20 puntos del PIB! Ambas encabezan el ranking de “Adjudicatarios con actividad contractual registrada en el año 2017”, de la Contraloría General de la República.

¿Qué puede estar pasando aquí? ¿Cuáles son los intereses que hay en todo esto? ¿Cómo tributan estas megaempresas? ¿Tienen conexiones político-electorales? ¿Este tema de las megacompras del Estado es parte o no del déficit fiscal? ¿Más impuestos para el pueblo para que siga así todo esto…? ¡No!

Declaración Universal de los Derechos Humanos: una herencia de vida, libertad y paz que las juventudes no debemos descuidar

Las consecuencias de la Primera y Segunda Guerra Mundial, y las pruebas de armas nucleares como las de Hiroshima y Nagasaki en 1945, hicieron reflexionar a los estados del mundo sobre el peligro inminente del exterminio del ser humano por el ser humano.

Las alarmas se encendieron en todos los estratos de las sociedades y finalmente, ante el reclamo de las inmensas mayorías prevaleció la sensatez. El nacionalismo; las diferencias ideológicas y políticas, y; las distintas filosofías y credos, cedieron ante la necesidad de tomar medidas consensuadas. Se optó por dialogar y buscar una alternativa común que garantizara la vida, la paz y la libertad de todas las personas, es así, como en 1948 surge la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

La muerte de seis millones de personas en lo que conocemos como el Holocausto Judío; las terribles consecuencias del Genocidio Armenio; las hambrunas letales en Ucrania; los Vuelos de la Muerte que emplearon las dictaduras en Argentina y Uruguay entre los años setentas y ochentas, y; los crímenes que se llevaron a cabo durante la dictadura militar de Augusto Pinochet en Chile, constituyen una alusión histórica que ejemplifica lo que es capaz de hacer una persona o una sociedad cuando es inducida por el odio y por el irrespeto a la dignidad humana. Así como la importancia de contar con un instrumento internacional que regule y sancione esas prácticas.

Pero, sobre todo, nos dicen que aún con la Declaración Universal de los Derechos Humanos seguimos siendo frágiles. De ahí que, una reflexión serena exhortaría a todas las personas, incluyendo a las juventudes, a tomar un papel protagónico en la educación para la paz y, en la defensa y promoción de los derechos humanos.
Las personas jóvenes debemos estar plenamente convencidas que los únicos caminos son la paz, la libertad, y el innegociable respeto a los derechos humanos; debemos, además, ser conscientes que el odio y la violencia no son características exclusivas de los pueblos pobres o con menor educación. Esto se debe, principalmente, a que ninguna sociedad del mundo por más civilizada que se considere, está exenta de propiciar graves violaciones de derechos humanos, datos que la historia misma confirma.

En el marco de los setenta aniversarios de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y sin pretender hacer mención de pasados y terribles acontecimientos para posicionar una interpretación antojadiza de esos hechos, se busca reflexionar con absoluta libertad las causas que llevan a una persona o grupo de ellas a cometer atrocidades en contra de sus semejantes.

Sólo para mencionar un ejemplo, el clásico y quizá el más estudiado: el genocidio judío. Jacobo Schifter Sikora menciona que, hay quienes culpan de ello al antisemitismo cristiano y moderno; otros miran al sistema capitalista y sus crisis; un grupo estudia la modernidad, el nacionalismo y el racismo biológico; otros hacen hincapié en la personalidad autoritaria y el fascismo; hay quienes opinan que es el imperialismo, el colonialismo y la guerra; unos que es el resultado de la construcción de una masculinidad agresiva y la situación de violencia a que lleva; y, otros ven las causas en la mente criminal.

Cualquiera que sean los motivos, lo que más se lamenta es la pérdida de vidas humanas y el daño que se ocasiona a la dignidad de una persona o grupo de ellas cuando la sociedad o el Estado deciden guardar silencio o simplemente, dejar pasar. Pero también, uno de los peores errores es creer que la reproducción de algunos patrones de conducta o la indiferencia frente a ciertos comportamientos no nos hará daño, nada más alejado de la realidad. Pequeños conflictos han escalado hasta llegar a magnitudes gigantescas, dando como resultado actos de barbarie y las atrocidades más oscuras que la mente humana pueda concebir.

En escenarios como el actual, a casi 70 años de la Declaración Universal de Derechos Humanos el mundo clama por la fuerza, el carácter y la creatividad de las personas jóvenes. Por un equipo de mujeres y de hombres progresistas dispuestos a trabajar por erradicar la violencia, las desigualdades y la discriminación.

Sin embargo, es importante partir del reconocimiento y defensa de “todos los derechos humanos para todas las personas” tanto en el discurso como en la práctica. Esta idea les podría ser de utilidad a quienes se apartan de los principios del progresismo y adoptan un “progresismo populista” y demagógico. A personas que se atrincheran en una posición, que se autodenominan defensoras de los derechos humanos, pero que con cierto grado de ignorancia acuden a una categorización jerarquizada, reconociendo como derechos humanos sólo los de un grupo determinado y pasándole por encima a los derechos humanos de otros grupos. Esto nunca fue el espíritu de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

Es importante que las juventudes comprendamos que el desarrollo de una sociedad tiene que ver con la coexistencia armoniosa de una disparidad de criterios y posiciones. Así, por ejemplo, la defensa de los derechos de las personas sexualmente diversas sigue siendo una prioridad, se debe pensar entonces en una defensa que trascienda las insignias y manifestaciones, que dé lugar al trato respetuosos y considerado. Es decir, en la lógica de no discriminación una persona jamás debe experimentar una reducción en el acceso de oportunidades, o un trato denigrante en virtud de su orientación sexual.

Por otra parte, y no menos importante, una persona religiosa debe tener la libertad plena de estar de acuerdo o de estar en desacuerdo con alguna posición y ser respetada por ello, de creer diferente, de manifestar libremente su pensamiento, de expresar los motivos de su coincidencia o las razones de su discrepancia, sin que esto le reste mérito o sirva de base para adjudicarle calificativos de carácter ofensivo.

Tome nota que la Declaración Universal de los Derechos Humanos se opone a todos los tipos de discriminación por las razones que sean, tanto por su orientación sexual y de género como, por su libertad ideológica o de religión. Asuntos estos, que no deben generar incertidumbres ni polarizar a una sociedad.

En todos estos esfuerzos, las juventudes debemos replantearnos las alternativas que tenemos a disposición para la construcción de sociedades pacíficas, en las que se respeten y se defiendan los derechos de las minorías sin cercenar los derechos de otros grupos o personas. En esta lógica, el uso responsable de las tecnologías de la información y de la comunicación tiene una particular importancia, sobre todo en la defensa de la dignidad humana. Las distintas redes sociales no deben ser utilizadas para pregonar odio, ni para atentar contra el honor de las personas, por más común que esa práctica sea.

Por otra parte, el respeto a la libertad de opinión y al pluralismo constituyen valores fundamentales que no pueden entrar en desuso. La libertad de expresión y de prensa son baluartes que han contribuido al fortalecimiento de nuestros estados democráticos. Sin embargo, como personas jóvenes no podemos mostrarnos indiferentes ante el debilitamiento y el agresivo ataque que vienen sufriendo periodistas y algunos medios de comunicación en distintas partes del mundo. Defender estas libertades es atender nuestro derecho a estar informados, pero defender a las personas que están en el ejercicio del periodismo es acto de justicia y de valor que solo puede concebir una mente sublime.

En 1949 con la caída del Muro de Berlín los alemanes mandan un mensaje al mundo, “no queremos muros que nos dividan, sino puentes que nos unifiquen”, todos aplaudimos la destrucción de aquél obstáculo que en un tono estigmatizante dividía a los buenos de los malos, a los pobres de los ricos y a los dueños de la verdad de quienes estaban equivocados. En una visión inclusiva y de desarrollo, se pensó en una política de unidad y de construcción conjunta. Hoy, muchos años después, el país donde se encuentra la sede principal de las Naciones Unidas, promueve la construcción de un enorme muro que vuelve a separar a seres humanos. Estas acciones, que son claros mensajes de retroceso, constituyen una invitación solemne para que las personas jóvenes que nos consideramos ciudadanos del mundo volvamos a levantar la voz.

¿Cómo permanecer en absoluto silencio cuando en nuestra América Latina seguimos observando resabios de violencia, de femicidios y de irrespeto a la libre elección de las personas? ¿Cómo esperar que las juventudes estemos quietas ante las marcadas y crecientes brechas de desigualdad? ¿Cómo ignorar que en nuestros pueblos se sigue reprimiendo las manifestaciones, se golpea a estudiantes, se excluye a las personas por pensar distinto, por su orientación sexual, por su credo, por su participación política, por ser mujer, por ser joven, entre otros…?
En medio de todos estos temas, hay uno que particularmente genera incertidumbre, nos referimos a la evidente y sistemática violación de los derechos humanos de las personas trabajadoras. Gobiernos y empresarios en algunos casos, pactan acuerdos en los que el trabajador o la trabajadora sin jerarquía, se convierte en simple objeto de utilidad para el mercado y no en sujeto de derecho.

En el caso de las personas jóvenes, pareciera que no existe preocupación suficiente, ni políticas efectivas para combatir el desempleo, la precarización y la flexibilización laboral. No se evidencian mecanismos idóneos para garantizar el derecho de libre sindicación en respeto y fiel apego al punto 4 del artículo 23 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos que, textualmente dice: Toda persona tiene derecho a fundar sindicatos y a sindicarse para la defensa de sus intereses.

No se logra observar políticas innovadoras que busquen garantizar condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo, que protejan a las personas contra el desempleo, o que protejan contra los actos discriminatorios. Se ignora el mandato de igual trabajo, igual salario, asunto que se corrobora comparando el salario de las mujeres respecto de un mismo trabajo en relación con el salario de los hombres.

Finalmente, vale la pena reflexionar el rol que juega la Declaración Universal de los Derechos Humanos en tiempos de crisis. Que las juventudes podamos comprender que Constituye una herencia de vida, libertad y paz que no debemos descuidar y; que, mientras exista violación de los derechos humanos bajo nuestros cielos no podemos permanecer indiferentes.

OCDE: El memorándum del miedo actualizado

Debemos confesar que en esto de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) nos falta mucho por aprender. Lo primero que tenemos en mente es una muletilla que hay por ahí, no sabemos si con dejo despectivo o en tono positivo, de que la OCDE es “el club de los países ricos”.

Lo segundo es que en los últimos tiempos nuestra clase económica dominante, la que está matriculada con la ideología neoliberal, así como su gerenciamiento político-partidista de los últimos tiempos (PLN, PUSC y PAC), está tratando de que Costa Rica ingrese al “club de los países ricos”.

“¡Ajá… uhmmm!”, puede ser la expresión popular más acertadamente pronunciable en tales circunstancias, cargada de desconfianza, por supuesto, habida cuenta de tanta estafa electoral en los últimos tiempos.

A la fecha y después de tanto tiempo de la campaña del capital político-mediático hegemónico para que Costa Rica sea insertada en la OCDE, nadie nos ha podido decir la cuantía anual, el monto con cargo al presupuesto nacional que implicaría el pago de la membrecía del país en la OCDE.

¡Pues claro! Estar en “el club de los países ricos” es algo tan selecto que no va a ser gratis. Tenemos entendido que hay que pagar un porcentaje con respecto del PIB. Esta cuota de afiliación a la OCDE sigue siendo un misterio, un tabú. ANEP tiene en trámite, al respecto, una consulta ante el Ministerio de Comercio Exterior (Comex) que todavía no ha sido respondida.

Como parte de esa campaña que nos quiere meter a la OCDE por los cuatro costados se nos dice que, a nivel de la América Latina, ya México y Chile están en esta organización. Es decir, estos dos países son parte de “el club de los países ricos”. ¡Ay carajo! ¡Qué gran “honor” nos espera al convertirse Costa Rica en el tercer país latinoamericano que tiene tal “privilegio”!

Pero vamos a ser el aguafiestas en todo esto. Resulta que el Banco Mundial en su informe “Taking on inequality”, correspondiente al año 2016, ha dado a conocer la lista, el “top ten”, de los 10 países más desiguales del planeta. Y, ¿adivinen qué?

¡México y Chile están en esa lista! ¿Alguien me puede explicar esto? Si la OCDE es “el club de los países ricos”, ¿qué hacen estos dos países en esta lista? México está en el sótano, en el lugar 10, con un Coeficiente de Gini (el indicador internacional que, por excelencia, mide la desigualdad), de 0,49. Chile, en el lugar 7, con un 0,50.

Costa Rica que está en esa lista, ocupa el noveno, también con 0,49. Y escuchen este otro dato: Colombia también está en esa lista, en el lugar 4, con 0,53 de Coeficiente de Gini. ¡Y Colombia, como Costa Rica, quiere estar en la OCDE!

¿Entonces para estar en la OCDE, en “el club de los países ricos”, tenemos que ser una sociedad marcada por la desigualdad, por la desigualdad creciente? Este pareciera ser el requisito fundamental no explícito para estar en ese organismo de “cooperación para el desarrollo económico”.

Por estos días, en una burda pero grotesca operación de propaganda, los políticos dominantes de la hegemonía económica del capital neoliberal se trajeron a un personaje de la OCDE, don Álvaro Santos Pereira, ciudadano portugués, exministro de Economía en su país y actual jefe de su división económica, para que nos proyectara la película de terror más espectacular de los últimos tiempos: “OCDE advierte de ‘terribles’ efectos por crisis fiscal”.

Así fue titulado por el latifundio mediático que gira las órdenes macropolíticas para su acatamiento en el gobierno neoliberal Piza-Alvarado, en el seno del parlamento y hasta en el mismísimo Poder Judicial.

El citado jerarca de la economía internacional tipo OCDE nos predijo “las siete plagas de Egipto a la vuelta de la esquina”, nos vaticinó la llegada de “los cuatro jinetes del Apocalipsis” al país si el combo fiscal-paquetazo de impuestos no se aprueba, ¡y si no se aprueba ya!

En una reedición actualizada de la experiencia nacional con el tristemente célebre Memorándum del Miedo (por cierto que recientemente se sacó del sarcófago político a uno de sus coautores, Kevin Casas Zamora, ahora notable colaborador del gobierno neoliberal Piza-Alvarado), el portugués de la OCDE nos dio una nueva tétrica escena de la operación de propaganda en desarrollo en contra del pueblo trabajador, cargada de terrorismo ideológico y de agresión ideológica para que se acepte, sin chistar, el combo fiscal.

Para el anecdotario de las paradojas en esto del déficit fiscal, en visita anterior a nuestro país que hiciera el señor Pereira, en entrevista de prensa había indicado lo siguiente, cuando se le preguntó cómo hicieron en Portugal, siendo él ministro de Economía, para enfrentar un desafío fiscal como el que se dice que tenemos en Costa Rica en estos momentos:

“Con mucho diálogo, mucho trabajo fuera de las luces de la prensa, de la política, muchas, muchas horas de trabajo, pero también haciendo un paquete de medidas en que todos ganaban y todos perdían, pero todos tienen su victoria, entonces los sindicatos tuvieron victorias, los empresarios tuvieron victorias y el gobierno ha servido un poco de intermediario.

Las lecciones que quiero decir aquí para Costa Rica es que cuando se piensa que es imposible tener un pacto, cuando hay ánimos políticos, cuando hay mucha diversidad, o elecciones, como aquí en Costa Rica, si toda la gente entiende que todos tienen algo que ganar al hacer un pacto y avanzar por el bien de la nación, ese pacto es posible”.

Señor Pereira: Esta vez se lo trajeron para que usted nos aterrorizara, no para pedirle cómo implementar su consejo de eso del diálogo. Los únicos que en Costa Rica hemos entendido eso del diálogo que usted dijo la vez pasada que nos visitó somos los sindicatos.

Pese a su esquema ideológico neoliberal en esto del déficit fiscal, señor Pereira, usted nos certifica que los sindicatos del país hemos estado en el camino correcto, pidiendo diálogo un día sí y otro también.

*Secretario general ANEP

Robo de impuestos: la dramática y precaria situación de la gestión de cobro judicial hacendario

Informó Diario Extra, el de mayor circulación y el más leído del país, en su edición de este lunes 2 de julio, que el Ministerio de Hacienda le embargó a una empresa autobusera, cuyo nombre no trascendió, el monto correspondiente a pagos por alquileres luego de adeudar al fisco 529 millones de colones.

Doña Priscilla Piedra Campos, directora general de Hacienda, indicó en la respectiva nota de prensa lo siguiente: “…que este embargo es efectivo desde el instante en que el Departamento de Cobro Judicial de esa dirección procede con los procesos de notificación”.

Además, tal información incluyó lo siguiente: “Piedra expresó que, con motivo de la Ley de Lucha contra el Fraude Fiscal, el fisco cuenta con las potestades para hacer embargos sobre cuentas bancarias, alquileres, taquillas, comisiones, productos y materias primas a nivel de aduanas”.

¡Excelente! Considerando que el robo de impuestos en este país supera los 8 puntos porcentuales de Producto Interno Bruto (PIB), es innegable que el Departamento de Cobro Judicial y la propia Dirección General de Hacienda, merecen una gran felicitación y un sincero reconocimiento de parte de quienes, como nosotros, tenemos muchísimo tiempo en hablar del grave problema nacional que es la evasión fiscal y tributaria en todas sus manifestaciones. ¡Que los ladrones de impuestos sean sancionados y exhibidos públicamente, demanda fuertemente la gente!

No obstante, pensamos que la ciudadanía pagadora puntual de sus impuestos (en especial, la clase trabajadora), tiene el derecho a saber de cuál empresa de autobuses se está hablando y sería importantísimo que la distinguida profesional doña Priscila Piedra Campos lo indicara públicamente.

Sin embargo, ha llegado el momento de desnudar, con toda contundencia, el estado calamitoso y de alta precariedad en que se encuentra el Departamento de Cobro Judicial del Ministerio de Hacienda.

De manera irresponsable, las sucesivas administraciones gubernativas lo han “descuidado”, para emplear un vocablo “diplomático” y no expresar el que debería corresponder, pues es bien sabido que la defraudación fiscal y tributaria siempre ha encontrado padrinazgos políticos sumamente poderosos.

Ha llegado a nuestras manos, vía fuentes confidenciales por supuesto, una carta que a la indicada funcionaria le dirigen dos de sus profesionales subalternos, que expresa la situación dramática que está viviendo el Departamento de Cobro Judicial del Ministerio de Hacienda, en contraposición al delicado y estratégico rol que debe asumir, con base en la muy promocionada Ley para mejorar la Lucha Contra el Fraude Fiscal, aprobada desde el 30 de diciembre de 2016.

Dicho departamento está completamente debilitado en cuanto a recurso humano, actualización tecnológica y equipamiento; es decir, los evasores de impuestos podrían seguir durmiendo con tranquilidad pese a las nuevas potestades que establece la mencionada legislación para combatirles.

El siguiente párrafo de la nota en comentario dice, de manera muy responsable lo siguiente: “Existe una gran preocupación por parte de todos los funcionarios del Departamento, el grado de responsabilidad que conlleva manejar cargas irrazonables de trabajo, lo cual nos afecta física y mentalmente, ya que nos están sometiendo a lo imposible y la responsabilidad que existe en demasiado grande, hemos sido desbordados en nuestra capacidad instalada y es materialmente imposible cumplir con el 100 % de atención de la cartera”.

Lo grave de asunto es que, según la denuncia que comentamos, “…hay elaborados un total de 287 embargos judiciales, pendientes de presentar a la banca nacional y privada”; acciones que podrían prescribir en favor de los ladrones de impuestos, ante la carencia dramática de recurso humano.

El escasísimo y altamente estresado personal del Departamento de Cobro Judicial del Ministerio de Hacienda, quien se debate todos los días en hacer la gestión de recaudación o la de notificación para evitar la prescripción, denuncia que es materialmente imposible estar realizando estas dos calificadas y delicadas gestiones de manera simultánea.

Dicen los denunciantes que “…, debemos recaudar, pero también debemos dar prioridad a las solicitudes de prescripción, las cuales como es de su conocimiento ingresan en masividad, y la escasez de recurso humanos es demasiada, y se está volviendo casi imposible realizar las dos funciones a la vez, las quejas van y vienen…”.

Se ha llegado al ridículo (o la máxima expresión de una tácita conspiración colaboracionista de alto poder político con el evasor) de que se ocupa de un chofer y de un notificador a tiempo completo para que esos 287 procesos de embargos judiciales no corran el riesgo de frustrarse en perjuicio de la hacienda pública, altamente deficitaria como consta dada la gran discusión nacional al efecto en estos momentos.

La carta que venimos comentando será publicada en el sitio web de la ANEP (www.anep.cr), luego de la publicación por parte de La Prensa Libre del presente artículo.

Imaginen ustedes lo siguiente: si un solo embargo, como el que reseña la nota de Diario Extra, es por 529 millones de colones, es válido preguntarse de cuánta plata estamos hablando de esos 287 que están pendientes y que se pueden ir al cajón de la basura por las debilidades estructurales del Departamento de Cobro Judicial del Ministerio de Hacienda, valientemente denunciado en la carta a doña Priscilla Piedra Campos, la Directora General de Hacienda.

¿Cómo pretende el presente Gobierno que el pueblo trabajador acepte pagar más impuestos si el propio Ministerio de Hacienda es cómplice de que el robo de impuestos siga siendo escandalosamente tolerado, ya sea por omisión, por precarización tecnológica, por debilitamiento en cuanto a recurso humano o, lo que es peor, que, por decisiones políticas de altísimo nivel, y que vienen de otras Administraciones, el combate a la evasión fiscal se haya deliberadamente debilitado?

La señora ministra de Hacienda, doña Rocío Aguilar Montoya, tiene que plantear sobre este delicado asunto, algo sumamente contundente con toda urgencia, ¡pero ya!

*Secretario General Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP)

Una vez más, ¡no al combo fiscal!

La razón por la cual hemos expresado de múltiples formas el rotundo rechazo al paquetazo de impuestos, combo fiscal, que se tramita a toda velocidad en la Asamblea Legislativa, es precisamente esta: dicho proyecto profundizará más esa desigualdad.

El corazón del combo fiscal es el IVA, impuesto al valor agregado, el cual es reconocido públicamente por este Gobierno como un impuesto completamente injusto, según decir de boca de la propia señora ministra de Hacienda, doña Rocío Aguilar Montoya.

Si ya el actual impuesto sobre las ventas es aceptado como el más injusto de todos los impuestos, pues todo mundo debe pagarlo sin importar su capacidad de ingreso; el IVA será todavía más injusto e inequitativo al aplicarse en todos los tramos del proceso productivo de un bien, lo cual tendrá dos efectos negativos.

Por un lado, el producto final le será más caro al consumidor. Por otro, habrá más tentación de robarse ese impuesto, cobrarlo, pero no entregarlo, por parte de los productores-comerciantes inescrupulosos, cuyas fortunas se basan, precisamente, en la evasión fiscal.

El Estado-Ministerio de Hacienda no tiene la suficiente capacidad instalada para asumir un nuevo frente de combate al robo de impuestos que representaría el cobro del IVA, pues su mismo personal vive denunciando carencia de recurso humano, de innovación tecnológica de punta, de equipamiento de diverso orden.

El IVA, con esa tasa del 13% (algunos quieren que sea del 15% y hasta del 16%), se aplicaría a toda clase de servicios. Veamos: Netflix, Spotify, consultar abogados, servicios eléctricos, servicios de agua, usar el internet, ir al dentista, salir al salón de belleza, ir al mecánico, ir al gimnasio, televisión por cable, hoteles, ir al médico, comprar medicamentos, ir al cine, teatro, conciertos, comprar en línea, alquilar un carro, etc.

Entonces, como vemos, ese IVA golpeará los bolsillos de:

A) Las personas trabajadoras asalariadas de ingresos medios, no importa si laboran para el sector público o privado (lo que llamamos la ya muy golpeada clase media, altamente endeudada).

B) Las personas trabajadoras de la empresa privada que ganan el salario mínimo o menos que este, habida cuenta de empresarios inescrupulosos que lo irrespetan; o bien, microempresas que no pueden ni siquiera pagar ese salario mínimo porque no les da lo suficiente su actividad productiva.

C) Las personas trabajadoras asalariadas del sector público cuyo nivel de ingresos es equivalente al salario mínimo que se ordena pagar en el sector privado.

D) Afectará a las personas trabajadoras desempleadas y a las que están en la informalidad, las cuales si tienen suerte, tan solo podrían comprar artículos de la canasta básica, a los que también se les aplicará el IVA.

D) El IVA encarecerá la actividad productiva de las micro, pequeñas y medianas empresas del país, que representan el 90% (o más) del parque productivo del país; estas deberán vender más caro para poder subsistir, pero tendrán menos posibilidad de ello (pues habrá menos gente con capacidad económica de comprarles lo que venden y/o producen).

E) La aplicación del IVA agravará más la situación socioeconómica de las familias que habitan en las provincias y/o regiones de mayor deterioro en su poder adquisitivo, salarial o no, dado que, por estos lados de la geografía de nuestro país, los productos que se venden son más caros, pues según se dice hay que cargarles en su valor los costos de transporte.

Como vemos, el combo fiscal-paquete de impuestos y su contenido “estrella”, el IVA, tiene grandes impactos de carácter negativo para la estabilidad económico-financiera de la amplia mayoría de las familias trabajadoras de este país, tanto las asalariadas como las que no lo son.

Es este el objetivo fundamental de la lucha sindical desarrollada en los últimos meses, particularmente con ocasión de la Huelga General Regionalizada del pasado lunes 25 de junio.

Como es lógico suponer, los sectores políticos hegemónicamente dominantes de nuestra sociedad, dentro del actual Gobierno y fuera de él, no pueden aceptar que la bandera de lucha contra los impuestos sea alzada por los “satanizados” sindicatos, según la perversa campaña de difamación mediática de la prensa que responde a dichos sectores.

Al hablar con fuerza contra el paquetazo fiscal, los sindicatos recogen un sentir popular; sentir popular que fue olvidado por casi todos los partidos políticos que buscaron votos en la pasada campaña electoral y que nos están gobernando, desde los poderes Ejecutivo y Legislativo.

Con pocos soportes políticos procedentes de partidos, al pueblo trabajador le corresponde defenderse a sí mismo. Los sindicatos son herramienta fundamental para ello y así lo establece la misma Democracia.

La huelga, el déficit y las tarjetas de crédito

El Colectivo Sindical PATRIA JUSTA le propondrá a la unión sindical nacional que el tema del alto endeudamiento salarial, especialmente producto de los intereses de usura de las tarjetas de crédito, debe ser un tema esencialísimo si, de verdad, habrá un diálogo real con el Gobierno a propósito del déficit fiscal.

Los intereses de descarnada usura que cobran las empresas financieras de las tarjetas de crédito, vienen provocando dolor, empobrecimiento y miseria, convirtiéndose en uno de los pilares del crecimiento sistemático de la desigualdad que atormenta a nuestra sociedad en este momento.

El exterminio económico-financiero que sufren muchas personas trabajadoras y sus familias, con tasas de interés del 50 %, debe ser uno de los ejes fundamentales de lucha de la unión sindical nacional, a juicio del Colectivo Sindical PATRIA JUSTA, a la hora de entrarle fuerte al problema del déficit fiscal en una eventual mesa de negociación con el Gobierno.

Para empezar y lo que resulta de naturaleza esencial fundamental, es liberar a los tarjetahabientes de semejantes tasas de usura, emitiendo una legislación de emergencia para detener la magnitud de la criminal agresión financiera que sufren miles y miles de personas trabajadoras asalariadas y sus familias, así como no pocas micro-pequeñas y medianas empresas, estranguladas por esos intereses de usura de las tarjetas de crédito.

Ya existen varias iniciativas de ley al respecto y, al parecer, hay una buena cantidad de diputados y diputadas con interés genuino en el tema. Además, recordamos que cuando eran candidatos presidenciales, los señores Alvarado hablaron de ello como compromiso de campaña.

El capital financiero generado con esa exorbitante tasa de usura en materia de tarjetas de crédito, debe aportar de su incontrolado proceso de acumulación de riqueza, no solamente en cuanto a reducir el nivel de expolio al salario de la clase trabajadora; sino aportando de manera directa a la reducción del déficit fiscal. Y, aun así, seguiría teniendo ganancias realmente abusivas.

Por tanto, desde la corriente sindical PATRIA JUSTA, la cual incluye a la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), vemos que dentro de nuestros ejes fundamentales de lucha y, particularmente, con reclamo de gran justicia debemos empezar a reivindicar con fuerza ponerle freno al criminal abuso con los altos intereses que cobran las tarjetas de crédito y otras formas de cobro de usura de compras a crédito por lo cual miles de hogares trabajadores la están pasando mal, pero muy mal, sufriendo y empobreciéndose.

Opinión Lunes 25: ¡A la huelga!

A las personas trabajadoras asalariadas con empleo fijo en el sector privado, muchas de las cuales apenas ganan el salario mínimo y a otras, muchas más, ni siquiera les pagan ese bajo salario mínimo.

A las personas asalariadas con empleo fijo de ingresos decentes, medios y bajos, en el sector público.

A las personas que trabajan en el sector informal de la economía, por cuenta propia, prácticamente sin seguridad social y que representan casi el 50% de la población económicamente activa (PEA), en edad productiva.

A las personas trabajadoras que no encuentran empleo, cuya cifra oficial ya sobrepasó el 10% pero que con el subempleo y con el empleo precario-ocasional, sobrepasa el 20%.

A las personas jóvenes que han sido excluidas de los sistemas educativos, o que en su efecto lograron estudiar, pero que el acceso a una oportunidad laboral es muy difícil hoy día. Esta realidad se ve materializada en un 19% de la tasa de desempleo joven, el cual está muy por encima de la tasa (oficial) de desempleo nacional de 10.3%. Esta realidad tiene un marcado rostro de mujer.

A las personas emprendedoras de las micro-pequeñas y medianas empresas (ya sean estas las clásicas, las de economía social, las de carácter cooperativo), que todos los días sudan la gota gorda para pagar la planilla laboral y para honrar, en cuanto a patronos, las responsabilidades tributarias y de seguridad social.

Este lunes 25 de junio, todas las principales corrientes sindicales del país, al unísono, han convocado a ese pueblo trabajador a una huelga que se expresará en distintos puntos del país.

Será la tercera vez en que se envía un fuerte mensaje obrero a la clase poderosa del país, la del poder formal y la del poder real: nadie quiere más impuestos en un país en el cual su robo es de más de 300 millones de colones por hora; y por día, de casi 8 mil millones de colones (8.000.000.000). Las dos pasadas protestas, con igual motivación, se realizaron el 25 de abril y el Primero de Mayo.

Durante las últimas semanas, tanto las del pasado gobierno como las que lleva de gestión el actual, hemos estado bajo un sistemático ataque político-ideológico y psicológico-social de que el paquetazo de impuestos-combo fiscal (expediente legislativo 20.580), resulta “imprescindible”, resulta “fundamental”, es la “vida misma del país”, dada la naturaleza perversa de un déficit fiscal que al final de este año 2018 superaría un “catastrófico” 7% del Producto Interno Bruto (PIB).

Este perverso déficit se fue generando a lo largo de los gobiernos presididos por las siete personas expresidentas de la República que se acaban de reunir en la Casa Presidencial, convocadas por el actual mandatario don Carlos Alvarado Quesada y por su ministro de la Presidencia, don Rodolfo Piza Rocafort.

También, de manera paralela y como parte de esta fuerte ofensiva a favor del combo fiscal, proveniente de los sectores del gran capital y sus fichas dentro del presente Gobierno en contra del sector obrero-trabajador del país; se está desarrollando una especie de operación psicológica en el seno de la población del país, propiciando en las mentes ciudadanas un fuerte odio de clase hacia quienes son personas trabajadoras asalariadas del sector Público.

¡Es espeluznante! Es el fomento perverso de una especie de “apartheid social”. ¡Terrorífico! Algo así como el despliegue mediático de cruzada de “limpieza étnica” pero de corte obrero, contra toda persona trabajadora asalariada del sector público.

Quienes son cotidianamente agredidos, agresión que se extiende a sus propias familias, están ya sobradamente legitimados para reaccionar en su legítima defensa y en defensa de sus seres queridos. ¿Cómo? Acudiendo a su derecho constitucional de ir a la huelga.

Una vez más debemos plantearlo fuertemente: Los sindicatos están conscientes de la gravedad del problema del déficit fiscal. Lo que los sindicatos no comparten es que se le responsabilice de este problema a quienes nada tienen que ver con él. Es decir, el pueblo trabajador tal y como lo categorizamos líneas arriba.

La propuesta sindical sobre el déficit fiscal, distinta a la del paquetazo fiscal-combo fiscal, está ya prácticamente lista. El pueblo trabajador y el país sabrán de ella en fecha muy próxima. ¡Hay alternativa! Pero la misma ocupa de miles de soportes cívicos, expresados en la calle, para que sea considerada con su real dimensión y con verdadera voluntad política.

El Gobierno y sus aliados del gran capital están matriculados con el paquetazo de impuestos-combo fiscal, expediente 20.580; el que, por un lado, no le entra con fuerza al problema del déficit fiscal, solamente quiere que una vez aprobado, le den un nuevo préstamo al país de mil millones de dólares (como si ya el endeudamiento público no fuera algo de verdadera locura). Con ese préstamo, el Gobierno actual “se la jugaría” por todo el resto de su mandato y le hereda al próximo un problema todavía más grave y profundo.

Esto, por una parte. Y, por otra, se pretende sacarle más plata, vía ese IVA, precisamente, a los que ya no tienen de dónde pagar más de lo que ya aportan en impuestos: ese pueblo trabajador que caracterizamos líneas arriba. El llamado a huelga de este lunes 25, ¡es completamente justo!

“Ganar menos… pagar más”: Acerca de la huelga del próximo lunes 25

“Ganar menos… pagar más”. Es esta la más apropiada expresión que hemos escuchado para resumir la condena social que le quiere ser impuesta a la abrumadora mayoría del pueblo trabajador de nuestro país, con el combo fiscal-paquetazo de impuestos actualmente en trámite aventurado en la Asamblea Legislativa. Esto, por un lado.

Por otro, tal condena se agrava a raíz del congelamiento y de la rebaja salarial que, prácticamente, ya se está viviendo en los sectores privado y público. Y, adicionalmente, en este último caso, la estocada de la reducción de derechos conquistados a lo largo de los años, violentándose principios de Derechos Humanos y constitucionales en materia de negociación colectiva, torciéndose descaradamente los propios fundamentos del Estado de Derecho.

“Ganar menos… pagar más” es una expresión nacida desde la propia base laboral de la clase trabajadora. Una distinguida profesional en Ciencias Sociales nos la compartió convirtiéndose este criterio sin saberlo ella misma en un emblemático grito obrero ante una descomunal ofensiva de la nueva reconfiguración de fuerzas que se le ha venido encima a las personas trabajadoras asalariadas y no asalariadas de este país.

“Ganar menos… pagar más” significa la apertura de un peligroso sendero en el largo tránsito de la escabrosa ruta de la desigualdad que le fue impuesta al país, por una serie de políticas macroeconómicas que han sido establecidas para dar fundamento estratégico a un no menos peligroso proceso de concentración de la riqueza.

“Desigualdad: retrocedimos 40 años” es el impactante titular del reportaje del Semanario Universidad, de su edición No. 2232 (semana del 13 al 19 de junio de 2018). Indica este reportaje en su primera página lo siguiente: “En 1994 éramos el país menos desigual de Latinoamérica, hoy regresamos a los índices de hace cuatro décadas. El 20 % de los más ricos tiene 15 veces más de lo que tiene el 20 % más pobre. Son ciudadanos del mismo país, pero unos viven en condiciones similares a las de África y los otros a las de Europa central”.

De 1990 a 1994, nos gobernó Rafael Ángel Calderón Guardia. De 1994 a 1998, José María Figueres Olsen. De 1998 a 2002, Miguel Ángel Rodríguez Echeverría. De 2002 a 2006, Abel Pacheco de la Espriella. De 2006 a 2010, Óscar Arias Sánchez. De 2010 a 2014, Laura Chinchilla Miranda. De 2014 a 2018, Luis Guillermo Solís Rivera. A partir de este 2018, Carlos Alvarado Quesada.

Los seis señores expresidentes y la señora expresidenta se acaban de reunir con el actual mandatario, recomendando todos al unísono que se apruebe el paquetazo de impuestos-combo fiscal, expediente legislativo 20.580; como si no fuese más que urgentemente histórico que rindieran cuentas de su “aporte” a la terrible situación de desigualdad que enfrentamos en estos momentos. En menor o en mayor grado, cada cual tiene su propio nivel de responsabilidad.

¡Qué crueldad! Apoyar un proyecto como el combo fiscal que está cargado de inequidad y que agravará más el estado tétrico de la desigualdad en que nos encontramos. La propia señora ministra de Hacienda, doña Rocío Aguilar Montoya, ha reconocido que el expediente legislativo 20.580-paquetazo de impuestos, con su estratégico objetivo del Impuesto al Valor Agregado, IVA, ¡es injusto!

Ni una sola palabra, ni una sola frase, ni un solo párrafo dijeron esas 7 personas expresidentas de la República sobre la imperiosa necesidad de transformar el injusto sistema tributario que es la base fundamental del grave problema de la desigualdad en este país: pagan más los que proporcionalmente ganan menos; y los que ganan más, no pagan lo justo y/o no pagan del todo. Tan solo, una leve y “light” alusión a la evasión fiscal.

Contando ahora con el aval de esas siete personas, expresidentes del país, el ala neoliberal del Gobierno, encabezada por la parte de la coalición que la dirige, el Partido Unidad Social Cristiana, se va por el camino facilista de una verdadera expropiación de ingresos salariales a los puntuales pagadores de impuestos: la clase trabajadora asalariada de ambos sectores, el público y el privado. La aplicación del IVA mermará el poder adquisitivo del salario, ya congelado y a la baja. “Ganar menos… pagar más”, se llama esta figura.

Además, todas esas micro, pequeñas y medianas empresas, cargadas de tribulaciones económicas para subsistir y que se hacen enormes malabares económicos para cumplir con sus responsabilidades de Seguridad Social, verán aumentarse sus sufrimientos financieros con un IVA implacable que, sin duda alguna, incrementará la realidad de la evasión de impuestos. “Ganar menos… pagar más”, se llama esta figura.

Con la pretendida imposición del paquetazo de impuestos-combo fiscal, especialmente el IVA, se incrementará, sensiblemente, esa desigualdad crónica y crítica que hoy amenaza la misma convivencia democrática del país: habrá mayor pérdida del poder adquisitivo del salario, habrá más aumento del ya de por sí alto costo de la vida, habrá mayor concentración de la riqueza, habrá más corrupción por el robo de impuestos, habrá mayores niveles de competencia salvaje por la sobrevivencia y la existencia misma de las personas y de las familias.

¿Cómo es que, en consecuencia, los seis señores expresidentes y la señora expresidenta, los actuales mandatarios (el presidente Alvarado y el “adjunto”, señor Piza) pretenden que el combo fiscal se apruebe sin resistencia popular?

En consecuencia, también, la gente trabajadora, ¡tiene el legítimo derecho de defenderse! Es de esto de lo que se trata la huelga del próximo lunes 25.