Categoría: Opinión

Desde la gradería de sol y en lo que respecta al escándalo del cementazo no sabemos si ponernos a llorar, si ponernos a reír; de qué lado está la real verdad y de qué lado está la mentira, la manipulación; hasta qué niveles llegó el compadrazgo político, la presunta componenda y el no menos presunto tráfico de influencias.

Ahora resulta que el empresario intruso en el mercado duopólico del cemento tuvo, tiene y ha tenido amigos políticos por todo lado: en el Gobierno, en el parlamento, en los partidos políticos tradicionales y otros partidos en camino de volverse tradicionales también; y, hasta un magistrado del Poder Judicial conoce el señor Bolaños.

Este exitosísimo hombre de negocios ha resultado ser mejor relacionista público que los que sacaron esa carrera en las universidades que la imparten.

La pomposa comparecencia legislativa en la Casa Presidencial nos arrojó un resultado fundamental de una profundidad política pocas veces vista en estas lides de las investigaciones parlamentarias: el Presidente tiene un club de amigos que comparten con él la intimidad de la gestión política cotidiana del gobernante.

¡Brillante conclusión del presidente del panel legislativo investigador!
Después de ahí, todo lo demás que se habló en esa carísima audiencia parece irrelevante rutina parlamentaria-investigativa. Hasta el Torquemada de la ética término felicitando al Presidente.

Y desde la gradería de sol la gigantesca duda sigue sin disiparse: ¿podrá el Banco de Costa Rica (BCR) recuperar los controversiales créditos concedidos en torno a la actividad del cemento?

Por un lado, hablamos del préstamo de los 30 millones de dólares para que el exitoso hombre de negocios-relacionista público no menos exitoso, pudiera ingresar al cerrado mercado del cemento.

Por otro, mencionamos el préstamo, de una cifra parecida, con el cual se habría pagado una compra de “chatarra hidroeléctrica” a una de las dos corporaciones cementeras del duopolio, por otra gigantesca cifra similar.

Lo real de todo esto es una sensación ciudadana que, genuinamente generada o corporativamente inducida, está mostrando un incremento cualitativo en su desencanto con el ejercicio de la política de la clase gobernante tradicional y la que está llegando a este nivel.

Las especies populares de que “todos son lo mismo”; de que, al final, “todos se tapan con la misma cobija”, nutre a un amplio segmento de ciudadanía en su percepción, ahora reforzada, de que ya no vale votar; de manera tal que dos “partidos” se disputan, en estos momentos, la real supremacía del electorado para febrero entrante. Son éstos:

Los que ya no tiene partido y los que ya han definido que no quieren saber nada de votaciones. Una “coalición” de ambos, de facto, podría representar una deslegitimación de la democracia electoral (no de la Democracia), tan devastadora de la cual se tardarían muchos años para recuperarla.

O, por el contrario, podría aparecer una opción, estructurada o no estructurada, de un fuerte personalismo magnético que “enamore” a esa “coalición” de facto del electorado enojado, y que podría imponer una dinámica política impensada.

Hay muchos problemas nacionales en desarrollo que están afectando la calidad de vida de las mayorías, especialmente al pueblo trabajador. Los especialistas en ciencias políticas indican que ahora no es el partido lo que importa, es la persona candidata. Menuda tarea les espera a los nuevos en estas lides de pedir votos.

Conceptos elementales de las sociedades democráticas desarrolladas, como la transparencia en la gestión pública, la ética en el manejo de los fondos públicos, honrar lo que se promete en campaña; desafortunadamente, en Costa Rica están devaluados. Órganos claves de control, como la Fiscalía General de la República, sufren de un descrédito peligroso.

Y ahora que se diga que un señor magistrado de elevados quilates en materia penal sancionatoria conoce al personaje empresarial más connotado del momento, pues ambos han viajado en el mismo avión… muchos podrían decir: “mejor apague y vámonos”.

Este domingo 10 de setiembre, en la comunidad de El Limbo, ubicada en Guápiles, zona atlántica de nuestro país, ocurrió un evento obrero que no podíamos dejar pasar desapercibido dada su connotación histórica: una feria sindical de información sobre derechos laborales a la luz de la nueva legislación en este campo, la Reforma Procesal Laboral (RPL).

¿Qué tiene de histórico? ¿Por qué no podía pasar desapercibida una simple feria sindical? Hablamos de que en terrenos propiedad de una de las más famosas empresas transnacionales bananeras que operan en Costa Rica, se dio una actividad sindical a la luz del día, totalmente abierta, con presencia de trabajadores y de trabajadoras de la producción bananera y piñera de la zona, aglutinados en el Sindicato de Trabajadores de Plantaciones Agrícolas (Sitrap), cuya dirigencia de manera atinada promovió tal evento; tipo de evento que no se realizaba con tal carácter abierto y al aire libre, en terreno bananero de propiedad privada, desde hace unos 33 años; desde los tiempos de la famosa huelga bananera de 1984, la de Golfito, en la Zona Sur del país.

Esto es lo histórico y el sindicato Sitrap fue protagonista al romper los tiempos del oscurantismo de la lucha obrero-bananera, luego de muchos años de lucha cotidiana constante y, por no poco tiempo, clandestina, por preservar el ideal y el legado de la legendaria tradición sindical bananera de nuestro país, ligada a logros históricos como la jornada de las 8 horas en suelo costarricense.

Nosotros interpretamos la feria sindical realizada en la finca Duacarí 4, de Guápiles, como signo de un nuevo comienzo, de un nuevo relanzamiento, de una nueva redefinición del desafío sindical obrero en estos duros tiempos de globalización neoliberal; pero sin el carácter de vertebración ideológico-partidaria que tuviera aquel sindicalismo bananero original, sin que por ello haya que renegar de ese pasado de la lucha bananera lleno de sacrificio, de sangre obrera pero de conquistas que sobrepasaron la frontera de la reivindicación bananera en sí; redimensionando y releyendo ese pasado para transmutarlo a los desafíos de nuestros tiempos, que supone el ejercicio de una Libertad Sindical que deberá ser plenamente respetada por este tipo de corporaciones de plantaciones agrícolas, tanto de orden transnacional como criollas, aunque sea a regañadientes.

Esta especie de nuevo relanzamiento y de nueva redefinición de la lucha sindical obrera bananera y piñera, especialmente, nace con visos de articulación solidaria entre grupos trabajadores ya experimentados por tenaz lucha como lo son los afiliados al Sitrap, juntándose ellos con los nuevos colectivos que están luchando por emerger a la vida obrera organizada en las comunidades de Sarapiquí (Heredia) y Buenos Aires (Puntarenas).

Sitrap, que ha logrado posicionar una práctica sindical “no rentista” para enfocarse en la incidencia que da la organización a través de la educación y la capacitación, logró un sitial de honor en todo el proceso gestor de la Reforma Procesal Laboral (RPL), durante sus casi 20 años de duración, pues siempre lo apoyó.

Hoy, la RPL operando en la realidad cotidiana de la finca agrícola debe consolidarse con el apoyo decidido de los propios trabajadores potenciales beneficiados de esta, junto a la actitud militante y éticamente correcta de su dirigencia de base y general de cada sindicato.

Los “Juan Carlos Bolaños” no son de ahora. Están intrínsecamente asociados a la clásica política del bipartidismo tradicional ejercida por los partidos Liberación Nacional y Unidad Social Cristiana, el PLUSC como los conoce el pueblo.

Los personeros de estos dos partidos que ahora se están rasgando las vestiduras por el escándalo del cementazo representan colectividades políticas que tienen demasiado techo de vidrio para lanzar piedras cargadas de ética y de transparencia.

Es más, esto del cementazo parece que también les está pringando, por cuanto ya se sabe de figuras políticas relevantes de esos dos partidos que tenían y que tienen relaciones con el más afamado empresario del momento.

Los “Juan Carlos Bolaños”, ese entramado de negocios entre político-empresarios y/o empresarios-políticos ha movido siempre, y en muchas situaciones con intenciones nada buenas, mecanismos de toma de decisiones de política pública, llegándose hasta el más alto nivel de la alta cúpula político gerencial y tecnocrática del Estado. Durante los gobiernos PLUSC esto fue cosa de todos los días.

¿Qué es lo grave ahora? Pues que se da en un gobierno del Partido Acción Ciudadana (PAC), cuyos basamentos fueron los nobles principios más fundamentales de la cosa pública: la transparencia, el combate al tráfico de influencias y al compadrazgo político, especialmente cuando se trata de acceder a negocios con fondos públicos.

Pero hay que preguntarse: ¿acaso en el presente gobierno y en todos los puestos decisorios del mismo, de toma de decisiones de alto contenido político, fueron colocadas figuras jerárquicas “químicamente puras” del PAC? ¡No! ¿Está pagando el PAC el precio por sus “malas juntas”?…

El cementazo debería obligar a este partido a “exorcizarse”, a hacerse una introspección, a una autocrítica pública en tal sentido, pues difícilmente se pueden sustentar principios con personas que no creen en los mismos, aunque su honorabilidad no esté o no haya estado en entredicho.

Indudablemente que las gestiones políticas para facilitar la inserción en el mercado duopólico de las empresas del señor Juan Carlos Bolaños expresan un compadrazgo político. ¿Bienintencionadas esas gestiones? A veces pensamos que sí… a veces pensamos que no. Se trata de un mercado que mueve más de 500 millones de dólares anuales. Bien dice el refrán que “de buenas intenciones está empedrado el camino del infierno”.

No conocemos las intimidades de esas gestiones, pero el beneficio de la duda cede ante la magnitud de las revelaciones que se han venido conociendo de lo que pasó con los abultados créditos otorgados por el Banco de Costa Rica (BCR), en los cuales hay cemento involucrado.

Llevar al ciudadano empresario don Juan Carlos Bolaños a Casa Presidencial, lograr que se reuniese con el primer mandatario, así como que el diputado don Víctor Hugo Morales Zapata preguntara por facturas pendientes de pago a sus empresas por negocios con la Comisión Nacional de Emergencias (CNE), es compadrazgo político y con connotaciones de tráfico de influencias, según la percepción de una ciudadanía que ha venido siendo reiteradamente estafada, políticamente hablando, cuando en campaña electoral se le dice una cosa y en la acción gubernativa se hace otra; percepción que es abrumadoramente mayoritaria en el seno, por ejemplo, del pueblo trabajador.

Ahora bien, la circunstancia anterior no puede verse alejada de que, en el mercado del cemento, así como en otras actividades relevantes de la economía, ese cuentico del “libre” mercado y de la “libre” competencia es precisamente eso: cuentico. Lo real es que los monopolios (la revisión técnica vehicular, por ejemplo), los duopolios (como en este caso, el del cemento), y los oligopolios controlan las partes más sensibles del sistema económico costarricense.

La introducción de un tercero para romper el duopolio cementero (necesidad inobjetable) no debería ser motivo de escándalo, pero todo lo que hasta ahora se sabe al respecto lo generó; aún más con la potenciación farisea de ciertas matrices mediático-dominantes de clara definición ideológica (que, por cierto, son las mismas de la infame campaña contra el empleo público); coludidas éstas con los odios entre figuras prominentes del PAC y del presente gobierno.

Aparte de reparar en todo lo anterior, con la misma intensidad y con la misma dimensión debemos escandalizarnos también por todas las circunstancias que se dieron para que el Banco de Costa Rica (BCR) otorgara dos gigantescos créditos de “corte cementero” (con alteración de actas incluida).

Debemos preguntarnos si el BCR recuperará los 30 millones de dólares que le prestó a don Juan Carlos Bolaños para la importación del cemento chino y en contra del indicado duopolio, por una parte.

Por otra, preguntarnos también si el BCR recuperará los 32.7 millones de dólares que le prestó a Coopelesca para que ésta le comprara a la cementera Holcim (parte del duopolio que don Juan Carlos Bolaños quiere romper con la ayuda el Gobierno), una planta hidroeléctrica de dudosa presentación; préstamo éste otorgado siendo simultáneamente directivo del BCR un altísimo jerarca corporativo de esa cementera; personaje quien a la vez es integrante de uno de los bufetes de mayor poder en el país al servicio de la hegemonía económica dominante.

Conclusión: presunto tráfico de influencias por todo lado y en un gobierno PAC… como en los “tiempos de oro” del bipartidismo PLUSC.

El Gobierno presentó para su trámite parlamentario el proyecto de Ley de “Presupuesto Ordinario y Extraordinario de la República” para el ejercicio económico 2018. Noten cómo le pusimos comillas al nombre de este proyecto de ley dado que la Asamblea Legislativa solo conoce, anualmente, apenas el 40% de la estructura financiero-presupuestaria de todo el país, dado que el 60% restante solamente se tramita ante la Contraloría General de la República (CGR).

Así, por ejemplo, el presupuesto de una mega-institución como la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) no se considera como parte del “Presupuesto Ordinario y Extraordinario de la República”. Ni el del ICE, ni el del INS, ni el de los bancos públicos, ni el de Japdeva, ni el de Recope (entre otras entidades y empresas estatales).

Hecha esta aclaración y centrándonos en la propuesta gubernamental del “Presupuesto Ordinario y Extraordinario de la República” para el ejercicio económico 2018, tenemos lo siguiente:

Primero: De los 9 billones 300 mil millones de colones presupuestados para el año entrante, la tercera parte es servicio de la deuda pública, para pagar préstamos y/o para pagar intereses, ¡3 billones 100 mil millones de colones habrá que dárselos a los acreedores del país, ya sea personas-entidades nacionales o extranjeras! ¡Poco más de 10 puntos porcentuales del Producto Interno Bruto (PIB)! ¡Cómo hace falta una auditoría ciudadana de la deuda que hace tiempo venimos proponiendo!

Segundo: Esos 9 billones 300 mil millones de colones no estarán totalmente disponibles en el 2018, solamente están presupuestados. Este Gobierno (ya saliente) y el entrante tienen que ir a pedir prestado casi la mitad de toda esa plata presupuestada: un 45 %, sea, unos 4 billones 140 mil millones de colones. ¿Adónde iremos a dar?… El endeudamiento público sigue y sigue y sigue… Pero pensándolo mejor, para los primeros cuatro meses del próximo año 2018 y que son los últimos de esta Administración, “sí habría plata”. ¿A qué clase de ajuste fiscal nos veremos sometidos no más entrando el nuevo Gobierno si éste fuese declarado abierta o solapadamente neoliberal?

Tercero: Los servicios públicos que brinda el Estado central seguirán deteriorándose; en algunos casos (si es que ya no está sucediendo), los empleados públicos a cargo de estos llegarán a las oficinas a sentarse únicamente, pues no habrá ni los materiales mínimos, realmente mínimos, para hacer que se trabaja. Es más, en algunas dependencias podrían cortarse los servicios de luz y de agua, pues se anuncian hasta recortes en estas partidas.

Cuarto: A la “criatura chineada” del presupuesto “de la República”, el sector Educación, le llegó su hora. Le rebajan casi un punto y medio de PIB y ya no le asignarán el 8% de este que ordena la Constitución Política de Costa Rica. Por otra parte, los servicios públicos policiales a cargo de la seguridad ciudadana en sus diversos ámbitos (Fuerza Pública, Policías Penitenciaria, de Tránsito, Profesional de Migración y Extranjería, Fiscal, Ecológica (guardaparques), Aeroportuaria, Judicial, Control de Drogas) continuarán su viacrucis presupuestario y la contradicción en que se prestan: cada vez tienen menos plata, por un lado; por el otro, el crimen organizado, la violencia común y delincuencial, así como la violencia en todas sus formas sigue en impetuoso ascenso. Para obras de infraestructura la contradicción también es notoria: menos presupuesto, pero más necesidad (incluso a nivel municipal la crisis fiscal se va a hacer muy notoria en tal sentido).

Quinto: ¿Por qué hemos llegado a este escenario fiscal con estos elementos? A: De cada dos colones que ocupa el Estado central para funcionar se debe ir a pedir prestado uno. B: De cada tres colones presupuestados, uno es para atender los compromisos de la deuda pública. C: Se está llegando (o ya se está sobrepasando), la “capacidad tolerante” en materia de deuda pública: entre 50 y 53 del PIB en el más corto plazo. D) El déficit fiscal (la diferencia entre ingresos vs. Gastos del Gobierno), va del 5% o del 6% del PIB hacia arriba, en los próximos meses… ¿Qué hacer…? ¿Qué hacemos? Ideas y planteamientos sobran. ¡Sobra plata en este país! El problema es cómo se está distribuyendo.

La actual derecha política parlamentaria, especialmente la que se apoderó de lo que una vez fuera el socialdemócrata Partido Liberación Nacional (PLN), por una parte; y, por otro, la que abortó que el Humanismo Cristiano fuera la real bandera filosófico-ideológica de lo que queda como Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), debe tener claro lo siguiente: en materia de empleo público no hay nada que ceder ni tampoco nada que negociar. Al menos, esta es nuestra posición dentro de la corriente sindical nacional que nos honramos en representar. ¿Por qué? Ya explicamos…

Así como nos negamos a participar en una “mesa de negociación” para legitimar un proceso de agresión en contra de la clase trabajadora como lo es la rebaja salarial generalizada del 1%, con relación al régimen de pensiones de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM); tampoco cuenten con nosotros para legitimar un proceso adicional de empobrecimiento salarial (ataque a los pluses del empleo público), considerando que, por un lado, la verdadera razón del déficit fiscal no está en los salarios devengados por empleo público; y, por otro, desde la acera del frente no se muestra ni la más mínima voluntad de cambios de fondo para el injusto sistema tributario que agobia a las clases trabajadoras que sí son puntuales pagadoras de impuestos.

Para empezar, el hoy neoliberal PLN es el responsable directo de una importantísima parte del problema del déficit fiscal actual.

Nos impusieron, con Óscar Arias Sánchez a la cabeza, un tratado de “libre” comercio, el TLC con Estados Unidos, que habría generado entre 2 puntos y 2,5 puntos de Producto Interno Bruto (PIB), como pérdida recaudatoria en aduanas.
Y el mencionado ciudadano, en su condición de Presidente de la República en ese entonces, estaba tan consciente de ello que, aun cuando pedía a gritos la aprobación de ese TLC, también indicaba que él le daría al país la reforma tributaria que se necesitaría para reponer tal pérdida.

A diez años de ese TLC, que se cumplirán el próximo 7 de octubre, calculemos cuánto perdió el fisco si solamente nos quedamos con la cifra de 2 puntos PIB, por año: ¡20 puntos PIB! Es decir, conservadoramente hablando, 6 billones de colones: ¢6.000.000.000.000.

Reponer esta gigantesca cantidad de dinero dejado de percibir en las aduanas del país por ese tipo de TLC (y otros de menor calado), implicaba no solamente aprobar las leyes necesarias para cambiar, profundamente, la estructura actual del impuesto sobre la renta, pero por el lado de la progresividad tributaria (que paguen más los que más tienen); sino que, se debió endurecer, radicalmente hablando, la política pública contra el robo de impuestos en todas sus manifestaciones.

Y aunque en este último caso en la presente Administración gubernativa se han dado avances sustanciales para atacar el robo de impuestos, lo real es que, sin transformaciones estructurales tributarias de carácter progresivo y por el lado del impuesto sobre de la renta, especialmente, no habrá cambios sustanciales para el manejo de esa obsesión neoliberal por el déficit fiscal.

Consideremos que, como la mencionada cantidad de impuestos vía aduanas dejó de llegar a las arcas públicas producto del TLC liberacionista-neoliberal, el país tuvo que reponerla con endeudamiento público a tal nivel que, actualmente, a diez años después del TLC de don Óscar Arias Sánchez, solamente en pago anual de intereses se tiene que erogar, del presupuesto nacional, unos 3 puntos porcentuales de PIB, casi un billón de colones.

¿Qué culpa tienen los y las policías del país, que son empleo público, en toda esta situación? ¡Ninguna! ¿Qué culpa tiene el personal municipal nacional, que también es empleo público, en toda esta situación? ¡Ninguna!

¿Qué culpa tiene el personal operativo, administrativo, técnico y profesional del Estado (especialmente el de su administración central y entidades conexas a este), en toda esta situación? ¡Ninguna!

¿Qué culpa tienen las convenciones colectivas de trabajo firmadas y vigentes en el sector público, cuando ninguna de ellas tiene algo que ver con el déficit fiscal?
Toda persona trabajadora asalariada del sector público, “a esta altura del partido”, sabe ya a qué atenerse en materia de defensa de su trabajo, de su empleo, de su estabilidad laboral y de su salario; que todo esto junto no es más que la defensa de su propia familia y la defensa de la estabilidad financiera, socioeconómica y psicosocial de esta.

En materia de empleo público, entonces, ¡nada que ceder!, ¡nada que negociar. ¡Jamás le creeremos a esa derecha política mentirosa, embustera, manipuladora y sus insignes representantes parlamentarios de hoy, que exige que se le entregue derechos conquistados del empleo público a cambio de que ella misma se ponga a pagar la renta como debe ser, o que deje de robar y/o cohonestar el robo de impuestos! En este chantaje político, ¡no nos embarrarán!

La carretera que une
Vuelta de Kooper con Chilamate,
Casi es mejor
Cruzarla en un yate.

Hay varias partes
Que se estàn inundando,
Y es más seguro
Pasar navegando.

Aquellas personas
Que son atrevidas,
Se pueden llevar
Un buen salvavidas.

El gobierno se necuentra
metido en un lío,
la empresa le hizo
El cauce de un río.

Lo más atinado
Para que el tortòn no se note,
Es que la unan al Sarapiquí
y que viajen en bote.

De esa manera
Pasa uno soplado,
y llega rapidito
A Barra del Colorado.

En febrero pasado tuvo lugar en el Estado Vaticano el seminario “El derecho humano al agua”. En su clausura el papa Francisco fue contundente: “…el derecho al agua es determinante para la sobrevivencia de las personas y decide el futuro de la humanidad”; pidiendo él garantizar ese derecho de forma efectiva en los ordenamientos jurídicos de los Estados y se reconoció dolorido cuando observa cómo en algunos países no se da prioridad a esta materia.

Dijo el papa Francisco: “Es doloroso cuando en la legislación de un país o de un grupo de países no se considera al agua como un derecho humano. Más doloroso aun cuando se quita lo que estaba escrito y se niega este derecho humano”.

¿Por qué, entonces, golpear el papel histórico que ha venido desempeñando en nuestro país, el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA) en materia de provisión de agua potable al pueblo costarricense? ¿Por qué negar, ahora, el estratégico rol que, complementariamente y en este delicado asunto de salud pública, han venido jugando las Asadas?

Es con base en esta extraordinaria reflexión papal sobre la relevancia del agua en los actuales momentos tan dramáticos que vive la humanidad, que conceptuamos nosotros como irresponsable y sospechosa, una iniciativa de ley de privatización del servicio de agua potable en nuestro país, vía el sistema cooperativo, misma que está tramitándose en estos momentos en la Asamblea Legislativa.

El Expediente Legislativo No.19.441, para la eventual aprobación de la “Ley de Autorización a las Cooperativas para Administrar Sistemas de Acueductos y Alcantarillados”, es una intentona privatizadora del hasta hoy día servicio público suministrador de agua potable y de alcantarillado sanitario; servicio público ya sea en manos de AyA, de las Asadas, de municipalidades y de algunas empresas públicas regionales.

Todas éstas deben invertir los recursos que cobran por tarifas en el mejoramiento de tales servicios públicos, no repartirlos, como dividendos, entre los usuarios. El citado proyecto quiebra este principio de promoción del bien común que inspira su prestación, por el de apropiación privada de los recursos de cobro de tarifas, por más manto cooperativo que se dé a tales servicios.

Prestigiosas casas de estudios superiores del sistema educativo público de nuestro país han expresado su posición en tal sentido, específicamente, la Universidad de Costa Rica (UCR) y el Instituto Tecnológico de Costa Rica (ITCR).

La UCR, pese a reconocer que “…las cooperativas son asociaciones voluntarias de personas, no de capitales, y aunque han contribuido en el desarrollo económico y social del país, no dejan de ser entidades de carácter privado, y como tales se ven obligadas por ley a hacer una distribución de utilidades o excedentes entre sus afiliados, de forma periódica”.

¡Exactamente! Si en una comunidad de 1.000 personas, solamente 100 deciden cooperativizar su servicio de suministro de agua potable, las otras 900 deberán pagar por el mismo de forma tal que tal servicio no solamente sea sostenible financieramente hablando, sino que dé dividendos (rentas) para que las 100 personas socias cooperativas se los repartan entre sí. ¡Aquí empieza el negocio!

“¡Hecha la ley, hecha trampa!”. Este proyecto para privatizar el agua cooperativizándola, hará que surjan, por una parte, inescrupulosos negociantes de la vida con fuerte capital en el bolsillo, que ven en la mercantilización del agua una nueva fuente de lucro privado seguro, arrinconando a comunidades vulnerables para que cooperativicen la Asada local y le permitan ser “socio cooperativo”.

Por otro lado, habrá más de un vivillo de esos que forman cooperativas solamente para votar en su sistema eleccionario interno, las denominadas “coopevoto”, que también irán a la caza de incautos para venderles este tipo de ideas privatizadoras de la provisión de los estratégicos servicios de agua y alcantarillado.

“Hoy leemos que existen ‘coopevotos’, o, sea, cooperativas fantasma y todo tipo de figuras que permiten fraudes electorales y parece que de otro tipo. Nos preocupa que esto se puede extender para hacer negocios con el agua de consumo humano que escasea y está en disputa entre los distintos usos con los cuales hoy lucran las mismas cooperativas. El cooperativismo no está en su mejor momento para pretender hacer negocios con el agua pues los diputados han hablado de generar empleo a partir de brindar el servicio que implica mayores costos en tarifas para las comunidades más pobres. Esto es un contrasentido”. La opinión que acabamos de consignar es del ciudadano don Mauricio Álvarez Mora, presidente de la Federación Costarricense para la Conservación del Ambiente (Fecon). Como vemos, el movimiento ecologista nacional también está en contra del proyecto para privatizar el agua cooperativizándola. Creemos que toda la sociedad cívica y el pueblo trabajador debemos rechazar el indicado proyecto de ley; llamado muy especial para la comunidad laboral de AyA y sus organizaciones.