Categoría: Opinión

Tanta agresión, tanta infamia, tanta calumnia, tanta difamación, tanta agresión verbal y escrita en contra del empleo público, no deben quedar impunes.

La perversa campaña de agresión psicológica y de terrorismo ideológico desarrollada contra quienes tienen una relación asalariada con el Estado, la cual ajusta ya casi 36 meses continuos de sistemática continuidad, debe ser repudiada en las urnas electorales de febrero de 2018, tanto las de la votación presidencial como la diputadil.

El poder del voto del empleo público debe manifestarse en esos comicios como una acción cívica resarcitoria de la pérfida agresión a la dignidad, a la ética, a la moral decente de miles de personas trabajadoras asalariadas empleadas públicas (y sus familias); todas las cuales han sido criminalizadas ante la sociedad y vilipendiadas ante la ciudadanía, mediando crueles episodios de terrorismo mediático ejercido por cierta prensa “políticamente-matriz” y sus repetidoras televisas y radiofónicas.

El terrorismo mediático contra el empleo público, ejercido por la más insigne prensa del capital oligárquico-neoliberal, ha sido vehiculizado a través de notas de prensa subjetivizadas, editorializadas, radicalmente parciales y sin equidad informativo-comunicacional; reproducidas con la prosternada conducta de opinólogos, amanuenses y su peonada electrónica que pulula por las redes sociales.

El conglomerado laboral del sector público, considerado de manera integral, puede rondar las 330 mil personas con relación asalariada para con el Estado, su empleador. Si en cada uno de estos hogares trabajadores la cantidad de ciudadanos con derecho a voto es de 4 electores, tendríamos entonces un universo sectorial-electoral de 1 millón 320 votantes; votantes que, como prioridad social y estratégica, lo que les corresponde es elegir pensando en la seguridad de su empleo y de sus respectivas familias.

Estamos hablando de, prácticamente, la tercera parte del padrón electoral nacional con un peso político potencial en el resultado final de las elecciones del próximo febrero de 2018, más que evidente. Y si lo estructura organizadamente para una incidencia predeterminada, el resultado podría ser altamente satisfactorio para quienes nada tienen que ver con el déficit fiscal ni con el robo de impuestos, como lo son las personas trabajadoras estatales.

Si las distintas organizaciones sociolaborales, sindicales, cooperativas y académico-profesionales que aglutinan el amplio tejido social del sector público, articulan una estrategia de incidencia electoral, abierta y/o subliminalmente, para orientar el voto del empleo público de cara a los comisiones nacionales de febrero venidero y, aunque no sea la totalidad de ese mundo organizado del Estado sino una parte significativa de él; es muy probable que el resultado electoral final le cierre el paso a los detractores abiertos y/o disimulados del empleo público.

En todo caso, no sería una experiencia nueva porque en las elecciones presidenciales del 2006, del 2010 y del 2014, hubo procesos de incidencia desde el afuera electoral formal-oficial con resultados nada desalentadores.

El electorado trabajador asalariado del sector público (el que no forma parte del alto estamento político-tecnocrático y gerencial-corporativo de las magnas jerarquías estatales), debe auscultar a cada una de las actuales personas precandidatas presenciales y, con más razón, cuando las candidaturas presidenciales estén suficientemente perfiladas y definidas; de forma tal que esa auscultación, ese examen político, permita determinar su real y verdadera posición en materia de empleo público.

Ese examen político a cada precandidatura presidencial debe determinar las relaciones político-mediáticas que han tenido en su desempeño en la función pública y el propio desempeño en la misma; debe incluir sus acciones políticas y posturas pasadas, escritos, declaraciones y pensamientos, tanto como los del círculo más íntimo y más fiel de quienes le colaboran, le asisten, le acompañan y le adulan.

No hay duda de que en materia de empleo público y de reforma del Estado nada serio se ha hecho hasta estos días, puesto que todas las propuestas son ideológicamente de orden fiscalista y no se han presentado opciones impulsadas por el bien común y la inclusión sociales. Por el contrario, esas propuestas de reforma del Estado son las concebidas para la apropiación privada de la cosa pública, especialmente aquella parte de la misma de mayor rentabilidad corporativa. Lo que se ha dado hasta ahora en materia de reforma del Estado es lo que la voracidad mercantilista ha devorado en el seno del servicio público.

Por eso es que el resto de todos los demás intentos han fracasado (y fracasarán) porque están impregnados de un odio de clase proveniente del ejercicio de ese terrorismo mediático cuyo papel, principalmente, ha sido de envenenamiento a la ciudadanía y de sembrador de odio y de cizaña, como esa aplicación electrónica que exhorta a quien labora para el sector privado a comparar su salario con el que devengaría si tuviera empleo público; induciendo a error como si todo el mundo en el sector público tuviera salarios exorbitantes, negando la realidad de que la abrumadora mayoría del personal estatal asalariado es de ingresos bajos y precarios, así como de ingresos medios de corte decente.

Cualquier precandidato presidencial ahora, o candidato presidencial después, que esté tutelado, apadrinado, acompañado, guiado o puesto por la intencionalidad ideológica del terrorismo mediático desplegado contra el empleo público y contra quienes laboran asalariadamente para el Estado, no merece un voto de este gran segmento electoral ciudadano. Votar por este tipo de político vendría a significar una especie de harakiri político individual y familiar.

Andrés Oliva es un ciudadano argentino especialista en periodismo digital y redes sociales, a quien le leímos recientemente sobre el tema del terrorismo mediático.

¿Terrorismo mediático? ¡Sí! Uno siempre ha pensado que terrorismo es, únicamente, la acción del tipo pone-bombas y/o que se suicida cargado de explosivos generando una gran cantidad de personas inocentes vilmente asesinadas de esta forma.

Terrorismo, según el Diccionario de la Real Academia, es la “dominación por el terror” o “la sucesión de actos de violencia ejecutados para infundir terror”. En la edición 23 del Diccionario se agrega otra acepción que es la “actuación criminal de bandas organizadas, que, reiteradamente y por lo común de modo indiscriminado, pretende crear alarma social con fines políticos”.

Parece que el terrorismo tiene otras expresiones malévolas, dentro de las cuales, la de orden mediático merece gran atención en estos tiempos tan complejos; tiempos en los cuales se nota que algunos “grandes” medios de comunicación colectiva dejaron de serlo, en sentido estricto, para convertirse en militantes ideológicos de una visión-país “todo-mercado”; propiciando la máxima concentración posible de capital, fomentando la mayor exclusión y desintegración sociales y contrariando de múltiples formas la instauración plena del bien común.

A estos “grandes” medios de comunicación colectiva, dado su fuerte componente corporativo-empresarial, se les conoce como latifundios mediáticos y se han trasformado en verdaderos polos de poder político-hegemónico, asumiendo el papel de reales partidos políticos como se ha demostrado en los casos de Argentina, Brasil, Bolivia, Ecuador, Venezuela, México, Chile y otros… ¡y también en Costa Rica!

Dice el mencionado periodista en su definición de terrorismo mediático: “Es el protocolo o acción previamente diseñada en la que se utilizan los medios de comunicación nacionales e internacionales (prensa, radio, televisión, cine, internet, redes sociales, celulares, vallas, etc.) para crear atmósferas y/o sembrar miedo, odio y terror en la población con el propósito de desestabilizar y/o derrocar gobiernos, destruir su economía, destruir liderazgos, horadar apoyos populares, provocar confrontaciones violentas entre la población, guerras civiles, etc.”.

Pensemos por un momento. ¿Esta definición, en todo o en parte, podría calzar con algún “gran” medio de prensa nacional?

“El terrorismo mediático incluye a periodistas y opinadores de oficio que actúan como mercenarios y sicarios mediáticos. Recurre a la mentira, manipulación, intoxicando a la opinión pública. Son verdaderas operaciones de guerra psicológica en las que se suprimen, esconden, desaparecen la verdad y/o hechos objetivos”.

Así continúa el mencionado comunicador argentino, ilustrándonos sobre el tema. ¡Pensemos de nuevo! ¿Verdad que algo conocido tenemos por acá, en este país?

Atendamos esta otra parte: “El terrorismo mediático no da margen a la improvisación, se caracteriza por ser un ataque masivo en el que se combinan todos los medios posibles y, como se ha dicho: participan periodistas, expertos o especialistas tarifados, quienes mantienen latente la intoxicación mediática el mayor tiempo posible”.

En nuestro propio caso, y desde la corriente sindical en la cual nos movemos cotidianamente, ajustando ya casi treinta y seis meses de enfrentar la más intensa campaña en contra del empleo público jamás vista desde la fundación de la Segunda República, en 1949; esta última parte de la definición sobre terrorismo mediático nos conecta con nuestro propio criterio de que esa campaña contra el empleo público ha sido de agresión psicológica y de terrorismo ideológico y, por ende, mostrando enorme congruencia con la definición conceptual de terrorismo mediático que nos formula el periodista argentino Andrés Olivas.

Evidentemente, esto del terrorismo mediático es pieza fundamental del criterio de muchos expertos acerca del concepto de “democracias secuestradas”: “Las oligarquías no perdonan ni ceden un centímetro de los feudos que conquistan. Una vez que se hacen del poder, acomodan las reglas de juego para garantizarse que no serán desplazadas”.

Esto lo escribió el columnista y periodista costarricense don Álvaro Madrigal en su artículo “En las democracias secuestradas…

Además, indicó en su escrito lo siguiente: “… En Costa Rica la oligarquía contrala toda instancia de poder y nada pone en peligro su coto de caza”.

El tema da para muchísimo más. Procuraremos volver sobre este en fecha próxima.

En vísperas de la reunión conciliatoria, convocada por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), en la persona de la Viceministra de Trabajo, el señor Director General de la Fuerza Pública, emite la Directriz Nº 003-2017-VD-JJAM-DGFP, con la que ordena dejar sin efecto la implementación del rol 4×2, y en su lugar, establece la implementación de un rol de 3×3. Se acerca mucho a nuestra propuesta, que era de un 4×4, para quienes anteriormente laboraban en rol 2×2×2, y luego 4×2.

No obstante, tal acción, la ejecuta dejando de lado la ética profesional, que está obligado a observar, al darle los créditos de tal situación, a una sola organización sindical, desconociendo deliberadamente, nuestro proceso, tratando de invisibilizar la manifestación pacífica, celebrada el pasado 24 de febrero del presente año, que contó con la participación de más de 1600 personas, que se encontraban en su día libre.

Así mismo, nuestra propuesta siempre fue que se mantuviese el rol de 6×6, para quienes, por razones de distancia, se les imposibilita viajar a sus casas a diario, después de la jornada de trabajo de doce horas, que cumple cada policía.

En torno al rol 5×2, es importante citar que, anteriormente, en el año 2015, habíamos logrado que se redujera la jornada de doce horas, a diez horas diarias. La Circular Nº 69-2015-DGFP, fue producto de las mesas de dialogo que mantuvimos para la época.

Nosotros, la Seccional ANEP Fuerza Pública, a pesar de la falta de ética observada, por parte del señor Director General, a quien únicamente le faltó poner el logo de la organización sindical, posiblemente de su simpatía, celebramos que se deba reconocer lo que nosotros veníamos señalando. Queda demostrado que sí era factible la implementación de un rol de trabajo, que viniera a favorecer la salud integral de nuestros compañeros y compañeras de la Fuerza Pública; ¡solo faltaba buena voluntad!
Para nosotros, no es relevante a quien le den los créditos, la historia es imborrable.

Ahora más bien, seguiremos en la lucha por la reglamentación de los roles de trabajo, de manera tal, que no se continúe en esta constante manipulación, reposición de incapacidades y demás atropellos. La falta de planificación, la desorganización y la inseguridad jurídica, deben ser erradicadas, a efectos de favorecer el bien común de nuestros oficiales, y por consiguiente, el servicio de seguridad ciudadana.

Por ello, asistiremos tal como está programado, el próximo jueves 09 de marzo, al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, en atención de la convocatoria realizada por la señora Viceministra de Trabajo, cita que como es de dominio público, surge como resultado de la manifestación pacífica antes citada.

Cuando el entonces Presidente de la República, don Óscar Arias Sánchez, en su segundo mandato (2006-2010), mediando un resultado electoral muy cuestionado y de dudosa transparencia; asumió la bandera político-ideológica del “libre” comercio neoliberal convirtiéndose en el militante número uno en favor del TLC con Estados Unidos (el “frauduréndum” del 7 de octubre de 2007); eso representó el acto final de un largo proceso de transformación (más bien de degeneración política) del carácter auténticamente socialdemócrata del histórico Partido Liberación Nacional (PLN), para convertirse en un partido neoliberal que acogió como suya la agenda del capital financiero-bancario, en lo esencial.

Diez años después del “frauduréndum” del TLC con Estados Unidos, “lo más exitoso del neoliberalismo ha sido la privatización de la felicidad” . Así lo afirma el prestigio intelectual-profesor y académico-investigador universitario, don Carlos Sandoval García. (Entrevista “El sueño de un mundo sin muros”, Suplemento de Cultura Áncora, periódico La Nación, domingo 26 de febrero de 2017).

“Los que hoy vienen en bicicleta, con el TLC vendrán en motocicleta BMW, y los que vienen en un Hyundai, vendrán en un Mercedes Benz, en esto consiste el desarrollo”. Así resumía el entonces Presidente Arias Sánchez la “felicidad” que nos daría el TLC con Estados Unidos; “felicidad” que está privatizada como lo apunta el intelectual mencionado. (“Cuál fue el legado político que dejó Óscar Arias Sánchez”, artículo nuestro del 22 de setiembre de 2016 para La Prensa Libre digital).

Diez años después, el Partido Liberación Nacional (PLN) va con cuatro precandidatos presidenciales a una convención electoral interna en el próximo mes de abril. Es un acontecimiento esencialmente político que debe ser analizado más allá de las propias fronteras partidistas, considerando que este partido fue fundamental para la construcción de un fuerte Estado Social de Derecho; pero, a la vez, ha sido parte esencial del ataque al mismo conforme a la agenda neoliberal que asumió como suya, abjurando de los valores de la socialdemocracia clásica.

Si “lo más exitoso del neoliberalismo ha sido la privatización de la felicidad”, ¿quiénes son los infelices producto de políticas tipo TLC’s principalmente promovidas por el PLN? 1) Ese 40-45% de población trabajadora en la informalidad. 2) Ese 33% de población trabajadora asalariada que labora para el sector privado y a la cual ni el bajísimo salario mínimo se le respeta. 3) Quienes sufren el dolor del desempleo que podría estar ya por encima del 20% aunque las cifras oficiales lo situación cerca del 10%. 4) La juventud desempleada que en un dramático porcentaje del 48% de entre los 18 y 35 años, no encuentran trabajo.

Y podemos seguir citando más circunstancias derivadas de “la privatización de la felicidad” producto de los tiempos de los TLC’s neoliberales que promovió el PLN:

La crisis fiscal más grande de la historia económica del país, según la perspectiva neoliberal: casi 6 puntos porcentuales de Producto Interno Bruto (PIB), como déficit; la tercera parte del presupuesto del Estado central se va, prácticamente, en pago de intereses. La clase trabajadora asalariada del sector público está pagando las consecuencias al tener su salario congelado.

Una evasión fiscal y un sistema de robo de impuestos del orden de 8.5 puntos PIB, superando el promedio en la América Latina en tal sentido, que según la CEPAL es del orden del 6.7%. Nos heredaron un sistema tributario profundamente regresivo, injustamente agravado con los 2.5 o 3.5 puntos porcentuales de Producto Interno Bruto (PIB) que el fisco perdió por recaudación aduanera que esos TLC’s impusieron no cobrar.

¡Cómo no abríase dado “la privatización de la felicidad” en los tiempos neoliberales de los TLC’s que promovió el PLN si a concentración abusiva de la riqueza indica que el 20% más rico de la población acapara más del 50% de la riqueza nacional!

Evidentemente se requiera analizar con cuidado el trasfondo del pensamiento de cada una de las cuatro precandidaturas presidenciales que se disputan el liderazgo electoral del PLN. Es demasiada la deuda social derivada del engaño de que “…los que hoy vienen en bicicleta, con el TLC vendrán en motocicleta BMW, y los que vienen en un Hyundai, vendrán en un Mercedes Benz…,”.

En tal sentido y a propósito del debate presidencial liberacionista nos preguntamos: ¿cómo es que se pretende impulsar políticas públicas para mayor desigualdad, para mayor “infelicidad” como eso de insistir en que el déficit fiscal es culpa de los salarios que se pagan en el empleo público? ¿Por qué insistir en profundizar el abusivo sistema de generación eléctrica privada? ¿Por qué renunciar a recuperar el control aduanero en profundidad para tratar de aliviar el grave problema de las finanzas públicas?… Volveremos sobre el tema en fecha próxima.

El prestigioso académico costarricense don Carlos Sandoval García, investigador al servicio del Instituto de Investigaciones Sociales (IIS) de la Universidad de Costa Rica (UCR), afirmó este lapidario criterio: “Lo más exitoso del neoliberalismo ha sido la privatización de la felicidad”.

“La derecha se ha convertido en el centro del espectro político”, con lo cual se afirma luego que la socialdemocracia y la izquierda son los “grandes perdedores”.

“No se han dado cuenta de que hay un descontento que alcanza a un sector muy amplio de la sociedad y que frente a eso hay que imaginar un discurso nuevo”.

Y este otro criterio del destacado profesor universitario nos motivó para compartir con usted algunas reflexiones sobre lo que puede ser y hacer el sindicalismo hoy en nuestra Patria:

“El antiglobalismo se convirtió en estandarte de la derecha porque el neoliberalismo y la apertura comercial crearon mucho movimiento económico, pero profundizaron desigualdades: grandes masas se sintieron abandonadas por los éxitos que celebraban en el horizonte”.

Además, este notable intelectual costarricense agregó que “El espacio abandonado lo acapara la oleada antiglobalista, antimulticultural y antimigrantes”, para, de seguido, preguntarse: “¿Qué efecto tendrá en países como Costa Rica, que pasó de destacar como uno de los menos desiguales a ser uno de los más desiguales de América Latina?”.

“El sueño de un mundo sin muros” es el título de la entrevista de la cual hemos extraído los criterios anteriores, que a don Carlos Sandoval García le hicieran para el Suplemento de Cultura Áncora del diario La Nación, de este domingo 26 de febrero de 2017.

Considerando esa lectura sociopolítica del candente mundo de hoy que nos hace el distinguido pensador, misma que se puede compartir en todo o en parte; en nuestro caso, nos llevó a preguntarnos lo siguiente: ¿cuál podría ser el papel del movimiento sindical costarricense para las actuales circunstancias nacionales?
Bien se sabe que no somos dueños de la verdad en estos asuntos de los movimientos obrero-sociales, y que solamente expresamos una opinión surgida de la práctica cotidiana de la corriente sindical en la cual nos movemos todos los días.

La acción sindical debe ser concebida como un proceso sociopolítico que trascienda el clásico quehacer corporativista-gremial, pero sin abandonar éste, el cual viene a ser como la esencia natural de la organización sindical.

Debemos ubicarnos en la circunstancia de que la política hace mucho dejó de ser monopolio de los partidos políticos y que los reales sindicatos hacen política en el amplio sentido del término, pero sin entrar en el espacio electoral.

Esto de que la política dejó de ser monopolio de los partidos políticos también lo comprenden muy bien en el otro lado de la acera. Ahí está como prueba irrefutable la acción política de los denominados latifundios mediáticos que informan subjetiva y editorializadamente conforme a su propia agenda-país, abogando por los intereses del alto corporativismo del capital.

Ese sindicalismo sociopolítico, a su vez, debe tener su propia agenda-país en, al menos, esos grandes temas que tienen que ver con el bienestar de la clase trabajadora, con la promoción del bien común y la integración social y contra la creciente desigualdad; buscando generar la mayor incidencia en el sistema político para la adaptación de políticas públicas en esas líneas.

El objetivo estratégico inmediato de la acción de este tipo de sindicalismo sociopolítico consiste en aportar para bloquear la consolidación de un modelo económico concentrador de la riqueza, privatizador de los bienes públicos, depredador del ambiente y de la ecología, excluyente socialmente hablando de los beneficios del crecimiento económico.

A casi una década de la imposición que sufriéramos del tratado de “libre” comercio con los Estados Unidos, el TLC, mediando el “frauduréndum” del 7 de octubre del 2007, las tareas que han surgido a partir de la definición de ese objetivo estratégico inmediato para este sindicalismo sociopolítico están muy bien definidas si nos proponemos asumirlas, impulsando un proceso integral de incidencia política al más alto nivel.

Para ello se necesita acudir a los más diversos mecanismos para el desarrollo de tal incidencia que es multifacética: el análisis, el estudio, la reflexión, la propuesta, la interlocución intersectorial, el cabildeo, el debate y, por supuesto, la organización para la movilización bajo el concepto de “Democracia de La Calle”.

A la vez, tal acción del sindicalismo sociopolítico debe procurar establecer la mayor cantidad de alianzas posibles, intra y extra sindicalmente; incluso con colectividades político-partidistas y/o personalidades políticas con los cuales desarrollemos coincidencias en esos grandes temas.

Finalmente, como objetivo estratégico de mediano-largo plazo, este proceso sociopolítico de carácter sindical busca aportar para la construcción del nuevo sujeto histórico que amerita una transformación social impulsada por “los y las de abajo”.

Como podrán haber notado, apuntamos elementos que se pueden identificar como estrategia a considerar como esencial para la práctica del sindicalismo hoy en nuestra Patria. Recordemos que la estrategia se ocupa de cómo ordenar y tener bajo control todo el proyecto.

Se puede enriquecer tal estrategia, por supuesto, para adquirir un real carácter global e integral y abarcar todo el fin perseguido. Es en esta línea que hemos planteado el tema del Sindicalismo del Bicentenario e insistiremos mucho en ello.

Guardando las dimensiones matemáticas obvias, pareciera ser que entre más candidatos presidenciales aparecen, menos gente está interesada en la política electorera de este tipo. Sin embargo, ya tenemos discursos, arengas, eslóganes, consignas, anuncios, promesas… ¡Y hasta propuestas en algunos casos!

Pero, a hoy, ninguno, pero ninguno, está tocando el tema del salario mínimo que se paga a la clase trabajadora que labora para el sector Privado, a un tercio de la cual ni siquiera se le respeta ese salario mínimo sumamente bajo, considerando que Costa Rica es un país muy caro para vivir, por un lado; y, por otro, que el espejismo de la inflación cero (o cercana a cero), no puede ocultar que el deterioro del poder de compra del salario de la persona trabajadora es una cruel realidad socialmente injusta. Veamos esta situación un poco más integralmente.

Considérese que, prácticamente, la mitad de la Población Económicamente Activa (PEA), con edad para trabajar y con todo potencial productivo está fuera del mercado laboral formal; es decir, sin empleo ni salario fijo, desempleada, subempleada, jugándosela en el día a día en la informalidad.

La otra mitad, la que sí tiene empleo y salario fijo, tanto del sector público como del privado, vive mayoritariamente con gran incertidumbre sobre su futuro inmediato y mediato, vive altamente endeudada y con salario prácticamente congelado.

Quienes no están sufriendo penurias salariales son aquellos segmentos de la alta cúpula político-gerencial y tecnocrática del Estado, por un lado; por otro, los cuerpos de la alta gerencia corporativo-empresarial privada que, por lo general, no reportan la totalidad de sus salarios verdaderamente reales y que tienen sus propios sistemas de sobresueldos.

Es en el marco de esta realidad salarial nacional que ha surgido la polémica sobre la sostenibilidad financiera futura, de corto y de mediano plazo, del más importante sistema de pensiones del país, el Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM), administrado por la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), el cual está cumpliendo 70 años de establecido.

Para el IVM-CCSS cotiza la totalidad de la clase trabajadora asalariada del sector privado que tiene empleo formal y salario fijo, así como la práctica totalidad del personal estatal (exceptuando funcionarios judiciales y de la educación).

La Junta Directiva de la CCSS ha tomado la decisión de imponer una rebaja salarial del 1% a todos cuantos estamos inscritos en el IVM-CCSS ante la crisis que, supuestamente, enfrenta el mismo. Este 1% es un incremento en el aporte obrero actual que da la persona trabajadora. La Caja dice estar llamando a un “diálogo” para ver cómo se podría salvar el IVM aunque ya definió que ese 1% ¡va! ¿Diálogo pa’qué? se pregunta uno…

Ahora bien, reparemos en esto. El impacto de esa rebaja salarial del 1% será particularmente duro para quienes laboran en la empresa privada y reciben tan sólo el salario mínimo de ley que anda en los 293.000 colones mensuales, más o menos; y doblemente duro para quienes reciban paga salarial menor a esa cifra pues sus patronos no la respetan.

Por eso es que nosotros estimamos que la problemática del salario mínimo en el sector privado, la arbitraria decisión de la Caja de imponer esa rebaja salarial del 1% y la campaña electoral presidencial ya en desarrollo, deben considerarse como aspectos interconectados en el marco de una sociedad tan desigual como la Costa Rica de hoy, en la cual su política salarial es restrictiva no expansiva.

Conviene, en tal sentido, poner en la mesa del debate electoral el tema del salario mínimo que se paga en la empresa privada y hacer referencia a tres proyectos de ley al respecto: El expediente legislativo 19.312, conocido como Ley de Salario Mínimo Vital, presentado por el exdiputado José María Villalta Florez-Estrada (Partido Frente Amplio), para un crecimiento cuantitativo gradual del valor del salario mínimo en un periodo de cinco años que lo podría dejar en unos 457 mil colones.

Está, también, el expediente legislativo No. 19.141, propuesto por el diputado don Ronny Monge Salas, del Partido Liberación Nacional (PLN), para que el reajuste por costo de vida se aplique aquellos salarios que estén superando el mínimo de ley; evitando que patronos inescrupulosos le impongan a la persona trabajadora un congelamiento salarial individual al alegar que no se aplica el reajuste del salario mínimo por estar por en encima de él al momento de la fijación.

Y la más reciente iniciativa de ley, 20.265, para sancionar el incumplimiento de respetar el salario mínimo a esa casi tercera parte de la clase trabajadora privada que apenas gana ese mínimo. Este proyecto fue presentado por la legisladora Sandra Piszk Feinzilber, también del PLN.

¿Cómo se le puede imponer, exigir, dictar a un trabajador y a una trabajadora de la empresa privada que ponga más de su alicaído salario para la sostenibilidad futura del régimen de pensiones IVM-CCSS, si es de tal calibre su estado de precariedad salarial que se ocupa de proyectos de ley para enfrentarlo? ¿Qué piensan todas las personas precandidatas (ahora) presidenciales al respecto? ¿Habrá otras alternativas de solución al problema de IVM-CCSS que no sea la de empobrecer más a los asalariados y asalariadas?…

La actual hegemonía político-económica planetariamente dominante, la del capital financiero-bancario de ideología neoliberal, está siendo desafiada como nunca antes a través de los escritos sociales del actual máximo líder de la Iglesia Católica universal, dada la autoridad ético-moral que les es reconocida mundialmente.

Los latifundios mediático-corporativos globales, especialmente sus cadenas de noticias, o de falsas noticias como ha empezado a quedar al descubierto (“fake news”, en idioma inglés), adversan el pensamiento papal de hoy al punto de tratar de que el mismo “no exista” desde la perspectiva de la comunicación de masas.

El pasado 18 de febrero de 2017 el papa Francisco nos acaba de conmover de nuevo. Cualquier persona inmersa en la lucha social, cualquiera que ésta sea, creyente o no creyente, tiene en este nuevo mensaje papal una fuente de renovación de energía espiritual y de aliciente para seguir luchando sin rendirse; mensaje de obligada lectura, análisis, estudio individual y grupal; así como para la traducción sociopolítica a nuestra realidad costarricense de hoy.

Hablamos del mensaje papal dirigido a los y a las participantes en la Reunión Mundial de Movimientos Populares (WMPM, por sus siglas en inglés), a nivel regional de Estados Unidos y que acaba de concluir en la ciudad de Modesto, California, en el Central Catholic High School.

El evento fue promovido por el nuevo Dicasterio (algo así como un ministerio) para el Servicio del Desarrollo Humano Integral del Vaticano, a cargo del cardenal Peter Turkson; por la Conferencia Episcopal de los Obispos Católicos de los Estados Unidos; por la Campaña Católica para el Desarrollo Humano; así como la red PICO (PICO son las siglas en inglés de la organización People Improving Communities through Organizing personas que mejoran sus comunidades a través del activismo). La lucha las tres T: “tierra, techo y trabajo”, según lo define el propio pontífice.

La reunión en Modesto es la primera convocatoria regional a nivel de Estados Unidos, enlazada con tres reuniones internacionales sostenidos por el papa Francisco con los movimientos sociales y que han tomado lugar en Roma (en octubre de 2014 y en noviembre de 2016), y Bolivia (en julio de 2015).

“El propósito de cada reunión es instar a los grupos comunitarios para presionar a favor de los derechos de los trabajadores, la vivienda y la justicia ambiental, así como profundizar las relaciones entre estas organizaciones y la comunidad de fe”. Así lo leímos en varios de los sitios de internet que publicitan estas iniciativas.

El nuevo mensaje del papa Francisco a los movimientos sociales es impactante. Les compartimos algunos conceptos del mismo de tanta contundencia que se explican por sí solos. Los párrafos siguientes, en cursiva, son palabras y frases papales del indicado mensaje arriba explicado.

“…Hace tiempo enfrentamos la crisis del paradigma imperante, un sistema que causa enormes sufrimientos a la familia humana, atacando al mismo tiempo la dignidad de las personas y nuestra Casa Común para sostener la tiranía invisible del Dinero que sólo garantiza los privilegios de unos pocos… La humanidad vive un giro histórico”.

“A los cristianos y a todas las personas de buena voluntad nos toca vivir y actuar en este momento. Es una responsabilidad grave, ya que algunas realidades del mundo presente, si no son bien resueltas, pueden desencadenar procesos de deshumanización difíciles de revertir más adelante”.

“Son los ‘signos de los tiempos’ que debemos reconocer para actuar. Hemos perdido tiempo valioso sin prestarles suficiente atención, sin resolver estas realidades destructoras. Así los procesos de deshumanización se aceleran. De la participación protagónica de los pueblos y en gran medida de ustedes, los movimientos populares, depende hacia dónde se dirige ese giro histórico, cómo se resuelve esta crisis que se agudiza”.

“Se trata de una estafa moral que, tarde o temprano, queda al descubierto, como un espejismo que se disipa. Los heridos están ahí, son una realidad. El desempleo es real, la violencia es real, la corrupción es real, la crisis de identidad es real, el vaciamiento de las democracias es real. La gangrena de un sistema no se puede maquillar eternamente porque tarde o temprano el hedor se siente y, cuando ya no puede negarse, surge del mismo poder que ha generado este estado de cosas la manipulación del miedo, la inseguridad, la bronca, incluso la justa indignación de la gente…”.

“…ningún pueblo es criminal y ninguna religión es terrorista. No existe el terrorismo cristiano, no existe el terrorismo judío y no existe el terrorismo islámico. No existe. Ningún pueblo es criminal o narcotraficante o violento… Se acusa de la violencia a los pobres y a los pueblos pobres, pero sin igualdad de oportunidades, las diversas formas de agresión y de guerra encontrarán un caldo de cultivo que tarde o temprano provocará su explosión… Hay personas fundamentalistas y violentas en todos los Pueblos y religiones que, además, se fortalecen con las generalizaciones intolerantes, se alimentan del odio y la xenofobia. Enfrentando el terror con amor trabajamos por la paz”.

“Las heridas que provoca el sistema económico que tiene al centro al dios dinero,… han sido criminalmente desatendidas. En la sociedad globalizada, existe un estilo elegante de mirar para otro lado que se practica recurrentemente: bajo el ropaje de lo políticamente correcto o las modas ideológicas, se mira al que sufre sin tocarlo, se lo televisa en directo, incluso se adopta un discurso en apariencia tolerante y repleto de eufemismos, pero no se hace nada sistemático para sanar las heridas sociales ni enfrentar las estructuras que dejan a tantos hermanos tirados en el camino”.

Este nuevo mensaje del Papa Francisco, en algunas de cuyas partes se puede leer entre líneas críticas al nuevo presidente estadounidense, no da lugar a duda alguna: la lucha por la justicia social, la que hemos estado dando tantos y tantos en nuestra Patria, es completamente correcta.

“Un mundo nos vigila” era el título de una sección de un viejo programa cómico mexicano, “Los polivoces”, allá por los años 70 del siglo pasado, dando a entender que seres extraterrestres se pasaban vigilando el mundo de los humanos.

Por estos tiempos, “un mundo nos vigila”, también. Es el mundo del capital financiero-bancario internacional cuya hegemonía es la que sigue privando al marcar los destinos del planeta, la economía de los países, sus sistemas fiscales y, por supuesto, las condiciones de vida de millones de seres humanos, principalmente los enormes conglomerados trabajadores del orbe.

Este otro mundo que nos vigila tiene una especie de “…gendarmería política de ese capital bancario-financiero, las calificadoras de riesgo…”; mismas que “…cual hienas al acecho”…, están “listas para ponernos mala nota como país y decretar, urbi et orbe, que somos un país mala paga, ‘amarraperros’; que nadie nos preste más plata; que si alguien se atreve a prestarnos cobre altísimos intereses y endurezca las condiciones de esos empréstitos; y que si se atreven a invertir en suelo nacional, háganlo por su cuenta y riesgo”.

El anterior entrecomillado es parte de un artículo nuestro sobre este tema, publicado bajo el título de “El dilema fiscal”, el 1 de diciembre de 2015, en La Prensa Libre (digital).

Traemos a colación el tema (y el artículo), pues esta semana una de esas calificadoras de riesgo, Moody’s, le bajó la nota al país en cuanto a riesgo de inversión pues sigue sin arreglarse el problema fiscal nacional que, como lo hemos denunciado, sigue basado en la existencia de un sistema tributario altamente injusto y profundamente regresivo.

Días atrás, la trilliza de Moody’s, Fitch Ratings, había tomado una decisión similar. No es nada raro que en días próximos, la otra trilliza de ambas, Standard & Poors, haga lo mismo; es decir, “¡ojo con prestarle plata a Costa Rica: su deuda es altísima y no tiene ingresos frescos para enfrentarla; por tanto, si van a invertir y/o a prestarle, cóbrenle intereses más altos, pónganle menos plazo para pagar!”
Además, los bonos del Estado que se colocan en el mercado financiero a fin de captar plata fresca para enfrentar el pago de los intereses de la deuda costarricense; e, incluso, para pagar salarios en el Gobierno Central, serán más caros y, por tanto, habrá que subir la tasa de interés para captarlos. Dicen los expertos que, además, esto golpea a las empresas que ocupan, a su vez, préstamos, pues también deben competir por captar plata que será mucho más cara.

Como un advenedizo en el tema, con grandes dificultades de comprensión para este tipo de asuntos, entendemos que hay un “tortón” en desarrollo: el pago de los intereses de la deuda pública nacional, los cuales crecen todos los días. Según datos oficiales, ya se ha llegado al punto de que este rubro de intereses se está comiendo más de la tercera parte del presupuesto anual de la República que se tramita en la Asamblea Legislativa. Este gigantesco pago de intereses es el principal disparador del gasto público (no los salarios del empleo público). Resulta patético ver a ciertos políticos y precandidatos hablando de que hay que reducir el gasto. ¿Pero de dónde? ¿Bajando el monto del pago de intereses?… Esto por un lado.
Por otro, además, el porcentaje de esa deuda pública nacional con relación al Producto Interno Bruto (PIB) del país, está cerca del 50% y, en pocos años, ascendería a 70% o más, si no se hace algo antes… ¿El camino de Grecia en perspectiva?… ¡Vaya usted a saber!

Entonces, es aquí “donde la burra botó a Jenaro” (para emplear una expresión popular). La solución “mágica” que se nos propone es más impuestos; básicamente aumentar los dos más importantes de ellos: ventas y renta.

Y es aquí donde todo el mundo pega el grito al cielo. A nadie le gusta pagar impuestos. En consecuencia, desde una perspectiva obrero-social y laboral, pegamos de nuestra parte el grito al cielo desde el lado de la acera en que estamos.

Si la clase trabajadora conceptuada integralmente (la que tiene empleo y salario fijos; la que está subempleada y/o desempleada; la que se la juega en el mercado informal casi el 50% de la Población Económicamente Activa (PEA); es más, hasta la que se desarrolla en las micro, en las pequeñas y en las medianas empresas); repetimos, si la clase trabajadora conceptuada integralmente es puntual pagadora de ambos impuestos…, entonces, ¿a quién le tocaría pagar los nuevos impuestos para poner los ingresos frescos necesarios para atajar el crecimiento del pago de los intereses de la deuda pública, para bajar el importe de la misma, para reducir el llevado y traído déficit fiscal?…

La respuesta parece obvia: no se puede cargar con más impuestos a quienes son puntuales pagadores de los mismos. Por un lado, la clase trabajadora paga el impuesto de las ventas al momento mismo de la compra, en el supermercado, por ejemplo. La que tiene salarios relativamente decentes susceptibles de aplicarle renta, ésta se le rebaja de planilla al mismo momento de recibir el salario semanal, quincenal o mensual.

Entonces pareciera que al hablar de impuestos urge una diferenciación: ¿qué tipo de impuestos? Surge una pregunta: ¿quién los debe pagar? Surge un desafío: la transformación tributaria estructural del sistema impositivo del país para que éste deje de ser cruelmente regresivo (pagan más, proporcionalmente hablando, quienes menos tienen); y pase a ser progresivo (paguen más los que más tienen pero que paguen bien y que no se los roben, no los evadan, no los eludan, no los escondan en paraísos fiscales del exterior (como el caso de “Los papeles de Panamá”)…

La gendarmería política de las trillizas calificadoras de riesgo (Fitch Ratings, Moody’s y Standard & Poors), nada de esto entiende. Solamente apuntan al país con su dedo financiero acusador e implacable. No discriminan cuál es la parte del país que “no tiene vela en este entierro”. ¿Qué nos queda, entonces, a quienes no hemos sido responsables de tal “tortón”?… ¡Defendernos!