Categoría: Opinión

Hace ya bastante tiempo que muchas personas expertas con especialidad en varias de las ciencias sociales y políticas, han venido indicando que lo que se denomina “gobernabilidad”, se ha estado deteriorando en Costa Rica, sistemáticamente, a lo largo de los últimos gobiernos (los del famoso “PLUSC”, Liberación-Unidad).

En frases nuestras, pecando de ignorancia, podríamos traducir eso de “gobernabilidad” como la capacidad de “los y las de arriba” (digamos, el sistema político), de conducir (más bien controlar) los destinos de “los y las de abajo” (digamos, el pueblo trabajador, la ciudadanía popular).

Esta capacidad ha venido a menos en los últimos tiempos, al punto de que ha llevado a que muchos políticos de ese “PLUSC” (con sus derivados), mismo que ha estado conduciendo las últimas administraciones gubernativas, hablen de que vivimos tiempos de “ingobernabilidad”, de que Costa Rica es “ingobernable”.

Pensamos nosotros que esto no es ni más menos que la “gente de abajo” (sino del todo completamente), ha venido perdiendo, poco a poco, su credibilidad en la capacidad de gobernar de la “gente de arriba” (la del “PLUSC”, turecas y similares).

Y, la verdad sea dicha, esta “gente de arriba”, con sus figuras más connotadas (y algunas de “segunda división”), de lo que podríamos denominar como la “clase política tradicional”, se ha venido desprestigiando en grado sumo, al punto de que han generado una sensible pérdida de lo que tales personas expertas llaman “legitimidad” del sistema político costarricense.

Es decir, que las últimas administraciones gubernativas, que son las del “PLUSC” básicamente, han venido actuando de tan mala manera que han generado un deterioro de la “legitimidad” del sistema político actualmente vigente en el país. Es evidente que también han aportado para que tal “legitimidad” se vea disminuida, gente de otros partidos políticos que si bien no han estado en los gobiernos recientes, desde el mismo parlamento, han “aportado” lo suyo para tal deterioro paulatino de la “legitimidad” de “nuestro” sistema político.

Por supuesto que hay honrosas excepciones pero éstas no alcanzan como para que tal pérdida de “legitimidad” ya no pueda seguirse ocultando, disimulando, tergiversando, relativizando; por el contrario, amenaza con profundizarse.

Hasta tal punto ha llegado esto que desde el exterior ya son más que claras las “alertas” de entidades estudiosas de estas cosas de las sociedades democráticas. La más reciente investigación al respecto, viene desde la Universidad de Vanderbilt, ubicada en el estado de Tennessee, Estados Unidos.

Varios indicadores de tal investigación son, sencillamente, impresionantes. Parece ser que en el estudio anterior de esta entidad, fechado en el 2006, Costa Rica tenía el cuarto lugar en el “ranking” de las Américas, en cuanto a la “legitimidad” del sistema político.

Ahora, en el estudio del 2012, el país cayó al lugar décimo. Cuando se tenía ese cuarto lugar, los tres países primeros eran, en su orden, Uruguay, Estados Unidos y Canadá. Al estar ahora en el décimo lugar en cuanto a la “legitimidad” del sistema político, Nicaragua, El Salvador México y Venezuela están mejor ubicados que nuestro país. Y pareciera que esta “caída libre” no va a detenerse, si vemos otro indicador del estudio.

Ante la pregunta “¿siente que a los gobernantes les interesa lo que piensa gente como usted?”, Costa Rica se fue al “sótano”. Nuestro país está en el lugar 26 de los 26 países estudiados como base en esta pregunta. Dice tal estudio que solamente un 25% de la gente a la cual se le hizo tal pregunta, respondió afirmativamente. Es decir, actualmente, en Costa Rica, el 75% de la ciudadanía estima que lo que pensamos la “gente de abajo”, a la “gente de arriba” (la clase política tradicional), “le importa un pepino” (si nos dispensa usted, el uso de esta expresión popular muy propicia para lo que venimos comentando).

Seguramente en esto pensó el señor que manda en el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), cuando en la actividad de apertura de la campaña electoral para las votaciones nacionales de febrero de 2014, indicó que los partidos políticos en Costa Rica están “desconectados” de la gente, de la ciudadanía; y dado que son éstos los principales actores en las democracias, quienes sí son personas serias dentro del conglomerado de la “gente de arriba”, ¡deben estar bien preocupados!

Uno de los señores especialistas que hizo este estudio, don Mitchell Seligson, indicó que con base en lo que dijo la ciudadanía a la que se le aplicó la encuesta, “la gente ahora piensa que a ellos, los políticos, solo les interesa la cuenta bancaria, que solo están por su interés”. Nada más y nada menos que lo que uno oye en el bus, en el taxi, en la calle, en la feria, en la pulpería…

Este especialista indicó en la información de prensa que leímos que él siempre le decía a sus estudiantes que “Costa Rica era el mejor país del mundo; ahora pienso que no”.

Si para la “gente de arriba” los datos que indica este estudio, pasan desapercibidos, ¡allá ellos! Podría ser positivo para la “gente de abajo”. A lo mejor. Sí llama la atención que haya sido el diario emblema de la oligarquía neoliberal costarricense el que diera cuenta, periodísticamente hablando, de este estudio. (Se puede consultar este sitio web: www.vanderbilt.edu/lapop-espanol).

¡Gigante tarea le espera a las personas candidatas nacionales que están pidiendo el voto de los y de las costarricenses para febrero entrante! Hace algunos años indicamos que, por lo general, en estos procesos electorales, a la ciudadanía se la “estafa”, políticamente hablando. No puede uno dejar de interpretar que los datos de la gringa Universidad de Vanderbilt, no es más que una especie de “juicio político” a la tradicional clase política gobernante por sus engaños de las últimas administraciones.

Sobran los ejemplos de este deterioro de la “legitimidad” del sistema político costarricense. Analicemos solamente uno. El pasado lunes 7 de octubre, se cumplieron 6 años del “frauduréndum” del TLC con Estados Unidos. Recordamos aquella perversa mentira de que habría con ese tratado, hasta 500 mil nuevos empleos. Hoy, para el Gobierno el desempleo, está en un 10%; pero para la Universidad Nacional (UNA), en un 18%. Entre la juventud, el desempleo se acerca al 25%. Pero es claro que “en tiempos de TLC”, el desempleo creció.

Recordamos ahora al gobernante de ese momento quien decía que con ese TLC, la clase trabajadora “andaría en BMW”: don Óscar Arias Sánchez. Y ahora, ¿dónde está él?… “Calladito más bonito”, como dice el pueblo. Si esto no fue una de esas estafas políticas, entonces, ¿cómo hemos de llamarle? Se entiende, en consecuencia, plenamente, eso de la pérdida de “legitimidad” del sistema político. ¿Estaremos, de nuevo, en febrero entrante, ante una nueva estafa política? El título de este artículo está con signos de interrogación, de pregunta. Pero lo finalizamos afirmativamente: Está en caída libre “nuestro” sistema político.

La semana pasada les hablamos del tema de un nuevo paquete de impuestos que estaría proponiendo en próximas horas el actual Gobierno (ya de salida), por intermedio de su Ministro de Hacienda, el distinguido ciudadano Dr. Edgar Ayales Esna.

Dijimos que “Los y las de abajo no debemos, no queremos y no podemos pagar más impuestos”, haciendo alusión a la necesidad de una Transformación Tributaria Estructural que ocupa nuestro país en los actuales momentos de crecimiento de la desigualdad.

Lo que pretendemos es que el sistema tributario costarricense comience a avanzar hacia la progresividad (que paguen más lo que más tienen proporcionalmente hablando); abandonando la injusta característica de la regresividad (pagan más los que, proporcionalmente hablando, tienen menos).

En esta dirección, hemos lanzado la propuesta de establecer en nuestra patria lo que en varios países de la Unión Europea (UE), se viene impulsando como el “impuesto Robin Hood” (“The Robin Hood Tax”, en inglés); que es un impuesto aplicado a las transacciones que realizan las entidades financieras entre sí, con lo cual habría miles y miles de millones de euros para (entre otras políticas), combatir la pobreza (dentro y fuera de la UE), atajar el crecimiento de la desigualdad y combatir los dolorosos tormentos que están sufriendo los pueblos trabajadores de muchas naciones del “viejo continente”. El impuesto “Robin Hood” hace alusión a la leyenda del “bandolero” británico Robin Hood que le robaba plata a los ricos para repartirla entre los pobres.

Recientemente una nota periodística costarricense nos comentó acerca de que la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef), “reforzó la vigilancia de las transferencias bancarias iguales o superiores a los $10.000…” (Diez mil dólares, o 5 millones de colones); “como parte del incremento de la supervisión del lavado de dinero y financiamiento al terrorismo”… No hay duda: esta directriz es muy oportuna y necesaria. (La Nación, viernes 27 de setiembre de 2013, página 24A).

Lo que más nos llamó la atención de tal noticia, fue la mención que se hace a la cantidad de operaciones o transacciones financieras que en los bancos del país se hicieron durante solo un año, el 2012, moviendo montos iguales o superiores a los 10 mil dólares: ¡Un millón setecientas mil (1.700.000) transacciones u operaciones financiero-bancarias en suelo tico! ¡Qué cantidad de plata! Veamos:

Supongamos que cada una de esas 1 millón 700 mil operaciones financieras realizadas en suelo tico durante el año 2012, sean todas de 10 mil dólares (es decir, que ninguna supere esta cifra), entonces estamos diciendo que en los bancos ticos se movieron, solamente en ese año 2012, ¡17 mil millones de dólares! (en números, 17.000.000.000).

Ahora bien. Convirtamos esos ¡17 mil millones de dólares! en colones, a 500 pesos por dólar. Entonces tenemos, nada más y nada menos que, ¡ay Dios mío!: ¡8 BILLONES, 500 MIL MILLONES DE COLONES! En números: 8.500.000.000.000.

¡Impresionante! Solamente en el 2012, en transacciones financieras en los bancos del país se movió esa gigantesca, sideral, inimaginable para los “viles mortales”, cantidad de plata: ¡8 BILLONES, 500 MIL MILLONES DE COLONES!

Cierto especialista en finanzas públicas nos indicó hace algún tiempo, no mucho, de que un punto porcentual de lo que llaman el Producto Interno Bruto (PIB), en el caso costarricense, es del orden de los 200 mil millones de colones (200.000.000.000).

Entonces, ¡esto es una locura!: En el año 2012, las transacciones financiero-bancarias en suelo tico, fueron del orden del ¡41.5 del PIB! Este dato sale de dividir los 8 billones 500 mil millones de colones, entre los 200 mil millones de colones que representa cada punto porcentual de PIB.

En realidad nos cuesta creer en semejantes movimientos de capital por los bancos nacionales. Pero parece que es así, repetimos, considerando 1 millón 7 mil transacciones financieras y que todas fueran únicamente iguales a los 10 mil dólares.

Pero, ¿cuántas más son mayores a los 10 mil dólares? Entonces, aquí en Costa Rica, anualmente, por medio de los bancos, se estaría moviendo plata mucho mayor a los ¡8 BILLONES, 500 MIL MILLONES DE COLONES!

Ahora, imaginen ustedes, los y las de abajo, ¿qué pasaría si aquí existiera un impuesto del 1% a cada una de esas 1 millón 700 mil transacciones financieras anuales en los bancos ticos? Es decir, que en Costa Rica el impuesto “Robin Hood” fuera del 1%…

Pues el Estado tendría ingresos frescos por el orden de los 85 mil millones de colones al año: apenas un 0.42 de PIB. Compare un 0.42 de PIB con un 41.5% de PIB. ¡Nada que ver! Es decir, la gente que tiene plata y que la mueve de un banco a otro producto de este tipo de operaciones financieras, seguiría teniendo mucha plata si tan sólo el impuesto “Robin Hood” fuera en Costa Rica, del orden del 1%.

En realidad, esperamos que esa información periodística acerca del 1 millón 700 mil transacciones financiero-bancarias que ocurrieron en suelo nacional en el 2012, sea sumamente exacta, porque ha dejado al desnudo de que si se habla de nuevos impuestos, éstos deben ser aplicados para “los de arriba”. Y este es tan sólo un ejemplo de un ajuste tributario por el lado de los que más tienen.

Los datos comentados certifican, reafirman, legitiman nuestra prédica de que “Los y las de abajo no debemos, no queremos y no podemos pagar más impuestos”, como se tituló nuestro comentario de la semana pasada.

Pero, ¿cuál es la gente, cuáles son los grupos corporativos, cuáles las entidades bursátiles, cuáles son los consorcios empresariales que mueven, por año, semejante cantidad de plata en las entidades financieras ubicadas en territorio nacional? No lo sabemos.

Lo que sí podría uno especular es que sino todos, muchos de ellos, deben ser los que se “ofrecen” a prestarle plata al Gobierno habida cuenta de su déficit fiscal y su “faltante” en las finanzas públicas. Porque estamos casi seguros de que el tema del traído y llevado déficit fiscal esconde un gran negocio de usura y préstamo cada vez que el Ministerio de Hacienda sale a buscar plata para que el Gobierno funcione, colocando sus bonos, tanto nacional como internacionalmente.

Es indudable que esta situación se debe a la naturaleza capitalista de la especulación financiero-bancaria de corte internacional y de signo neoliberal, que es la que controla los verdaderos resortes del poder hegemónico dominante en la actualidad.

Como vemos, estamos de cara a tan solamente un único ejemplo de que cualquier ajuste en el sistema impositivo costarricense debe darse por el lado de las grandes fortunas, de los abusivos capitales acumulados, del dinero especulativo. Por eso reiteramos que “los y las de abajo no debemos, no queremos y no podemos pagar más impuestos”.

El Gobierno de la República, por intermedio de su Ministro de Hacienda, don Edgar Ayales Esna, dará a conocer el próximo 3 de octubre de 2013, cuáles son los contenidos de un nuevo proyecto de reforma fiscal-tributaria (más impuestos), para enfrentar lo que se llama el déficit fiscal, que es la creciente distancia entre la plata que recibe el Gobierno vs. la que gasta. Los técnicos en la materia le llaman a eso “desequilibrio en las finanzas públicas”. Una vez más, desde nuestra perspectiva sociolaboral, queremos dejar sentada nuestra posición al respecto; misma que basamos en estos tres elementos fundamentales.

Uno: La reforma fiscal y el ajuste impositivo deben ser para “los de arriba”. “Los y las de abajo” no debemos, no podemos y no queremos pagar más impuestos. Particularmente, en el caso de la clase trabajadora asalariada que debe pagar impuesto al salario (renta), éste se le rebaja de planilla. Y en el caso del impuesto sobre las ventas, asalariados o no asalariados, se cobra directamente en el momento de la compra. En otras palabras, el pueblo trabajador, con empleo formal o sin él, no roba, no evade impuestos. No tiene “escapatoria”.

Dos: El sistema tributario costarricense debe dejar de ser regresivo y pasar a ser progresivo. Actualmente, dada la regresividad impositiva vigente en el país, proporcionalmente hablando, pagan más los que menos tienen: la “gente de abajo”. Hay que darle vuelta, radicalmente hablando, a la tortilla: que paguen más, proporcionalmente hablando, los que más tienen y los que han estado pagando menos de lo que debieran. Ejemplo clásico de ello: los banqueros.

El ciudadano Jorge Guardia Quirós, muy conocido en los ámbitos financieros del país, denunció que los banqueros del país “lograron aprobar leyes, decretos y políticas económicas que los beneficiaron en cantidades muy grandes, tan grandes que nadie las ha podido cuantificar”. También dijo que “lograron que les rebajaran los encajes bancarios en ciertos períodos para poder prestar y lucrar más, obligando al Banco Central a absorber esos recursos e incurrir en pérdidas y afectar la inflación, que castiga a los más pobres. Lucraron con los bajos impuestos de renta al interés (8%), mientras que los demás mortales, incluyendo asalariados, pagan tasas mucho más elevadas, del 15%, 25% y hasta un 30%…”. Y para que no quede duda se dejó decir que los banqueros ticos “captaron y prestaron mediante sus offshores sin satisfacer encajes, someterse a la SUGEF, ni pagar impuestos. Toda una vida hicieron plata exenta por medio de sus offshores y, al final, tampoco pagaron nada (ni cuita), pues al ponerse viejos vendieron sus acciones a bancos extranjeros sin estar sujetos a impuestos sobre la renta”.

Como vemos, es este tipo de gente la que debe pagar más impuestos. A decir de don Jorge Guardia Quirós, uno de los grupos más beneficiados de esta fiesta de rentas bancarias, fue el del señor Liberman Ginsburg, ya saliente segundo Vicepresidente de la República. ¡Qué interesante sería que el señor Liberman Ginsburg se refiriera a estos asuntos!

Tres: En consecuencia, ahora hay que “atornillar” a los y las de arriba (como los banqueros). Sin ser poseedores de la verdad absoluta y sin creernos especialistas en la materia, planteamos 12 propuestas, formuladas “desde abajo” para una transformación tributaria estructural; esa que necesita dejar de ser regresiva y pasar a ser progresiva. Obviamente hay más ámbito propositivo al respecto. Por ejemplo, nuestros y nuestras colegas sindicalistas del Ministerio de Hacienda (especialmente, quienes integran la Seccional ANEP-Hacienda), han trabajado bastante el tema y han venido aportando muchísimo al respecto. Para efectos de este espacio, reiteramos algunas ideas-propuestas para un ajuste tributario-fiscal realmente justo.

PRIMERA: Establecer la Renta Mundial: Gravar las ganancias obtenidas en el exterior pero pagadas al momento del devengo, en su origen, no cuando se da su ingreso al país.

SEGUNDA: Establecer la Renta Global: Gravar sobre la sumatoria total de las diversas fuentes de ingreso.

TERCERA: Establecer un sistema de premiación por denuncia de evasión fiscal-tributaria, de forma secreta y con un porcentaje de lo defraudado para la persona denunciante, una vez comprobado y cobrado lo que se robaron.

CUARTA: Una ley para permitirle a la administración tributaria acceso a las cuentas bancarias cuando se presumen ilícitos fiscales sin demérito del secreto bancario.

QUINTA: Regulación más fuerte de la banca costarricense en el exterior (banca “offshore”).

SEXTA: Un impuesto, por única vez, al patrimonio de las grandes fortunas y capitales.

SÉTIMA: Una ley de contingencia fiscal para gravar, por un año o dos, las erogaciones suntuarias, el consumo de lujo y la muestra abusiva de concentración de riqueza; y como forma inmediata de bajar en dos puntos, al menos, el déficit fiscal.

OCTAVA: Aprobación del proyecto “Pensión-Consumo”.

NOVENA: Un impuesto a las transacciones financiero-bancarias luego de cierto monto para no castigar más a los sectores medios: el impuesto “Robin Hood”.

DÉCIMA: Fortalecimiento estratégico de la gestión tributaria en todos sus órdenes, especialmente en el control del robo de impuestos con la contratación de 400 personas técnico-profesionales.

ONCEAVA: Revisión profunda del sistema de exenciones y de exoneraciones (actualmente, representando un 6% del Producto Interno Bruto PIB).

DOCEAVA: Pasar las contralorías de servicios institucionales a la Defensoría de los Habitantes, para incrementar la calidad del control de los recursos públicos y la facilitación de denuncia por uso indebido de toda naturaleza.

Es nuestro criterio que con este tipo de medidas tributarias Costa Rica podrá comenzar, en serio, a revertir la peligrosa senda de la desigualdad que venimos transitando desde hace ya bastante tiempo. Y, de manera imprescindible, solamente mediando una sistemática acción cívico-social, de gran contenido patriótico, con una unidad de acción de las diversidades que venimos luchando hace bastante tiempo por la justicia social, hemos de lograr esta Transformación Tributaria Estructural que ocupa el país.

El pueblo tico está sintiendo una gran alegría por la clasificación de la Selección Nacional de Fútbol de Costa Rica al mundial de Brasil 2014; sentimiento de hondo contenido psicosocial que compartimos.

Tómese en cuenta que en los actuales momentos de la realidad nacional, la “sele” es, prácticamente, el único factor de unidad nacional y el único aspecto de integración social que nos queda, en la Costa Rica de las desigualdades crecientes que estamos viviendo.

Según tenemos entendido, la circunstancia de que Costa Rica vaya al mundial de fútbol de Brasil 2014, no pareciera ser un asunto del agrado de las tradicionales estructuras de poder de la FIFA (la Federación Internacional de Fútbol Asociado) en esta región: la Concacaf (Confederación Norte, Centroamericana y del Caribe de Fútbol).

En el seno de ésta, el peso de México y de Estados Unidos es un asunto innegable. Ahora que los aztecas están a punto de quedar fuera de Brasil 2014, la sospecha de que se hará lo que sea para sí participe, tiene molesta a la fanaticada tica ante una supuesta sanción que la FIFA adoptaría porque se le “faltó el respeto” a la selección gringa que perdiera aquí, 3 a 1, ante Costa Rica.

Se le ha abierto un expediente al país y se dice que el castigo sería jugar el partido que falta contra México, a puerta cerrada o en un terreno “neutral”. Por otra parte, ni Concacaf ni la propia FIFA hicieron nada contra los gringos por el “partido de la nieve”.

A pesar de nuestra ignorancia en estos asuntos de alta especialidad futbolística, no nos impidió sentir indignación como un costarricense más y nos dimos a la tarea de buscar información sobre el tema de la corrupción en el seno de la FIFA.

¡Gran sorpresa! La FIFA tiene demasiadas cosas para ser cuestionada por lo que tiene muy poca autoridad moral para “castigar” a Costa Rica y a su selección por la supuesta ofensa al equipo gringo.

Dentro de los escándalos de corrupción que ha tenido la FIFA, el más reciente nos habla de que Catar, país árabe, prácticamente “compró” el mundial del año 2022.

La famosísima revista francesa “France Football” (misma que tiene un convenio con la FIFA para la premiación del jugador del año, con el trofeo “Balón de Oro”), denunció que esa nación realizó una altísima “inversión” para lograr los votos requeridos y que se le diera ese mundial.

“France Football”, en su reportaje que tituló “Qatargate”, denunció que la repartidera de plata la hizo un señor llamado Mohamed Ben Hamman, catarí, Presidente de la Confederación Asiática de Fútbol y quien quiso echar de la presidencia de la FIFA al suizo Joseph Blatter, comprando votos para sí mismo. Esto le costó ser suspendido de por vida de su alto cargo futbolero.

Esta denuncia tiene relación con una anterior, del diario británico “The Sunday Times”, el cual acusó a dos miembros del comité ejecutivo de la FIFA, de tener disposición a vender su voto para la elección de los países organizadores de los mundiales de 2018 y 2022.

Amos Adamu y Reynald Temarii cayeron en la trampa tendida por 2 reporteros de este periódico quienes se hicieron pasar por empresarios gringos interesados en que el mundial del 2022 fuera en Estados Unidos.

Este país luego perdería, 14 votos contra 8, la sede del 2002 que se la “ganó” Catar. Un ejecutivo de FIFA le pidió a estos supuestos empresarios, 800 mil dólares para “construir campos de fútbol”; el otro pidió dinero para una “academia deportiva”.

La designación de Catar generó enormes resentimientos. Australia también quería este mundial del 2022 y fue tal su enojo de quedar por fuera que llevó a un alto político de ese país, el senador Nick Xenophon, a exigirle a la FIFA que les reembolsara los 46 millones de dólares gastados por Australia en la promoción de su candidatura, la cual nuca tuvo oportunidad alguna debido “a las corruptas estructuras de la FIFA”.

Desde 1998 el señor Blatter preside la FIFA y se denunció que para su más reciente reelección hubo compra de votos. El señor Jack Warner, jerarca de la Concacaf, denunció que esta entidad recibió del señor Blatter un “regalo” de un millón de dólares para emplear a “criterio propio”.

También se denunció que Blatter envió cartas con 50 mil dólares cada una a funcionarios deportivos africanos, pero el presidente de FIFA respondió que eran fondos para “pagos a clubes en problemas”, aunque se siguió sosteniendo por los denunciantes de que se trataba de “recompensas” por votos dados para la continuidad del suizo en el mando del organismo rector del fútbol planetario.

Por esos pleitos de palacio, el señor Warner, oriundo de Trinidad y Tobago, fue suspendido temporalmente de la comisión de ética de la FIFA, bajo sospechas de corrupción. Específicamente, le acusaron de haber ayudado al catarí Bin Hamman en la compra de votos, pues éste quería ser presidente de la FIFA desplazando al suizo Blatter.

En el 2015, habrá nuevas elecciones y el francés Michel Platini quiere la presidencia. Desde ya se viene especulando sobre el desarrollo de conversaciones en las que se “vale todo”, según los especialistas en FIFA.

En el 2008, la justicia suiza comprobó el desembolso de “comisiones” por más de 100 millones de euros que una empresa deportiva ISL/ISMM desembolsó, presuntamente, a favor de los ejecutivos FIFA, Issa Hayatou (Camerún), Nicolás Leoz (Paraguay) y Ricardo Texeira (Brasil). Particularmente a éste se le acusó de recibir unos 12,7 millones de francos suizos entre 1992 y 1997, según la justicia suiza. Esa empresa ISL vendía derechos de transmisión de los mundiales a nombre de la FIFA.

El brasileño Joao Havelange, antecesor de Joseph Blatter, renunció a su cargo de Presidente Honorario de la FIFA, dadas las graves acusaciones de irregularidades en sus años al frente de esta entidad futbolística global.

El juez alemán Hans-Joachim Eckert, presidente del órgano de decisión de la comisión de ética, constata que Havelange, que presidió la FIFA de 1974 a 1998, recibió “sobornos” de la empresa de comercialización de derechos deportivos ISL.

El periodista británico Andrez Jennings, en su libro “Foul!”, que detalla los escándalos de la FIFA, acusó al entonces presidente de la transnacional de negocios deportivos Adidas, el señor Horst Dassler, de haber comprado los votos indecisos para la primera elección de Havelange. Hasta la fecha, la sociedad de Adidas con los mundiales de fútbol sigue vigente.

Otro cuestionamiento que pesa sobre Havelange indica que el recientemente fallecido dictador argentino Videla le habría regalado una parcela para que Argentina fuera sede del mundial de 1978, cuando este país empezaba a sufrir descrédito internacional ante la brutal represión interna de opositores a la dictadura con la trágica historia de los desaparecidos.

Como vemos, ¿es ésta la FIFA que castigaría a Costa Rica?… Juzgue usted.

Aunque nos otorguen una “cajita blanca”, desearíamos que en la campaña electoral ya en desarrollo para las votaciones de febrero entrante, las candidaturas presidenciales más “serias” (porque las que son dobles, que también se postulan para diputados, son como de “mentirillas”); se plantearan temas de gran profundidad que llegaran a impactar al común de la ciudadanía, especialmente a la clase trabajadora, en el marco de una sociedad que potencia, un día sí y otro también, el crecimiento de la desigualdad y la concentración abusiva de la riqueza.

El alto costo de la vida, la altísima tarifa que estamos pagando por servicios básicos como la electricidad y los combustibles, así como el deterioro del poder de compra de los salarios (especialmente los salarios mínimos que rigen para el sector privado de la economía), son temas que preocupan muchísimo en los hogares de la clase trabajadora, tanto aquella con la suerte de tener empleo formal, como quienes deben luchar en el día a día en la informalidad. Ni qué decir, en aquellos grupos familiares que están sufriendo desempleo.

Junto a estas sensibles angustias que aquejan a la gran mayoría de la población, para “los y las de abajo” el tema de justicia tributaria debe ser de alta prioridad de cara a los señores que quieren nuestro voto para ser el próximo presidente de la República. Muchas veces hemos hablado de este tema desde esta columna, a partir de la naturaleza del trabajo sociopolítico que nos ha sido encomendado.

En tal sentido nos llamó la atención que por estos días, al menos tres de estos señores candidatos tocaron el punto. Don Johnny Araya Monge, don José María Villalta Florez-Estrada y don Luis Guillermo Solís Rivera (citados alfabéticamente por la letra inicial de sus nombres), se refieran a la cuestión tributaria, de una u otra forma.

Cambiar el sistema tributario costarricense, como lo requiere una sociedad que enfatiza en el crecimiento de la desigualdad como lo es la Costa Rica de hoy, se requiere de un rompimiento fuerte con el poder hegemónico real que manda los destinos de este país pese a las sucesivas elecciones presidenciales. El que gane, si de verdad quisiera “coger el toro por los cuernos” para enfrentarse a tales poderes, deberá buscar mucho respaldo social entre la amplia gama de grupos organizados de toda naturaleza que, de una manera u otra, vienen luchando para no ser excluidos.

Uno podría apostar por apoyar a un gobierno determinado, en este aspecto tributario, si éste se decidiera a propiciar cambios para quitarle el perverso sesgo regresivo (pagan más lo que proporcionalmente tienen menos), a fin de introducirle un carácter progresivo (pagarán más los que más tienen).

En este sentido, aquí dejamos nuevamente, algunas de las propuestas que podrían abrir el camino para que el sistema tributario costarricense empiece a variar, estructuralmente hablando y se convierta en uno de carácter progresivo.

Veamos: 1) Establecer un sistema de premiación por denuncia de evasión fiscal-tributaria, de forma secreta y con un porcentaje de lo defraudado para la persona denunciante, una vez comprobado y cobrado lo que se robaron. 2) Una ley para permitirle a la administración tributaria acceso a las cuentas bancarias cuando se presumen ilícitos fiscales sin demérito del secreto bancario. 3) Regulación más fuerte de la banca costarricense en el exterior (banca “offshore”). 4) Un impuesto, por única vez, al patrimonio de las grandes fortunas y capitales. 5) Una ley de contingencia fiscal para gravar, por un año o dos, las erogaciones suntuarias, el consumo de lujo y la muestra abusiva de concentración de riqueza; y como forma inmediata de bajar en dos puntos, al menos, el déficit fiscal. 6) Aprobación del proyecto “Pensión-Consumo”. 7) Un impuesto a las transacciones financiero-bancarias luego de cierto monto para no castigar más a los sectores medios: el impuesto “Robin Hood”. 8) Fortalecimiento estratégico de la gestión tributaria en todos sus órdenes, especialmente en el control del robo de impuestos con la contratación de 400 personas técnico-profesionales. 9) Revisión profunda del sistema de exenciones y de exoneraciones (actualmente, representando un 6% del Producto Interno Bruto PIB). 10) Pasar las contralorías de servicios institucionales a la Defensoría de los Habitantes, para incrementar la calidad del control de los recursos públicos y la facilitación de denuncia por uso indebido de toda naturaleza.

Sin duda alguna, el tema de naturaleza muy sensible pero algo está más claro que nunca: a los y las de abajo ya no se les puede quitar más plata. El país ocupa una Transformación Tributaria Estructural, una “Revolución Tributaria” pero se necesitará mucho músculo social para impulsarla de parte de quien gane la Presidencia de la República, si es que, efectivamente, quisiera enfrentar a los sectores poderosos, los del poder real, que no pagan bien sus impuestos.

La Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (más conocida como Sala Cuarta), en un cuestionado fallo dividido de sus siete integrantes (4 votos contra 3), le quitó a los trabajadores y a las trabajadoras de la Municipalidad de San José, su derecho a tener un reconocimiento de cesantía sin tope, sin límite de años, luego de terminar sus carreras de servicio público.

Igualmente, tal derecho se le cercenó al personal de la Municipalidad de Turrialba y en la misma situación estarán en fecha próxima otras municipalidades que durante toda una vida han tenido una política de reconocimiento de cesantía total.

Esta ha sido la forma más justa de premiar labores de servicio público que si bien dignas, generan grandes estragos en la salud física y mental de este tipo de personal de servicio público, como los recolectores de basura, aseadores de vías, limpiadores de tragantes; personas trabajadoras que sufren altos riesgos de salud por las especiales circunstancias de su quehacer en función de la sociedad; trabajo que, además, no resulta muy bien pagado.

Tenemos que interpretar este fallo constitucional de mayoría como una decisión judicial de alto contenido ideológico, sumamente prejuiciada y evidentemente discriminatoria.

Es de alto contenido ideológico porque se inspira en esas corrientes de pensamiento de la hegemonía política dominante que, en términos generales, estimulan la involución del Derecho Laboral y plantean la reversión de conquistas obreras; así como buscan homologar “hacia abajo” las condiciones de empleo de toda la clase trabajadora costarricense, para hacerla “competitiva” ante el rumbo dominante de una globalización anticristiana y deshumanizante.

Ese fallo es de alto contenido prejuicioso porque, precisamente, busca repotenciar en la sociedad la pérfida especie de que quienes laboran para el sector Público son personas “privilegiadas”, que tienen derechos “abusivos” y que, además, son como una “carga” para la sociedad. Por tanto, deben eliminársele todos los derechos logrados a través de sus luchas, como la de tener convenciones colectivas de trabajo.

Y, finalmente, ese cuestionado fallo es de alto contenido discriminatorio por cuanto es absolutamente falso sostener que la cesantía municipal sin tope es un “privilegio”, dado que, bajo ese criterio habría que declarar como inconstitucional lo siguiente: a) la cesantía que funciona bajo el sistema solidarista que reconoce todos los años y que se deposita, mes a mes, por el patrono. b) La cesantía por todos los años de servicios establecida en el sector Público y bajo el sistema del Servicio Civil cuando se habla de reestructuraciones. c) La práctica de muchos patronos privados de liquidar a sus empleados a final de año y recontratarlos para el siguiente, con el reconocimiento correspondiente de esa cesantía anual. d) La ruptura sin límite de años, aunque parcial (al 3%), establecida en la denominada “Ley de Protección al Trabajador” (LPT).

Como vemos los cuatro magistrados constitucionales que votaron contra el personal de las municipalidades de San José y de Turrialba (y que seguro lo harán contra la clase trabajadora de otras entidades de este nivel institucional del sector Público), actuaron con gran discriminación.

Si dijeron que las cesantías “sin límite de años” en las municipalidades son inconstitucionales, debieron decir lo mismo de las cesantías “sin límite de años” bajo el esquema solidarista; de la cesantía “sin límite de años” según la LPT; de la cesantía “sin límite de años” por reestructuración bajo el Servicio Civil; y de la cesantía “sin límite de años” de la práctica patronal de liquidación obrera anual.

Es por ello que resulta acertado acudir a instancias fuera de nuestras fronteras para denunciar el asunto: tanto ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT), como ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH); resaltándose la importancia de esta última instancia porque sus resoluciones son obligantes para el país.

Pero, además, de este fallo constitucional ideológico, prejuicioso y discriminatorio contra la clase trabajadora municipal, estamos notando un conjunto de situaciones antiobreras en no pocas municipalidades del país.

Hay fuerzas y tendencias a nivel de gobiernos locales y municipalidades que pretenden derogar la Constitución, el Estado de Derecho y los compromisos internacionales del país en materia de Derecho Laboral, a fin de que el personal de los municipios del país quede completamente indefenso, que pueda ser despedido ipso facto, que quede con derechos al mínimo y que la privatización se instaure con toda su lógica de lucro mercantil privado y abusiva explotación laboral.

Lo que está sucediendo en la Municipalidad de Santa Ana es paradigmático de ello. Varios integrantes de su concejo tienen una sistemática campaña de agresión contra su personal, un día sí y otro también, provocándoles peligrosamente. Pretenden instaurar en ese municipio una dictadura laboral de propósitos inconfesables.

Desde esta columna lanzamos un llamado vehemente de alerta a todos los trabajadores y a todas las trabajadoras municipales de Costa Rica; a sus familiares; a las comunidades respectivas. ¡Alto ya a la agresión contra los derechos y las conquistas del personal municipal del país!

Creemos que deberán manifestarse a lo largo y a lo ancho del territorio nacional, como jamás pensaron que lo tuvieran que hacer. Creemos que deben hacerse sentir con toda potencia para que instancias como la Unión Nacional de Gobiernos Locales (UNGL), el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), la Defensoría de los Habitantes de la República, el Instituto de Fomento y Asesoría Municipal (IFAM), la Contraloría General de la República (CGR), la propia Sala Cuarta, comprendan a plenitud lo siguiente:

a) Que el personal municipal es un conglomerado de seres humanos con deberes, ¡sí!, pero con derechos, ¡también! b) Que Costa Rica es un Estado de Derecho, con una Constitución y con un Código de Trabajo que cubre a ese personal municipal. c) Que al personal municipal le asiste la normativa del Derecho Laboral de corte internacional, tanto como los múltiples convenios que el país ha suscrito con la comunidad mundial en materia de Derechos Humanos. d) Que las comunidades merecen gobiernos locales más dignos. e) Que la privatización de los servicios municipales es una pésima decisión porque el lucro mercantil sustituye a la esencia de servicio público al costo. Por todo esto y más, los y las municipalistas del país deben salir a las calles, ¡y pronto!

Don Edgar Ayales Esna, Ministro de Hacienda, anda por aquí y por allá, difundiendo los contenidos de una “nueva” propuesta tributaria a fin de, fundamentalmente, contener el crecimiento del déficit fiscal; mismo que tanto terror causa en las esferas de la hegemonía política actualmente vigente en el país, la de signo financiero-bancario; hegemonía que, por cierto, nada indicará que no lo seguirá siendo luego del resultado electoral de las elecciones presidenciales y diputadiles de febrero próximo.

Al común de la gente, al pueblo trabajador en sus distintas manifestaciones de actividad productiva, a la ciudadanía de a pie, en fin, al grueso del colectivo social de “los y las de abajo”, parece llamarle poco la atención el tema del déficit fiscal.

Éste se ve como una cuestión de la “alta” política y que solamente se debate en esos círculos cerrados de especialistas, economistas, medios de prensa y, por supuesto, en la esfera gobernante de la “partidocracia”. Nosotros pensamos que debe ser un asunto de prioridad en el ámbito de las organizaciones de los movimientos sindicales, sociales, populares y cívicos.

El famoso déficit fiscal (la diferencia que hay entre la cantidad de plata que recibe el Gobierno, ingresos, y la que gasta para funcionar, egresos), tiene como base estructural y esencial de su gestación, el tipo de sistema tributario que tiene un país.

En el caso costarricense (y en este mismo espacio lo hemos indicado varias veces), hablando de impuestos, paga más quien menos tiene, proporcionalmente hablando. Tenemos, por tanto, un sistema tributario regresivo, lo cual lo hace totalmente injusto.

A la vez, no genera toda la plata que el Gobierno ocupa para funcionar con eficiencia y eficacia, impidiéndole brindar servicios públicos con oportunidad y con calidad; deteriorándose así, el salario social que reciben las grandes mayorías del pueblo trabajador, mismas que cada vez más resienten el alto precio de los servicios públicos fundamentales (agua, luz, teléfono, comunicaciones), el alto costo de la comedera y el deterioro de servicios tan esenciales como salud, asistencia social y educación.

Entonces, no se vale hablar de déficit fiscal sin hablar de cambiar el sistema tributario costarricense. Y aquí es donde creemos que el Ministro Ayales Esna se equivoca, tratando él de hablar de déficit fiscal, asociándolo con el tema de la planilla salarial del Gobierno; buscando inducir a la opinión pública nacional que el tal déficit es porque se gasta mucho en salarios en el sector Público; que el crecimiento de esos salarios es una “locura” y que, por tanto, estamos ante un escenario “terrible” al respecto.

No, señor Ministro Ayales Esna. Lo que es una “locura” es seguir permitiendo el abusivo sistema de exenciones y exoneraciones fiscales, para darle solamente un ejemplo de las razones que explican el déficit fiscal que a usted tanto le preocupa, como a nosotros también. Hemos de admitirlo.

Pero fíjense ustedes, estimados lectores, que según los especialistas del lado ideológico en el que está el Ministro Ayales, “su” déficit fiscal podría llegar al final de este año 2013, al 6% del Producto Interno Bruto (PIB): Un billón, doscientos mil millones de colones (en números, 1.200.000.000.000).

Pues bien, se calcula (y por parte de la misma gente del lado ideológico del señor Ministro Ayales) que, al año, el actual sistema de exenciones y exoneraciones que tiene la tributación costarricenses equivale, precisamente, a un ¡6% de PIB! La misma cantidad.

Si bien dentro de todas esas exenciones y exoneraciones puede haber una buena cantidad de ellas que deben seguir siendo necesarias; imaginemos que la mitad son privilegios abusivos otorgados a ciertos sectores económico-productivos de gran poder.

Entonces, si las bajamos de ese 6% a un 3% de PIB, el señor Ministro Ayales Esna podría reducir “su” déficit fiscal, también, de 6% a3 % de PIB. Ellos, los neoliberales y su hegemonía política de signo financiero-bancario, “sacralizan” un déficit de 3% o menos; y ven el “apocalipsis” llegar cuando pasa de esta cifra.

¡Claro que estamos empleando una combinación de factores que pudiera no ser “científica”, o, por el contrario, tecnocráticamente blasfema! Pero lo hicimos, precisamente, para intentar demostrar que el asunto del déficit fiscal es, esencialmente, un asunto inherente al sistema tributario; y, por tanto, la cuestión salarial del sector Público, así como la enfoca el Ministro Ayales, no deja de ser una cortina de humo para que la gente mire al lado equivocado cuando se trata de encontrar a los verdaderos culpables del déficit fiscal.

No puede concebirse que sea una “locura” la inversión salarial en la planilla estatal del Magisterio Nacional; ni tampoco, que sea “terrible” el crecimiento salarial en los diversos cuerpos policiales del Gobierno Central (mal pagados por cierto).

Maestros y policías, representan el grueso del personal del Gobierno Central y, por ende, el mayor volumen financiero del presupuesto salarial del Estado central. ¿Qué va a hacer usted, señor Ministro Ayales Esna, para atacar esa “locura”?: ¿despedir maestros y despedir policías?…

Hay más aspectos que explican las razones por las cuales se genera el déficit fiscal del que nos habla el señor Ministro Ayales. Además, de este lado en que nos encontramos, el “de los y las de abajo”, hemos formulado una importante cantidad de propuestas para que, como sociedad, como nación, como Estado, empecemos a cambiar la naturaleza del sistema tributario costarricense.

Llevan algo de razón ciertas voces que dicen que este país no ocupa de más impuestos, pues solamente hay que cobrar bien los que ya existen. Nosotros pensamos que, además, deben darse dos elementos nuevos: mayor severidad y más castigo (con cárcel incluida) a la evasión en todas sus formas; y más impuestos por el lado de las grandes rentas y capitales; por la parte de más arriba de los y de las de arriba. “Los y las de abajo” ya no aguantan más carga tributaria. La “locura” es pretender que en materia tributaria, las cosas sigan como están. Sin duda alguna, debemos volver sobre este tema.

La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), integrante de la Central Social Juanito Mora Porras (CSJMP), es una organización sociopolítica costarricense, de corte sindical, próxima a cumplir 56 años de existencia.

Su probada y larga trayectoria al servicio de los intereses del pueblo trabajador costarricense, le ha llevado a sostener valores eternos de la lucha obrera nacional, continental y mundial: como el internacionalismo y la solidaridad de clase; entendiendo que “los y las de abajo”, especialmente la clase trabajadora, tienen enormes elementos en común y objetivos estratégicos compartidos, más allá de las fronteras entre las naciones.

A nivel continental, específicamente hablando, la ANEP tiene una fuerte inspiración latinoamericanista y cree en el sueño del venezolano Simón Bolívar, del ideal de la “Patria Grande”; tanto como en el sentimiento de la unidad centroamericana que inspiró la lucha del hondureño Francisco Morazán, aunque la vía que escogió para intentar materializar su sueño no fue la más idónea.

En este ámbito de concepción político-filosófica de nuestra lucha obrera, nos inspiramos en la acción, la obra y el legado del más grande presidente de la República que ha tenido Costa Rica desde que alcanzó su independencia de España, en 1821: hablamos de don Juan Rafael Mora Porras, don Juanito Mora; prohombre y patricio nacional de repercusiones eternas que todavía el pueblo costarricense (porque así lo ha impuesto nuestra clase dominante), no ha dimensionado, con la profundidad que merece, su legado.

Especialmente, está pendiente de real valoración histórica, el papel de don Juanito Mora cuando, en la gran gesta patriótica de 1856-1857, encabezó las fuerzas del pueblo costarricense, incluso a nivel bélico, enfrentando lo que fue la primera ofensiva político-estratégica del naciente imperio estadounidense por tierras latinoamericanas (en este caso, centroamericanas), derrotando a su emisario más connotado, William Walker, por segunda vez, precisamente, en la ciudad de Rivas, Nicaragua, un 11 de abril de 1856. Anteriormente, en marzo de ese año, había tenido lugar la Batalla de Santa Rosa, en territorio de Guanacaste, suelo costarricense, donde triunfaron las fuerzas ticas en contra del grupo invasor gringo. Un año después, en 1857, Walker sería derrotado finalmente, con su fusilamiento.

A éste, la historia oficial de la tradicional hegemonía en el poder dominante le define como un simple “filibustero”, “aventurero”, “facineroso”; negándole a las generaciones ticas que se han venido sucediendo, la comprensión geoestratégica plena de lo que significó la derrota de los primeros invasores yanquis en tierras latinoamericanas; derrota que se dio en suelo nica y que estuvo a cargo de un tico y el pueblo dirigido por él, por don Juanito Mora Porras. Este reconocimiento también está pendiente a nivel latinoamericano.

Hoy en día, la ANEP se siente sumamente orgullosa y complacida de tener relaciones bilaterales estrechas con el legítimo movimiento obrero nicaragüense aglutinado en el Frente Nacional de los Trabajadores (FNT). Con el FNT desarrollamos un convenio de cooperación a favor de la promoción de los derechos laborales y sociales, así como el fomento de la organización sindical (mismo que se conceptúa como Derecho Humano fundamental y universalmente reconocido), entre la población trabajadora migrante que labora en suelo tico, especialmente, la que proviene de la hermana República de Nicaragua.

Específicamente, y con base en los postulados de lo que en la ANEP denominamos “Sindicalismo Ciudadano”, nos emociona mucho la actual experiencia en desarrollo, denominada Seccional ANEP-FNT-Trabajadores y Trabajadoras Migrantes, misma que despliega su trabajo en la comunidad de La Carpio, en San José; así como también, en la comunidad de Guararí, Heredia; y también, con interés en la promoción de estos derechos en zonas de plantaciones agrícolas (bananeras y piñeras, particularmente), como las del Atlántico costarricense. En este caso, coordinamos con la organización laboral hermana, el Sindicato de Trabajadores de Plantaciones Agrícolas (SITRAP), con el cual compartimos destinos en el seno de la Central Social Juanito Mora Porras (CSJMP).

Se ha abierto en estos días una controversia intergubernativa, con un cruce de declaraciones entre el Presidente de la República de Nicaragua, don Daniel Ortega Saavedra y su homóloga costarricense, la señora Laura Chinchilla Miranda. Se nos indica que ésta le ha salido al paso a declaraciones de un presunto sesgo “expansionista” de aquel con respecto a Costa Rica; específicamente, cuando se habla del tema de la provincia de Guanacaste y el asunto de su anexión a Costa Rica, en 1824.

Para la ANEP de Costa Rica, a estas alturas del siglo XXI, la provincia de Guanacaste no se concibe más que como una parte consustancial de nuestra nacionalidad y territorios costarricenses. Los entretelones del proceso histórico que en ese año 1824, llevaron al denominado Partido de Nicoya a promover su anexión a Costa Rica, son trabajo de investigación sociohistórica objeto de gran profundización. Pero la realidad de hoy en día es que en el caso de Guanacaste, no hay nada que discutir ni nada para demandar. Guanacaste es tierra tica y punto.

Lo que sí queremos dejar completamente claro es que la ANEP no cree en la promoción de cruzadas de corte chauvinista y de falsos nacionalismos, que se impulsan en el ámbito de una atmósfera y de una realidad de gran descrédito popular de gestiones gubernativas como la costarricense que encabeza la actual y saliente mandataria Chinchilla. Ella, como parte notable de la hegemonía económico-financiera de sesgo neoliberal que tiene el poder real en nuestra sociedad, promueve esos tipos de TLC’s (tratados de libre comercio), que tienen de todo menos elementos de corte nacionalista a favor del empresariado patriota. Por otra parte, no nos corresponde juzgar al gobierno nicaragüense que encabeza el mandatario Ortega.

Eso sí, es importante que más allá de manipulaciones mediáticas a ambos lados del Río San Juan, el presidente nicaragüense comprenda que el tema de Guanacaste es altamente sensible para el pueblo costarricense y que convendría de parte suya una fuerte y contundente declaración en tal sentido; en el sentido de que se estarían sacando fuera de contexto sus manifestaciones de estos días, pues tenemos entendido que ni él como gobernante ni su propio país pretenden cuestionar, en ninguna sede internacional ni por otras vías, la realidad de que Guanacaste es tierra tica y punto.

En tal sentido, respetuosamente, exhortamos a nuestra organización sindical y social hermana de clase, el FNT de Nicaragua, para que nos ayude en tal sentido, a desactivar esas voces de odio que quisieran un enfrentamiento más abierto entre nuestros dos pueblos; porque recordemos que en este tipo de conflictos entre naciones, quienes sufren las consecuencias de todo tipo son los pueblos, “los y las de abajo”, porque las correspondientes élites de poder que controlan las hegemonías políticas, siguen haciendo sus negocios, acumulando capital y no arriesgan su propio pellejo. El empresariado tico está muy feliz de sus negocios con sus homólogos nicas. De ello estamos más que seguros.

Finalmente:

1) Nos pronunciamos por la solidaridad internacional y de corte latinoamericanista entre los pueblos de Costa Rica y de Nicaragua, específicamente entre su clase trabajadora.

2) Reafirmamos nuestro compromiso de honrar el convenio ANEP-FNT para la dignificación plena en suelo tico de la mano de obra nicaragüense que vive en esta tierra de don Juanito Mora.

3) Rechazamos el desarrollo de cruzadas mediáticas de falsos nacionalismos que solamente pretenden encubrir una mala obra gubernamental, como sucede en el caso costarricense.

4) Solicitamos al ilustrado gobierno nicaragüense del Presidente Ortega para que, de manera contundente, desactive la gritería histérica tica de corte chauvinista que desea hacer más bulla, dejando claro ante su propia comunidad nacional, la latinoamericana y la internacional de que el tema de Guanacaste es un asunto cerrado de realidad y constatación histórica: nada que reclamar, nada que demandar.

5) Exhortar a ambos gobiernos a que se sienten y que discutan el diseño y despliegue de una política pública compartida para el desarrollo estratégico, de corte integral y en armonía con el ambiente y la ecología, de la frontera tico-nica, compartiendo las inversiones extranjeras interesadas en ello. En tal sentido, debemos reconocer que Nicaragua está mostrando una visión de futuro más consistente al respecto.

La ANEP y la propia Central Social Juanito Mora Porras (CSJMP), estamos muy interesadas en que en fecha próxima podamos encontrarnos, en la línea fronteriza tico-nica, con la representación del FNT que éste estime conveniente, para reafirmar que en el ámbito de lucha social y obrera, sindical y cívica, por un mañana mejor, nuestros pueblos trabajadores están más que interesados en la solidaridad y en el logro de objetivos políticos comunes de plena reivindicación laboral y social, con plena soberanía para nuestras dos naciones hermanas.

Algunas de las personas con las cuales, en los últimos años, hemos comentado sobre el devenir del país a partir de los famosos “ajustes estructurales”, mismos que empezaran en la administración gubernativa de Luis Alberto Monge Álvarez (1982-1986), del todavía sobreviviente Partido Liberación Nacional (PLN); saben que siempre hemos planteado que ocupamos una renovación política de carácter estratégico, realmente transformadora radical del estado actual de las cosas en Costa Rica (ese que causa tan gran perjuicio para las mayorías).

Y hemos planteado que ello debería basarse en la construcción de un pensamiento de nuevo tipo, si se quiere de corte nacionalista, que recuperara, para un redimensionamiento actual, el gigantesco legado de grandes costarricenses de antaño; hombres y mujeres quienes, pese a tener diversas filosofías políticas, lucharon desde sus diversas trincheras por una sociedad en la cual la búsqueda y la promoción del bien común, fueran el eje fundamental de toda política pública.

En estos tiempos del imperio de una globalización criminal que atenta contra la Humanidad misma, habida cuenta de su brutal desigualdad (con los ejemplos que dimos en nuestros dos más inmediatos artículos semanales publicados en este mismo espacio); una especie de “regreso al pasado”, en búsqueda de las fuentes originarias de la conformación de la nacionalidad, del ser y de la idiosincrasia costarricenses, sería fundamental.

No estamos pensando en que debemos vivir de la nostalgia, ni pensando en que “todo tiempo pasado fue mejor”. Lo que creemos es que la recuperación, con sentido actual, de qué fue lo que nos dejaron esos y esas costarricenses, podría alimentar un relanzamiento de un proceso cívico-patriótico de corte estructural transformador; que pudiera ayudar a la aglutinación (con sentido estratégico), de todas esas expresiones de lucha que vemos todos los días, en las cuales “los y las de abajo” cuestionan el orden vigente, de una manera o de otra, precisamente por su sesgo excluyente, empobrecedor, corrupto, cínico y antisolidario que se ha venido imponiendo en la política costarricense de los últimos 30 años.

La recuperación de la obra y de la acción de esos grandes patricios y patricias nacionales, serviría de fuente vivificadora hacia la construcción de la nueva hegemonía que necesita este país; no solamente ante la constatación del fracaso del modelo neoliberal; sino ante el agotamiento de la oferta político-sistémica que se nota en el escenario de las elecciones generales del 2014; mismo que nos presenta, aún en sus planteamientos más “atrevidos”, la acción política concebida desde arriba hacia abajo.

A final de cuentas, lo que se da con este estado de cosas, es darle un nuevo oxigenamiento y revalidación al orden sistémico vigente que se sostiene, sin importarle quién gane. Su hegemonía es de tal calibre que, al no existir el contrapeso desde abajo para neutralizarla, ve con mucha tranquilidad el desarrollo de la “cosa” electoral como algo rutinario y de mera tramitación de la renovación de la “licencia de legitimación” del estado excluyente en que se reproduce, alimentando su capital y su poder.

Buscando esas fuentes vivificadoras, hubo un ser humano excepcional que nació en esta tierra costarricense, pero prácticamente nadie en este país conoció de su existencia y, mucho menos le recuerda.

Hablamos de don Félix Arcadio Montero Monge, ciudadano nacido en Santo Domingo de Heredia, en 1850; muriendo frente a las costas de El Salvador, un 5 de junio de 1897, en un viaje que lo traía desde Europa (adonde lo habían forzosamente exilado) hacia ese país donde pensaba asentarse ya que había sido desterrado de Costa Rica por la oligarquía criolla de ese momento, la cual lo consideraba una especie de “subversivo” por su pensamiento social. El océano fue su sepultura.

Estudió Derecho y fue el último rector del primer centro de enseñanza de estudios superiores que tuvo el país, la Universidad de Santo Tomás, contra cuyo cierre luchó denodadamente; cierre que, fatalmente, se produjo en 1888. Fundó el Partido Independiente Demócrata, lo que se considera como el primer intento de toda la historia nacional por crear un movimiento político de carácter alternativo al liberalismo económico de la época, buscando un desarrollo social incluyente.

“De ahí que consideremos que el Partido Independiente Demócrata fue el primer partido que aspiró a representar los intereses políticos de la clase obrera costarricense por embrionaria que hubiera sido la organización política de la misma en este período. Por lo anterior debe considerarse a don Félix Arcadio Montero como el gran precursor de la lucha política de clases en nuestro país y como el primer organizador político de la clase obrera costarricense”. Así conceptúa el historiador don Vladimir de la Cruz de Lemos, el significado de la fundación de este partido.

Como todo líder real al servicio de lo popular, también tuvo sus detractores, mismos que estaban con el control de la hegemonía política y económica de la época en que vivió don Félix Arcadio.

Lo consideraron un “demagogo”, un “sedicioso”, un “criminal”, terminando por echarlo del país que lo vio nacer.

La gran lucha de don Félix Arcadio Montero Monge por la justicia hizo que formulara, con su movimiento, planteamientos más allá de las inquietudes económico-sociales en pro de la igualdad.

Luchó contra el militarismo, proponiendo la supresión del ejército en tiempos de paz y el carácter civil de la policía. Abogó fuertemente en favor de la pureza electoral y fue un destacado protagonista del 7 de noviembre de 1889, cuando un movimiento cívico salió a las calles a defender el resultado electoral que le había dado la victoria al Lic. José Rodríguez Zeledón.

Luchó contra los privilegios odiosos y creyó que el Estado debía tener el control de las fuentes del crédito. Creyó que los pequeños y medianos agricultores debían tener su banco hipotecario; y, de alguna manera, se inspiró en el Humanismo Cristiano pues afirmó una vez (letras más, letras menos) que “la moral cristiana, en su pura y genuina expresión, puede ser base civilizadora de las sociedades modernas”.

La corriente sindical en la cual militamos habrá de celebrar en fecha próxima un congreso ideológico que llevará el nombre de “Félix Arcadio Montero Monge”, para no solamente honrar su memoria y dar a conocer su legado; sino como muestra de que si soñamos tanto como él soñó en el marco del concepto de “Otra Costa Rica es posible”; el pensamiento y la acción de don Félix Arcadio Montero Monge calza, como anillo al dedo, ayudando para que “los y las de abajo” nos dispongamos a la estructuración del desafío estratégico que se necesita en este país, a fin de desterrar la perversa corriente hegemónica de sesgo neoliberal; la cual no quisiera, ni por un minuto, que los legados de este ilustre costarricense fueran de conocimiento masivo, pues revitalizarían lanzamientos movilizatorios de nuevo tipo, dándole contenido de vocación de poder a lo que ya es cosa de todos los días en la Costa Rica de hoy: acudir a la Democracia de la Calle. (Los datos consignados fueron tomados de Wikipedia).

La semana pasada nuestro artículo “La criminal desigualdad global y la guerra contra la humanidad” abordó el tema de la brutal concentración de la riqueza a nivel mundial, mostrándose así la perversa y maléfica condición del sistema capitalista de sesgo financiero-bancario que, inspirado en los más criminales postulados del neoliberalismo, tiene al mundo dividido en dos polos confrontados, en una antípoda humanitaria que nos dice del carácter genocida de este enfrentamiento de clase contra clase.

Por un lado, 12 (o 29) millones de personas, los archimillonarios de los más ricos; por otro, la humanidad: casi 7 mil millones de seres humanos.

En esta segunda entrega sobre el tema les compartimos más datos que muestran, sin lugar a dudas, la naturaleza de los cambios sociales que tienen los pueblos del orbe que promover, a fin de enfrentar esta situación de exclusión social que sin duda amenaza con destruir al propio planeta Tierra.

Uno de los bancos más famosos de este sistema capitalista tan perverso, el Credit Suisse, nos indica que el 8,1% de la población mundial (unos 373 millones de personas) posee el 82,4% de la riqueza total global, pero que 29 millones de personas de este grupo de 373 millones, por sí mismas, acumulan el 39,3% de la riqueza planetaria de hoy.

Al otro extremo, también reconocido por el mismísimo Fondo Monetario Internacional (FMI), el resto de la población mundial, más del 90% (casi 7 mil millones de personas) debe “conformarse” con el 17,7% de la riqueza global.

De nuestras lecturas para compartirlas con usted se nos explican las razones por las cuales entidades multilaterales como el FMI, la Organización Mundial de Comercio (OMC), el Banco Mundial y otras de similar naturaleza adoptan políticas contra los pueblos, plantean la eliminación de los sistemas de seguridad social, imponen la abolición de legislaciones laborales avanzadas, exigen la privatización total, dado que sus decisiones responden a la lógica de la acumulación de la riqueza que quiere aumentar ese 8,1% de la población global y particularmente hacer más grandes los capitales de esos 29 millones de personas que tienen ya el 39,3% de la riqueza del orbe.

Esta superconcentración global de la riqueza se expresa tanto en personas de carne y hueso cuyos nombre seguramente usted ya ha oído y también en corporaciones multinacionales, empresas transnacionales, muchas de las cuales tienen más plata que muchos países del mundo.

Por ejemplo, el ser humano con más plata en estos momentos es el señor Carlos Slim, según el ranking, la clasificación anual de los súper ricos que elabora la revista gringa Forbes, para la cual “es chocante tener semejante fortuna en un país tan pobre como México”, según lo dijo la señora Luisa Kroll, responsable de la investigación al efecto para la “afamada” publicación.

La riqueza de este señor supera ya el 1% de todo el Producto Interno Bruto (PIB) de su país natal. México tiene una población de 100 millones de personas, siendo la fortuna de este señor de unos $73 mil millones. Si la “repartiera” entre sus actuales connacionales, cada mexicano recibiría unos $730: ¢365 mil.

En Estados Unidos el más rico es el conocido Bill Gates, quien del año 2011 al 2012 aumentó su fortuna en un 13%. Su patrimonio es hoy en día de $67 mil millones, $7 mil millones más que en el año precedente. A él le sigue en ese país el señor Warren Buffet, con un patrimonio de $53.500 millones, quien también tuvo la “suerte” de hacerlo crecer del 2011 al 2012 en $7 mil millones.

El señor Buffet está en el cuarto lugar a nivel global porque el tercero, ¡oh paradojas de la vida!, lo tiene un español: don Amancio Ortega, empresario textil, con una fortuna de $57 mil millones. Este dato es impactante considerando la durísima situación del pueblo de España y su clase trabajadora en estos momentos. El quinto lugar lo ocupa otro gringo: Larry Elisson, del conglomerado corporativo Oracle, con $43 mil millones.

Igual de interesante es conocer acerca de las empresas transnacionales. Las primeras 1.000 de ellas tienen un poder de tal calibre que se supondría solamente podrían tenerlo las naciones. Dos académicos y estudiosos estadounidenses, los señores Robert G. Eccles y George Serafeim, nos han comentado sobre ello. Algo les compartimos de seguido.

Dicen ellos que tan solo 1.000 empresas son responsables de la mitad del valor total de mercado de las más de 60 mil del mundo que cotizan en bolsa. Por ello afirman que “la globalización ha concentrado el poder económico en un grupo de grandes empresas que están en condiciones de cambiar el mundo a una escala históricamente reservada a las naciones”.

Estos datos son impactantes: En el 2010 las 1.000 mayores empresas del mundo tenían unos beneficios de $32 billones (millones de millones), el 49% del total de la capitalización mundial de mercado, pero de esas 1.000 empresas, 83 representaban en ese año el tercio de esos $32 billones.

Otros analistas han elaborado un curioso “ranking”, combinando países con empresas multinacionales, de acuerdo al tamaño de la economía de los países más poderosos, con el tamaño de esos gigantes emporios transnacionales.

Se fijaron 100 posiciones y de estas, 40 son empresas de colosal tamaño. Las 60 restantes son países.

En este peculiar indicador las primeras economías son naciones: Estados Unidos, China, Japón, Alemania y Francia (lugares 1, 2, 3, 4 y 5, respectivamente, de esas 100 posiciones).

A nivel de empresas y dentro de estas 100 posiciones tenemos a Royal Dutch Shell (lugar 26), Wal-Mart Stores (lugar 28), ExxonMobil (30), Sinopec-China Petroleum (33) y British Petroleum (34).

En América Latina solamente dos países, Brasil y México, están por encima de esas primeras cinco empresas multinacionales de esta peculiar clasificación. Datos de www.elordenmundial.wordpress.com

Como vemos, no son datos “anecdóticos” o “curiosidades”. ¡No! Se trata de valorar la naturaleza del combate que por la justicia social hay que librar en estos días. Se trata de comprender que se necesita de la más grande diversidad jamás imaginada para la acumulación de una fuerza que contrapese a esa brutal hegemonía del capital bancario-financiero neoliberal que está en guerra contra la humanidad.

Se trata del más impensado compromiso con la vida, con los derechos humanos, con la real democracia, con el ambiente y con la ecología, que tenemos que asumir para enfrentarnos al poderío más colosal de toda la historia humana. Se trata de trabajar para construir la más grande articulación intersindical, intersocial, interciudadana, pero sin sectarismos, sin hegemonías. A nivel nacional, regional, continental, mundial. En fin, se trata de la vida contra la muerte.