Crónicas anti-vida

Ganancias monópolicas

La farmacéutica es, con ventaja, la más rentable industria en Estados Unidos, cualquiera sea el indicador con base en el cual se evalúe esa rentabilidad. Ello es posible gracias al monopolio que le concede el sistema de patentes, el cual impide o dificulta la competencia de medicinas baratas. Contradictoriamente, está bien demostrada su paupérrima capacidad innovadora. Son escasos los nuevos fármacos que desarrolla y limitado el avance que éstos aportan. En cambio, son colosales sus gastos en publicidad (US$ 100 mil millones en 2004), como inmenso el aparato de lobby político por cuyo medio influye en el Congreso y el Ejecutivo estadounidense: unos tres mil bien pagados cabildeadores y unos US $116 millones gastados solo en 2003.

Que se mueran

En 1997 Sudáfrica aprobó la Ley sobre Medicinas (Medicines Act) con el fin de promover la producción de fármacos más baratos. Se intentaba así enfrentar la grave epidemia de VIH-Sida. Baste decir que a inicios de los años dos mil, alrededor de 4,5 millones de personas sudafricanas estaban infectadas. Tras la aprobación de esa ley, se agudizaron las presiones por parte del Representante Comercial del Gobierno de Bill Clinton, en cercana y visible coalición con las grandes corporaciones farmacéuticas. Una fuerte movilización ciudadana, escenificada tanto en Estados Unidos como en Sudáfrica, obligó a que, hacia 1999, el gobierno estadounidense tuviera que desistir de tales acciones. Otros datos demuestran que este feo comportamiento no era fruto de la casualidad ya que con antelación la administración Clinton venía presionando para que Sudáfrica renunciara a aplicar algunas limitadas flexibilidades (importaciones paralelas y licencias obligatorias) que concede el Acuerdo sobre Propiedad Intelectual de la OMC (el ADPIC).

No obstante la dramática situación del VIH-Sida en África y el cambio de posición de la administración estadounidense, 39 de las más grandes corporaciones farmacéuticas presentaron, el 5 de marzo del 2001, una demanda contra Sudáfrica. De nuevo, fue la presión ciudadana a nivel mundial la que obligó a que fuese retirada.

Brasil en la mira

El caso del Brasil, en su esfuerzo por producir medicinas genéricas baratas, es sorprendentemente similar. En 2001 se intensificaron las presiones provenientes tanto de las grandes farmacéuticas estadounidenses como de la administración Bush. Las primeras planteaban reiteradas amenazas de posibles demandas. La segunda interpuso un caso contra Brasil, en los marcos de la OMC. Esto último resulta más notable a la luz de los acontecimientos generados alrededor del caso sudafricano, ya que la presión contra Brasil es posterior al cambio de posición que en 1999 tuvo que adoptar la administración Clinton. Es sabido, sin embargo, que Bush es especialmente beligerante a la hora de defender los intereses de las angurrientas corporaciones farmacéuticas. Por lo demás, y como sabemos, aún hoy Brasil continúa en un pulso interminable con los poderes corporativos que, incansables, continúan su asedio sobre el derecho de la gente a contar con medicinas baratas.

¿Y a quién le importa la vida de los guatemaltecos?

En el transcurso de un período de menos de cuatro años entre noviembre de 2002 y mayo de 2006 la ley guatemalteca sobre patentes fue modificada cinco veces en relación con aquellas estipulaciones que expresamente afectan la disponibilidad de medicinas genéricas. Una y otra vez, el Congreso guatemalteco se debatió entre el intento por introducir normativas que facilitaran la producción de fármacos baratos y las presiones brutales –ejercidas incluso por el embajador estadounidense en abierta complicidad con las farmacéuticas- para echar abajo esas leyes y restablecer condiciones jurídicas que garantizaran los intereses monopólicos corporativos. A fin de cuentas predominaron éstos últimos por sobre la salud del pueblo guatemalteco y su derecho a la vida. Y, por si alguien lo ignora, la situación quedó debidamente consolidada con la aprobación del TLC con Estados Unidos.

Y podríamos seguir

En relación, por ejemplo, con la variedad de triquiñuelas por medio de las cuales los países ricos –no solo Estados Unidos- han intentado burlar la Declaración de Doha, a fin de dificultar su aplicación, con el objetivo obvio de favorecer a las farmacéuticas al costo de restringir –quizá impedir– que los países pobres dispongan de medicamentos baratos.

Monseñor Trejos sí lleva razón

El TLC no es distinto. También privilegia el comercio a la vida como ha dicho el valeroso obispo. El TLC es hijo bastardo del concubinato escandaloso entre los poderes político-militares y los económico-corporativos que dominan el mundo actual, y de los cuales ha sido sumiso representante el “equipo negociador” del TLC. Opciones anti-vida pululan a lo largo de los 22 capítulos del TLC. Incluso en relación con medicamentos. También en el debilitamiento de la legislación ambiental y laboral. En los privilegios jurídicos de excepción que se conceden a los inversores extranjeros. En la abierta comercialización del agua, de la educación y la salud. En la renuncia a la seguridad alimentaria o el desmantelamiento del modelo solidario del ICE.

También en el detalle particular que Monseñor sacó a relucir. Se trata del artículo 9.14 del Tratado, el cual enumera posibles excepciones a las obligaciones en materia de contratación pública, es decir, en relación con la compra de bienes y servicios por parte de las instituciones del Estado. Son excepciones aplicables, entre otros, en relación con la moral, la seguridad, el medioambiente o la vida y salud humana, animal o vegetal.

Pero tales excepciones son aceptables tan solo si no constituyen una “acción discriminatoria” o una “restricción encubierta” al comercio. Esto es simplemente aberrante. Preguntémonos: si se trata de proteger la salud o la vida, ¿Vale tan solo pensar que una medida que se adopte con tales fines puedan ser impugnadas por considerarla “restrictiva” o “discriminatoria” desde el punto de vista comercial? Esto es simplemente criminal: el comercio subordina a la vida en vez de ser la vida la que sirva de rasero ético y criterio de discernimiento en relación con el comercio.

Mayo 05, 2007

Fuente: Tribuna Democrática

Fallo a favor del “referéndum express” del régimen de los hermanos Arias mina aún más la credibilidad del TSE

Pese a tanta desconfianza, apoyamos el referéndum de setiembre; pero la movilización ciudadana, bajo el concepto del Referéndum de la Calle, cobra ahora vigencia estratégica

I. Desconfianza en el TSE. El Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), incrementa la sensación de desconfianza y mina aún más su credibilidad, en segmentos de la ciudadanía cada vez más diversos, especialmente, en amplios sectores de la sociedad civil organizada. La ANEP pudo comprobar esta percepción, en innumerables consultas efectuadas luego de conocerse que los magistrados electorales rechazaron el referéndum por iniciativa ciudadana, dándole luz verde al Gobierno de la República para que ejecutara su “referéndum express”, por vía rápida, buscando facilitar su objetivo de lograr la aprobación del TLC a como dé lugar.

II. Referéndum nacerá manchado y manoseado. Hemos sido enfáticos de que el referéndum debió realizarse por el mecanismo de la Iniciativa Ciudadana, a través del ejercicio soberano del pueblo, gestándolo desde sus inicios por medio de la recolección de firmas. La intrusión oportunista y manipuladora del régimen de los hermanos Arias Sánchez, emitiendo un decreto convocante, fue totalmente desafortunada pues le impregnó un sesgo altamente controversial de intención manipuladora, dado que los gobernantes actuales siempre renegaron de la posibilidad de la participación popular en este delicado asunto, indicando en más de una ocasión que el referéndum del TLC ya había ocurrido con ocasión de las no menos controversiales elecciones presidenciales de febrero del 2006. El TSE se prestó, con su fallo, a manchar y a manosear, la cristalinidad y la pureza cívica del referéndum. Esto habría sido potenciado por lo que a juicio de algunos es, la excesiva actitud protagonista del magistrado Luis Antonio Sobrado, Presidente a.í. de este tribunal, quien estaría pujando por su nombramiento definitivo como máximo titular del mismo, dejando evidencia de lo que podría ser una actitud subjetiva de congraciarse con las altas esferas del poder político que tienen que ver con su designación definitiva a cargo del TSE, dado que en una ocasión, al menos, se presume que adelantó criterio sobre este fallo.

III. Magistrada vinculada al arismo. La redacción del cuestionado fallo electoral estuvo a cargo de la Magistrada Eugenia Zamora Chavarría, quien tuvo en el pasado vínculos que la conectan con la Fundación Arias para la Paz y fue Viceministra de Justicia y Gracia, en la primera presidencia arista. Además, ostentó una representación de un gobierno liberacionista en el seno directivo del Banco Hipotecario de la Vivienda (Bahnvi); cargo que “olvidó” consignar en su currículum cuando se discutía la eventualidad de su designación como magistrada del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE). La exlegisladora Martha Zamora Castillo, del período parlamentario anterior, 2002-2006, demostró tales vínculos. Estos antecedentes fundamentan una sensación de enorme desconfianza sobre la “neutralidad” y la “imparcialidad” del fallo electoral que rechazó el referéndum por iniciativa ciudadana.

IV. Presidente Arias sabía de fallo. Estamos convencidos de que el Presidente Arias sabía con antelación del contenido del cuestionable fallo del TSE. Al indicar que su Ministro “de la Producción”, Alfredo Volio, tendría una licencia por tiempo definido, relativamente corto, por 3-4 meses, para hacerse cargo de la dirección de la campaña del Sí al TLC, y que luego podría retornar a su labor en el seno del gobierno, el mandatario sabía que el referéndum se realizaría en el corto plazo. El TSE anunció que el referéndum se realizará en setiembre, dentro de cuatro meses. Queda confirmado que el mandatario sabía que era en ese plazo que se daría la indicada consulta popular.

V. TSE se contradice. El Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), se contradice en su cuestionado fallo. Alega, por un lado, que el rechazo al proceso de recolección de firmas se fundamenta, entre otras razones, por “economía” de recursos fiscales; pero por otro, descalifica la necesidad de una consulta previa de constitucionalidad sobre el TLC que podría “economizar” mucho más dinero al erario público, si se determinara que ese TLC es inconstitucional, tal y como lo sostienen eminentes juristas de varias procedencias filosófico-partidistas, libres de la más mínima sospecha de simpatizar con los sectores sociales y sindicales opuestos a tan nefasto tratado. He aquí otra razón más para sostener que el tribunal electoral emitió un fallo con serios problemas de transparencia.

VI. Fraude al soberano en desarrollo. La más grave violación a la voluntad del pueblo soberano que se quiere consultar en el referéndum, que podríamos denominar como fraude en desarrollo, es que el TSE avaló consultar sobre el dictamen del TLC emitido, por cuestionable procedimiento parlamentario, por la Comisión de Asuntos Internacionales de la Asamblea Legislativa. El TSE, al avalar el “referéndum express” que quieren los hermanos Arias, engaña a la ciudadanía pues lo que debe llevarse a consulta popular es el texto original del TLC, con su parte en idioma inglés incluso y con las cartas paralelas al mismo, algunas todavía más graves para el país que el propio texto de ese nefasto tratado. Esto es tan grave que debe alarmarnos porque está en desarrollo tal monstruosidad jurídica y política que podríamos estar ante el más gigantesco fraude a la voluntad del soberano llamado a decidir, en sustitución del parlamento, sobre el proyecto de ley del TLC.

VII. Sala IV rechazará consulta de la Defensoría. En tal marco de condiciones, vaticinamos que en próximas horas, la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, rechazará, ad portas, la consulta preceptiva de constitucionalidad que el pasado viernes 27 de abril, presentó ante tan alto tribunal, la Defensoría de los Habitantes de la República, en uso pleno de las facultades jurídicas que le asisten para haber actuado de dicha forma.

De concretarse nuestro pronóstico, se completaría así el proceso político de control total de toda la máxima institucionalidad republicana vigente en el país, para servir a la causa del Sí al TLC. El régimen de los hermanos Arias Sánchez, con el absoluto control de la iniciativa parlamentaria, con el respaldo tácito de la cúpula eclesiástica de la Iglesia Católica bajo el “sanbenito” de la neutralidad en el asunto del TLC y la mordaza impuesta a los curas opuestos al mismo; y con el tribunal electoral a su favor, agregaría el apoyo velado del más alto tribunal constitucional, con el eventual rechazo de la consulta que formuló la Defensoría. El rechazo que se hizo del cuestionamiento del trámite parlamentario, del decreto presidencial convocando a referéndum, que debió tramitarse en sesiones ordinarias de la Asamblea Legislativa, es otro elemento de desconfianza en la institucionalidad constitucional en toda esta cuestión. La sensación de un tramado conspirativo, al más alto nivel de la institucionalidad política para favorecer el Sí al TLC, adquiriría niveles de certeza imposibles de disipar.

VIII. Apoyamos el referéndum. Pese a la adversidad creciente, la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), apoya la realización del referéndum y llamará a votar NO al TLC a toda su membresía y a toda la ciudadanía que, de una manera u otra, a través de distintas vinculaciones, se relacionan en lo cotidiano con esta organización. Independientemente de las manipulaciones y manoseos que están ocurriendo con el primer referéndum de la historia republicana de Costa Rica, la esencia democrática de esta conquista cívica debe ser rescatada en las urnas, por medio de una asistencia masiva y de un proceso autónomo de fiscalización, mesa por mesa, para garantizar la transparencia de la votación y la defensa de su resultado, para evitar la consumación de un fraude que estamos presintiendo. No obstante, si las condiciones sociopolíticas y mediáticas de acorralamiento a la sociedad civil opuesta al TLC, por un lado, y la consumación del fraude al soberano sobre cuál texto del TLC es el que se le someterá a consulta, podrían abrir el camino hacia estructurar un llamado hacia una desobediencia civil.

IX. Referéndum de la Calle con vigencia estratégica. ANEP propondrá a la diversa coalición opositora al TLC, que en próximas semanas, realicemos una gigantesca movilización ciudadana, a lo largo y a lo ancho del país, lo más extendida y profunda posible; para repudiar los evidentes sesgos manipuladores y las acciones de los poderes institucionales hoy controlados por el régimen de los hermanos Arias Sánchez, en contra de la transparencia, de la equidad y del equilibrio en la consulta democrática del referéndum sobre el TLC. Además, que este nuevo ejercicio del Referéndum de la Calle sirva para llamar la atención mundial, acerca de las gigantescas desventajas que enfrenta el NO al TLC, por la serie de condiciones políticas que desde el poder se tejen para instrumentalizar dicha consulta a favor del Sí al TLC, minando su transparencia.

*X. Confianza profunda en el pueblo costarricense. *En esta noble gesta cívica, contra un TLC nefasto que profundizará la senda de la concentración de la riqueza y de la desigualdad y que no generará los empleos que sus defensores dicen que habrá; la ANEP renueva su confianza profunda en la sabiduría del noble pueblo costarricense, orgulloso de su institucionalidad pero profundamente descontento con la perversión de la misma. Pese a la multimillonaria campaña de la mentira, de la propaganda barata y de la manipulación mediática de la prensa oligárquica, el apoyo al TLC es lo que ha venido decreciendo, sistemáticamente, cayendo de un 80 % al principio de la discusión nacional del tema, a un 35 % en la semana anterior a la marcha del 26 de febrero, según una propia encuesta de dicha prensa. Es esa sabiduría, silenciosa y responsable, la que en las urnas enterrará el TLC y, con ello, veinte años de neoliberalismo corrupto.

San José, 4 de mayo de 2007.

Junta Directiva Nacional
Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados
ANEP

Albino Vargas Barrantes

Edgar Morales Quesada

Luis Rivas Quirós

Alfredo Erak Huertas

María Eugenia Martínez Vargas

Flor de Lis Monestel Corrales

Ligia Solís Solís

Lidia Lacayo Mena

Guillermo Keith Bonilla

Ronald Barrantes Moya

Mainor Díaz Gómez

Juan Carlos Paniagua Soto

María del Milagro Gómez Araya

Isabel Portuguez Quesada

Douglas Carrillo Azofeifa

El estudio de CEPAL

La razón de tan amplia divulgación en algunos medios de comunicación radica en que el trabajo, de naturaleza cuantitativa, señala que con la entrada en vigencia del TLC se lograría un crecimiento adicional del 2% anual basado en exportaciones.

Estos resultados son considerados por algunos como evidencia suficiente para justificar la aprobación del Tratado, sin tomar en cuenta que los acuerdos comerciales producen profundos cambios institucionales que van más allá del intercambio comercial de bienes y servicios, tal y como lo demuestra Dani Rodrik en varias de sus publicaciones.

En cuanto al trabajo en consideración, elaborado por el economista Marco V. Sánchez, este emplea un modelo de equilibrio general dinámico para Costa Rica que, según el autor “permite simular el impacto de la desgravación arancelaria y las cuotas de acceso preferencial pactadas”.

Sin embargo, lo cierto es que el modelo utilizado por Sánchez, versión particular de los modelos de equilibrio general computable, presenta una serie de limitaciones que son poco explicitadas por el autor y que cuestionan los resultados obtenidos.

Por una parte están las limitaciones propias de este tipo de modelo, las cuales tienen que ver con su pobre capacidad predictiva, tal y como lo ha enfatizado Patrick Kehoe de la Universidad de Minnesota, así como las restricciones que enfrentan desde el punto de vista econométrico. Tanto McKitrick (The Econometric Critique of Computable General Equilibrium Modeling: The Role of Parameter Estimation. Economic Modeling) y Jorgenson (Econometric Methods for Applied General Equilibrium Analysis en Applied General Equilibrium Analysis, Cambridge University Press) han sido prolijos en este aspecto.

Por otro lado están las reservas que impone la información disponible para la estimación de estos modelos. El estudio “Modelos econométricos para los países de Centroamérica” de Luis Miguel Galindo (LC/MEX/L.581) también auspiciado por la CEPAL en noviembre de 2003 indica que “la elaboración de los modelos econométricos presenta problemas. En particular surgen algunas dificultades pues la información disponible no incluye series estadísticas consistentes para períodos prolongados de todas las variables requeridas. Además existen cambios estructurales pronunciados que no son tomados en cuenta”.

En este mismo sentido y en referencia concreta al estudio que comentamos, la economista Anabelle Ulate, directora del Observatorio del Desarrollo de la Universidad de Costa Rica, ha manifestado que “una simulación basada en la estructura de consumo de las familias del año 1988 deja mucho que desear, pues sabemos por la última encuesta de Ingresos y Gastos del INEC, que esa estructura cambió considerablemente en 2004-2005 y ahora el consumo de los bienes transables pesan relativamente menos en la canasta de las familias”. (Semanario Universidad / 3-9 mayo 2007).

Así las cosas, y después de analizar el trabajo cepalino, coincidimos plenamente con la profesora Ulate y concluimos en que “lo único cierto del TLC es que sus consecuencias sobre la producción son inciertas”. Sobre los aspectos institucionales comentaremos en una próxima ocasión.

5/4/2007

NO podemos ser neutrales

Permítame por medio de estas líneas, distraer su distinguida atención para manifestar mi opinión personal al respecto.

No creo estar equivocado si considero que Dios ha llamado a Costa Rica para ser un modelo de libertad en el concierto de las naciones.

¿Lo estamos siendo? Debemos preguntarnos.

Pareciera nos hace falta, en las presentes circunstancias, una profunda dosis de reflexión con miras a cumplir esa altísima vocación, con la responsabilidad del caso.

El profeta Jeremías atribuye las desgracias del hombre sobre la tierra precisamente a la falta de reflexión. Es así como expresa las quejas de Dios: “Muchos pastores han desvastado mi viña, han pisoteado mi heredad, han convertido mi frondosa posesión en un árido desierto (…) Toda la tierra está horrorosamente desolada y a nadie le importa (…) Sembraron trigo y cosecharon espinas, se fatigaron trabajando sin provecho, quedaron confusos de su cosecha” Jer 12,10-13

Frente al referendo sobre el TLC nos encontramos ante una situación sumamente delicada: ¿la verdad es oficial u oficiosa?, ¿no estaremos verdaderamente en una trampa? La verdad no necesariamente la tiene la mayoría, sino quien se pone de parte de quienes promueven la justicia. Esta no se puede manipular… jamás debe ser distorsionada.

¿Qué necesidad habríamos tenido de este referendo si los pros y los contras del tratado se hubieran expuesto a la ciudadanía con toda franqueza y equidad en el uso de los medios? ¿Para qué, pues, tanta precipitación en la firma del mismo y las sumas cuantiosas de dinero que se han gastado en su propaganda con el fin de imponerlo a toda costa?

De lo que todos somos testigos, y debemos confesarlo en buena ley, es que sobre los intereses de la Patria, están prevaleciendo los de los poderosos, que tratan de imponerse pero hasta ahora no lo han logrado, con la celeridad deseada.

¿Cuál es, entonces, la ventaja del mencionado referendo? Ciertamente buscar la solución por la vía pacífica que ha sido siempre, para bendición nuestra, lo mejor.

¿Cuál debe ser, pues, nuestra actitud? La cristiana. Sólo así seremos verdaderos testigos, poniéndonos de parte de la verdad y de la justicia, como lo hizo el Señor. El desarrollo que no atiende al bienestar comunitario se traduce lamentablemente en fracaso, en rotunda opresión.

Se pide a nuestra Iglesia manifestarse neutral en esta contienda. Eso significaría, ni más ni menos, que desfigurarla totalmente: nuestra Iglesia debe estar siempre del lado de la verdad y de la justicia porque lucha por la paz y debe sembrar el amor. Por esta causa luchó y murió Jesucristo. Este fue, es y será siempre signo de contradicción. Causa de salvación para cuantos creemos en Él; desgracia para quienes le abandonan.

Efectivamente: no podemos ser neutrales. ¿Cómo serlo por ejemplo, ante un texto del Tratado como el siguiente?: “Ninguna disposición de este Capítulo se interpretará en el sentido de impedir que una Parte adopte medidas que sean necesarias para proteger la salud o la vida humana, animal y vegetal, siempre y cuando dichas medidas no se apliquen en forma que constituyan una restricción al comercio entre las Partes” Norma 9.14 del TLC. Dicen proteger la vida siempre y cuando no afectemos su comercio? No. No podemos ser neutrales.

No conocemos nada tan revolucionario como Jesús con su Evangelio y su Cruz. Se declaró siempre contra el poder corrupto, generador de injusticias. Por combatirlas derramó su sangre y entregó su vida. Lo quitaron del medio, cual piedra de tropiezo, pero el Padre del cielo, en cuyas manos se puso, lo exaltó y convirtió en piedra angular de su edificio: la Iglesia. Esta brotó con la sangre y el agua salidas del corazón redentor. Y así como Él, cual esposo fiel se entregó a ella, ésta debe dar siempre, con su ayuda, testimonio de fidelidad a su esposo.

Por estas y abundantes razones más, la Iglesia lejos de ser neutral estará siempre, inalterablemente del lado de la vida y no de la cultura de la muerte: el aborto, la esterilización, la violencia, las guerras de todos los tiempos. La Iglesia estará siempre en contra de cualquier tipo de injusticia, atropello contra la humanidad.

El amor es la ley del Señor y a Él nos invita a todos, sin distingo de raza ni nación. Por tanto, Cristo es ese gran revolucionario que no esgrimió más espada que el Evangelio. Él no derramó una sola gota de sangre de quienes lo persiguieron, pero sí vertió la suya propia por cuantos con nuestro pecado, deliberadamente, nos hemos convertido en enemigos suyos. No hay enemigo peor que éste.

Definitivamente nos hace falta valentía. Nos dice San Pablo que hemos sido bautizados no en espíritu de cobardía sino de fortaleza. No debemos confundir la prudencia con la pusilamidad. Cristo prometió estar siempre del lado de la Iglesia y jamás le será dado defraudarla. No tengamos miedo.

Monseñor Ignacio Trejos Picado

Obispo Emérito de San Isidro de El General

Defensoría solicitó consulta de constitucionalidad del TLC

Sobre la premisa de que la consulta debe generar confianza en el sistema democrático ya que fortalece la figura del referendo y consecuentemente su resultado la Defensora de los Habitantes, Lisbeth Quesada Tristán, presentó ante la Sala Constitucional el documento de más de 100 páginas en las cuales se detallan los alcances de la consulta.

“Hay mil quinientos millones de razones por las cuales la Sala IV debe admitir y pronunciarse sobre los extremos de lo planteado”, dijo Quesada Tristán y agregó que la Defensoría está legitimada para interponer esta consulta, previo a celebración del referendo, para garantizarle los y las habitantes que su voto sería sobre un proyecto que no tiene vicios de constitucionalidad. Y agregó que “les pongo un ejemplo, si los y las habitantes dicen si al TLC y posteriormente la Sala IV argumenta que es inconstitucional entonces no solo mil quinientos millones de colones serán desperdiciados, sino que también la credibilidad en el sistema mismo de referendo.”

Otra de las razones por las cuales motivó a la Defensoría la presentación radica en que también es importante saber “si hay vicios de constitucionalidad sobre los derechos de las personas, entre ellos derechos laborales, de la salud, de la propiedad intelectual y la omisión de la reserva en materia de minorías socialmente vulnerables”, dijo la Defensora Lisbeth Quesada Tristán.

La Sala Constitucional tiene un plazo de un mes para pronunciarse al respecto a partir del recibo de la consulta, y la misma, no suspende la tramitación del referendo ni del proyecto en la Asamblea Legislativa.
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El Referéndum no es solo para decidir sobre el TLC; es para fortalecer la democracia Costarricense

Salud José Miguel Corrales, a quienes lo acompañaron en esta propuesta, y a quienes desde hace años vienen empujando el tema. Salud Tribunal Supremo de Elecciones, que en tiempos en que la institucionalidad del país ha sido tan manoseada, tuvo la valentía de autorizar la recolección de firmas.

La oportunidad que se le presenta al país es una para profundizar la
democracia. Hay que abrazarla. Hay que aprovecharla, haciendo las cosas bien. El primer Referéndum vinculante en la historia del país debe sembrar las bases correctas para el uso futuro de esa poderosa herramienta de participación ciudadana. Difícilmente quienes ostenten el poder político a futuro se atrevan a ejercerlo con excesos, si se acuerdan que ahí está la espada del Referéndum en manos de los ciudadanos.

La tirada, es que uno sabe la tusa con que se rasca. El régimen que
durante tantos meses desestimó por completo el valor y la posibilidad de un Referéndum para decidir el tema de su TLC, al verse derrotado por la democracia de las calles aquel histórico 26F, comenzó a manosear la idea entre corrillos desde hace semanas. Aquí sigue oliendo a azufre. Para muestra un botón: ante el anuncio del TSE, el régimen corre a convocar a Referéndum, con la intención de atropellar y ensuciar el proceso.

Disculpen señores en el Zapote, pero en este baile ya esa muchacha está desfilando con otro, y ese otro es el pueblo! No debemos seguir acomodando las cosas a los intereses del momento. La jugada prepotente, la burda maniobra, solo pretende evitar que quienes primero solicitaron el Referéndum, puedan exponer su punto de vista durante el proceso de recolección de firmas. La valentía que mostró el TSE en la autorización concedida, presagia hidalguía en defender la Ley, y por ende el concepto legal de primero en tiempo primero en derecho.

Superado como deberá serlo en su momento dicho exabrupto, se deben cumplir con rigurosidad y sumo cuidado tres etapas, sin las cuales el proceso adquiriría vicios insalvables:

Aclarar la constitucionalidad del tema a consultar.

Sería una ofensa a la ciudadanía y una burla a la democracia, someter a Referéndum un tema aún no revisado en cuanto a su legitimidad constitucional. No efectuar a tiempo una consulta constitucional, además de que soltaría de nuevo el olor a azufre, sería un sin sentido en el cual se le estaría pidiendo al pueblo costarricense que vote sobre una Ley que podría ir en contra de su propia Constitución.

Aclarar las reglas del Referéndum.

Es necesario que haya transparencia y equidad para ambas partes en los temas de propaganda, transporte, etc. Pero a fondo, la ciudadanía debe conocer claramente cómo se van a contabilizar sus votos para tomar una decisión u otra. Lo correcto de acuerdo a la Ley del Referéndum, es que por ejemplo en este caso, por requerir de 38 votos en la Asamblea, se requiera de un 40% del padrón nacional votando por el “si” para dar por aprobado el tratado en cuestión, o de lo contrario el mismo se archiva.

El arrogante discurso del régimen y de sus concubinos mediáticos es que su TLC cuenta con el apoyo “de la gran mayoría” de los costarricenses, por lo que solo sería cuestión de que pongan los votos donde ponen la boca.

Retiro inmediato de las Leyes de Implementación del TLC de la corriente legislativa.

Si el pueblo de Costa Rica va a decidir si aprueba o no el TLC, no tiene ningún sentido honesto ni democrático que se sigan viendo las leyes de implementación del mismo en la Asamblea, hasta tanto el pueblo soberano no rinda su decisión. Las “leyecitas” en mención desarticulan y a la vez articulan gran cantidad de instituciones y ordenamientos legales en el país, por lo que sería prácticamente imposible echar atrás con sus alcances, en caso de que no gane el “si” en el Referéndum. Más aún, sería un verdadero fraude el que el régimen pase por la Asamblea el TLC sin TLC”, como son sus leyes de implementación, mientras a la ciudadanía se le dice que es ella quien en realidad y legitimidad democrática va a tomar la decisión de improbar o aprobar el TLC.

El trasfondo de la necesidad de estas tres etapas en la aplicación del primer Referéndum de nuestra historia, es profundamente ideológico. Es o no en democracia verdaderamente soberano el pueblo? Si la respuesta es sí, las tres etapas expuestas son condición vital a cumplir. Obviar una sola de las tres, significaría tal perdida de credibilidad en el sistema, que haría irrelevante un segundo Referéndum en el futuro, y quizá entonces más bien tendríamos menos democracia, ante lo cual el pueblo burlado pasaría la factura histórica y política a los que hoy se ufanan de seguir usurpando el poder. Pero de mucha más importancia que
el ego personal y el peso político pasajero de quienes hoy ocupan el
Zapote, es que quienes tienen la posición y sustento legal para hacerlo, resguarden a ultranza el nuevo mecanismo de participación y control ciudadano del Referéndum, por lo que vale, y más allá de intenciones del momento.

Ante el Referéndum: Que Dios nos agarre confesados

1. Pero siempre estuvieron seguros de que el aparato de propaganda totalitario que aplasta la democracia costarricense desde hace varios años, les permitiría imponer a leñazos un texto de TLC, contrario a la Constitución, a la dignidad y al decoro de la Patria.

2. Ahora, cuando el Tribunal Supremo de Elecciones con demora recomienda al fin el Referéndum, los hermanos Arias lo aceptan pero se lanzan por el atajo de precipitar esa consulta directa al pueblo. Debe producirse lo más pronto posible. A tres meses plazo. Siguen confiando en que el aparato de propaganda totalitario, que ha bombardeado durante varios años a la opinión pública a favor de un texto del TLC contrario a los intereses de Costa Rica y en apoyo de los intereses nacionales e internacionales que representan el régimen de los hermanos Arias y el diario La Nación, provoquen o el abstencionismo y/o la confusión de los votantes. Los representantes del mundo académico, grupos de distintas denominaciones religiosas, de sectores estudiantiles, gremiales y populares, no han podido contrarrestar el poderío de ese aparato de propaganda sin precedentes en las luchas democráticas de América Latina. Será una batalla de David y Goliat. Esperemos, que por el bien de Costa Rica, se repita el episodio bíblico.

3. Estrujando nuestro orgullo patriótico, debe solicitarse cuanto antes la presencia de observadores internacionales para el proceso que se quiere precipitar en esta consulta al pueblo sobre el TLC, pero sobre todo para el remate del proceso y el escrutinio final. Porque gruesos sectores de la ciudadanía, siguen con dudas, interrogantes y cuestionamientos sobre el escrutinio final de las elecciones de febrero 2006.

4. Que Dios nos agarre confesados ante el Referéndum.

Abril 17, 2007
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Frente Amplio presenta Coadyuvancia a favor de Referéndum ciudadano

Coadyuvancia activa a favor de gestión de varios ciudadanos para que el Tribunal Supremo de Elecciones se pronuncie favorablemente sobre la obligatoriedad y la viabilidad jurídica de realizar consulta obligatoria a la Sala Constitucional del expediente legislativo 16.047 “Tratado de Libre Comercio República Dominicana, Centroamérica, Estados Unidos”, de previo a convocatoria de referéndum sobre la aprobación o improbación de dicho convenio internacional.

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ANEP solicita información sobre Mandato Negociador con sectores políticos y sociales

San José, 12 de abril del 2007.

Doctor
Oscar Arias Sánchez
Presidente de la República

Señor
Bruno Stagno Ugarte
Ministro
Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto

Gobierno de la República
Poder Ejecutivo
Sus Despachos

Estimados señores y distinguidas autoridades de la República de Costa Rica:

Tenemos informes de que el pasado 14 de marzo del 2007, se aprobó en el Pleno del Parlamento Europeo el Informe de Recomendación al Consejo sobre las negociaciones para un posible Acuerdo de Asociación entre, la UE-América Central (Mandato de Negociación).

Es de nuestro conocimiento, además, que en la construcción de ese Mandato de Negociación, hubo participación activa de las organizaciones sindicales y movimientos sociales europeos, como es lo propio en las democracias más avanzadas del mundo.

En todo caso se debe entender que los firmantes no entendemos un Tratado o Acuerdo de Asociación, si éste no está en función del fortalecimiento y profundización del Estado Social de Derecho.

Por tanto y conforme a lo estipulado en el numeral 27 de la Constitución Política y el artículo 32 de la ley de Jurisdicción Constitucional, le solicitamos respondan las siguientes inquietudes.

Si Costa Rica, una democracia centenaria y con un gobernante que además y para renombre nacional ostenta el digno nombramiento de Premio Nobel de la Paz, va a contar con su propio Mandato Negociador: de tal suerte que la ciudadanía y los mismos negociadores tengan claras las reglas sobre los alcances y límites de su poder de negociación; condición que, en principio, evitaría que no pasáramos de nuevo por situaciones de alta tensión y confrontación social como la que se da en estos momentos con el asunto del TLC con Estados Unidos, por el uso de potestades sin control y en total abuso del equipo negociador costarricense.

Si Costa Rica va a contar con este instrumento, cómo se ha diseñado la participación ciudadana y de los sectores sociales en la construcción de ese Mandato Negociador.

Si su Gobierno, en lo que podría concebirse con una acción nugatoria el Artículo 9, inciso i) de la Constitución Política, no va a construir con la ciudadanía un Mandato Negociador, solicitamos se nos informe de los razonamientos y argumentos en que se funde tal decisión.

Para terminar, solicitamos se nos indique si el Gobierno ha realizado gestiones ante los parlamentos y gobiernos centroamericanos, para que toda la región cuente con un solo mandato negociador, como si lo tienen los europeos.

Sin más y agradeciendo su atención se suscriben,

Albino Vargas Barrantes
ANEP

Xiomara Rojas Sánchez
SITECO

Luis Chavarría Vega
UNDECA

Fabio Chaves Castro
ASDEICE

Roberto Rosich Cruz
SITEPP

Renier Canales Medina
FENAC

Aquiles Rivera Arias
COSUR

Wilberth Vargas Ulate
AUATD

Gilberth Bermúdez Umaña
COSIBA

Édgar Morales Quesada
PSCC-CR

Jenny León González
SUPPAS

Luis Serrano Estada
Central Social “Juanito Mora Porras”

Luis Calderón Campos
ESPAAL

C.c. Consejo de Gobierno de la República de Costa Rica.
C.c. Jefaturas de Fracción, Asamblea legislativa, República de Costa Rica.
C.c. Parlamento Europeo.
C.c. Consejo Económico y Social Parlamento Europeo.
C.c. Sr. Carlos Abadía, Representante Comercial de la Unión Europea para Costa Rica y Panamá.
C.c. Cuerpo diplomático de la Unión Europea acreditado en Costa rica.
C.c. Coordinador del Cuerpo Diplomático de la Unión Europea en Costa Rica.
C.c. Organizaciones Sindicales y Movimientos Sociales y Políticos, amigos, en Centroamérica y la Unión Europea.

Interpelaciones ineludibles

En verdad el voto 790-E-2007 abre un nuevo capítulo en el desarrollo republicano costarricense. Es la primera vez en nuestra historia contemporánea en que se hará efectivo el instrumento de participación popular que contempla el artículo 105 de la Constitución Política: el referéndum.

De ahora en adelante transitaremos por nuevas avenidas democráticas y caminaremos por senderos nunca antes recorridos. Si bien se vislumbran radiantes horizontes donde el ciudadano podrá expresarse en forma directa y sin intermediarios; también surgen interrogantes sobre la forma en que se materializará la consulta popular.

Resulta infausta, por su evidente oportunismo, la reacción del Presidente de la República frente al voto del TSE. Después de negarse por casi un año a considerar esta opción ahora acude, en forma reactiva y tratando de capitalizar políticamente lo que es un traspié en su estrategia, al procedimiento del decreto ejecutivo para convocar la consulta y tratar de fijar las reglas del juego.

En estas circunstancias ¿qué criterios tomará en cuenta el TSE para decidir el procedimiento a seguir para la convocatoria: el de la recolección de firmas, ya autorizado por el propio Tribunal, o el de un decreto que posiblemente aprobará la Asamblea Legislativa en los próximos días? El Artículo 10 de la Ley 8492 indica que las consultas se acumulan, pero no explicita los criterios para resolver, lo cual otorga una amplia discrecionalidad al instituto electoral.

Pero sin duda alguna, el tema más trascendente que se han planteado en estos días es el que tiene que ver con el control de constitucionalidad previo al referéndum.

Destacados juristas nacionales han señalado aspectos específicos del TLC que violan el ordenamiento constitucional costarricense. De igual manera, una comisión nombrada por la rectora de la Universidad de Costa Rica “ha encontrado aspectos que aparentemente riñen con lo establecido por la Constitución de la República. Por tanto, es un imperativo una consulta preceptiva del Tratado a la Sala Constitucional”.

Uno de los principios básicos del ordenamiento jurídico es la “razonabilidad”. Las normas del derecho positivo deben ser sensatas y lógicas. Si bien la legislación vigente es omisa en cuanto a una consulta de constitucionalidad que anteceda al referéndum, resulta razonable pensar que:

(a) no sería ético convocar a los ciudadanos a una votación, con el costo económico y emocional que conlleva, para que luego la Sala IV señale que lo consultado es inconstitucional,

(b) la determinación del porcentaje de votantes requeridos para que el referéndum sea vinculante no es materia electoral, sino constitucional, por lo que el dictamen de la Sala constituye un imperativo, y

*(c)*si las leyes antes de su aprobación legislativa requieren una consulta preceptiva, también deberían requerirla, por analogía, cuando el procedimiento es por votación popular.

Sin duda el TSE tendrá que tomar decisiones que irán conformando el marco concreto de la democracia participativa costarricense. Es una gran responsabilidad. Esperamos que esas decisiones respondan no solo a la letra de la ley, sino también a su espíritu y a principios jurídicos fundamentales.

4/20/2007