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El propósito de introducir cambios a la legislación de energía y telecomunicaciones surgió durante el gobierno de José María Figueres, cuando se conocieron los primeros proyectos de ley con ese fin. Pero fue Miguel Ángel Rodríguez quien decidió tomar las acciones para lograrlo. En noviembre de 1998, el Gobierno remitió al Congreso los tres proyectos de ley de energía, telecomunicaciones y modernización del ICE. El 4 de diciembre de 1999, la comisión especial legislativa que los estudiaba acordó desecharlos y acoger una propuesta única. El 20 de diciembre, de manera unánime, los diputados de la comisión especial dictaminaron el proyecto en forma positiva. El 21 de enero de 2000, el ex presidente Figueres pidió públicamente que no se aprobara el plan del ICE en primer debate, tal como estaba, y a esta intervención siguieron múltiples objeciones de grupos ambientalistas. El 20 de marzo de 2000, los diputados aprobaron en primer debate el denominado “Combo del ICE”, lo cual desencadenó una serie de protestas en todo el país.

El 23 de marzo de 2000, miles de personas desfilaron hasta Casa Presidencial para pedir al Gobierno el retiro del plan sobre el ICE. El 3 de abril el presidente Miguel Ángel Rodríguez anunció el retiro durante 60 días del polémico proyecto para abrir un espacio de diálogo nacional. El 4 de abril, durante una negociación entre el Gobierno y sectores opositores al proyecto, se acordó conformar una comisión mixta que, además de diputados, incluyera representantes de distintos sectores sociales, quienes harían propuestas sobre el plan en un plazo de 150 días prorrogables. Finalmente, el 18 de abril, la Sala Constitucional anuló, por errores de procedimiento, la aprobación en primer debate del plan del ICE. El hecho de que el presidente retirara el proyecto de ley demuestra que no fue un grupúsculo de “sindicalistas” quienes se movilizaron, sino un segmento significativo de la sociedad.

Fue un hecho histórico. Ya la oligarquía costarricense y sus intelectuales neoliberales intentó imponer a los costarricenses la apertura súbita, forzada y total del ICE. Ya la Asamblea Legislativa demostró no ser el instrumento democrático idóneo para establecer la voluntad popular de los representados y votó unánime por un proyecto de ley que sería rechazado violenta y radicalmente por los ciudadanos. Ya los costarricenses demostramos que sin ser movidos por cabecillas comunistas, ni enceguecidos por la ignorancia ni el fanatismo, fuimos capaces de organizarnos de manera espontánea y firme, pacífica y rotunda, frente a un presidente indigno que entonces irrespetó al pueblo que lo eligió, y luego lo avergonzó con su codicia y sus actos cuestionados. Ya tuvimos nuestro gran plebiscito virtual, espontáneo y callejero, que dijo no a la apertura súbita, no planificada ni gradual y desmanteladora del ICE.

¿Por qué ahora el Gobierno envía nuevamente una ley igual o peor a la que arrastró al país a la inseguridad, a la zozobra nacional y a la paralización? ¿Por qué se actúa como si nada hubiera ocurrido en marzo de 2000?

Todo parece evidenciar que la oligarquía insaciable que ha concentrado la riqueza creada por nosotros, los ticos, solo hizo una retirada estratégica y esperó agazapada durante seis años a que se presentara una buena oportunidad. Incluyó astutamente en el TLC un intento de apertura mitigada, pero ha descubierto que no será fácil lograr la aprobación del tratado, y ha preferido lanzarse directamente a aprovechar la violencia mayoritaria que ha impuesto en la Asamblea Legislativa, y aprobar un proyecto de ley fulminante, que deja al ICE vulnerable, desmembrado, atado de pies y manos, condenado a perder en el mercado frente a las poderosas fuerzas privadas.

La historia vuelve a repetirse. Se vuelve a utilizar a la Asamblea Legislativa para imponer por la vía de la legislación un cambio que los costarricenses no aprobamos. Esto es políticamente explosivo y peligroso. Cuando un gobierno que ganó las elecciones por unos pocos votos de diferencia fuerza las condiciones para que se legisle sin el consentimiento de una parte tan significativa de la población del país, ofrece a la opinión publica la evidencia de que los diputados y diputadas elegidos con el voto popular no representan a sus electores, sino que obedecen al Poder Ejecutivo. Cuando se rehuye o elimina el debate en un parlamento, ese órgano democrático deja de tener sentido, es como si se cerrara el congreso de los representantes, y las leyes emitidas por una mayoría formal se convierten en decretos sin la legitimidad que da la sociedad a través del debate y las enmiendas de los proyectos de ley que satisfagan a los disconformes y mantengan la armonía social. Ya todo eso lo vivimos en el año 2000.

Nuevamente, a golpe de tambor se obliga a los diputados a conocer a toda velocidad, sin la opción real de cambiar el proyecto para salvar y fortalecer al ICE como lo quiso entonces y como lo quiere hoy el pueblo de Costa Rica. De nuevo nos acercamos al abismo de una nueva confrontación entre un presidente que prefiere hundir al país en un caos social y político, y una ciudadanía que no se siente representada en las curules, y tiene que tomar las calles para expresar sus ideas y su voluntad. Esta vez, ya hay una experiencia social reciente y los sectores sociales movilizados no podrán ser neutralizados por una comisión autonombrada de representantes de nadie que detuvieron un movimiento social arrollador que iba camino a la destitución del presidente, como se lo merecía.

Está creciendo una cólera sorda y silenciosa que solo oímos los que queremos escucharla. Hay un malestar en la sociedad costarricense, que se ha ido alimentando con la crisis en torno al TLC, y que ahora podría estallar ante la evidencia de que hace seis años dijimos que no queremos que se desmantele el ICE. Sí queremos su modernización administrativa y financiera, su desarrollo técnico y el fortalecimiento de su regulación, y estamos de acuerdo con una apertura paulatina y bien planeada para que el ICE pueda desarrollar la capacidad de competir en el mercado abierto.

La cólera popular es fácil de desencadenar irresponsablemente, pero imposible de controlar una vez que escala niveles de violencia. Es doloroso que un hombre de estado tan experimentado, Premio Nobel de la Paz, científico social, respetado por los costarricenses y por los extranjeros en todo el mundo, se exponga a salpicar su imagen y su administración, con el recuerdo y la comparación con un ex presidente desprestigiado y humillante para el país como Miguel Ángel Rodríguez.

Después del Combo, los diputados de todos los partidos presentaron un proyecto de ley para fortalecer al ICE, que recogía la sabia voluntad de los costarricenses, pero fue sepultado en el archivo. ¿Por qué en medio de la atmósfera de incertidumbre y congoja que recorre el país, el Gobierno no presenta ese proyecto corregido y actualizado para demostrarnos que respeta la voluntad popular expresada tan dolorosamente en las calles en aquellos amargos marzo y abril del año 2000?.

Solo nos quedaría una esperanza. La oposición podría presentar un nuevo proyecto de ley que recoja las ideas del que se elaboró después del Combo, las sugerencias hechas por la UCR y las ideas que han venido madurando los tecnólogos y trabajadores del ICE para salvar a esa institución pública. Si ese esfuerzo supremo fallara, solo nos queda a todos, trabajadores del ICE y sectores sociales del país, repetir la hazaña y volver a las calles, a paralizar pacíficamente al país para defender la energía eléctrica y las telecomunicaciones que pertenecen a la Patria.

escofra@hotmail.com

Fuente: La Prensa Libre

En una entrevista publicada en el periódico Al Día, del domingo 4 de febrero, la señora Laura Chinchilla, vicepresidenta de la República y quien también ocupa el cargo de ministra de Justicia, afirmó que “alguna gente” ha dicho que “posiblemente va a ser necesario un muerto” con el fin de “justificar la violencia en las calles”.

“Estas declaraciones temerarias de doña Laura Chinchilla solo pueden entenderse en el marco del afán del gobierno, y determinadas cúpulas empresariales, de crear un clima de intolerancia y provocación de los movimientos sociales que se manifestarán de manera pacífica el próximo 26 de febrero”, comentó el diputado José Merino del Río.

Para el parlamentario del Frente Amplio la vicepresidenta de la República debe dar a conocer a la opinión pública el nombre de esas personas que según ella se oponen al TLC y han dicho esas palabras. “Estoy seguro que no puede hacerlo, no puede mencionar el nombre de una sola persona dirigente de las coordinaciones y frentes de lucha social, que haya dicho semejante barbaridad”, agregó.

Para el diputado Merino una afirmación de ese tipo solo puede venir de la boca de algún provocador, infiltrado en los grupos sociales con el fin de darle falsa legitimidad a determinadas acciones represivas que está planeando el gobierno, en contra de miles de compatriotas que desean ejercer su derecho a protestar cívica y pacíficamente contra el TLC.

El representante parlamentario del Frente Amplio indicó que estas declaraciones de la vicepresidenta Chinchilla, reafirman la necesidad de que estén presentes observadores internacionales durante las protestas, tal y como se ha solicitado a la ONU, la OIT y la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. Dijo que igualmente analiza la posibilidad de solicitar a la Defensoría de los Habitantes, observadores nacionales para que, en conjunto, aseguren que la gente pueda manifestarse en paz contra el TLC.

El pasado martes 6 de febrero Ottón Solís fue invitado al espacio radiofónico Desayunos Universitarios, que se transmite por Radio Universidad, para hablar de los resultados de su visita a Washington en días pasados.
En esta entrevista Ottón soltó la bomba: los negociadores del TLC con Estados Unidos fueron quienes propusieron incluir las telecomunicaciones, nunca hubo intenciones de USA de tocar a nuestro querido ICE. Fueron esos vendepatrias quienes se escondieron tras el tratado para hacer los negocios que el pueblo de Costa Rica les nego en el año 2000 para el Combo del ICE.
Anabel González, Fernando Ocampo y Alberto Trejos son los responsables directos de tantas mentiras, de estos negocios ocultos que involucran a la institución más rentable que poseen los costarricenses. El pueblo de Costa Rica debe juzgar a estos delincuentes de cuello blanco duramente, porque son ellos quienes han fraguado el desmantelamiento de nuestro Estado Solidario, son ellos los responsables de este fatídico TLC.
Es ese mismo pueblo, el que tanto ama a su Patria, el que debe detener este Tratado en las calles, esta negociación oscura que sólo tiene como pilar las mentiras.

Nosotros, los abajo firmantes representantes del cantón de Talamanca reunidos en la ciudad de Bribri los días 23 y 24 de octubre del 2006 en el marco de la jordana de lucha nacional contra el TLC, hemos analizado y discutido las consecuencias que tiene el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos para nuestra comunidad, llegando a las siguientes conclusiones:

Considerando que:

En el campo de las potestades del Estado

La forma en que se llevó a cabo el proceso de negociación violenta los derechos de los costarricenses. No hubo consulta a la población nacional y en particular de la población indígena donde se ven amenazados nuestros intereses y recursos.

El Tratado nos hiere en lo más profundo de nuestra cultura al sentir que nos arrebata todo aquello propio de nuestras costumbres ancestrales. Viola el Convenio 169 con la OIT, sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes, al no haber sido consultado nuestro pueblo y viola la Ley de la República 7316 del 16 de octubre de 1992.

Lesiona nuestro sistema jurídico al usurpar potestades constitucionales. Por ejemplo, a la Asamblea legislativa se le limita su facultad de legislar libremente obligándola a someterse a las condiciones establecidas por el Tratado. Al poder Judicial se le limita su potestad de administrar justicia al establecerse tribunales especiales de solución de controversias, por encima de nuestro sistema jurídico.

La información que hasta el momento se entrega a la ciudadanía no es satisfactoria en cuanto a que es propaganda parcializada en la medida en que no aporta los elementos necesarios para analizar las consecuencias y el impacto a nuestro ordenamiento político, social y productivo que el Tratado tiene por lo que consideramos que la Asamblea legislativa debería someter a un referéndum la decisión de aprobación de este TLC.

Considerando que:

En el campo de la agricultura

Pese a la gran capacidad de producción y organización, los agricultores en Talamanca y el país en general están en una posición desventajosa en relación a los agricultores de los Estados Unidos por su alta tecnología y sobre todo por los cuantiosos subsidios que reciben.

El gobierno de Costa Rica, frente a la inminente
ruina de los pequeños y medianos productores
Agrícolas, sigue proponiendo opciones no viables
para las diferentes actividades productivas
Acordes a cada zona.

Al orientarse la agricultura hacia la producción de flores, plantas ornamentales, frutas tradicionales y exóticas deja de lado la producción nacional del alimento básico (arroz, frijoles y maíz) haciéndonos perder la soberanía alimentaría, al depender de la importación de estos productos.

No entendemos como nuestro gobierno está apoyando un tratado de libre comercio con un país en el que su Presidente George W. Bush, ha dicho en el Discurso de aprobación de la Ley Agrícola (Farm Bill) lo siguiente:

“Es importante para nuestra nación cultivar alimentos, alimentar a nuestra población.
¿Pueden ustedes imaginar un país que no fuera capaz
de cultivar alimentos suficientes para alimentar a su población?
Sería una nación expuesta a presiones internacionales.
Sería una nación vulnerable.
Y por eso cuando hablamos de agricultura americana
en realidad hablamos de una cuestión de seguridad nacional”.

Por lo visto este tratado de libre comercio permite libertad, condiciones favorables y subsidios para los productores de Estados Unidos y limita nuestros derechos por lo que realmente no es un tratado de libre comercio, no entendemos y no aceptamos que estemos entregando nuestra patria, soberanía y dignidad

Los pueblos campesinos e indígenas han avanzado en el respeto de sus derechos colectivos, solidarios y materiales como el territorio y el uso de los recursos naturales y los bienes culturales, pero no tanto en la protección del su conocimiento. Las obligaciones del Tratado en materia de propiedad intelectual obliga a patentar variedades de plantas que afectarán directamente los derechos ancestrales de los agricultores para guardar, resembrar, intercambiar y vender su propia cosecha; dejando de lado que el conocimiento tradicional es colectivo recibido de generación en generación y que crece al compartirse.

Los impactos identificados al agro de nuestros países serán los siguientes:

• Los precios de insumos y equipos agrícolas continuarán en aumento.
• Inestabilidad en el comportamiento de los precios que se le pagan a los productores.
• Se ampliará la brecha en el salario agrícola y en el de otros sectores de la economía, y el eventual resurgimiento de tensiones y conflictos sociales.
• Se dará un mayor dinamismo al modelo de agro-exportación de los productos no tradicionales en detrimento de la soberanía y seguridad alimentaría.

En el campo de los recursos naturales:

Las ventajas que se dan a los inversionistas atentan directamente contra la protección de los recursos naturales. Estos compromisos abren e incentivan la explotación de hidrocarburos, agua, minería, madera y biodiversidad en general como mercancías privadas, dejando en manos de las empresas transnacionales recursos que son inalienables y de patrimonio colectivo.

Por lo tanto:

Muy respetuosamente con el derecho que nos asiste como ciudadanos, productores y organizaciones de Talamanca y Costa Rica resolvemos lo siguiente:

Concluimos que el TLC es nefasto para los agricultores y pobladores en general, porque nos obliga a competir en desigualdad de condiciones.

• Promueve un modelo de exclusión y marginalización en la expansión y la diversificación del comercio entre países.
• Promueve la competencia desleal entre los sectores productivos en los países al propiciar un estado de ganadores y perdedores.
• No se protege ni se hacen valer los derechos de los pequeños productores.
• Los mecanismos de solución de controversias no son favorables, se impide a nuestros gobiernos a demandar las empresas transnacionales que violenten nuestras legislaciones, no obstante, faculta a las empresas transnacionales a interponer demandas contra nuestros gobiernos por sumas que no tenemos la capacidad de pagar, en el caso que sean rescindidos sus contratos por irrespetar y no cumplir con lo estipulado en las legislaciones laborales, ambientales y otras.

Instamos a los Diputados y Diputadas de nuestra Asamblea Legislativa a no aprobar ni firmar dicho Tratado sin una previa, amplia y participativa consulta a nuestro pueblo por medio de un referéndum.

Exigimos al Poder Ejecutivo que de los recursos económicos que se está utilizando para hacer propaganda al Tratado, se dispongan para dar a conocer ampliamente, en el ámbito nacional, los estudios, investigaciones y opiniones divergentes de otros sectores del país; y generar una reflexión y discusión responsable y democrática.

Imploramos a la Sala Constitucional de nuestro país que nos ampare y se pronuncie en relación con las violaciones a la Constitución, que a nuestro entender tiene el Tratado.

Los abajo presentes, damos por firmado el siguiente manifiesto en la ciudad de Bribri, Talamanca el día 24 de octubre del 2006

FIRMANTES…

Montes de Oca, 1 febrero 2007
PAC-OS-004-2007

Dr. Oscar Arias Sánchez
Presidente de la República

Estimado señor Presidente:

Gracias por atender positivamente mi solicitud para que nos reuniéramos. Me interesa que usted conozca la verdad sobre un asunto de la mayor importancia para la decisión que el país debe tomar en relación con el TLC.

Como usted sabe, señor Presidente, Costa Rica gana muy poco acceso adicional al mercado norteamericano con el TLC, básicamente porque ya tenemos acceso casi total a ese mercado. En materia de comercio el TLC es en una sola vía, pues lo que hace es profundizar la apertura de nuestro mercado a las importaciones de ese país (además, el TLC dañaría nuestro sistema de salud pública por las reglas excesivas de protección a la propiedad intelectual, amenaza a los pequeños y mediados agricultores ante las importaciones de productos subsidiados, dotaría de poderes inconvenientes al inversionista extranjero, debilitaría el modelo costarricense de acceso universal en telecomunicaciones, entre otras deficiencias).

Ante este hecho, algunos defensores del TLC procedieron a argumentar que si Costa Rica no ratificaba el TLC entonces Estados Unidos nos quitaría los beneficios de la Iniciativa para la Cuenca del Caribe (ICC), los cuales han permitido un acceso privilegiado de una parte de nuestra producción a ese país. Estas afirmaciones, las cuales han generado preocupación en algunos costarricenses, han sido reforzadas por colaboradores suyos, como el Embajador de Costa Rica en Washington y el Ministro de Comercio Exterior, así como por la ex-Jefa del equipo negociador del TLC.

Sin embargo, la campaña de miedo basada en que no existe ambiente político en Washington para que Costa Rica continúe con los beneficios de la ICC es uno de los más grandes engaños a que se ha sometido el pueblo costarricense. No creemos que usted quiera que su presidencia sea asociada con este gran engaño.

Durante la semana del 21 al 27 de enero viajé a Washington, acompañado por la Jefa de Fracción del Partido Acción Ciudadana , la Dra. Elizabeth Fonseca Corrales y por los empresarios Román Macaya y Gabriela Saborío. Con el fin de clarificar este asunto tan importante en la discusión nacional sobre el TLC, procedimos a preguntar sobre esta materia a algunos Miembros del Congreso y a asesores legislativos especialistas en comercio, incluyendo los asesores de la Representante Nancy Pelosi , líder de la Cámara de Representantes, del Representante Steny Hoyer, líder de la mayoría parlamentaria de la Cámara de Representante y del Senador Harry Reid, líder del Senado. Conversamos ampliamente con el Representante Sander Levin, Presidente del Subcomité de Comercio de la Comisión de Medios y Arbitrios. Como usted sabe esta es la persona más poderosa en materia de comercio del Congreso Norteamericano. También, le hicimos la misma pregunta a altos funcionarios del Departamento de Estado.

Señor Presidente, absolutamente en todos los casos nos respondieron que este no era tema en Washington y que no existe ninguna intensión de eliminar los beneficios de la ICC a Costa Rica si no ratifica el TLC. En el Departamento de Estado preguntamos también si la relación estratégica entre Estados Unidos y Costa Rica se vería afectada si Costa Rica no ratificaba el TLC, a lo que respondieron que de ninguna manera.

Le transmito esta información con el deseo de que usted la valore, en un análisis final, que respetuosamente le solicito, sobre la conveniencia del TLC. La democracia requiere de transparencia y honestidad con la opinión pública. Es urgente que el TLC se discuta en sus propios méritos y no en el marco de una nefasta campaña de miedo. No es correcto conducir a un pueblo por una ruta de temor y menos cuando las razones para ese temor son falsas. Necesitamos un país alegre, optimista, comulgando con decisiones porque las considera buenas y no porque se le pone contra la pared amenazándolo con peligros inexistentes.

Agradeciendo la reunión y la atención a la información que traemos para aclarar las falacias que se promueven sobre el TLC, le saluda,

Atentamente,
Ottón Solís

Mientras la estrategia de la Casa Blanca para la América subriograndense es la de presionar a estos estados para suscribir tratados de libre comercio bilaterales (TLC), reiterando el postulado ricardiano que sostiene que el comercio beneficia a todos, cada vez más países enfrentan a Washington por el propio proteccionismo que la nación más poderosa aplica a su sector agrícola. Porque el citado postulado dice que el intercambio es beneficioso sólo si es mutuo. Si Estados Unidos cierra el acceso al mercado de la producción agropecuaria extranjera –único sector donde el Tercer Mundo es más eficiente que el Primero- ¿dónde está el libre comercio?

Canadá había presentado una queja contra la política agrícola de su vecino del sur ante la Organización Mundial del Comercio (OMC) debido a los subsidios que Washington aplica a la producción de maíz, aduciendo –con razón- que esta política perjudica a sus productores. Esta petición de consulta –tal cual su nombre técnico- continúa con su procedimiento normal, pero lo destacable es que a Ottawa se les han sumado Argentina, Australia, Brasil, Guatemala, Nicaragua y Uruguay como querellantes entre el viernes y lunes pasados.

¿Qué solicitó Canadá? Una petición de consulta, mecanismo previsto en la OMC, que permite a los miembros negociar una solución entre ellos, con un plazo máximo de hasta tres meses. De no arribarse a buen puerto, los litigantes pueden exigir la formación de un grupo de expertos para arbitrar entre ellos y adoptar una solución satisfactoria.

Las autoridades del país más grande de América afirmaron en la documentación presentada que Estados Unidos provoca un “trastorno significativo” en el precio del maíz en Canadá a causa de los casi 9.000 millones de dólares entregados en subsidios para la producción de esa oleaginosa. E incluso van más allá: acusan a Washington de extender esta ayuda a la producción triguera, azucarera, sojera y otras con montos superiores a los permitidos por la OMC.

Las consecuencias son harto conocidas: los granjeros estadounidenses pueden ofrecer su producción maicera en el mercado mundial a precios menores a la que pueden ofertarla aquellos productores de naciones que no subsidian su agricultura. Esto es lo que los canadienses definen como “trastorno significativo”.

Además, Estados Unidos no es un actor menor en esta controversia. Ese país es el mayor productor mundial de zea mays –tal es su nombre científico- con más de 250 millones de toneladas anuales, y es responsable por el 60 por ciento de las ventas mundiales de este cereal nativo de América. El Tesoro estadounidense transfirió la friolera de 37.000 millones de dólares a los productores maiceros entre 2000 y 2005, por lo cual la superficie sembrada se incrementó en tres millones de hectáreas.

El segundo exportador mundial de maíz es Argentina, con el 15 por ciento del comercio global, motivo por el cual se sumó a la queja canadiense. Según reflejó la prensa en Buenos Aires, la Cancillería estima que la mitad del valor de la producción estadounidense se debe a subsidios estatales.

Cabe destacar que el maíz ha pasado de ser un cultivo importante a considerárselo estratégico. ¿El motivo? Hasta ayer, el principal destino de este cereal cultivado por los aztecas y mayas hace siglos era servir de alimento al ganado porcino, aviar y vacuno, y para la producción de aceite; salvo en México y América Central, los demás países no lo destinan en demasía al consumo humano. Pero en los últimos años se lo ha comenzado a utilizar para producir etanol, un alcohol que puede utilizarse como combustible biológico de automotores tanto puro como mezclado con las naftas. Se espera que en los próximos años la producción maicera se extienda aún más de los actuales 880 millones de toneladas anuales.

Según estudios econométricos, la eliminación de los subsidios podría significar una reducción del 13 por ciento en la producción de maíz dentro de Estados Unidos y una disminución del 63 por ciento en las exportaciones de ese país. Esa caída en las ventas externas norteamericanas podría impulsar el precio del grano en un 10 por ciento.

En declaraciones al diario argentino LA NACION, Martín Fraguío, gerente de la Asociación Maíz Argentino (Maizar), sostuvo que el consumo del biocombustible en Estados Unidos es tan grande que existe una gran probabilidad de que la nueva política agraria de ese país cambie el subsidio del maíz, uno de los insumos del etanol, por un subsidio directo al etanol.

Esta situación es la que más atemoriza a Brasil. La otra gran fuente de etanol es la caña de azúcar, y la economía vecina es la mayor productora mundial de alcohol a partir de ese insumo. Por ello es que Brasilia se sumó a la queja que originariamente presentó Canadá.

Brasil ya había presentado una queja similar ante la OMC, pero contra la Unión Europea (UE) y sus ayudas a la producción azucarera en el Viejo Continente. El organismo rector dio lugar a la demanda, y la UE debió acatarla. Desde entonces, el precio internacional del azúcar se duplicó.

“Esto no se refiere sólo al maíz”, dijo Clodoaldo Hugueney, representante brasileño ante la OMC. “Brasil es el mayor exportador mundial de etanol, de modo que este asunto es importante para nosotros”. El gobierno del presidente Luiz Inacio Lula da Silva estableció como objetivo que ese país adquiera una mayor autonomía energética, con especial énfasis en la producción de biocombustibles como el etanol.

Los demás países mencionados coinciden en definir a los subsidios aplicados por las potencias a su producción interna como opuestos al libre comercio que esos mismos países pregonan en cuanta exposición concurran. Estas quejas recurrentes no le impiden a la Casa Blanca presionar a todos los países del hemisferio para establecer TCL bilaterales, aunque los estados más débiles del acuerdo no puedan vender lo que producen con eficacia.

Si David Ricardo viviera…

*Redactor de APM

Fuente: Agencia Periodística del Mercosur

Los variados sentidos del “a la tica”. Desde que vine por primera vez a Costa Rica me explicaron que acá las cosas se hacen “a la tica”. Y claro, como en todo, hay varias maneras de entenderlo: desde sinónimo del país sin ejército, de gente tranquila, con desarrollo social, hasta como maravillosa invención de una realidad que nunca ha sido tan así. Lo que hasta ahora nunca había escuchado es que el “a la tica” fuera algo malo que debemos superar.

El “a la tica” como disvalor. De acuerdo con Julio Rodríguez “proceder a la tica es una combinación de hacerse el tonto (o el chancho, en la jerga popular), de dejar hacer y dejar pasar…” (La Nación, 19/01/07, página 31ª). Es esperable que lo diga: la descalificación de casi todos los demás es el sello personal de su columna, de por sí bastante “poco tica”.

Lo complementa la diputada libertaria Arguedas para quien Costa Rica es un país lleno de gente con “neofobia”, adonde el miedo al cambio se ha vuelto parte de la identidad. Muy esperable su argumento también: neofobia es un término fashion para una realidad cruda como el cambiar islas del golfo por votos a favor del TLC. Si poco tica es esa realidad mucho menos lo sería para ella decirlo.

Finalmente el diputado liberacionista Fernando Sánchez nos explica que las soluciones a la tica son “soluciones a medias” en un país repleto de “aldeanismo”, “mito de singularidad” y “exaltación de la ignorancia”, que da lugar a una “imagen retorcida de la realidad” (La Nación, 19/01/07, página 31ª). En este caso y viniendo de un politólogo, tal vez tenga razón.

El aldeanismo de Stanford University. El artículo de Sánchez no puede llegar en mejor momento. Y es que hace unos meses esta prestigiosa universidad hizo gala del último grito del aldeanismo. En blanco y negro y con tapa dura Marc Edelman argumentó que durante los últimos 50 años Costa Rica construyó un estilo socialdemocrático de desarrollo “Tico style”. La heterodoxia de las reformas económicas, sociales y políticas de las últimas décadas, antes y después del ajuste, hicieron y hacen de estos pocos kilómetros cuadrados un lugar bastante singular. Si Cornell University no se había dado cuenta de “la imagen retorcida de la realidad” que produce uno de sus más conocidos investigadores, después del artículo de Sánchez ya no tiene excusa. Y ni qué decir de Naciones Unidas: en pleno siglo veintiuno el estudio de países aldeanos, ignorantes y neofóbicos ha corrido como reguero de pólvora y agencias como PNUD y OIT comparan a Costa Rica con otros pocos países periféricos debido a su singularidad.

El efecto contagio del aldeanismo. En el último tiempo casi toda disidencia con el gobierno y sus aliados se catalogó como “sindicalista”, como si la palabra resumiera la peor práctica humana –peor que robarle al Estado, que usar la política para fines personales, y que violentar las reglas institucionales. Pero el epíteto no ha dado resultado y ahora es evidente, como lo reconoce el propio Sánchez, que la disidencia con el gobierno “ha alcanzado a los grupos más influyentes de la sociedad”, entre ellos, a políticos, intelectuales y dirigentes gremiales.

Uno de los dos caminos que nos queda es precisamente buscar soluciones “a la tica”. Dada la poca valoración que interlocutores del gobierno tienen del término, ojalá no haya que decir que nos quedaba…

Enero 23, 2007

Fuente: Tribuna Democrática