Violencia

Esto no implica renunciar a una visión de mediano y largo plazo, pero si tener presente que procesos sociales tan complejos, son por ello mismo muy volubles y, en consecuencia, demandan flexibilidad e imaginación. Pero, además, esto conlleva tener presente que la lucha que se plantea exige tratar de no dejar espacios vacíos: el parlamento y la calle; el ámbito nacional y el internacional; los mecanismos de la formalidad instituida y los de la creatividad civil y la informalidad popular. Todos son espacios de lucha, aunque en diferentes momentos, unos u otros podrían ser más o menos importantes.

Eso sí, empecemos por tomar nota de lo obvio: la estrategia que aplican quienes promueven el TLC es de violencia sistemática e indiscriminada. Este es un dato básico que debe ser examinado a la hora de sopesar posibles respuestas. Recordemos que violencia es un concepto complejo, ya que hace referencia a prácticas sociales de muy diversa índole. Y, por cierto, la violencia no solamente es física y corporal. También puede ser verbal, simbólica y sicológica. Los promotores del TLC han combinado todas estas formas de violencia y, con el paso de los meses, se vuelven más recalcitrantes y calenturientos. Más y más violentos.

Hay violencia en las columnas de Rodríguez que, sin un solo argumento de fondo (es obvio que el señor no entiende ni jota del TLC), descalifica e insulta. Hay violencia en medios de comunicación sistemáticamente devenidos propagandistas, los cuales, perdida toda sutileza y hasta el último gramo de prudencia, manipulan y toman partido de forma desembozada. Hay violencia en las diatribas matinales de Panorama, convertido en trinchera de intolerancia. Hay violencia en la intransigencia absoluta del gobierno Arias, sordo como pared de granito ante cualquier voz de disenso. Hay violencia en el concubinato parlamentario Liberación-Libertarios-Unidad-Echandi-Massey, que impone la regla de “pa’ eso tenemos poder” como grito destemplado que acalla todo debate, mientras intercambian proyectos, fraguan mega-negocios y venden, literalmente dilapidan, el país entero.

Y, a veces, como si se tratara de prevenirnos de lo que podrían hacer, también han aplicado su dosis de violencia casi, casi física. En el hostigamiento contra las muchachas y muchachos del Movimiento Estudiantil Alternativo. En el “cordón preventivo” de policías, pistolas y mecates; patrullas y bastones con que rodean el edificio legislativo e impiden el paso a cualquier transeúnte. O la violencia aplicada por la prensa en entusiasta colaboración con las fuerzas policiales. Con los fogonazos de las fotos y el poder intimidatorio de sus cámaras de video, hostigan mientras amenazan: vamos a identificar ante las fuerzas de la represión a quiénes se atreven a protestar.

Desde este punto de vista, la estrategia arista –que parece ser la propia de las oligarquías telecistas– es sorprendentemente similar a la de los halcones del gobierno Bush. Estos creen que mostrarle al mundo un garrote enorme con el cual golpear de forma estridente la mesa, es la mejor forma de recomponer la maltratada y decadente hegemonía estadounidense. En la práctica, se han lanzado en un lodazal político-militar que ha cercenado gravemente –quizá de forma irrecuperable– el prestigio e influencia mundial de ese país. Así con los telecistas. Les ha parecido que para lograr sus objetivos de transnacionalización radical de la economía costarricense, lo mejor es aplicar una estrategia del “big stick”: dura, intransigente… despiadada. A la espera de darle más pensamiento al asunto, de momento tan solo diré que, a mi juicio, estos señores y señoras no perciben de qué forma tan grave están minando a futuro su posición como clases dominantes.

Innecesario insistir más en la cuestión. La estrategia telecista ha sido diseñada y está siendo aplicada por verdaderos halcones. Halconcillos criollos, digámoslo así. Tal nivel de violencia permite prever que, llegado el momento, si querrán hacer lo que Rodríguez no se atrevió durante las jornadas ciudadanas del “Combo ICE”: aplicar violencia física directa contra la población. Frente a eso, posiblemente el mejor antídoto es la denuncia internacional. Hay que empezar ya: que el mundo conozca que el premio-Nóbel-Arias conduce este país con intransigencia pinochetista y violencia sistemática. Y que el mundo sepa que está dispuesto a reprimir con gases y bastones. Y que se entere también que aquí la prensa es por completo servil a los grandes intereses económicos y totalmente irrespetuosa con los más elementales principios de libertad de expresión y pluralismo. Y que se sepa que desde la Asamblea Legislativa se fragua contra el pueblo costarricense un golpe idéntico al que Menem y Salinas de Gortari asestaron en su día contra los pueblos argentino y mexicano.

Vuelvo a lo que mencioné al inicio, tan solo para decir que en mi próximo artículo intentaré algunas reflexiones sobre las posibles respuestas e iniciativas que podría desarrollar el Movimiento del No al TLC.

Enero 21, 2007

Qué vergüenza nacional

Soy testigo de la absoluta libertad de expresión que había en su programa, pues muchas veces fui invitado a opinar, sin cortapisa alguna, a sabiendas que muchas veces, ella no estaba de acuerdo con mi opinión; pero eso es democracia y verdadera libertad de expresión.

Lo que más indignación produce es que todavía, los testaferros y plumarios al servicio de esos intereses, vayan a la Asamblea Legislativa a intimidar a temblorosos diputados, que temen al poder de la prensa; para que les otorguen una ley de libertad de expresión que solo los favorece a ellosŠa los que niegan esa libertad¡¡¡. Que quieren convertir la libertad de expresión en “ libertad de difamación”, aprobando la reversión de la prueba; es decir, actualmente quien acusa debe probar lo que dice, con la “ reformita” el acusado por una prensa de este tipo que estamos viviendo, debe demostrar su inocencia¡¡¡¡, pero aquí no decimos nada y diputados acobardados, nos quieren confirmar con esta ley, la dictadura mediática.

Hoy escuché por la radio, que uno de los achichinques de la oprobioso Sociedad Interamericana de Prensa ( SIP ), anda por Uruguay comprobando el grado de libertad de prensa que hay en aquel país. Me pregunto, por qué no viene aquí la tan cacareada SIP, a analizar casos como este?, pero en cambio se hace presente para acuerpar a sus jefes de las grandes empresas de medios de comunicación por la “ ley de libertad de expresión”; eso me recuerda aquella vieja canción que se titula: La bien pagá¡.

Todo es una doble moral; pero no hay que temerles. Esa es la institucionalidad que dicen defender, pero le quitan los derechos esenciales a los ciudadanos, como es la verdadera libertad de expresión. No hay peor dictadura que la de la mente, esa es la que estamos viviendo, adormecidos en los “ chinamos”, o con las exhibiciones siliconianas en los periódicos, o con pseudos programas de opinión en los que sí “ filtran” a los participantes y “ analistas” aunque digan lo contrario y lo juren dándose de golpes enŠlos pechos.

Debemos buscar medios alternativos; por eso este comentario puede ser circulado al libre criterio de ustedes.

Educación y TLC (I)

Contexto y antecedentes

Pero eso jamás responderá preguntas fundamentales acerca de sus implicaciones económicas, sociales, políticas, culturales y ambientales. Para ello se requiere hacer teoría, pero hacerla con los ojos abiertos frente a la historia y los pies sobre el terreno mismo de la realidad nacional y mundial en cuyo contexto surge este TLC.

Esto es válido en general. Y, por supuesto, lo es si uno se centra específicamente en sus implicaciones para la educación. Al respecto, recordemos lo obvio: la educación es un servicio. Esto nos lleva a la categoría correspondiente dentro del Tratado, esto es, el así designado comercio de servicios. Volveré sobre esto último en un segundo artículo. En cambio, me interesa aquí resaltar algunas evoluciones importantes registradas durante los últimos decenios en relación con el comercio de servicios a nivel mundial.

En los años cuarenta del siglo XX, junto con el FMI y el Banco Mundial, se estableció el llamado_ “Acuerdo General sobre Comercio y Aranceles”_, mejor conocido como GATT por sus siglas en inglés. En los marcos de esta última organización han tenido lugar varias rondas de negociación, cuyo propósito era reducir los aranceles (impuestos) y otros obstáculos al comercio. O sea, y en sencillo, buscaban la liberalización comercial. La ronda Uruguay –la octava– tuvo lugar entre 1986 y 1994. Ella dio lugar al llamado GATT 1994 y los acuerdos de fundación de la Organización Mundial del Comercio (OMC), la cual empezó funciones en 1995. Actualmente está en curso –pero entrampada en grandes contradicciones– una novena ronda: la de Doha.

Por comparación con las que la antecedieron, la Ronda Uruguay fue peculiar en muchos sentidos. Sobre todo porque hicieron aparición temas por completo novedosos: la protección a las inversiones y la propiedad intelectual, entre otros. También el comercio de servicios. Por muchas razones estos son temas extremadamente polémicos y su debut en la escena negociadora tan solo ilustra –y es resultado– de procesos de transformación que la economía mundial vivía desde los setentas, los cuales se aceleraron en los ochentas y noventas. Tal es la llamada globalización.

Generalmente este término hace referencia a la expansión del comercio y los flujos de capital en una economía mundial liberalizada. Se adicionan referencias más bien alucinadas acerca del desarrollo de la tecnología y una abundancia material al parecer ilimitada, donde el Estado y la política habrían desaparecido. Sin entrar en mucho detalle, subrayemos que esto es vulgar propaganda y, en el mejor de los casos, un rotundo exabrupto de frivolidad. En realidad, la globalización solo es el aspecto aparente y superficial de procesos mucho más complejos y fundamentales.

Estos últimos arrancan de la crisis de los años setenta y comportan una reestructuración de gran envergadura, aún inconclusa según lo ratifican los agudos desequilibrios actuales en la economía mundial. Ha sido como al modo de un abanico de transformaciones: económicas y tecnológicas; culturales e ideológicas; políticas e institucionales. Se resumen en una modificación de la correlación de fuerzas a favor del capital y, en particular, el capital transnacional. Ello se observa en los desarrollos de las tecnologías –que sistemáticamente propician la automatización y la reubicación de puestos de trabajo– como también en los desarrollos institucionales, que de forma consistente tienden a favorecer la libertad irrestricta de los capitales para invertirse donde mejor les convenga, gozando de todo tipo de privilegios. Esto impacta en los sistemas tributarios y debilita financieramente a los Estados, con lo que, entre otras implicaciones, se socavan los aparatos de bienestar y protección social. Es una fórmula nítidamente pro corporativa que propicia la concentración de la riqueza, la polarización y, en consecuencia, la descomposición social y política. En general, esa es la realidad de nuestra América Latina en los últimos dos decenios. Y, con sus diferencias, también la de los Estados Unidos de G. Walker Bush.

El ascenso de los intereses corporativos transnacionales –inclusive, y especialmente, en su variante financiera/especulativa– ha traído consigo un viraje cultural e ideológico violento. Lo constatamos en la voracidad sin límites que muestra el capitalismo actual y en la arrogancia absoluta de los representantes (p.e. Zoellick) del capital transnacional. Perdido todo escrúpulo y hasta el último resabio de prudencia, se quiere que todo –literalmente todo– pase a ser objeto de negocio. De ahí los “temas nuevos” que introdujo la Ronda Uruguay. Por ejemplo: normas privilegiadas de protección a las inversiones que violentan la capacidad soberana de pueblos y Estados; normas de propiedad intelectual que consolidan monopolios privados sobre el conocimiento y pretenden inclusive la apropiación de la vida. Y también la sujeción de los servicios a lo mercantil, incluyendo educación, salud y agua.

En germen, todo esto ya está en los acuerdos de la Ronda Uruguay aprobados en 1994. Luego ha habido varios intentos por ampliar y profundizar esos privilegios excepcionales a favor de las grandes corporaciones. Así con el llamado Acuerdo Multilateral de Inversiones (AMI) y, en nuestro ámbito continental, la propuesta estadounidense para el Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA). Los movimientos ciudadanos se han encargado de abortar ambos proyectos. Como estrategia alternativa se ha recurrido a los tratados de libre comercio. Expresado en apretadísima síntesis: estos últimos constituyen un violento asalto en procura de imponer una racionalidad mercantil y de peculio inclusive en aquellos ámbitos fundamentales para la vida, que, por el hecho de serlo, deberían constituir derechos universales y no mercancías a las que se tiene acceso tan solo si se posee capacidad adquisitiva. Ese es, valga enfatizarlo, el predicamento que se nos presenta en relación con la educación. También con la salud o el agua.

Enero 06, 2007

Fuente: Tribuna Democr’atica

NOTA DE LOS EDITORES. Don Luis Paulino publicó recientemente el libro Entre la vida y el mercado. TLC-EUCARD: implicaciones para la educación (Editorial UNED).

TLC impide al gobierno controlar los precios

Lunes 11 Deciembre 2006, 12:12 am

TEGUCIGALPA.-“El gobierno quedó atado por el TLC y atado por las leyes que aprobaron en la administración anterior para sacar al gobierno del control de precios que antes lo tenía”, expresó.

“Si nosotros como gobierno le exigimos a una empresa que baje los precios, nos demandan y nos publican internacionalmente y nos salimos de todo el esquema y en consecuencia se viene abajo y se ahuyenta toda la inversión”, manifestó.

Precisó que por la vigencia del TLC todos los productos están en el libre mercado porque el Estado no impone precios ni produce absolutamente nada.

“Lo que se debe hacer es averiguar las causas del incremento de cada producto, por ejemplo el maíz este año está subiendo en el mercado internacional. Así que en ese rubro hay que hablarle a Estados Unidos para que no le venda a China y también que deje de destinar unos 50 millones de toneladas métricas para generar biodiesel”, sugirió.

Reconoció que el control de precios lo puede decretar el Poder Legislativo, pero no es una medida saludable para el crecimiento económico y anunció que se apoyará a Banasupro para que venda y distribuya a nivel nacional 14 mil quintales de frijol y 50 mil quintales de maíz.

“Más bien la acción de fortalecer Banasupro son acciones prohibidas en libre mercado, pero las estamos haciendo para que no digan que uno no se preocupa…”, reiteró tras manifestar sentirse satisfecho con el reconocimiento que hiciera la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en el sentido de que en Honduras ha bajado el desempleo

“El país dijo que está en un periodo de crecimiento económico pero lógicamente las fuerzas internas y políticas no lo quieren aceptar porque todavía están pensando de que no deberían perder las elecciones”.

“Lo que pasa es que no están acostumbrados a que el presidente les miente la madre…y eso no es más que decir lo que está pasando porque la cultura que ha persistido es controlar los medios para que el gobierno no tenga que hablar, pero como ahora yo le he dado libertad a los medios entonces también yo tengo que defenderme”, justificó.

Los costos humanos del TLC

Guatemala, 15 may (PL) Si en aquel momento los pequeños empresarios no pudieron competir con el grupo mexicano, y de un plumazo se perdieron cuatro mil empleos, las consecuencias serán peores cuando haya que enfrentar a las transnacionales estadounidenses.

El TLC hará sentir su impacto avasallador sobre los sectores populares, pero también condenará a muerte a las pequeñas y medianas empresas guatemaltecas, que no soportarán la avalancha de productos norteamericanos.

La industria farmacéutica nacional, a pesar de ser la más fuerte de Centroamérica, también se verá amenazada, toda vez que el pacto beneficiará a los medicamentos de marca y retardará la disponibilidad de productos genéricos, que son mucho más baratos.

“Definitivamente sí afectará el acceso a medicamentos y por ende a la salud, el acceso a los agroquímicos, a insumos agrícolas, la seguridad alimentaria y la competitividad agrícola”, declaró a Prensa Latina el empresario farmacéutico Luis Velásquez.

Pero, quizás, donde el TLC tendrá las peores consecuencias es en el sector informal de la economía.

En Guatemala 800 mil personas sobreviven gracias a la venta callejera de discos, películas, ropa y calzado, los cuales son copias de marcas estadounidenses.

Una de las exigencias de Estados Unidos para la puesta en práctica del TLC es modificar la Ley de Propiedad Intelectual, de manera que se prohíba este tipo de trabajo y aquellos que incumplan la disposición sean condenados hasta con ocho años de cárcel.

En una reciente interpelación en el Parlamento, el ministro de Economía, Marcio Cuevas, estimó en 60 por ciento, es decir cerca de medio millón, la cantidad de trabajadores informales que quedarán sin una fuente de ingresos.

Según Cuevas, el TLC generará el primer año unos 10 mil empleos, lo cual fue considerado irrelevante por la diputada Alba Estela Maldonado al anteponerlo a la cifra de quienes perderán su precario trabajo.

A esto hay que añadir los cesantes en los sectores más dañados por el TLC los cuales según el propio ministro son la agricultura primaria, que comprende granos básicos, legumbres y hortalizas; la producción de lácteos y la carne bovina, de cerdo y de pollo.

Hasta en las tortillas, plato nacional de Guatemala e indispensable en la mesa de cualquier ciudadano, se harán sentir las consecuencias de dicho tratado, ya que las semillas naturales del maíz serán sustituidas con los transgénicos.

El gobierno argumenta que el TLC favorecerá las inversiones y se incrementarán las exportaciones, pero estos beneficios macroeconómicos no tendrán impacto directo en la calidad de vida de la población.

Por eso, más de 30 agrupaciones sindicales, indígenas y populares presentaron ante la Corte de Constitucionalidad un recurso contra el pacto comercial.

Las organizaciones objetan la forma secreta en la cual se negoció y exigen una consulta popular sobre un asunto de interés nacional y que puede implicar daños irreversibles a grandes sectores sociales.

El fallo de esa instancia se dará a conocer dentro de unos 15 días y los abogados querellantes esperan que la Corte emita un dictamen con total apego a la ley.

Con independencia de lo que decidan los magistrados, es bastante probable que el Congreso de la República de luz verde al TLC, en contra de los intereses de la mayoría de la población guatemalteca.

jl/car

Arbitrariedad y autoritarismo en el trámite del TLC

Repudiamos con toda vehemencia, las graves violaciones a la democracia parlamentaria, que están ocurriendo en el seno de la Comisión de Asuntos Internacionales de la Asamblea Legislativa, en torno al atropellado trámite del mal llamado_ “tratado de libre comercio”_ (TLC), con los Estados Unidos.

El autoritarismo, la prepotencia y el servilismo se unen en dicha comisión para atropellar la democracia deliberativa y más que necesaria, en torno a un asunto de tanta relevancia, tanto para las generaciones actuales como futuras de nuestro país.

El comportamiento antidemocrático de aquellos diputados y de aquellas diputadas que en la citada comisión se comportan antipatrióticamente, defendiendo los intereses particulares de la minoría oligárquica neoliberal de Costa Rica; alimentan la necesaria resistencia cívica que se viene dando a lo largo y a lo ancho de todo el territorio nacional contra ese TLC.

Se legitima así, poderosamente, el concepto del Referéndum de la Calle, como el único mecanismo de real participación democrática de autodefensa civil, en aras de la lucha por la preservación del mejor patrimonio de la institucionalidad democrática que nos fue heredado.

El totalitarismo que se ha impuesto en dicha comisión parlamentaria, nos recuerda la cadena de yerros, atropellos, arbitrariedades y el clima parlamentario de carácter totalitario, presentados durante la tramitación del Combo ICE, en el año 2000.

Era tanta la vulgaridad legislativa de los representantes parlamentarios de esa minoría oligárquica neoliberal, que potenció la lucha cívica más importante del país ocurrida hasta ese momento, desde los acontecimientos cívicos y políticos de la década de los años cuarenta del siglo anterior.

Hoy, ante una encrucijada histórica de mayores dimensiones, como lo es la derrota del TLC, en la Comisión de Asuntos Internacionales de la Asamblea Legislativa, se incuba un potente volcán cívico que arrastrará a más de uno hacia un ajuste de cuentas con la verdadera democracia.

San José, 6 de diciembre de 2006.

Albino Vargas Barrantes
Secretario General

Urgente: Nueva arbitrariedad en trámite del TLC

De manera sorpresiva, al iniciarse la sesión del día de hoy (5 de diciembre), se puso en conocimiento y aprobó una moción de orden en la Comisión de Relaciones Internacionales y Comercio Exterior de la Asamblea Legislativa, con el fin de convocar varias sesiones extraordinarias con “el único objeto de discutir el Expediente 16.047 por el fondo”.

La moción presentada por la diputada Janina del Vecchio convoca a la discusión por el fondo los días miércoles 6 de diciembre 15 minutos después de que sea levantada la sesión del plenario legislativo, el viernes 8 de diciembre a partir de las 8:45 a.m., el lunes 11 de diciembre a partir de las 8:45 a.m. y ese mismo día también, quince minutos después de que sea levantada la sesión del plenario.

La moción se aprobó cuando se habían presentado en total 145 mociones de cláusulas interpretativas, de las cuales sólo se han discutido 55 (un 38% del total) y estaban pendientes 90 (62% del total).

La Comisión discutiría las mociones de cláusulas interpretativas en las sesiones de miércoles en la mañana (9 a.m.), jueves en la tarde (1 p.m.) y martes 12, quince minutos después del plenario. Al ritmo de la comisión, a lo sumo se podrían discutir unas 10 mociones más.

La disposición de la Comisión totalmente irregular, violenta el derecho de enmienda de los diputados y los derechos de las minorías parlamentarias, ya que en vez de utilizar el tiempo extraordinario disponible para conocer las mociones pendientes ya presentadas, algunas desde hace varias semanas, interrumpe este proceso para tratar de esconder la arbitrariedad de la resolución anterior del presidente del directorio, Francisco Antonio Pacheco, que fijó el 12 de diciembre como fecha última para la votación del proyecto de ley en la Comisión.

Es de esperar que las organizaciones sociales y el amplio abanico de fuerzas que se oponen al TLC, repudien y se pronuncien contra este procedimiento arbitrario de la “mayoría mecánica” (PLN+PUSC+ML), al mismo tiempo que alerten y movilicen a sus bases ante este atropello antidemocrático.

La pobreza detras del modelo chileno

Agencia Prensa Latina

Diez personas habitan en una pequeña casa de la comuna de San Ramón, en esta capital. Sólo hay tres camas y en la más grande duermen cinco. Del total, uno está enfermo (incapacitado), cuatro están cesantes, y dos son madres solteras.

Se trata de los Vejar Urzúa, una familia promedio dentro del 60 por ciento de pobres o extremadamente pobres que habitan la geografía chilena.

Sus nombres aparecieron en el diario semioficial La Nación como uno de tantos ejemplos que desmienten los extraordinarios logros que se atribuyen al modelo neoliberal impuesto por el ex dictador Augusto Pinochet (1973-1990) y perfeccionado por tres gobiernos de la Concertación que le siguieron.

Los padres tiene 48 y 50 años y tres hijos que van desde los 20 a los 28 años, y cuatro nietos, a los que se añade Brian, un huérfano de 12 años al que han acogido.

En total, 10 seres humanos que se amontonan en una casa de poco más de 30 metros cuadrados. Víctor, el padre, está enfermo, por lo que ya no puede aportar a la economía familiar.

Esta responsabilidad recae sobre Brígida, la madre, que hace pasteles con la ayuda de sus tres hijos cesantes, para sobrevivir.

De los tres, dos son madres solteras, y los nietos de la pareja forman parte de más del 50 por ciento de niños chilenos que nacen fuera del matrimonio y cuyo destino depende exclusivamente de sus madres y abuelas.

“Porque no se trata sólo de pobreza material, sino de pobreza humana, ciudadana, que no les permite proyectarse ni siquiera para formar un hogar propio”, dice el Premio Nacional de Historia Gabriel Salazar, citado por el diario.

Pese a que las autoridades fijan el nivel de pobreza y extrema pobreza en poco más del 20 por ciento con lo que el país estaría a las puertas del Primer Mundo, datos recientes de la empresa Corpa Estudios de Mercado lo desmienten.

Los Vejar Urzúa pertenecen al denominado grupo E (el 20 por ciento de la población que vive en la extrema pobreza). Si a ellos se le suma casi el 40 que pertenece a la clase baja (grupo D), arroja que la mayoría de los poco más de 15 millones de habitantes viven rozando o definitivamente hundidos en la pobreza.

“Feroz contraste con los ocho mil dólares de renta per cápita”, subraya La Nación, al citar las cifras oficiales que sirven de argumento al mundo político chileno que, “mareados” por su propia propaganda, se comparan ya con las grandes economías del orbe.

Aunque constituyen una sólida mayoría, el submundo de segregación de familias como las de Vejar Urzúa rara vez salen a la luz en los medios de prensa chilenos, como no sea en las crónicas rojas que abarrotan de los telediarios.

O cuando ocurren grandes tragedias, como el terremoto de 2005 en el Norte Grande o las inundaciones del pasado invierno en el Sur del país, y las cámaras intrusas muestran lo minúsculo y precario de sus casas, el hacinamiento, la miseria y la desesperanza que los rodea.

Mientras, las grandes transnacionales especialmente de la minería se llevan del país multimillonarias utilidades (más de 15 mil millones de dólares este año) y los bancos rompen record de ganancias (mil 300 millones de dólares sólo de enero a septiembre).

EL MUNDO LABORAL

La gran mayoría de los trabajadores chilenos (un 80 por ciento) son contratados por las Pequeñas y medianas empresas (Pymes) también víctimas del modelo que privilegia a los grandes grupos económicos, las cuales logran sobrevivir empleándolos por cortos períodos de tiempo.

Según un estudio del Centro de Investigación Laboral y Previsional de la Universidad de Chile, el 47 por ciento de los cotizantes tiene contratos temporales

Además, un tercio del total no dura ni un año en su puesto, lo que los excluye de cualquier derecho a indemnización o a seguro de desempleo.

Estos son privilegios que sólo se lleva el 20 por ciento más rico los que pertenecen al quinto quintil y logran firmar un contrato y que consiguen el 66 por ciento de las indemnizaciones por años de servicio.

Como destaca La Nación, a esta mayoría silenciosa no llega los beneficios de los altos precios del cobre, como no sea para robarlo de los tendidos eléctricos o telefónicos, en cuyas aventuras mueren electrocutados no pocos (los talleres pagan hasta cuatro dólares el kilo de cables del metal dorado).

EN CHILE, SER POBRE ES MÁS CARO

La política impositiva es tan perversa que precisamente la vida para los pobres es más cara, como demuestran múltiples ejemplos.

El sistema, basado en el IVA (19 por ciento) y que representa el 40 por ciento de todo lo que recauda el Estado, se paga por todo lo que se consume (desde el pan hasta la leche), y lo mismo lo tiene que asumir el desempleado (que no gana nada) que los segmentos que mayores ingresos reciben.

Lo mismo pasa con la energía, donde para los más ricos el gasto en electricidad representa menos del uno por ciento de sus ingresos, a pesar de tener un consumo muy superior.

En el caso de los pobres es del 10 por ciento en Santiago y hasta el 20 en la Regiónes del interior del país, según estudios especializados.

Una familia como la de los Véjar Urzúa paga como promedio 38 mil de los 120 mil pesos que gana al mes (unos 225 dólares) en luz, agua y gas. En educación es lo mismo.

Los pobres, a pesar de ir a colegios públicos, deben dedicar un 15 por ciento de sus ingresos a uniformes, transporte y útiles para sus hijos.

Para los más ricos, esto baja al 11, porcentaje en el que se incluyen las mensualidades de hasta 200 mil pesos (unos 380 dólares) que abonan por los exclusivos colegios a los que envían a sus hijos.

LAS MUJERES, LAS MAS GOLPEADAS

Mujeres como Brígida, que tienen que asumir la carga de la familia además de los hijos y nietos, son las más golpeadas por el modelo económico y la sociedad en su conjunto.

“Ellas son ahora las más explotadas, con la mayor precariedad, son temporeras, sirvientas, trabajadoras de empaquetamientos en frigoríficos”, afirma Gabriel Salazar al destacar también lo que denominada “la feminización de la pobreza”.

El historiador subraya que en Chile los hombres han perdido el privilegio de ser el rey de la casa, el que tiene a su cargo el mayor peso en los ingresos, para pasar a engrosar la marginalidad.

Y a la pérdida del rol se añade lo que lleva consigo la marginalidad: separaciones, infidelidad, alcohol y drogas, que los lleva a perder incluso su identidad sexual, ya que por unos pesos para droga se prostituyen con otros hombres.

“Es la crisis de la masculinidad en los sectores populares, donde los niños no encuentran modelos a los que imitar o querer. Este empeoramiento de la condición del hombre está detrás de la gran violencia que ejercen sobre las mujeres”, enfatiza Salazar

Irónicamente resalta son los rotos los que crean las riquezas, los que han ganado las guerras, los que han creado la cultura chilena, aunque esté al margen de la industria, sobre todo con la música, subraya.

Angel Pino es Corresponsal, Chile.
07-11-2006

Privatización, neoapertura y sobornización

Sobre todo esto, y considerando los riesgos de una eventual privatización o “neoapertura” que se discute permanentemente por estos días, me surgen algunas ideas que he decidido contrastar públicamente después de investigar la corrupción y la impunidad como expresiones correlativas, dado que considero que el país no esta preparado legal, ni políticamente, para enfrentar los procesos privatizadores o “neoaperturistas” que se avizoran.

En mis investigaciones sobre estos temas, desarrollé un enfoque comparado de los movimientos privatizadores impulsados en otros países latinoamericanos, resultando interesantes algunas conclusiones que comento.

El binomio privatización=corrupción que se presentó en la mayoría –por no decir: en la totalidad– de los casos, evidenció la falta de preparación técnica y legal (institucional) para vigilar los procesos de enajenación de las empresas públicas y garantizar su transparencia. En los peores casos (Venezuela, México, Argentina, Perú, Brasil y Ecuador), las privatizaciones implicaron, cual condición sine qua non, la sobornización de la economía. La experiencia no fue grata. Onerosamente empezaron a surgir los Fujimori –con todo y Montesinos– que no dejaban olvidar la reciente historia de Alan García, y surgieron también los Bucaram, los Menem y los Color de Mello, así como también los clanes como los Salinas y sus compinches priístas, los conciábulos de Adecos y Copellanos –con todo y Andrés Pérez a la cabeza–.

En Costa Rica no existe un marco regulatorio preventivo para conducir, por caminos seguros y correctos, eventuales procesos de privatización o apertura. Esto, aunado a las carencias por todos conocidas, que condenan al Ministerio Público a la impotencia, no es precisamente un sello hermético de garantía para que la ciudadanía firme un cheque en blanco a los negociadores –políticos– para que fijen los términos de las privatizaciones o neo-aperturas.

La experiencia latinoamericana muestra que, de la privatización a la sobornización, hay poca distancia. Que no deba ser así es otra cosa. El asunto es que así ha sido y en Costa Rica no se observan actualmente las garantías suficientes para pensar que es la excepción, por lo que considero que antes de abrir esa caja de pandora (privatizaciones o “neoaperturas”) tan temida por la generalidad de los estudiosos del fenómeno de la corrupción, debería impulsarse un marco jurídico antisoborno como la única garantía de prevención antes de que aquí también se termine por confundir lo público con lo privado en una ola de privatización que bien podría ser confundida con una de sobornización.

Diciembre 01, 2006

Chile Turulante

El mandatario estima que el ‘éxito’ chileno se debe a su apertura comercial, la concesión de obra pública y a los acuerdos (llamados en Chile ‘congéniales’) entre seis partidos para pactar 51 convenios de libre comercio, uno de ellos hace poco más de un año con Estados Unidos. Por desgracia, Arias no utilizó su visita a la sede de CEPAL, en Santiago, para enterarse que el crecimiento chileno se acompaña con una suicida distribución de la riqueza: el 20% más opulento se deja 17 veces más que el 20% más pobre (en EUA la distancia es de 9 veces).

En el mundo, Chile es superado en discriminación económico-social solo por Brasil, Colombia, Paraguay y Sudáfrica. El desempleo chileno en el 2004 era casi del 10% y en la década de los noventa osciló entre el 6% y el 10%. Costa Rica en esas fechas se movió entre el 5.2%” y el 6.4%. La expectativa de vida de los costarricenses es la mejor de América Latina, algo por encima de la chilena. O sea que también sus políticos podrían aprender de acá. Sobre la ‘_habilidad’_ para “congeniar” acuerdos comerciales, alguien debió decirle que la apertura chilena expresa una política de diversificación de mercados, que el TLC con EUA se firmó tras años de negociaciones (no asegura su éxito) y que los negociadores chilenos no recibieron parte de sus ingresos del otro bando.

Si lo que pasmó a Arias fue la concesión de obra pública, en Chile ella se inscribe en un marco jurídico específico (único en la región) y no se deja a una discrecionalidad “caso por caso” potenciadora de fraudes, como ocurre en otros sitios. Si lo que lo asombró fue la voluntad política de los sureños para “congeniar”, debería recordar que su vicepresidente Kevin Casas es líder galáctico del bárbaro discurso “para eso tengo mandato”, que repiten con fruición “yes men” y “secretarias ejecutivas” en la Asamblea Legislativa. Siguen al “águila” que no parla con “caracoles”. Aprender de Chile aquí, por ejemplo, significaría dialogar y negociar con el PAC, TLC incluido, para llegar a acuerdos estratégicos de gobernabilidad y no sumar votitos para constituir el magno logro de un Directorio Legislativo.

Como Arias en Chile desfiló ante militares, pudo quizá notar que la disciplina social chilena se siguió del terror de Estado (empresarial-militar) aplicado durante 17 años y plasmado en la Constitución de 1980, aún vigente. En Chile, Hilda Chen Apuy o Albino Vargas, opositores, serían únicamente retratos en pancartas alzadas por parientes y manifestantes que los reclamarían por liquidados o desaparecidos. Los soldados ante los que caminó son institucionalmente torturadores y asesinos. No fueron castigados por sus crímenes ni tampoco se excusaron por ellos. La ley les otorga privilegios (_“convenciones colectivas”_, digamos). El terror con que desagregaron a los trabajadores chilenos es lo que algunos echan de menos en Costa Rica para que el país se “modernice”. De modo que si el premio Nóbel desea copiar a Chile debe estudiar todas sus facetas y no solo las que parecen reforzar su “sueño del pibe”: liquidar ‘monopolios’ que han hecho de Costa Rica lo que es. Lo grato y lo asqueroso. Como la dictadura del capital en Chile.