Categoría: Artículos

Bravo presentó dos mociones ante la Comisión de Asuntos Internacionales de la Asamblea Legislativa, las cuales fueron aprobadas de manera unánime, para que el texto completo del TLC sea remitido a ese organismo.

Según Bravo, el texto que tiene en sus manos el Congreso no incluye las denominadas medidas disconformes de 50 estados norteamericanos, así como el Distrito de Columbia y en Puerto Rico, las cuales podrían provocar nuevas sorpresas por su contenido.

Bravo dijo que el TLC que fue enviado hace meses por Comex a la Asamblea Legislativa no contiene todo el texto oficial de lo negociado y las eventuales reservas de los estados norteamericanos.

‘Una vez más se demuestra que este TLC, el documento que aquí se conoce, no está completo, no tenemos certeza de las verdaderas implicaciones de su ratificación’, señaló Bravo.

Versiones distintas en english y en español

De acuerdo con Bravo, ‘el texto certificado por la Secretaría de la Organización de los Estados Americanos en calidad de ‘depositario’ del TLC es distinta a la versión que el gobierno de Abel Pacheco presentó ante la Asamblea Legislativa y el publicado como requisito de ley en el Diario oficial La Gaceta. Debido, a que la versión publicada en la Gaceta no inserta las ‘Medidas Disconformes’.

Las medidas disconformes son las que establece una parte, en este caso los diverso estados norteamericanos, y que no están sujetas a alguna o todas las obligaciones impuestas por el TLC.

Bravo dijo que en este tratado se aceptó negociar bajo la lógica de ‘lista negativa’, esto quiere decir que todos los sectores, todos los servicios, todas las actividades económicas y legislación del país se encuentra sometido al TLC, salvo lo que se incluya en las ‘listas negativas’ o de ‘medidas disconformes’. Es de vital importancia conocer entonces cuales y bajo que límites va a operar esa regla para las contrapartes.

‘Es una necesidad conocer cuáles son las medidas disconformes de todos estos estados y distritos, porque en la práctica las exclusiones que se hayan hecho en esas regiones pueden mantener una protección comercial que deje en desventaja a nuestro país, otorgándole a Estados Unidos, veladamente, la posibilidad de aplicar un principio de ‘lista positiva’ y burlar la ‘lista negativa’, puesto que tiene el derecho de excluir en todos sus Estados y además en Columbia y Puerto Rico, mientras Costa Rica podría estar sometida a la ‘lista negativa’, señaló la diputada.

Bravo agregó que ‘las dudas deberían ser evacuadas también por los empresarios que consideran que se les perjudica con la no aprobación de este TLC. ‘¿Conocen estas medidas en donde el TLC no aplica?, ¿Saben quiénes y cómo se pueden elaborar, modificar, continuar, renovar, subordinar, adoptar, mantener o ampliar estas medidas disconformes?, ¿Entienden en qué condiciones como país quedamos frente a los Estados Unidos?’.

Bravo dijo que ‘el controvertido folio 759, da la posibilidad a todos los estados de Estados Unidos, el Distrito de Columbia y Puerto Rico y a todas las subdivisiones políticas de un estado de los Estados Unidos, de elaborar, modificar, continuar, renovar, subordinar, adoptar, mantener o ampliar medidas disconformes. Esto levanta más dudas aún’.

Fuente: INFORMA-TICO

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Documento Oficial del PAC

Comunicado de prensa

Jueves 9 de noviembre del 2006

PAC solicita conocer el texto completo del TLC

• Medidas disconformes en los 50 estados de Estados Unidos, en el Distrito de Columbia y Puerto Rico no se conocen en el texto oficial costarricense.
• El texto del TLC difundido por COMEX y la publicación del TLC en el Diario oficial La Gaceta no contienen las medidas disconformes, folio 759 texto oficial de Estados Unidos.

Dos mociones presentadas por la diputada Sadie Bravo de Maroto en la Comisión de Asuntos Internacionales fueron aprobadas por unanimidad. Éstas se referían a la necesidad de conocer las medidas disconformes en los 50 estados de Estados Unidos, más medidas disconformes en el Distrito de Columbia y Puerto Rico, que no se conocen en el texto oficial y tienen un impacto directo sobre la aplicación de este TLC. _“Una vez más se demuestra que este TLC, el documento que aquí se conoce, no está completo, no tenemos certeza de las verdaderas implicaciones de su ratificación.”_enfatizó la diputada del PAC, Sadie Bravo de Maroto.

El texto certificado por la Secretaría de la Organización de los Estados Americanos en calidad de “Depositario” del Tratado de Libre Comercio de los Estados Unidos de América es distinta a la versión que el Poder Ejecutivo presentó ante la Asamblea Legislativa y el publicado como requisito de ley en el Diario Oficial La Gaceta. Debido a que la versión publicada en la Gaceta no inserta las “Medidas Disconformes” de los 50 estados de los Estados Unidos y los Distritos de Columbia y Puerto Rico.

Las medidas disconformes son las que establece una Parte (un país o en el caso de Estados Unidos: estado o cualquier subdivisión política de un estado) y que no están sujetas a alguna o todas las obligaciones impuestas por el TLC. Una medida es cualquier ley, reglamento, procedimiento, requisito o práctica.

En este tratado se aceptó negociar bajo la lógica de “lista negativa”, esto quiere decir que todos los sectores, todos los servicios, todas las actividades económicas y legislación del país se encuentra sometido al TLC, salvo lo que se incluya en las “listas negativas” o de “medidas disconformes”. Es de vital importancia conocer entonces cuáles y bajo que límites va a operar esa regla para las contrapartes.

Es una necesidad conocer cuáles son las medidas disconformes de todos estos estados y distritos, porque en la práctica las exclusiones que se hayan hecho en esas regiones pueden mantener una protección comercial que deje en desventaja a nuestro país, otorgándole a Estados Unidos, veladamente, la posibilidad de aplicar un principio de “lista positiva” y burlar la “lista negativa”, puesto que tiene el derecho de excluir en todos sus Estados y además en Columbia y Puerto Rico, mientras Costa Rica podría estar sometida a la “lista negativa”.

Las dudas deberían ser evacuadas también por los empresarios que consideran que se les perjudica con la no aprobación de este TLC. “¿Conocen estas medidas en donde el TLC no aplica?, ¿Saben quiénes y como se pueden elaborar, modificar, continuar, renovar, subordinar, adoptar, mantener o ampliar estas medidas disconformes?, ¿Entienden en que condiciones como país quedamos frente a los Estados Unidos?” cuestionó la legisladora.

El controvertido folio 759, da la posibilidad a todos los estados de Estados Unidos, el Distrito de Columbia y Puerto Rico y a todas las subdivisiones políticas de un estado de los Estados Unidos, de elaborar, modificar, continuar, renovar, subordinar, adoptar, mantener o ampliar medidas disconformes. Esto levanta más dudas aún y la fracción del PAC se cuestiona si se están los favorecedores del TLC entienden o conocen la Ley de Implementación del TLC en Estados Unidos.

Al mismo tiempo la diputada enviará cartas de consulta a con la información detallada a las Cámaras de Comercio, con copia a la Defensoría de los Habitantes, medios de comunicación y ciudadanía costarricense.

OFICINA DE COMUNICACIÓN CIUDADANA. FRACCION PARTIDO ACCION CIUDADANA.

comunicaciones-pac@asamblea.go.cr Teléfono: 243-2180/243-2012 www.pac.or.cr

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Ley de Aplicación del Acuerdo de Libre Comercio República Dominicana – Centroamérica – Estados Unidos.

Se establece en su sección 102 lo siguiente:

RELACIÓN DEL ACUERDO CON LAS LEYES DE LOS ESTADOS DE ESTADOS UNIDOS, Y LAS LEYES DE ESTADOS UNIDOS

• RELACIÓN DEL ACUERDO CON LA LEY DE ESTADOS UNIDOS*

• LA LEY DE ESTADOS UNIDOS HA DE PREVALECER EN CASO DE CONFLICTOS.* No han de surtir efecto ninguna disposición del Acuerdo, ni la aplicación de ninguna disposición a ninguna persona o circunstancia, que fueren inconsistentes con cualquiera de las leyes de Estados Unidos.

• INTERPRETACIÓN.* No debe interpretarse que nada de lo dispuesto en esta Ley

(A) enmienda ni modifica ninguna ley de Estados Unidos, ni

(B) limita cualquier autoridad que haya sido conferida por cualquier ley de
Estados Unidos, a menos que esta ley lo disponga específicamente así.

• RELACIÓN DEL ACUERDO CON LAS LEYES DE LOS ESTADOS DE ESTADOS UNIDOS*

• OBJECIÓN A LA LEY.* No será posible declarar inválida ninguna ley de ningún Estado de Estados Unidos, ni las aplicaciones de las mismas a ninguna persona ni circunstancia, con el argumento de que dicha disposición o aplicación resulte inconsistente con el Acuerdo, excepto en caso de que Estados Unidos inicie un proceso para el fin de declarar inválida una ley o aplicación de la misma.

• DEFINICIÓN DE LEYES DE LOS ESTADOS DE ESTADOS UNIDOS.* Para los fines de esta sub-sección, el término “leyes de los Estados de Estados Unidos” comprende:

(A) cualquier ley de una de las subdivisiones políticas de un Estado de
Estados Unidos; y

(B) cualquier ley de un Estado de Estados Unidos que regule o grave la
industria del seguro.

• EFECTO DEL ACUERDO CON RESPECTO A LOS RECURSOS LEGALES DE LOS INDIVIDUOS.* Ninguna persona, salvo Estados Unidos

(1) podrá alegar causales de acción o defensa al amparo del Acuerdo, o en virtud de la aprobación del mismo en el Congreso, ni

(2) podrá objetar, en ningún proceso iniciado al amparo de ninguna disposición de la ley, ningún acto u omisión de ningún departamento, entidad ni institución de Estados Unidos, ninguno de los Estados que lo forman, ni ninguna subdivisión política de ningún Estado, con el argumento de que dicho acto u omisión resulte inconsistente con el Acuerdo.

La Insignia. Chile, octubre del 2006.

La inmensa mayoría de los campesinos mexicanos rechazan la aplicación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN, NAFTA en inglés) y las políticas agrarias del gobierno. Organizaciones como la Central Campesina Cardenista, la Coordinadora Nacional Plan de Ayala, la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas, la Unión Nacional de Organizaciones Regionales Campesinas Autónomas, la Coalición de Organizaciones Democráticas Urbanas y Campesinas, la Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos, y la Central Campesina Independiente, entre otras, se movilizaron desde que empezó a aplicarse el tratado comercial.

Los campesinos y agricultores mexicanos demandaron al gobierno de Vicente Fox una moratoria en la implementación de las cláusulas agrarias del TLCAN, la entrega de subsidios de emergencia hasta el año 2020, la asignación de un 1,5 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) para el desarrollo productivo de la tierra y un 1,5 por ciento más para el desarrollo social y ambiental del sector rural, además del reconocimiento de los derechos y la cultura de la población indígena, hasta ahora marginada y olvidada.

Señalan haber perdido la “soberanía alimentaria”, pues la importación de alimentos desde Estados Unidos se duplicó llegando a 3.2 mil millones de dólares entre 1997 y 2001. Antes de la entrada en vigor del NAFTA, México era en gran parte autosuficiente cubría más del 80 por ciento de sus necesidades alimentarias, hoy esa cifra ha descendido a un 68 por ciento. Un 70 por ciento de la carne que consumen los mexicanos también es importada. La situación de los trabajadores agrícolas sigue empeorando. De los 3,2 millones de obreros agrícolas en México, más de 1,2 millones son trabajadores temporales y migratorios.

La UNTA, una de las organizaciones más importantes, agrupa a 150 mil campesinos y productores de México Álvaro López Ríos es su secretario general.

Acuerdos rotos

-¿Qué ha significado para los campesinos en México la aplicación del TLC con Estados Unidos y Canadá? – El principal problema que tiene el campo mexicano es el modelo económico impuesto, que depreda y saquea nuestros recursos naturales y humanos. Y, por otro lado, la falta de políticas de desarrollo y fomento para el campo de parte del gobierno neoliberal, que ha dejado a nuestros campesinos abandonados a su suerte y a las reglas que impone el libre mercado. En ese sentido hay demasiado abandono, falta un presupuesto suficiente, existe una brutal competencia desleal con los mercados internacionales, sobre todo con Estados Unidos y Canadá, nuestros ‘socios comerciales’. Ellos subsidian su producción agropecuaria con importantes recursos, y nosotros tenemos que competir con una producción que mantiene grandísimas dificultades y menos tecnificación. Nos obligan a competir en el marco de este acuerdo comercial o NAFTA, que desde su origen fue desventajoso para México por las enormes asimetrías que había. Esas diferencias se mantienen y no fueron consideradas en la negociación, a la que nadie nos invitó.

-Pero estos problemas que usted señala existían antes que el NAFTA se negociara en 1993 y entrara en vigor el 1º de enero de 1994…
-Sí. Existían problemas antes que México firmara el acuerdo comercial con América del Norte, pero eran menos graves. Con posterioridad a la entrada en vigor del NAFTA, México se abrió de manera casi absoluta con Estados Unidos y Canadá, y aunque se lograron plazos de desgravación en aranceles de hasta de 15 años, lo cierto es que con un gobierno tecnócrata y neoliberal como los que hemos tenido y tenemos, las protecciones arancelarias y los plazos de desgravación simplemente no se respetaron. Tenemos por ejemplo el maíz, que es un producto asunto de consumo nacional y base de nuestra alimentación. El maíz fue ‘protegido’ con 250 por ciento de arancel y una desgravación paulatina que terminaría en 15 años, sin embargo, desde el primer momento en que entró en vigor el Nafta y que México empieza a importar maíz, no se aplicaron esos aranceles y, al no aplicarse, se afectó la producción nacional por la desleal competencia entre un maíz subsidiado y otro que no lo estaba (el nuestro). Eso significó el comienzo de una disminución drástica en la producción nacional de este grano, y todas las consecuencias que ello implica para nuestros campesinos e indígenas.

-¿Esto sólo ocurrió en el caso del maíz?
-No. El maíz es sólo un ejemplo. Lo nombro porque fue el grano con más protección y mayor plazo pactado en el NAFTA, pero esto sucedió con todas nuestras ramas productivas. En el tratado se establecían compromisos de inversión, de capitalización, de fomento que se señaló iban a permitir que el campo mexicano se colocara en condiciones de competitividad y productividad. Sin embargo, nuestro gobierno en razón de la crisis económica que nos afectó en 1995 y de la irrupción del movimiento que apareció en Chiapas, abandonó sus compromisos. Ahí se entró de lleno a una etapa abandonar el campo a su suerte. Y esto finalmente nos ha generado un campo con mayores problemas que los que teníamos antes.

“No se nos consultó para nada”

Según López, la Comisión para el Desarrollo Rural de México advierte que sobre el 71 por ciento de la población sufre de desnutrición. “La crisis en el campo es parte de la crisis económica que enfrenta nuestro país. Además, más del 12 por ciento del presupuesto nacional se debe destinar a pagar los intereses de la deuda externa”. Muchas fábricas filiales de compañías norteamericanas se han trasladado de México a China debido a los bajos salarios que pagan en el gigante asiático, lo que ha significado la pérdida de 287 mil empleos desde octubre de 2000 hasta ahora. La agricultura mexicana está experimentando rápidos cambios que no son causados por el TLCAN, sino que han sido acelerados por su aplicación: Un millón de campesinos han abandonado sus tierras en la década pasada y las explotaciones de empresas agroindustriales continúan creciendo.

– Muchos pequeños agricultores quebraron, ¿pudieron competir ante gigantes como Estados Unidos y Canadá? ¿Aumentaron los niveles de pobreza?
-Aumentaron dos cosas, primero, los niveles de migración desde el campo hacia la ciudad y el extranjero, y, segundo, la pobreza. Por otra parte, ha habido una quiebra casi generalizada de la pequeña producción frente a la apertura comercial y la imposibilidad de competir con productores tecnificados y subsidiados por sus gobiernos, y con una producción mucho mayor que la nuestra. Hoy estamos padeciendo un proceso de ajuste y readaptación. Nosotros señalamos que el gobierno debiera invertir en los productores de autoconsumo para que éstos tengan alimentos a la mano.

Estamos en esa etapa. Hemos demandado para que el gobierno haga mayores inversiones en el sector productivo para el mercado interno para que se logren mantener ciertos niveles de autosuficiencia alimentaria y soberanía. Por otro lado exigimos que las autoridades apoyen las exportaciones en las que México ha crecido. El sector agropecuario tiene una balanza favorable y un crecimiento de casi de un 5 por ciento. Nosotros decimos que a los competitivos hay que mantenerles el apoyo, pero hay que invertir mucho más en el mercado interno y recuperar la producción para obtener una soberanía alimentaria. No se puede abandonar a los pequeños productores porque eso significará despoblar una parte importante del campo y condenar a un genocidio a 14 millones de mexicanos e indígenas.

-¿Cuánta es la población total de México y cuál es su relación con el campesinado?
-Somos más de 105 millones de personas. Y el sector campesino es importantísimo en la economía nacional. Un 28 por ciento, casi 30 millones de mexicanos, son campesinos.

-El NAFTA se negoció sin consultarle a los indígenas, campesinos ni a la sociedad civil o sus organizaciones. ¿Cómo ha sido la irrupción de las transnacionales en la agroindustria? – No se nos consultó para nada En México se ha dado el mismo fenómeno que en el resto de América Latina. Con la firma del NAFTA se provoca una reconstitución de la gran empresa agropecuaria, ahora con fines de exportación. Pero es un sector muy pequeño, según los estudiosos. Se dice que es menor al 2 por ciento del total de los productores nacionales. Sin embargo, es el sector más favorecido y el que más crece. Creemos que si bien los males que afectan al campo no son imputables totalmente a la apertura comercial y el NAFTA, este vino a complicar la existencia del 98 por ciento de los productores, quienes entramos obligadamente a lidiar con esquemas de producción, comercialización y exportación que nos permitieran lograr ciertos grados de competitividad para poder sobrevivir y mantener la economía campesina”.

Según las organizaciones campesinas los programas y reformas agrarias que se han implementado son completamente cuestionables. El Banco Mundial intenta “actualizar” el mercado de tierras y según dicen “llevar los beneficios de una tenencia segura a zonas marginales”, y establecer instituciones que faciliten la “administración de terrenos comunales que puedan tener un valor de biodiversidad muy elevada”.

Para el Banco Mundial la idea es colocar en el centro de la agenda la cuestión de la tierra como centro de reducción de la pobreza. Pero organizaciones como la UNTA, Vía Campesina y otras dudan de la redefinición de las políticas de tierra que pretende llevar a cabo el Banco Mundial.

Alvaro López Ríos, pone como ejemplo el Programa de Certificación y Titulación de Tierras (PROCEDE), que costó más de 11 mil millones de pesos mexicanos al Estado y que, no tuvo “ningún efecto social, económico, productivo ni jurídico, ya que no es una titulación o certificación que tenga el rango de título de propiedad”. Tampoco, la intervención del Banco Mundial ha evitado los conflictos agrarios y problemas de límites en ejidos y comunidades agrícolas. “La tierra es más que una mercancía, por eso las reformas agrarias asistidas por el mercado basadas en la comunidad, y que presuntamente están dirigidas al combate de la pobreza según el Banco Mundial y Estados Unidos, siguen siendo cuestionables”, agrega. Desde el 2003, los campesinos se han unido para protestar contra el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, en Ciudad de México y Chiapas. Su lema principal es “¡El campo no aguanta más!”. Las consecuencias del tratado han sido devastadoras para los campesinos, indígenas y obreros agrícolas.

El TLCAN entró en vigor en 1994, elogiado por sus signatarios como el acuerdo más beneficioso para la población y economías de Canadá, México y Estados Unidos. Desde entonces, los campesinos reclaman más ayudas económicas y moratorias en la ejecución de las políticas sobre producción industrial y el comercio. Algunas de las disposiciones más perjudiciales que entraron en vigor en México, han significado eliminar los aranceles en 20 productos alimenticios de importación que incluyen al trigo, el arroz, la papa y el café. Una cuarta parte de los 100 millones de habitantes de México vive en el campo y según el Consejo Agrícola Nacional organización patronal, más de 700 mil empleos simplemente desaparecerán al entrar en vigor las nuevas disposiciones del TLCAN este año; agregan que ya se han perdido ya unos 600 mil empleos desde que entró en vigencia el 1º de enero 1994, el mismo día que irrumpió el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), en Chiapas.

Los más pobres entre los pobres

-¿Cómo ha sido la lucha contra el gobierno? – El año 2000 hubo un cambio en los administradores del poder. Se terminó con la hegemonía de un partido que gobernó durante 70 años, el PRI. Ganó un partido de derecha. Hoy se dice que esto es una transición y una alternancia. El nuevo gobierno es en su origen anticampesino y contrario a la propiedad social, ejidal y comunal. Por la posición histórica que este partido tiene quisieron entrar en una fase de aniquilamiento de las organizaciones y el movimiento campesino, y radicalizar la contrarreforma regresiva que sus antecesores hicieron en el campo.
Empezó un debate al interior de las organizaciones campesinas. Debate que tenía que ver con levantar un Programa de Emergencia que el gobierno debía aplicar frente a la entrada en vigor de la Ley Agrícola de Estados Unidos. Esa ley significó una inversión de 180 mil millones de dólares en los últimos 10 años hasta el 2009, para los agricultores norteamericanos.

Esta tamaña inversión y subsidios tienen impactos con sus ‘socios’ comerciales como nosotros, que no tenemos capacidad para invertir siderales cantidades de recursos. La ley iba a tener un impacto negativo en México. En el 2003 se quedaban solamente protegidos por aranceles tres productos: maíz, frijoles y azúcar. El resto de los productos entraba a la_ ‘libre competencia’_.

“Estas dos cosas y la propuesta gubernamental de un presupuesto aún más reducido para el campo significaban la posibilidad de que fuera el ‘tiro de gracia’ para los productores. Esto nos llevó a un reagrupamiento de organizaciones y a pactar un Acuerdo de Movilización frente al gobierno. Lo iniciamos con dos eventos: la toma del Senado de la República, el 9 de diciembre de 2002, y luego la toma de la Cámara de Diputados, el 11 de diciembre. Diez mil campesinos y productores indígenas nos movilizamos para obligar al Congreso a aumentar el presupuesto para el campo y que, como parte de los poderes del Estado, llamara al Presidente de la República y lo convocara a negociar con los campesinos y aprobar el Programa de Emergencia. Estas movilizaciones lograron sensibilizar a la sociedad civil y el gobierno se vio obligado a tomar medidas. Se aprobó la Ley de Desarrollo Rural Sustentable. Entre la toma y la negociación pasaron tres meses, con un estado de alerta de todas las organizaciones y los campesinos para obligar al gobierno a resolver nuestras demandas”.

-¿Hubo mucha represión de parte del gobierno neoliberal?
-Sólo amagos y amenazas. Afortunadamente no pasaron a mayores. Si el gobierno hubiese llevado a cabo las amenazas que hizo… en su momento dije que iba a ser la chispa que incendiaría México. Lo obligamos a negociar lo que denominamos un Acuerdo Nacional para el Campo, que es un conjunto de 282 artículos que contienen compromisos y definiciones de políticas y de desarrollo. Un decreto que tiene rango de ley por haber sido suscrito por el Ejecutivo, avalado por el Congreso y 24 organizaciones campesinas.

-¿Cuál es la situación actual de los indígenas en México?
-Los derechos indígenas en México están pendientes. En el último gobierno del PRI, en el diálogo realizado entre el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), y el gobierno federal a través de una ley de concordia y pacificación que obliga a las partes a dialogar y a un cese al fuego, se establecieron los acuerdos de San Andrés. El gobierno tenía la obligación de darle a esos acuerdos un rango de ley. Sin embargo, esta iniciativa fue incompleta porque los partidos Acción Nacional (AN) y el PRI, se opusieron a plasmar en ley los acuerdos que eran un conjunto de normas que protegen los derechos y cultura indígenas y daban autonomía en sus territorios originarios. Esto no se plasmó cabalmente en la Ley de Derechos y Cultura Indígena, y se mantiene latente porque lo que se aprobó no fue lo aceptado por las organizaciones indígenas.

Entonces, la marginación, la incomunicación de los pueblos y nacionalidades indígenas se mantiene. Si acaso paleado por políticas específicas de inversión, en infraestructura, caminos, escuelas y salud, pero el problema fundamental de la autonomía e independencia no se ha resuelto todavía. Y eso mantiene latente un conjunto de problemas. El diálogo social no ha sido muy fructífero. Es un asunto de justicia el que los pueblos indígenas cuenten con políticas que permitan su desarrollo y se respeten sus derechos. 14 millones de mexicanos son indígenas y siguen siendo los más pobres entre los pobres.

Guatemala, 15 de Octubre del 2006

Las ¿ventajas? del TLC

El matutino Siglo XXI, en su edición de hoy domingo, hace pública una información que resulta alarmante: De cada 100 cooperativas que existen en el país, 75 están severamente amenazadas o condenadas a muerte debido a la entrada en vigencia del Tratado de Libre Comercio. Y las 25 restantes tampoco es que se salvan. Esas otras, según se afirma en el artículo, apenas si tienen una oportunidad o posibilidad de sobrevivir. Esto lo informa el diario inmediatamente después de anunciar, en la misma noticia, que el sector cooperativo ha venido creciendo año tras año. ¿Qué hay de bueno para Guatemala en esa muerte anunciada del movimiento cooperativista?

El artículo no hace cálculos respecto a cuánto desempleo va a significar para el país la quiebra de las cooperativas. Se informa que son 1,600 las cooperativas existentes, todas en riesgo y las agrícolas, además, en alto riesgo. Si en cada una trabajara un promedio de 10 personas, (que probablemente sean más alta la cifra), estaríamos ante 16 mil futuros desempleados y desempleadas, gracias a las bondades del TLC. Si Usted trabaja en una cooperativa, pues mejor prepárese para sufrir las penas que implica buscar trabajo en este país. Y si conoce a alguien que trabaja en una, pues avísele. En defensa del libre comercio, de la libre competencia, de la libertad de empresa, el TLC los va a dejar sin chance.

El artículo aclara que las cooperativas que menos posibilidades tienen de resistir el embate del TLC son las que se vinculan al tema agrícola. Es decir, que esta nueva arremetida del TLC la emprende, en particular, contra cada familia campesina, tenga o no vínculo con las cooperativas. Porque agudiza la crisis en el agro, en las áreas rurales del país, las cuales, ya debilitadas por los efectos de las políticas neoliberales, se colocan casi al borde de la desaparición.

Y si Usted es socio o beneficiario de alguna cooperativa, pues vaya acostumbrándose a no serlo en un futuro cercano, porque el TLC simplemente le va a quitar esos beneficios. De conformidad con los datos aportados en el artículo al que nos referimos, sólo en las cooperativas de ahorro y crédito existen más de 60 mil afiliados. La cifra total de población guatemalteca partícipe en el quehacer del movimiento cooperativo en su conjunto, se desconoce, pero de seguro es alta.

Por otra parte, conviene preguntarse: ¿Cuánto capital nacional va a ser sustituido por capital extranjero, sólo en el ámbito en el que económicamente se mueven las cooperativas? Esas ganancias, obviamente, ya no se quedarán en el país, sino que irán a parar al exterior, con lo cual Guatemala se irá descapitalizando.

Compartimos íntegramente el texto de la información, por cuanto se basta por sí misma para que no sólo el movimiento cooperativista ponga las barbas en remojo, sino que, además, vayan tomando conciencia todos los otros sectores sociales que pueden verse igualmente afectados. Muchos, cuando se llamó a la lucha contra el TLC, se abstuvieron bajo el supuesto de que, quizás, les traería algunas ventajas. Ahí las tienen.

Hemos insistido, reiteradamente, que el TLC es un cáncer que ya se hizo presente en el cuerpo nacional y que, como enfermedad maligna, debemos combatirlo sin descanso hasta desterrarlo y recuperar, así, la posibilidad de sanar.

Por ello invitamos al pueblo a que reflexione sobre las implicaciones explícitas e implícitas derivadas del contenido de este artículo.

Con respecto al TLC, entre más sabe uno al respecto, peor resulta. Hay una agresión en marcha, no sólo contra los sectores populares, (sobre cuyos hombros pesa con mayor énfasis), sino contra prácticamente toda la población, con contadas excepciones que más bien, como excepciones, justifican la regla.

El movimiento cooperativo debe aunar sus esfuerzos junto a los que ya han emprendido otros sectores sociales, pare enfrentar al TLC y a sus nefastos efectos.

Los invitamos fraternamente a que, como medida inmediata, se sumen a la marcha que realizaremos todas las organizaciones el próximo 20 de Octubre, y que aprovechen ese espacio para denunciar, ante Guatemala y ante el mundo, la amenaza real que les han lanzado en su contra.

Si se dejan, pierden. Si permiten que las políticas públicas de corte neoliberal se impongan, todo el país pierde. Si no actúan, aún sin proponérselo se convierten en cómplices. El que calla, otorga, reza el viejo refrán popular.

En síntesis, el movimiento cooperativista está en riesgo. Y son los propios afiliados a las más de 1,600 cooperativas y sus organizaciones las primeras que deberían defenderlo. Si no lo hacen, perderían por no presentación.

Desde el Frente Nacional de Lucha y las organizaciones que lo conforman, les ofrecemos nuestra mano solidaria. Porque en Guatemala, contra el TLC, ¡la lucha sigue!

Frente Nacional de Lucha en defensa de los Servicios Públicos y los Recursos Naturales

Opinión
Colombia

Cordial saludo:

No hay una sola organización representativa de los trabajadores, campesinos, indígenas, estudiantes, intelectuales y demás sectores populares de Colombia que respalde el TLC con Estados Unidos. Incluso, la mayoría de las agremiaciones de empresarios agrícolas se opuso al texto del Tratado hasta el 27 de febrero de 2006, día en que se impuso su firma.

Pero no rechazamos el TLC porque por principios nos opongamos a los negocios internacionales o a las relaciones con Estados Unidos. Nos oponemos porque sacrifica la soberanía de Colombia, anexa la economía nacional a la estadounidense y le quita al país los principales instrumentos del desarrollo, lo que empobrecerá más a casi todos los colombianos.

El TLC hace irreversibles las reformas neoliberales de los últimos quince años, las cuales les provocaron enormes pérdidas a la industria y al agro, reemplazaron los monopolios públicos por los privados y generaron el peor desastre social del siglo XX. El retroceso en empleo y pobreza fue tanto, que aún no se retorna a los indicadores anteriores a la crisis y el país padece una de las peores desigualdades sociales del mundo.

Los estudios oficiales señalan que con el TLC las importaciones de Colombia crecerán el doble que las de Estados Unidos y que los exportadores colombianos perderán, frente a los estadounidenses, ventas a los países andinos. Porque Colombia eliminará sus aranceles y Estados Unidos, además de gozar del poder de una economía 129 veces mayor, mantendrá sus inmensos subsidios.

Además, Colombia casi eliminó las barreras sanitarias a los productos estadounidenses, en tanto las Casa Blanca mantuvo todas las suyas contra los bienes colombianos. Por lo impuesto en propiedad intelectual, Colombia renuncia a la producción de bienes industriales complejos y al progreso en ciencia y tecnología.

Este capítulo, además, provocará enfermedad y muerte entre los colombianos, pues encarecerá los medicamentos en cerca de 900 millones de dólares al año, según la Organización Panamericana de la Salud (OPS). Y lo pactado en telecomunicaciones y tribunales de arbitramento menoscaba el interés de las empresas oficiales y del Estado colombiano.

Las normas sobre inversiones y compras públicas les conceden ventajas insólitas a los monopolistas estadounidenses en Colombia, y es una burla decir que de las mismas gabelas gozarán los colombianos en Estados Unidos. Es especialmente grave que el Tratado le arrebate a Colombia el derecho a tener una eficaz cláusula de balanza de pagos, mecanismo que autoriza el propio FMI y cuyo desaparecimiento puede significarle pérdidas catastróficas al país. Y el TLC también consolida la entrega a los extranjeros del sistema financiero y le impone a Colombia costos impagables para definir las tasas de cambio e interés.

Los partidarios del TLC dicen que las inversiones estadounidenses anularán los daños que el Tratado le provocará a la capacidad de los colombianos para generar ahorro interno. Pero silencian que esas inversiones habrá que atraerlas estableciendo peores condiciones laborales y ambientales, cambios que de manera expresa autoriza realizar el TLC (artículos 17.2 y 18.2).

Y es sabido que en Colombia van varias reformas legales que abarataron el precio de la mano de obra, que en el país es más fácil crear y mantener una organización armada ilegal que un sindicato y que ya hay en marcha una campaña ideológica para disminuir el salario mínimo, al igual que se sabe que al actual gobierno le preocupa tan poco el medio ambiente, que fue capaz de fumigar con poderosos venenos el parque nacional natural de La Macarena.

También cuenta en nuestro repudio al TLC que la destrucción del agro obligue a más colombianos a cultivar coca y amapola y que el “libre comercio” enriquezca a los monopolistas de Estados Unidos, mientras deteriora las condiciones económicas de su pueblo.

Quienes en los Congresos de Colombia y Estados Unidos atesoramos una concepción auténticamente democrática, debemos pugnar por las mejores relaciones entre los dos países. Pero con franqueza les digo que a ello se opone la lógica imperial que anima al TLC. Es, por tanto, uno de nuestros deberes rechazar ese Tratado.

Atentamente,

Jorge Enrique Robledo
Senador de la República de Colombia
Polo Democrático Alternativo

(Fecha publicación:14/11/2006)

Fuente: Argenpress

Economía
Argentina

Las grandes empresas radicadas en Argentina, entre ellas decenas de trasnacionales, generan sólo el 4 por ciento del total de los puestos de trabajo “existentes”, informó hoy aquí el Instituto para el Desarrollo Argentino (Idesa).

La entidad integrada por las 500 compañías más grandes que operan aquí apoyó su estudio en la “Encuesta Nacional a Grandes Empresas”, que desarrolla en forma permanente el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

Idesa indicó que esto ocurre “a pesar de que (las firmas) concentran un tercio de la producción y tres cuartas partes de las exportaciones” argentinas.

En el análisis que formuló Idesa acerca de las razones de que se presente este panorama, señaló que “las regulaciones laborales hacen que (las empresas) extremen los recaudos antes de contratar a un trabajador’, y que ‘eludan las cargas (sociales) para minimizar la cantidad de asalariados”.

Los analistas de Idesa consideraron que “los datos muestran la fuerte concentración de la producción que se produce en este reducido grupo de empresas’, que generan los resultados operativos mencionados ‘y juegan un rol decisivo en cuestiones claves como el superávit comercial y fiscal”.

En estos números tienen mucho que ver, según Idesa, “las regulaciones laborales”, que impactan de forma distinta en una firma ‘grande’ respecto a una pequeña o mediana.

“Los pequeños emprendimientos, las altas imposiciones al trabajo, la litigiosidad y los trámites burocráticos inducen a la informalidad laboral a las empresas”, destacó Idesa.

La entidad, a la hora de reportar conclusiones del estudio realizado, puntualizó que ‘entre las grandes empresas, la estrategia parecería ser la de eludir estas cargas regulatorias a través de minimizar la cantidad de asalariados y extremar los recaudos antes de contratar un nuevo trabajador.

“En este marco, probablemente, la situación más conflictiva sea para las empresas medianas, dado que les es difícil apelar a la informalidad y muchas veces no tienen a su alcance las estrategias de recursos humanos que usan las empresas más grandes.”

‘Por diversas vías, el resultado es menos puestos de trabajo y de peor calidad’, concluyó Idesa.

(Fecha publicación:14/11/2006)

Fuente: Argenpress

Se habla mucho del “estado de derecho”. En efecto, un régimen político sin “estado de derecho” volvería al estado de barbarie. Desde los códices mesopotámicos, hace más de 40 siglos, los conflictos entre los miembros de un sistema político se resolvieron por intermedio de los jueces, y no con el “ojo por ojo, diente por diente” o por medio de linchamientos. Teniendo un sistema de derecho que goce de legitimidad, un cuerpo de jueces justos, puede aceptarse que las instituciones políticas acordadas tengan derecho al monopolio de la coacción.

En México, prácticamente no ha existido un “estado de derecho” hasta el presente que goce de legitimidad suficiente; en la época colonial porque lo ejercían unilateralmente los españoles; durante el siglo XIX por la inestabilidad reinante; y después de la Revolución por el corporativismo, que puede fácilmente declarar inocente al rico o al que tiene_ “relaciones”_, y deja pudrir en la cárcel a un indígena que ha robado un pollo. Hemos visto banqueros que se apropiaron de miles de millones y no pudieron ser inculpados.

Carl Schmitt, crítico del sistema liberal, y con razón, muestra que el “estado de derecho”, fundado en instituciones políticas vigentes, no es razón última de la política. Para ello echa mano de un ejemplo: el “estado de excepción”. La dictadura romana era una institución que en situaciones muy graves (el ataque, por ejemplo, de Cartago) nombraba a un ciudadano para defender a la patria, decretando la suspensión de todas las instituciones normales para unificar el mando en las manos del dictador. Una vez terminada la crisis, el dictador renunciaba y la normalidad retornaba a sus cauces.

Giorgio Agamben ha estudiado con originalidad esta figura política. Con ello Schmitt mostraba que detrás del Estado de derecho había una voluntad política que podía instaurar la anulación temporaria del tal estado. De la misma manera Fernando de la Rúa, en Argentina, decretó en diciembre de 2001 un “estado de excepción” para paralizar los movimientos populares.

Pero aconteció que el pueblo argentino, en vez de acatar dicha decisión presidencial salió a las calles en lo que pudiéramos llamar “estado de rebelión”. No sólo dejó sin efecto el “estado de derecho” y el “estado de excepción”, sino que destituyó de hecho al mismo presidente, el que fue remplazado días después. La pregunta es: ¿qué sentido tiene ese “Estado de rebelión”? ¿Qué sentido tiene que la multitud exclamara: “¡Que se vayan todos!”, sabiendo que los burócratas políticos, aunque estén corrompidos, son necesarios e inevitables? ¿Nos está enseñando esta situación límite algo? Creo que sí, e intentaré pensar el tema.

La premisa enuncia que todo poder político reside exclusivamente en la comunidad política, en el pueblo -tesis 2 de mi obrita 20 tesis de política, editada recientemente en Siglo XXI. La comunidad política, el pueblo, es la primera y última instancia del poder. Pero la comunidad política o el pueblo debe darse instituciones sin las cuales no puede operar. Toda institución es el lugar del ejercicio delegado del poder del pueblo. Cuando la institución política presidencia, Congreso, jueces, burocracia estatal, policías, etcétera se arroga ser sede del poder, hemos caído en algún tipo de fetichismo del poder, de corrupción, de injusticia. La estructura total del Estado no es soberana: el único soberano es la comunidad política o el pueblo.

Hasta Francisco Suárez, aquel jesuita profesor de Salamanca y Coimba a finales del siglo XVI y comienzos del XVII, quien consideraba a la democracia un sistema natural (pre institucional), tenía claro que la entrega del poder delegadamente a la autoridad (y al mismo rey, previo contrato revocable) no era total, sino que se recuperaba el poder cuando la autoridad hacía mal uso del mismo.

Hasta Tomás de Aquino admite el tiranicidio (asesinato del tirano) cuando se ha tornado un peligro para el pueblo que lo había elegido. La elección, como instrumento secundario de la democracia (ya que la democracia es mucho más que mera elección de una autoridad una vez cada varios años, y en su esencia es un principio normativo y no un mecanismo electoral), es perfectamente revocable en toda la tradición del derecho.

Hay políticos que, según su conveniencia, decretan la sacralidad de una elección política de un representante en el ejercicio delegado del poder, en una institución que, por otra parte, la fetichizan igualmente al olvidar que puede ser transformada o eliminada por la misma comunidad política o el pueblo que la creó en el pasado. La instancia última es la voluntad del pueblo y no una elección (una persona) o una institución (creada para el servicio del mismo pueblo).

Esa voluntad, cuando tiene convicción subjetiva de haber podido decidir algo con participación igualitaria, otorga legitimidad a la institución y al elegido para ejercer delegadamente la función acordada. Por ello la elección de 1988 no fue legítima, y al no haberse contado los votos ante la duda, esa duda planeará sobre la de 2006 siempre ante la conciencia de los ciudadanos exigentes.

Pero ese mismo pueblo, sufriendo injusticias económicas y humillaciones políticas de tantas instituciones (por ejemplo, de jueces que se asignan bonos millonarios, que por sentido común es una injusticia a la vista de todos, aunque no sea ilegal, porque las leyes pueden ser injustas; o de un gobernante que se la pasa haciendo propaganda de pretendidos actos de gobierno como si fuera publicidad de Coca-Cola, en vez de gastar ese dinero en cosas útiles) o un gobernante electo (que manda asesinar a miembros de su propio pueblo), ese mismo pueblo tiene todo el derecho de recordar a los que ejercen delegadamente el poder en las instituciones quién es la última instancia del poder, y de gritar:_ “¡Que se vayan todos!”_.

Ese grito expresa una contradicción: por una parte, a) deberían irse todos, pero, de todas maneras, b) necesitaremos otros que, al no darse las condiciones necesarias, repetirán las injusticias pasadas.

Por ello el significado es otro:_ “¡No olviden que es la comunidad, el pueblo la última instancia del poder!”_, y por ello tenemos el derecho a deponerlos. Ese hacerse presente en las calles, como en Oaxaca, es lo que denominamos “estado de rebelión”. El pueblo muestra su rostro sufriente, hambriento, humillado y declara ser la sede última del poder. Las instituciones corrompidas, los gobierno ilegítimos corren a cubrir ese rostro con las máscaras de orden, en nombre del “estado de derecho”, olvidando que hace tiempo que el tal estado ha sido negado por los que dicen defenderlo.

En América Latina, y muy especialmente en México, un fantasma recorre el continente: son los pueblos, los pobres, los marginados, los humillados por los siglos que se van poniendo de pie en un “estado de rebelión” que manifiesta un proceso profundo de movimientos sociales que nos depararán grandes sorpresas. A los que piensan detenerlos con represión, policías, contrainsurgencia sin preguntarse por las causas profundas les pasará lo que está sufriendo George W. Bush, que atacó al terrorismo militarmente en Irak y le ha “estallado el petardo en la mano”. En vez de ir a las causas de las injusticias quiso asesinar a los que se resistían, surgiendo muchos miles en su lugar y con mayor fuerza.

* Filósofo
Fuente: La Jornada, Lunes 6 de noviembre de 2006

Existen mecanismos de índole legal que le garantizan a la ciudadanía obtener información sobre los resultados obtenidos por Costa Rica a raíz de la suscripción de anteriores tratados comerciales. La Ley No. 8.056 del año 2000 denominada “Para las negociaciones comerciales y administración de los tratados de libre comercio, acuerdos e instrumentos del comercio exterior”, indica que “deberán indicarse los efectos de esos tratados, convenios e instrumentos en el sector productivo, en los flujos de comercio y en la balanza comercial; su impacto en la generación de empleo e inversión; los nuevos exportadores y productos de exportación; los conflictos presentados, y un análisis de sus efectos en el consumidor”.

Lastimosamente, la Contraloría General de la República ha señalado en diversos informes que el Ministerio de Comercio Exterior (Comex) no ha cumplido con la citada ley, a pesar de que ese ministerio ya superó la enorme cantidad de ¢1.300 millones en promover el TLC con Estados Unidos (Semanario Universidad #1.673). Hoy volvemos a recibir el bombardeo de una nueva campaña publicitaria, superficial y poco educativa.

A raíz de lo anterior, me voy a permitir señalar algunos datos correctamente documentados para ayudar a visualizar y proyectar las consecuencias de un TLC con Estados Unidos.

Hace más de una década México y Canadá firmaron un Tratado Comercial con Estados Unidos y, según datos de la Comisión Económica para América Latina (Cepal), en su informe anual 2005, México cuenta con una esperanza de vida de 73,4 años (en Costa Rica sin TLC es de 78,1 años), el porcentaje de la población analfabeta de 15 o más años es de 7,4% (en Costa Rica sin TLC es 3,8%), su tasa de mortalidad en menores de cino años por cada 1.000 nacidos es de 28 (en Costa Rica sin TLC es de diez). Asimismo, según el último reporte del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en su clasificación del Índice de Desarrollo Humano (IDH) por país, México se ubica en el lugar 53 del mundo con un indicador de 0,81 y Costa Rica (sin TLC) se ubica en el lugar 47 del mundo con un indicador de 0,84. Recordemos que dicho indicador se fundamenta en el nivel de vida de la población, la esperanza de vida, la educación y la producción por habitante.

Aunado a lo anterior, durante 2005, 1,2 millones de personas (desde luego mexicanos) intentaron cruzar la frontera sur de Estados Unidos, por lo que el presidente Bush firmó una ley que autoriza la construcción de un muro, el más largo del mundo, con una longitud de 1.100 kilómetros y con un costo de alrededor de $8 mil millones. Lo anterior hace que se cuestione el porqué el TLC mexicano con Estados Unidos (Nafta) los llevó a semejantes consecuencias y por qué México no logró mediante el TLC con Estados Unidos el paraíso que nos vende Comex.

Ahora repasemos otro TLC, el de Costa Rica y México a raíz del tratado firmado entre nuestros países desde 1995, de esta forma podremos comprobar desde otra perspectiva las posibilidades de Costa Rica con estas aperturas comerciales.

Desde la firma de dicho tratado (1995-2005), México ha invertido $450 millones para colocar sus productos en Costa Rica mientras que nuestro país solo ha colocado $32 millones en México, es decir, solamente el 7%.

Los mexicanos en Costa Rica ya dominaron el mercado de los productos elaborados con base en masa (Maseca, Masarica, Tortimasa y Tortiricas), también están dominando la industria de embutidos, quesos, panes y jugos. Hi-C fue adquirido por mexicanos y marcas nacionales de pan como Camacho y Schmidt desaparecieron con el ingreso de empresas como Breddy y Bimbo.

Analizando las experiencias tica y mexicana con respecto a estos tratados comerciales, les dan la razón a diversos sectores y académicos que aseguran que las economías más grandes van devorando a las más pequeñas, creando oportunidades a las grandes empresas en detrimento de las condiciones sociales de los pueblos. Hoy Costa Rica conserva todavía condiciones sociales e instituciones que economías más grandes envidian, haciendo que la oposición al TLC con Estados Unidos sea objetiva y razonable.

Los defensores del TLC no deben insistir en multimillonarias campañas publicitarias al mejor estilo de las cansadas campañas políticas, superficiales y que ocultan lo verdadero e importante. La confrontación se alimenta cuando la información se oculta o se manipula en contra de la verdad y los derechos de la ciudadanía, Comex está a tiempo de reivindicar, la historia lo juzgará.

*Presidente Siproceice

La presidencia de la República efectuó dos reuniones con los directores de los principales medios de comunicación del país, con el fin de coordinar y unificar la línea informativa sobre las jornadas de protesta contra el TLC del 23-24 de octubre. Las reuniones se convocaron a inicios del mes de octubre y contaron con la participación de los ministros de la Presidencia y de Seguridad Pública, Rodrigo Arias Sánchez y Fernando Berrocal, respectivamente.

Según el diputado del Frente Amplio, José Merino del Río, está claro que se planificó un “cerco informativo” que consistió en intimidar a la población durante los días previos a las movilizaciones sociales, atribuyéndole propósitos violentos y subversivos a los organizadores, al mismo tiempo que se reducía la convocatoria a “una protesta sindical”.

Posteriormente al fallar esta primera fase, cuando las jornadas de protesta reunieron pacíficamente a miles de costarricenses en todo el país, incluyendo a agricultores, docentes, intelectuales, jóvenes y estudiantes, sindicalistas, empleados públicos, ecologistas y otras agrupaciones ciudadanas, se trató en todo momento de “minimizarlas” y de darle publicidad a algunos pocos incidentes de provocación, causados presumiblemente por personas infiltradas con tal propósito entre los manifestantes.

El “equilibro de la información”, una de las conductas éticas elementales de la prensa responsable se estaría afectando como resultado de estas acciones de gobierno, dirigidas a crear un cerco y desinformar a la población, dijo el diputado Merino, quien destacó que también hay “honrosas excepciones” de medios que no se someten al dictado gubernamental.

Otras tendencias recientes en el manejo de la información preocupantes para el legislador frenteamplista, tienen que ver con las reuniones de jefes de prensa de ministerios e instituciones autónomas con el fin de exigirles la “generación de noticias positivas” para el gobierno, así como la pérdida de independencia del noticiero del Canal 13, convertido últimamente en una “revista oficial”, que ocupa la mayoría del tiempo en la promoción de la actividad de ministros y otras autoridades.

Para el diputado Merino todas estas prácticas del gobierno de Oscar Arias, configuran una especie de “tráfico de influencias políticas”, ya que se utilizan los medios estatales y privados de comunicación al servicio de las poderosas élites económicas que están detrás del TLC, lesionando el derecho a la información de la población y debilitando en consecuencia la democracia.

“Es un momento de desesperación y mal aconsejados, los hermanos Arias han auspiciado la supresión de etapas del procedimiento parlamentario que lesionan el derecho de enmienda del legislador” agregó el representante del Frente Amplio, para quien se estaría incurriendo, tal y como lo había advertido el Departamento de Servicios Técnicos, en un “vicio invalidante del procedimiento”, que tendrá que considerar en su momento la Sala Constitucional.

“El hecho de que el TLC tenga un plazo para entrar en vigencia, es un problema de como lo negoció el Poder Ejecutivo, no puede ni debe afectar al Parlamento. Si se acepta esta resolución, entonces estaríamos admitiendo que el Poder Ejecutivo puede ponerle plazos de votación a los proyectos durante el proceso de negociación, momento donde la Asamblea Legislativa no tiene participación”, dijo Merino.

“El Legislativo es un poder separado y el Ejecutivo no puede determinar cómo va a tramitar un proyecto de ley, ni ponerle plazo de votación aunque, como en este caso, sea un tratado que solo puede ratificar o rechazar. Constitucionalmente no existe tal procedimiento”, sentenció el diputado Merino.

Por otro lado se preguntó: “¿Cómo definir con seriedad cuál es el plazo razonable de discusión de un proyecto complejo como el TLC?” Según la opinión de Merino del Río la resolución del presidente del directorio no lo ha hecho.

El legislador del Frente Amplio anunció que seguirá resistiendo desde el parlamento frente al TLC y que utilizará para ello todos los recursos que le brinda la Constitución de la República y el Reglamento de la Asamblea Legislativa, incluyendo la denuncia de los procedimientos arbitrarios que lesionan el principio democrático.