La Costa Rica del tercer milenio

Agradezco la benevolente invitación de las respetadas instituciones que reúnen este oportuno seminario sobre cuestiones que afectan a nuestro sistema de vida en libertad. Me siento muy cómodo entre costarricenses bienhechores y un poco incómodo entre tantos académicos e intelectuales, porque solo soy un octogenario jubilado. Me atrevo a participar en este coloquio a título de ciudadano activo, crítico y propositivo, con un talante práctico arraigado en la experiencia del luchador que hay en mí por la justicia, la solidaridad, la libertad, la democracia y la paz. Donde se honre a Costa Rica, yo estoy.

El ejemplo de dos prohombres

Dos insignes compatriotas se nos adelantaron estos días en el tránsito a la eternidad. Don Joaquín Vargas Gené y don Rodrigo Madrigal Nieto. Esta es una de las primeras veces que hablo en público desde tan infaustos acontecimientos y deseo dedicar un espacio a su memoria. Ambos fueron ciudadanos de la esfera privada que en circunstancias especiales sirvieron al Gobierno de la República. Fueron personas independientes, no hombres de partido. Dedicados al periodismo, fomentaron la tolerancia. Juntos, fueron co-fundadores del Observatorio de la Libertad de Expresión. Amaron entrañablemente a Costa Rica. Vivieron y murieron en el cariño familiar, cultivaron la amistad, anduvieron rodeados por el aprecio y el respeto. Sus ejemplos orientan en la honestidad, la generosidad y la defensa valiente del interés nacional, a quienes continuamos en peregrinación por los largos y polvorientos caminos de la patria. Gracias a Dios por la vida de estos dos prohombres.

La fe costarricense en un tiempo nublado

Confieso que nunca vi más sombrío el futuro de la República. Los márgenes políticos, angostados. Los partidos, agonizando. Los poderes públicos, enervados. La legislatura, avasallada por factores extraparlamentarios. La inequidad, desaforada. La clase media, estrujada. Los sectores populares, empobreciéndose más. El Estado Social de Derecho, asediado. El patrimonialismo a la orden del día. La inseguridad ciudadana en crecimiento. La Constitución Política, violada. La titularidad del mando en manos espurias. La nación, rasgada. La ciudadanía con voto pero sin voz. El diálogo ausente y los extremismos en ascenso. Es un panorama fosco.

Sin embargo, el carácter costarricense se afirma siempre en la fe. Recuerdo a un profesor de filosofía de nuestro siglo XIX quien escribió: “He preguntado a los pueblos qué hora es, y me responden: es media noche; esperemos que amanezca”. Tengo presente la estrofa del amigo poeta ausente: “De veras, hijo, / ya todas las estrellas han partido. / Pero nunca se pone más oscuro / que cuando va a amanecer”. El deber cívico impone a cada uno de nosotros, trabajar con esperanza.

Confianza en los educadores y los estudiantes

Mi esperanza está en la niñez, la juventud y el magisterio. Costa Rica es una pedagocracia. Nuestro ejército son los estudiantes y los maestros. Pueblo comprensivo y sensato, la dignidad, el honor y la soberanía son defendidos principalmente por esta fuerza civil desmilitarizada, neutral, pacífica. Si escuelas, colegios y universidades quieren, si se puede – si no, no. Así fue en las manifestaciones de educadores y estudiantes en 1919 contra la tiranía; las marchas nacionalistas de la Liga Cívica en 1928; la resistencia estudiantil de 1943 en aras de la pureza electoral; la huelga de brazos caídos de los empresarios o el desfile silencioso de las mujeres en 1947; la protesta estudiantil de ALCOA en 1970; o el llamado combo del ICE en 2000. Estoy cierto que así será mañana.

Confío también en los imponderables que Bismarck, el Canciller de Hierro, ubicaba en la acción política allende los riesgos, las oportunidades y las alternativas. Son fuerzas que no se tocan ni se ven, fuerzas ideales que en un momento germinan y se desarrollan y se vuelven poderosas como una creciente de río que todo se lo lleva. Entre esos imponderables políticos, don Ricardo Jiménez incluía la intuición: “Los ticos –decía él– son como las mulas de noche en los malos caminos, que parece que huelen los precipicios. Los va salvando el instinto”. La sabiduría costarricense brota de la tierra, como el agua manantial: es resultado de centuria y media de educación y más de cien años de práctica democrática, el oro de la experiencia que amontona la batalla progresista de generación tras generación.

La esperanza, sin embargo, no puede obnubilar. Para acertar en el rumbo a seguir, hay que partir de un diagnóstico preciso. Menciono algunos obstáculos que deben ser superados pronto.

Un pueblo con voto pero sin voz

La democracia ha caído en el “triángulo de las Bermudas” que constituye la deletérea conjunción de las 3-P: política, plata y propaganda.

Durante la campaña electoral recién pasada, todos los medios de comunicación masiva, menos alguna excepción honrosa, apoyaron una sola de las opciones electorales en las noticias, en los editoriales y en la agenda informativa. Las encuestas de opinión fueron utilizadas como arma arrojadiza. Hubo una millonaria campaña paralela favorable al acuerdo comercial, en la cual aparecían en pantalla incluso las mismas figuras que salían en la campaña de uno de los partidos.

Concluido el cuestionable conteo de los sufragios, el baño de incienso y el coro de alabanzas al régimen es anonadador. Alarma comprobar que la democracia costarricense es víctima de un sistema de incomunicación social. Es un aparato de propaganda totalitario que niega la diversidad y favorece el monopolio.

Acaba de anunciarse que un conglomerado de televisión compró un conglomerado de radioemisoras, seguido por un silencio cohonestador de la concentración de la propiedad en los medios de comunicación. ¿No es que las frecuencias de radio están fuera del comercio de los hombres?

Los ciudadanos conscientes somos agredidos con términos de extremistas, comunistas, anticostarricenses o peor todavía, si planteamos tesis discrepantes con los factores económicos y políticos nacionales e internacionales que están detrás de ese aparato goebbeliano. Muchos costarricenses solo cuentan con la Internet para expresar su pensamiento.

Los justos reclamos de los sectores populares, son ignorados. A diario se recuerda a Martín Fierro cuando dice que “son campanas de palo, las razones de los pobres”. Sigue vigente el concepto que expresé en un artículo publicado por algunos diarios de América Latina, hace casi cuarenta años: “Queremos ser un pueblo con voz y voto”. Desgraciadamente, el costarricense es hoy un pueblo con voto pero sin voz. Este auditorio comprende de qué hablo porque algunos de ustedes han sido blancos de la razia de intolerancia monocrática en los medios, y otros se ven forzados a desentonar, entonadamente.

Todo régimen de inclinación autoritaria hace lo indecible por tener a su servicio las comunicaciones, los periódicos y la televisión, una prensa dócil, ciega y sorda, porque ello le permite manipular a la opinión pública, haciendo pasar mentiras por verdades, verdades por mentiras, calumniar a sus críticos y ensalzar a sus domésticos. Si la libertad se constriñe, si la diversidad se asfixia, si la prensa es monocorde, si la propiedad de los medios se concentra, la democracia se debilita y la ciudadanía se desborda a calles, parques y plazas.

Ineptitud política de antología

El trámite del tratado mal negociado es un caso digno de estudio para los anales de la ineptitud política. Por encima de las deficiencias, insuficiencias e inconveniencias del texto mismo, se destaca la impericia en el manejo político del tema. A la fuerza, ni los zapatos entran.

El nuevo gobierno obtuvo apenas una peseta de los cien centavos de apoyo electoral disponibles en febrero pasado. Sin embargo, en este asunto se conduce y habla como si tuviera un billete de mil pesos en la bolsa. Y a ratos pareciera que hasta cree en su propia propaganda.

Se machaca que en la democracia la mayoría manda, pero no se acepta que Costa Rica es ahora un régimen de puras minorías. Para hacer mayoría, hay que dialogar, ceder y concertar. Pero estas realidades son anatema cuando se propugna “la tiranía en la democracia”, si bien tal contradicción conceptual revele un cuadro peligroso.

En el cuatrienio pasado se demostró que no basta con ajustar una mayoría, sino que importan igualmente e incluso más, cuántos y quiénes son la minoría militante en oposición. El gobierno anterior contó al comienzo con 19 diputados y el partido cogobernante con 17 para un total de 36 (dos menos de la mayoría calificada), pero 5 minoritarios lograron frenarlos. No se aprobó la reforma fiscal y, duele reconocerlo pero es cierto, un gobierno sin plata es un pobre gobierno. De manera que cuando se dice que con 29 votos basta y sobra, queda mucho trecho del dicho al hecho.

Comercio justo vs. libre comercio

Hago ahora una digresión personal. Creo en la apertura comercial. Creo en la inversión extranjera. Creo en el comercio justo que sobrepuja al libre comercio. Sin que sean perfectos, considero aceptables los convenios comerciales firmados con México, Canadá, Chile y la región del Caribe. Es recomendable programar con sabiduría y total apego a los intereses de Costa Rica, acuerdos comerciales con la Unión Europea, países de Asia y de Oceanía. Soy amigo de Estados Unidos. El pueblo costarricense no padece el trauma del antiyanquismo. Costa Rica necesita un acuerdo comercial con nuestro principal mercado.

Estas convicciones están avaladas por la conducta de mi prolongada vida pública. En la administración que presidí de 1982 a 1986 se estableció el Ministerio de Comercio Exterior, se puso en marcha el llamado modelo de promoción de exportaciones y se dio la ley de incentivos a la industria turística, principal fuente de divisas extranjeras.

En ese periodo el país fortaleció los vínculos comerciales con Estados Unidos a través de la Iniciativa de la Cuenca del Caribe, que abrió unilateralmente el mercado norteamericano a casi todos nuestros productos de exportación. Conocedor de mis viejos nexos laboristas con la poderosa confederación obrera AFL-CIO, el Presidente Reagan me solicitó viajar a Washington para suavizar su oposición a la Iniciativa de la Cuenca del Caribe.

Una nueva negociación con Estados Unidos

Dicho lo anterior, reafirmo que este proyecto de acuerdo comercial suscrito con Estados Unidos es inconveniente para Costa Rica.

• El decoro de la patria y la soberanía nacional menguan en vez de enaltecerse. • Las potestades constitucionales y legales se restringen en lugar de defenderse. • La desmilitarización voluntaria y la neutralidad perpetua quedan en entredicho por el estímulo al comercio de armamentos. • Nuestro régimen institucional —ICE, INS, Seguro Social, etc. — se menoscaba y los principios de solidaridad y universalidad se debilitan. • La inequidad es evidente pues allá prevalecen las leyes locales sobre el tratado, pero aquí el tratado imperaría sobre las leyes nacionales. • De llegar a ratificarse, sería una camisa de fuerza ideológica que impide la libertad de escoger nuestro propio camino al desarrollo.

Creo que se debe retirar la firma de Costa Rica del texto mal negociado y, en el mismo acto, proponer a Estados Unidos la negociación de un acuerdo comercial adecuado a nuestras dos naciones, tal y como Estados Unidos negocia bilateralmente con Colombia, Panamá o el Perú. ¿Acaso merecemos los costarricenses menos respeto y consideración que los hermanos colombianos, panameños o peruanos?

Ha de ser una negociación de Estado, que tome en cuenta de manera sustantiva y transparente a cada sector afectado. Esa negociación debe reconocer nuestras particularidades en el desarrollo, la civilización y la cultura, las cuales distinguen a Costa Rica de países vecinos.

La nueva negociación con Estados Unidos debe superar el doloroso desgarramiento que padece el alma nacional con respecto al texto actual y evitar convulsiones sociales y políticas que descarrilen, aún más, nuestro sistema institucional de vida en libertad.

El TLC no vale una gota de sangre costarricense

Entre tantas observaciones al tratado mal negociado, en semanas recientes se ha revivido la objeción a la cláusula que atropella el sacrosanto amor de los costarricenses por la paz y que tiene tres fechas culminantes en la historia de nuestra democracia:

• el 1° de diciembre de 1948, cuando abolimos el ejército como institución permanente • el 17 de noviembre de 1983, cuando le declaramos unilateralmente la paz al mundo entero, con la Proclama de la Neutralidad en los conflictos bélicos, y • el 8 de setiembre de 2004, cuando fue reconocido el Derecho a la Paz como derecho humano fundamental, valor rector de la sociedad enmarcado en el Derecho de la Constitución.

El decreto que menciona la elaboración de combustible nuclear produce asombro, dolor, angustia y horror. He escuchado intentos de explicación gubernamental sobre la cuestión de la fabricación de armamentos militares y la producción de combustible nuclear en nuestro territorio, que pueden sintetizarse así: donde digo digo, no digo digo, digo Diego.

Hay signos ominosos de la declinación de instituciones y valores que otrora marcaron las singularidades y glorias de nuestra democracia. Alcancé a escuchar parte de las indignadas declaraciones de Monseñor Ángel San Casimiro al ver rodeada e invadida la catedral de Ciudad Quesada por agentes de seguridad, cuando dijo: “Esto no es Costa Rica. Si Jesús y don Pepe revivieran, volverían a caer muertos”.

El tratado mal negociado no vale una gota de sangre costarricense.

No puede atribuirse a ninguna potencia mundial –de cualquier signo ideológico– la responsabilidad por las desgracias de opresión económica y política padecidas por nuestros pueblos; esas desgracias nunca se dieron sin la complicidad de aliados que estaban siempre a espaldas del interés nacional. Creo que no debe correrse ningún riesgo ante cláusulas lesivas a las mejores tradiciones de nuestra patria y a los legítimos intereses de los sectores populares.

La redacción actual del tratado con Estados Unidos, ocasionaría perjuicios irreparables a nuestro país.

Costa Rica perdió el rumbo

La democracia costarricense perdió su rumbo hará unos veinte años, cuando:

• el principio de solidaridad social fue desplazado por la competencia a ultranza • la producción, por el consumo • el ahorro, por el dispendio • la frugalidad, por la acumulación de riquezas • el altruismo, por el egoísmo • la calidad de vida, por el lujo ostentoso • la seguridad alimentaria, por el mercantilismo • la cultura, por el entretenimiento • el buen gobierno, por la componenda • la probidad, por la corrupción • los valores propios, por modas importadas.

Aquí se vive la negación del dictado jurídico que aconseja igualar la producción con la apropiación, para que ambas sean sociales y no una social y la otra privada, lógicamente con respeto a la propiedad, a la empresa y a la libertad.

En palabras augustas del recordado Papa Juan Pablo II, “para superar estos mecanismos perversos… y sustituirlos con otros nuevos, más justos y conformes al bien común de la humanidad, es necesaria una voluntad política eficaz”.

Hace dos décadas que la democracia costarricense bajó la guardia y restó todo ímpetu a la lucha contra la pobreza, contra la indigencia y contra la exclusión social. Este es un retroceso económicamente irracional, políticamente inaceptable y éticamente vergonzoso.

Esos “mecanismos perversos” que el Magisterio Eclesiástico repudia, han hecho de Costa Rica la democracia centroamericana con el deterioro más acelerado de la distribución del ingreso. En vez de avanzar hacia una nación de propietarios, retrocedemos hacia una nación de proletarios. El nuestro dejó de ser un solo país, pues ahora hay cuatro colectividades que comparten un mismo territorio.

• En el penthouse, medio millón de individuos del primer mundo criollo obtienen la mitad del ingreso nacional • En el primer piso, millón y cuarto de gentes de los sectores medios —algunos en ascenso, la mayoría en descenso— perciben un tercio del producto nacional • El tercer mundo de la clase trabajadora, casi un millón de conciudadanos, ocupa la planta baja que percibe menos del diez por ciento de la riqueza que la sociedad toda genera • Y en el sótano, el cuarto mundo costarricense, un millón de compatriotas pobres o indigentes que se las arreglan con menos del cinco por ciento del ingreso total — ¡un cinco de cada colón!—.

Esta degradación de la democracia es escandalosa desde cualquier punto de vista, y es alarmante porque acumula elementos volcánicos bajo el suelo que pueden hacer explosión en presencia de una chispa como la insolencia de la intolerancia, los excesos policiales o la fabricación aquí de combustible nuclear.

Dentro de tres lustros, la pacífica y neutral Costa Rica celebra sus primeros 200 años de vida independiente. Propongo que en los 15 años que nos separan del bicentenario nacional, el país entero se incorpore de lleno a una estrategia nacional de guerra sin cuartel contra la inequidad, contra la pobreza y contra la indigencia.

La meta debe ser una democracia libre del flagelo de la exclusión social; una democracia en la que, como dispone la Constitución Política, el Estado cumpla su responsabilidad de “procurar el mayor bienestar a todos los habitantes, organizando y estimulando la producción y el más adecuado reparto de la riqueza”; un Estado que vigile el cumplimiento de los derechos económicos, sociales y culturales del ciudadano, “derivados del principio cristiano de justicia social, aplicables por igual a todos los factores concurrentes al proceso de la producción, a fin de procurar una política permanente de solidaridad nacional”; una democracia social participativa y de oportunidades económicas para todos, capaz de garantizar, a cada ciudadano y a cada familia, dignidad, alimentos, seguridad y libertad.

Surgen las redes ciudadanas, los partidos caducan

El sistema de partidos políticos surgido de la convulsión social de la década de los años 40 del siglo pasado, está en grave riesgo de fenecer. Los partidos figuerista, calderonista y morista cumplieron su ciclo de vida de luz y de sombras.

En el milenio nuevo, se requieren una cultura cívica restaurada y nuevas formas de organización social descentralizadas, participativas, verdaderas redes ciudadanas.

Hay que reconstituir un pacto social que refleje la pluralidad de la sociedad, respete a las minorías, garantice la estabilidad y permita mejorar la gobernabilidad.

En la era del paradigma ecológico, la lógica de los movimientos en la sociedad civil es otra, como consecuencia de la evolución cultural basada en la interconectividad, los procesos relacionales, los patrones dinámicos, el cambio y la transformación continuos. Una época concluye y emerge un cambio cardinal, de las estructuras construidas con bloques aislados a los patrones de relaciones en red, la democracia de los ciudadanos, un camino nuevo con alma y corazón.

En mis conversaciones con ciudadanos de todos los estratos sociales, corrientes políticas y regiones geográficas, encuentro que persiste la fidelidad a la democracia como sistema, al mismo tiempo que aumenta la insatisfacción por los escuálidos resultados de la gestión gubernamental. Muchas necesidades ciudadanas y problemas de carácter político, económico y social siguen insatisfechos tras varias administraciones de signo distinto, aunque de estrategia y programa común.

Cunde la desesperanza alimentada por los escándalos de corrupción y los juicios por la prensa. La corrupción sistémica envilece las instituciones, e impacta el conjunto del Estado y el sector privado. Se requiere una estrategia nacional contra la corrupción a objeto de frenar la utilización de normas y costumbres, legal o institucionalmente reconocidas, para el usufructo del patrimonio colectivo en beneficio propio o del grupo social, político o económico al cual se pertenece. Hay que atajar el tránsito de directores y ejecutivos de la banca y las finanzas particulares, a la banca y las finanzas públicas, y viceversa. Es forzoso erradicar la impunidad. La corrupción constituye un factor de deslegitimación del sistema político y genera un creciente repudio ciudadano.

La violencia y la inseguridad ciudadana siguen en aumento, afectándose la gobernabilidad democrática. Un país que carece de capacidad para imponer el imperio de la ley sobre su territorio y proteger los derechos humanos, cuidar a las personas y hacer cumplir el orden estatal, se expone a mayor polarización social e inestabilidad. Hay áreas controladas por organizaciones ligadas a actividades ilícitas. El sicariato es una triste realidad en Costa Rica. El crimen organizado es un peligro en ascenso. La inseguridad es multidimensional y deben afrontarse sus aspectos políticos, económicos, sociales, de salud y ambientales.

El orden constitucional está roto

La complejidad aumenta en la coyuntura actual porque el régimen se alzó la titularidad para conducir el Gobierno, con una deslegitimación ingénita insalvable.

La Presidencia está en manos espurias porque la Constitución Política no ha sido enmendada por una Asamblea Constituyente o por la Asamblea Legislativa. La prohibición de la reelección presidencial fue subvertida por un artificio tribunalicio, tan político cuanto contrario al Derecho de la Constitución. En rigor, es un régimen de facto.

Para mí, uno de los últimos sobrevivientes de los constituyentes de 1949, el orden constitucional está roto.

Los comicios pasados continúan entre signos de interrogación. Esta es la hora en que se desconocen análisis académicos sobre los alcances de los 696 incidentes de nulidad presentados durante el escrutinio. Tampoco se conocen estudios en profundidad sobre patrones de votación, extraños en determinados casos. Los ciudadanos no recibieron por los medios de comunicación información adecuada y veraz, derecho que da el artículo 46 constitucional, sobre lo acontecido en el tribunal electoral. Quedaron al descubierto la obsolescencia del sistema, la senescencia de los métodos y la incapacidad de respuesta ante un enjambre de inconsistencias, omisiones y rarezas. Las aguas volvieron a su nivel y hay menor susceptibilidad, pero aún no se revisa a fondo el funcionamiento del sistema electoral ante tan numerosas fisuras y disfuncionalidades que demandan pronta corrección.

La legalidad maltrecha y la deslegitimación progresiva se han traducido en años recientes en la interrupción de mandatos presidenciales en nueve países de la América Latina. En Bolivia, dos de ellos no terminaron su gobierno; en Ecuador fueron tres; y uno en Perú. A ello se debe agregar el golpe fallido en Venezuela. Los casos restantes se registraron en Paraguay en 1999 y en Argentina en 2001. ¿Está el exacerbado presidencialismo costarricense vacunado contra una eventualidad semejante? Juegan con fuego quienes pretenden ignorar estas realidades políticas insoslayables.

La forja de una Agenda de los Ciudadanos

Concluyo estos aportes al seminario “¿Hacia dónde va Costa Rica?”, con dos propuestas.

Urge acordar una visión estratégica nacional. En este desiderátum coincido con la Comisión de Notables que analizó el convenio comercial de las discordias, la Defensoría de los Habitantes, las universidades estatales y la Conferencia Episcopal.

Se requiere una perspectiva renovada que encarrile a la nación por la exitosa vía costarricense al desarrollo, para adoptar las decisiones fundamentales que posibiliten alcanzar las anheladas metas de desarrollo humano.

Los países con más elevadas tasas de crecimiento en el tránsito al nuevo siglo tuvieron una agenda de desarrollo; podemos capitalizar las valiosas lecciones de las mejores prácticas de Chile, Corea, Finlandia, Irlanda, Malasia, Singapur o Nueva Zelanda.

En este empeño patriótico de armonización, deben participar todos los sectores que integran la nación. Los académicos, empresarios y dirigentes que hace un año suscribimos la Declaración de los 24, sugerimos que las universidades públicas pongan en marcha un mecanismo para consensuar una visión estratégica de país, centrada en el desarrollo de la persona humana.

Luego de doce años de diagnóstico realizado por el Programa Estado de la Nación, se solicita a las universidades estatales emprender un segundo programa, éste de prognosis que forje la Agenda para los Ciudadanos.

Un nuevo país, una Constitución nueva

Costa Rica necesita una nueva Constitución Política. Nuestra sociedad ha cambiado mucho más en los 57 años anteriores, que en los 78 transcurridos de 1871 a 1949.

Hay una transformación planetaria de la cosmovisión mecanicista dominante desde el siglo XVII, al nuevo paradigma ecológico de la sociedad solidaria en red. La historia se ha acelerado por la revolución científica, la tecnología de la información y el proceso de mundialización.

Las leyes, la fundamental primero, deben ajustarse a la mutación de los tiempos y de las realidades sociales, asimilar las enseñanzas del quehacer político y tomar en cuenta la aparición de nuevos sectores sociales, nuevos problemas, nuevos desafíos y nuevas posibilidades.

En 1996 escribí que las reformas parciales aprobadas o planteadas, terminarán por convertir la Carta Magna en un pantalón de pordiosero con remiendos por todo lado.

Estamos urgidos de profundas reformas desde su base constitucional, en la estructura y funcionamiento de los supremos poderes así como de todo el aparato administrativo de la nación.

Es hora de evolucionar del presidencialismo funesto hacia un parlamentarismo moderno, vivificante y más democrático.

Es imperativo ampliar los derechos y deberes ciudadanos, como afianzar el Estado Social de Derecho.

Creo que debe integrarse una Comisión Redactora que recoja y sistematice experiencias e ideas para formular un borrador de Constitución Política. Ese texto debe ser analizado, debatido y, en lo posible, consensuado hasta viabilizar la convocatoria de una Asamblea Nacional con unos 30 diputados constituyentes.

Nada se arregla, mientras no se arregle todo

Hemos llegado a una de esas encrucijadas históricas en que nada se arregla, mientras no se arregle todo.

Es en este contexto que cobran su más enaltecido significado las luchas que se avecinan contra quienes ensucian la dignidad nacional, contra los mercaderes metidos en el templo, contra quienes prefieren más lo ajeno que lo propio, contra todo filibustero y sus colaboradores…

Los manes heroicos de don Juan Rafael Mora y de don José Figueres Ferrer alumbran y alientan a las actuales y futuras generaciones de sus conciudadanos, en la vigilancia perpetua de la independencia nacional, la soberanía real y la integridad territorial. Sus legendarias luchas por la justicia, por la fraternidad genuina, por la espléndida libertad, son inspiración sempiterna para no flaquear en la batalla de los siglos por más justicia, más solidaridad y más libertad para todos.

Espero que Tatica Dios, tan generoso conmigo, me prolongue un poco más las horas extra que estoy viviendo, para acompañar a mis compatriotas en las duras batallas que les esperan, y reencontrar juntos los rumbos hacia la Costa Rica del tercer milenio.

Con fe inquebrantable en el porvenir venturoso de la patria, sé que pronto va a amanecer.

Octubre 17, 2006

Fuente: tribunademocrática

FSM apoya resistencia de trabajadores y pueblo costarricense al TLC

Los próximos 23 y 24 de Octubre el movimiento sindical y social de Costa Rica llevara a cabo manifestaciones de exigencia de que se excluya de la consideración del Congreso de ese país el análisis de anexión al TLC.

Conscientes de que la firme y valiente actitud de los costarricenses ha logrado frenar la aprobación de este perverso instrumento de dominación imperial, la Federación Sindical Mundial declara su apoyo a esta lucha y llama a sus organizaciones afiliadas y amigas y a todas las organizaciones sindicales en las América a manifestar su respaldo a los reclamos que en este sentido expresarán los próximos 23 y 24 de Octubre los trabajadores y pueblo de Costa Rica.

Secretaría

Región Para las América
Federación Sindical Mundial

ANEP propone a Arias Diálogo Nacional con Todos los Sectores Sociales

San José, 13 de octubre del 2006.

Doctor
Oscar Arias Sánchez
Presidente de la República
Su Despacho

Estimado señor Presidente:

Reciba un respetuoso saludo de parte de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) y sirva la presente para comunicarle el acuerdo firme tomado por la Junta Directiva Nacional de nuestra organización el día de hoy, 13 de octubre del 2006, el cual transcribimos a continuación:

1. Como es de conocimiento público ya las Universidades Públicas, la Defensoría de los Habitantes y la Conferencia Episcopal han insistido sistemáticamente en un diálogo con un objetivo central: una AGENDA DE DESARROLLO NACIONAL. Tan solo hace unos días, en la Asamblea Legislativa, la Conferencia Episcopal realizó un nuevo llamado en esa dirección. La ANEP está totalmente comprometida con ese llamado. Esta dirección política respalda a nuestra Secretaría General y a esas entidades de gran prestigio en la búsqueda sistemática de ese diálogo nacional.

2. Hace ya varios años, la ANEP ha venido trabajando con otras organizaciones, de diversa naturaleza y con personas de gran valía y compromiso patriótico, en función de la construcción de un país inclusivo y solidario, lo que finalmente hemos plasmado en la propuesta denominada Aportes para una Costa Rica Inclusiva y Solidaria (CRISOL). Fruto de esta propuesta se ha planteado por múltiples organizaciones, entre otras cosas que:

“Precisamente, la búsqueda del comercio justo, así como las necesidades institucionales y de política pública que requieren nuestra propuesta hace que, tal y como fue negociado, sea imposible la aceptación del Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica, República Dominicana y los Estados Unidos.”

3. En este momento el movimiento social se encuentra en pleno desarrollo de la jornada nacional de lucha de los días 23 y 24 de octubre próximos en contra del TLC.

4. Por lo antes mencionado, la Junta Directiva Nacional de la ANEP le solicita respetuosamente transformar su propuesta de diálogo que nos planteara por medio de un intercambio telefónico, en una verdadera respuesta a ese clamor ciudadano, institucional y social de un Diálogo Nacional por una Costa Rica Inclusiva y Solidaria, es decir, por la discusión de una verdadera AGENDA DE DESARROLLO NACIONAL, con posterioridad a esas fechas.

5. Debe comprender la Presidencia de la República que debe tratarse de un diálogo amplio que incorpore a diversos sectores sociales y productivos, de los cuales la ANEP tan solo es una pequeña parte por lo que es necesario contar con la participación decidida de este bloque institucional (Universidades – Defensoría e Iglesia). Sólo en la medida en que sean invitados a la mesa los sectores campesinos, cooperativos, ecologistas, de mujeres, de derechos humanos, estudiantes, empresariales, indígenas, comunales, magisteriales, intelectuales, líderes políticos, colegios profesionales, y sindicales podremos lograr revertir el modelo excluyente y no solidario que se ha venido desarrollando en nuestro país en los últimos 25 años.

Con consideración y respeto,

Ronald Barrantes Moya

Guillermo Murillo Castillo

Douglas Carrillo Azofeifa

Juan Carlos Paniagua Soto

Yamileth Céspedes Garro

Isabel Portuguez Quesada

Guillermo Keith Bonilla

Luis Rivas Quirós

María Eugenia Martínez Vargas

Ligia Solís Solís

Flor de Lis Monestel Corrales

Albino Vargas Barrantes

Édgar Morales Quesada

Junta Directiva Nacional
Período 2005-2007

C.c. Movimiento Social y Sindical Costarricense.
C.c. Medios de Comunicación Colectiva.

TLC abre puertas a industria de guerra estadounidense

Alberto Salom asegura que el TLC abre las puertas a industria de guerra.
“El presidente Arias pareciera que se está inclinando por ser candil de la calle, pero oscuridad de la casa”, declaró Salom en un entrevista con Informa-tico.com, al referirse al hecho de que el mandatario fue a proclamar a Europa una lucha contra el comercio de armas en el mundo, pero al mismo tiempo avala un tratado que podría convertir a Costa Rica en una plaza para la fabricación de armas.

Parodojicamente, Guatemala, Honduras y El Salvador, donde los ejércitos siguen gravitando con fuerza en sus sociedades, se cuidaron de evitar que sus territorios se pudieran convertir en parte del mercado armamentista libre de gravámenes o en lugares donde se instalen fábricas de armas, pero los negociadores costarricenses si abrieron los portillos para ello, dijo Salom.

Al preguntársele si los negociadores habrían simplemente incurrido en un error de omisión en el caso de las armas, Salom respondió categóricamente que no, que la apertura de nuestro territorio para la libre importación de armas y la posible instalación de fábricas de armamento “fue totalmente deliberada, porque en el transcurso de la negociación hubo grupos civiles que advirtieron sobre ese peligro. Pero se siguió adelante”.

Ley de Armas y Explosivos sería borrada de un plumazo

Partes de las naves de guerra podrían ser producidas en Costa Rica al amparo del TLC.

Los defensores en el gobierno de Arias del TLC, que según el dirigente del Partido Liberación Nacional (PLN), Marcelo Prieto, “fue negociado por la derecha mariachi”, argumentan que no hay ningún problema con lo contenido en el tratado con Estados Unidos, porque en el país ya existe la Ley de Armas y Explosivos 7530, la Ley 8201 y el Decreto 31.383, que le da la potestad de otorgar permisos de importación y comercialización al ministerio de Seguridad Pública.

Sin embargo, Salom recordó que los tratados internacionales están por encima de las leyes nacionales, y que cualquier empresa estadounidense podría llevar a un tribunal arbitral -siempre si el TLC es aprobado—al Estado costarricense por restringir el “libre comercio”, donde todo cabe, según la filosofía norteamericana de “bussines are bussines”.

La diputada Janina Del Vecchio aseguró en un artículo publicado semanas atrás en el diario La Nación que no hay que preocuparse por el hecho de que Costa Rica no haya hecho una reserva expresa en el tratado sobre el tema de las armas como si lo hicieron los otros países centroamericanos-, porque Estados Unidos tampoco lo hizo, y nadie se quejó en el Congreso estadounidense. Por qué se va a preocupar Estados Unidos si ahora Costa Rica no produce armas, y si las llega a producir en el marco del TLC serán producidas por empresas estadounidenses, se preguntó Salom.

Sería algo así como firmar un TLC con Argentina y decir que Costa Rica no debe preocuparse de que los futbolistas argentinos desplacen a los nacionales, porque Argentina tampoco impuso una reserva expresa para que nuestros futbolistas abarroten el mercado argentino.

Del Vecchio también dijo que en el TLC no hay ninguna reserva sobre el comercio de sustancias ilícitas como la cocaína o la heroína. Tamaña diferencia, dijo Salom, quien recordó que el comercio de drogas está prohibido en la mayor parte del mundo, pero el comercio de armas es un floreciente negocio lícito, avalado por Estados Unidos, el mayor productor de armas de destrucción masiva -no confundir con Saddam Hussein—del planeta.

Junto a Del Vecchio, la Fundación Arias para la Paz salió en defensa del TLC y su cláusula armamentista.

“Podemos afirmar que es imposible que Costa Rica, con o sin TLC, se convierta en un arsenal o que sea víctima del irrestricto comercio de armas”
, declaró el director ejecutivo de la Fundación Arias, Luis Alberto Cordero.

Para los norteamericanos negocios son negocios. Si el TLC abre las puertas al comercio de armas y a la fabricación, poco va a importarles que Costa Rica tenga una tradición pacifista de data de muchísimos años, señaló Salom.

“Esta es una razón más para que nos opongamos rotundamente al TLC negociado con Estados Unidos. No estamos contra el libre comercio, pero si estamos contra este tratado, el cual, cada día que se estudia más, evidencia que los únicos perdedores seremos los costarricenses”, señaló el diputado del PAC.

Fuente: Informatico

Posición oficial de la ANEP contra el proyecto de privatización-apertura del INS

San José, 9 de octubre de 2006.
S.G. 05-07-0883-06

Señoras Diputadas
Señores Diputados
Comisión Permanente de Asuntos Económicos
Asamblea Legislativa
Su Despacho

CONSULTA SOBRE PROYECTOLEY REGULADORA DEL MERCADO DE SEGUROS”.

EXPEDIENTE No. 16.305

Estimadas señoras:
Estimados señores:

Mediante oficio ECO-240-2006, de fecha 12 de setiembre del 2006 y recibido por la vía del correo electrónico en nuestras oficinas el día 13 de setiembre de 2006, fuimos notificados de la solicitud que nos realizara la Comisión de Asuntos Económicos de la Asamblea Legislativa, para referirnos al proyecto “Ley Reguladora del Mercado de Seguros”, bajo el expediente No. 16.305.

La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), como organización sindical, ha mantenido siempre una presencia importante en todo lo relacionado con la vida política nacional y, en especial, con todo aquello que pudiese en nuestro criterio afectar la paz social, la justa distribución de la riqueza, la institucionalidad democrática y el bien común.

Es por lo anterior que la ANEP agradece a las señoras diputadas y a los señores diputados de la Comisión de Asuntos Económicos, la oportunidad de referirnos a un proyecto de ley que, en el fondo, lo que pretende es la apertura del monopolio social de los seguros comerciales y solidarios en nuestro país; situación con la cual no podemos estar de acuerdo y desde ya queremos manifestar nuestra rotunda oposición al proyecto de ley que se nos consulta.

Asimismo, queremos aprovechar la oportunidad para solicitar que se nos convoque a comparecer en el seno de tan importante comisión, pues tenemos un interés legítimo y directo dentro de la actividad aseguradora en el país; toda vez que desde enero del año en curso la ANEP creó su seccional ANEP-INS y se instaló como una organización sindical interna de los trabajadores y de las trabajadoras del Instituto Nacional de Seguros (INS).

No podemos empezar con un análisis por el fondo del proyecto de ley consultado, sino esgrimimos nuestro criterio sobre la importancia que tiene para nuestro país el Monopolio Social de los Seguros Comerciales y Solidarios, situación que a continuación detallamos.

Como lo hemos dicho, el Monopolio de Seguros en nuestro país no es un monopolio más dentro de una mercado financiero. Estamos hablando de una actividad que como monopolio del Estado Costarricense y administrado por el Instituto Nacional de Seguros desde 1924, es un Monopolio Social de Seguros Comerciales y Solidarios, por ello estamos convencidos que con la apertura de este Monopolio Social, los costarricenses perdemos mucho, pero lo que más se pierde es precisamente la razón social de ser de la actividad de los seguros en Costa Rica.

Nuestro criterio se encuentra fundamentado en la génesis de creación de la Ley del Monopolio Social de los Seguros, Ley 12 del 30 de octubre de 1924, cuyos objetivos de creación estipulados por don Ricardo Jiménez y don Tomas Soley fueron los siguientes:

a. Evitar la fuga de capitales que las compañías privadas estaban realizando en el ejercicio de la actividad aseguradora.

b. Modificar la condición prevaleciente que favorecía los monopolios de hecho en beneficio exclusivo de pocas y poderosas entidades, que escapan del control de la libre competencia y convertirlo en monopolio de derecho.

c. Constituir el Monopolio de Derecho como un servicio social, además de fuente de ingresos para el Estado.

d. Propiciar una actividad que, sin el patrocinio del Estado, difícilmente alcanzaría un ensanchamiento y popularización de sus servicios, puesto que debe privar por encima del interés mercantil, el interés social.

e. Introducir el moderno concepto de seguro: Previsión Social; pues el ejercicio mercantil de la actividad selecciona únicamente la parte lucrativa de los riesgos, mientras que para el Estado es prioritario los seguros de mayor utilidad social, como los originados de riesgos del trabajo y jubilaciones o pensiones vitalicias.

Estos cinco principios son la base sobre la que se fundamentan los más de ochenta años que tiene de existencia el Monopolio Social de los Seguros Comerciales y Solidarios, que tanto ayer como hoy son criterios de actualidad, y no responden a una época determinada, como lo quiere hacer ver la exposición de motivos del proyecto de ley que se nos consulta. Recogemos las palabras de uno de los gestores del Monopolio Social de los Seguros, don Tomas Soley Güell, quien en la exposición de motivos dijo lo siguiente:

“El seguro es un problema de solidaridad humana. Su monopolio por el Estado equivale a la asociación mutualista de la población del país, realizando el propósito de prevención por medio de la solidaridad de los habitantes.”

De lo anterior, podemos obtener una visión resumida de lo que conlleva el actual modelo de mercado de seguros que se tiene en nuestro país, de su impacto y vigencia actual y futura, de ahí la importancia de mantener el actual modelo y no rendirnos ante la apertura de los mercados y la ley de la competencia salvaje que impulsa a las economías globales hacia una deshumanización y desolidarización, que atenta contra el bien común, y por supuesto contra los principios de equidad y justicia distributiva que deben fundamentan la actividad aseguradora en Costa Rica.

Además queremos ahondar aún más en el carácter social de Monopolio Social de los Seguros comerciales y solidarios, aportando un análisis sobre su impacto desde su creación hasta la fecha, en los siguientes párrafos.

CARÁCTER SOCIAL DEL MONOPOLIO DE SEGUROS

Reiterando lo ya conocido, la década de 1920 en Costa Rica fue una década de emergencia de nuevos sectores sociales en la escena política. La ideología dominante en materia de política estatal seguía los dogmas del liberalismo económico; la acción estatal se reducía a un simple asistencialismo. A pesar de ello, ese Estado liberal fue capaz de repensarse socialmente y ver en el monopolio de seguros un instrumento de desarrollo económico y de desarrollo social.

Desde la Doctrina Social de la Iglesia, la lucha política del sacerdote y político, don Jorge Volio Jiménez, por proponerle a la Costa Rica rural y patriarcal un seguro de accidentes de trabajo con carácter universalista, que no se concentrara únicamente en dar protección a los artesanos y obreros de las ciudades, sino que incluyera a los obreros agrícolas y campesinos; fue la base para que políticos visionarios, contra los intereses de la consabida élite comercial y los terratenientes de la época, comprendieran que era posible el desarrollo de un monopolio de seguros con carácter social.

Recordemos como en 1924, el Secretario de Hacienda, don Tomás Soley Güell, en su crítica a los economistas liberales y a quienes se oponían al monopolio de seguros, destacó dos elementos que aún hoy en día tienen gran vigencia.

  • El seguro dentro de una sociedad que se quiere equitativa tiene una función social:

“Los economistas clásicos tienen este aforismo: “El Estado no debe hacer lo que la industria privada puede realizar”. Pero, la industria privada no puede realizar la función social del seguro, sino sólo la función mercantil”

  • El monopolio de seguros es la única organización económica que permite desarrollar la función social del seguro:

“Las compañías privadas no pueden dar el servicio en la forma que señala el concepto moderno del seguro, que es concepto de previsión social, en toda la amplitud que exige la justicia y el bien de la comunidad. El seguro privado selecciona la parte lucrativa de los riesgos; el Estado, en cambio, hace derivar los seguros lucrativos, a modo de compensación, sobre otros seguros de mayor utilidad social, como los originados de los accidentes de trabajo y de las jubilaciones y pensiones vitalicias”

Estas citas de Tomás Soley Güell nos muestran lo siguiente: es posible un tratamiento solidario de los seguros como mecanismo de política social.

EL MONOPOLIO DE SEGUROS Y LA SEGURIDAD SOCIAL

Si el monopolio de seguros ha sido instrumento para el desarrollo de una política social, hablando en términos de rentabilidad social, ¿sería conveniente la ruptura del monopolio de seguros?

Nuestro criterio es que no, pues el Estado costarricense como Estado en la actualidad no puede garantizar efectivamente la prestación eficaz de los servicios sociales que actualmente presta el Monopolio de Seguros. Bajo las actuales condiciones de política económica y de gestión pública, no se garantizan las condiciones para que el Estado delegue, en algunas de sus instituciones, los servicios que dejaría de prestar el INS en un contexto de apertura.

¿Por qué decimos que el monopolio social de seguros como organización económica en estos momentos es preferible a cualquier forma de apertura?

Una primera aproximación señala que la estructura del Monopolio de Seguros es una estructura que da sentido social a los seguros comerciales, a partir del principio de subsidiariedad cruzada entre los seguros comerciales y los seguros sociales.

La actual plataforma técnica del INS se estructura a partir de tres ejes. El peso específico, medido por el ingreso por primas directas, lo llevan los Seguros Generales Comerciales, los cuales representan, aproximadamente, más del 60% de los ingresos institucionales de primas directas. Veamos:

  • Seguros Generales (61%): Automóviles Voluntario, Seguros Patrimoniales; Seguros Diversos y Marítimo; Agropecuario.
  • Seguros Personales (11%): Vida; Accidentes y Salud.
  • Seguros Solidarios (28%): Riesgos del Trabajo; SOA.

De manera similar, la plataforma de seguridad social que se construye a partir de la estructura técnica, es la siguiente:

  • Servicios Médicos de INS-Salud: Riesgos del Trabajo y SOA.
  • Benemérito Cuerpo de Bomberos.
  • Seguro de Cosechas.
  • Préstamos para Vivienda.
  • Aportes al Gobierno Central.

Para dar una imagen de la capacidad social del monopolio de seguro, veamos que el Régimen de Riesgos del Trabajo tuvo pérdidas en estos últimos años. A pesar de ello, a pesar de las pérdidas, en ningún momento la institución dejó de invertir en materia de protección al trabajador, ni se redujeron los beneficios, ni disminuyeron las coberturas significativamente; por el contrario, se sacrificaron reservas y la inversión social aumentó.

En un régimen privado y lucrativo de seguros como el que se pretende imponer, la primera medida sería el peligroso aumento tarifario hasta alcanzar el punto de equilibrio con paralización de toda inversión; y si esto no da resultado, la siguiente medida sería la mercantilización del seguro por medio del endurecimiento de las condiciones de la póliza, y si es del caso, recurriendo a una flexibilización de la ley.

Por supuesto, estos ajustes “técnicos”, y eso es lo que no se dice, se justificarían sin hacer mención alguna a los miles de asalariados que serían las víctimas de una filosofía del seguro que únicamente toma en cuenta el aspecto mercantil de la actividad aseguradora.

Esta plataforma social administrada por el INS ha sido ampliada tanto en extensión como en profundidad a lo largo del tiempo. La siguiente imagen ilustra lo anterior

En 1974, el INS dio al Estado las siguientes contribuciones: aportes por utilidad del monopolio, Benemérito Cuerpo Bomberos, cuotas a los organismos internacionales, impuesto territorial, impuesto sobre la renta, impuesto sobre emisión de cheques, impuesto sobre intereses, impuestos municipales, y subvenciones a varias entidades de utilidad pública. En el año 2002 y 2003, esas contribuciones incluían aportes: al Fideicomiso Agropecuario, Cuerpo de Bomberos, a la Comisión Nacional de Emergencia (Ley 7914), OVSICORI, impuesto de Renta, impuesto de Venta, patente municipal y bienes inmuebles, cuota organismos internacionales (Ley 3418), Consejo de Seguridad Vial (Ley 6324), Pensiones Complementarias (Ley 7732), Cuota patronal al INA (Ley 6868), Cuota Patronal Asignaciones Familiares (Ley 5662), Cuota IMAS (Ley 6443), Cuota a la CCSS por Enfermedad, Maternidad e Invalidez, Vejez y Muerte, Cuota Patronal Banco Popular (Ley 5435), Ley de Protección del Trabajador (Ley 7983), SUPEN, Patronal CCSS (LEY 7983), desembolsos varios (a educación, cultura, deporte a campañas de salud, etc.)

Como se aprecia, el Estado ha recargado al INS, como institución superavitaria, de leyes que implican aportes financieros diversos. Precisamente, el llamado “fortalecimiento” del INS propuesto en el proyecto consultado implica desmantelar al INS de todas esas leyes que lo obligan a contribuciones sociales particulares.

En otras palabras, el “fortalecimiento” del INS implica la pérdida de herramientas de la política del Estado para responder a las necesidades sociales: un INS “fortalecido”, funcionando en un mercado abierto como empresa, no podrá aportar sustancialmente a Pensiones Complementarias, ni al Fideicomiso Agropecuario, ni al Consejo de Seguridad Vial, ni podrá realizar aportes a diversas entidades gubernamentales.

Siguiendo con el ejemplo: ¿Por qué el régimen del Riesgos del Trabajo experimentó resultados financieros deficitarios en el período del 2001-2003? La respuesta es casi inmediata: porque el Estado obligó al INS, por medio de la Ley de Pensiones Complementarias, a trasladar el 33% de las primas del seguro de riesgos del trabajo para financiar el aporte del sector patronal al sistema obligatorio de pensiones.

Por supuesto, la única solución para estabilizar financieramente el régimen sin disminuir inversión social es el aumento de tarifas: eso es lo que no le gusta a los empresarios de algunas cámaras empresariales que desde hace años vienen promoviendo e impulsando la apertura del mercado de seguros.

Nadie niega que internamente podrían existir problemas de gestión administrativa que impiden una gestión más eficiente y eficaz de la Institución; sin embargo, esos son problemas subsanables dentro de la discusión general que es la privatización de la plataforma social del INS; privatización que, en un caso como el Riesgos del Trabajo, ha sido impulsada directamente por el Estado al obligar al INS a realizar aportes más allá de sus posibilidades técnicas y a no cancelar los adeudos que le corresponde.

Una imagen para reforzar adecuadamente nuestro punto de vista acerca del carácter social de Riesgos del Trabajo: el Estado obligó por ley al INS, en septiembre del 2001, a pagar a los trabajadores de las plantas bananeras, especialmente a aquellos que trabajaban para la empresa Standard Fruit, afectados por el agroquímico nematicida Nemagón.

Esta decisión del Estado mediante el cual el INS ha desembolsado 1.300 millones de colones, por supuesto, afectó las finanzas del régimen. Y sin embargo, el INS honró la obligación. ¿Qué sucederá cuando en el futuro surja situación similar?, ¿A qué institución recurrirá el Estado para solventar necesidades sociales similares?

Para terminar el ejemplo: cuantitativamente, el INS aportó al Estado ¢35.133.912.463,00 en el 2002, y en el año 2003, ¢38.076.861.938,00. De acuerdo con esto y en un escenario aperturista, la pregunta que tendríamos que hacernos como sociedad es la siguiente:

¿Qué mecanismos complementarios deberá impulsar el Estado para compensar la eventual disminución de ingresos que se experimentaría con la apertura? La respuesta sería incierta: la política social tendría muy pocos grados de libertad para proponer medidas de “reingeniería” social que compensasen lo que dejaría de percibir por la ruptura del monopolio de seguros.

¿A qué institución del Estado se le va a pedir que genere un superávit de 40 mil millones de colones para que no se desmejore el aporte del Estado a la seguridad social?. ¿A qué sectores sociales se les estaría aumentando los impuestos para reponer esos 40 mil millones de colones que aportaba el monopolio de seguros a la seguridad social?

SEGUROS SOCIALES OBLIGATORIOS Y LA PÉRDIDA DEL CONCEPTO DE SOLIDARIDAD EN EL SEGURO DE RIESGOS DEL TRABAJO

En nuestro criterio el proyecto de ley que se nos consulta esta íntimamente ligado y es producto de la aplicación y “ negociación” del Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos, situación que comentaremos en profundidad más adelante, pero que en este aparte queremos recoger con especial mención por lo siguiente:

Los negociadores nacionales en diferentes medios afirmaron que “Costa Rica no está obligado a modificar su regulación en los seguros de Riesgos del Trabajo o Vehículos. Tan solo debe modificarla en lo que respecta al monopolio en la oferta de estos servicios”, sin embargo, el texto del tratado dice lo siguiente “Costa Rica no está obligado a modificar su regulación del seguro obligatorio de vehículos y de seguros contra riesgos de trabajo, siempre que dicha regulación sea consistente con las obligaciones asumidas en este Acuerdo, incluyendo este Anexo.”.

La inquietud que nos surge tiene que ver con el inevitable desmantelamiento del sistema de seguridad social nacional que este proyecto y el tratado encubren.

  • ¿Qué tan consistente con este proyecto de ley y el mismo Tratado de Libre Comercio es el actual Régimen de Riesgos del Trabajo que se caracteriza por ser al costo, sin tope de prestaciones para los accidentados; y donde todos los trabajadores, absolutamente todos, sin excepción, incluyendo a los No Asegurados, son atendidos?
  • ¿Estarán todos los demás países firmantes dispuestos a asumir un Régimen de Riesgos del Trabajo universal y solidario similar al nacional; ó, por el contrario, Costa Rica debe desmantelar su Régimen para hacerlo competitivo, selectivo, y mercantil; y así librarse de una denuncia por “trato discriminatorio”?

Nuestro criterio es que, los Riesgos del Trabajo es un régimen social obligatorio, universal, y solidario de protección al trabajador y a sus dependientes, que no fue diseñado para una efectiva competencia, ni para que las empresas aseguradoras obtengan lucro, ni para que los patronos sean beneficiados con rebajas en las primas.

La única manera de hacer compatible el Régimen Social de Riesgos del Trabajo con un Tratado Comercial como el TLC, sería mediante una modificación del Código de Trabajo, especialmente del Título IV, que sustituya los principios de solidaridad del Régimen por cláusulas mercantiles y socialmente injustas como las siguientes:

  • Instauración de topes arbitrarios en los montos de cobertura
  • Mayor selectividad en las condiciones de aseguramiento de los riesgos laborales
  • Incorporación de márgenes de utilidad para las aseguradoras
  • Otorgamiento de prestaciones solamente a los asegurados que tengan sus cotizaciones al día
  • Endurecimiento de las condiciones para el pago de reclamos y trámite de reaperturas
  • Cálculo de los montos de indemnización en función del monto efectivamente pagado

Al renunciar a la posibilidad de los subsidios cruzados propios del monopolio, y admitir el principio de selectividad como ordenador del mercado en apertura, la inversión en materia social adquiere rasgos regresivos: sólo se asegura aquellos riesgos “buenos”, es decir, aquellos riesgos que generen expectativas de ganancias y sean de baja siniestralidad; y en ese movimiento, el mercado aperturista estaría verificando que quien se asegure, sea sólo quien pueda pagar.

No cabe duda de que todas estas condiciones serían exigidas en el 2011 por parte de las aseguradoras extranjeras; y por supuesto, contarían con el apoyo entusiasta de algunos grandes empresarios que verían satisfechas sus ansias de lucro desmedido.

SEGUROS TRANSFRONTERIZOS Y LA ESTRATEGIA DE DESFINANCIAMIENTO DEL CUERPO DE BOMBEROS

Es de principal importancia el tema de los seguros transfronterizos que tímidamente se tocan en el proyecto, en el artículo número 29 bajo el título de “Riesgos asegurables en el extranjero”, y en donde además se menciona el tema de la retención del 4% del primaje del negocio transfronterizo de seguros, para girarlo al Fondo del Cuerpo de Bomberos, sin dejar de lado el estrecho ligamen que tiene este artículo con lo que se indica en el Tratado de Libre Comercio en cuanto al Comercio Transfronterizo. Sobre estos asuntos nos queremos referir a continuación:

El INS privatizó su cartera de seguros desde el año 1996. Un primer efecto de la ruptura del monopolio de seguros sería una reducción del porcentaje de ingresos por primas que percibiría la Institución, pues aquí entra un eje fundamental y que debe ser de amplia discusión en torno a este proyecto y es el asunto de la “Cartera de Seguros”.

Como base fundamental del negocio de venta de seguros está su fuerza de venta, lo que en el INS se conoce como los Agentes de Seguros, que como dijimos fueron privatizados en el año 1996. Desde ese momento la fidelidad de cartera de seguros de este cuerpo de ventas se ha visto disminuida principalmente por una mala estrategia de relaciones laborales por parte de las diferentes administraciones del INS y, por supuesto, por la decisión de que los mismos no fueran más parte de la planilla de la Institución.

Y es que cuando hablamos de fidelidad cartera nos referimos a que si se da la apertura del mercado de seguros, ¿de quién son los contratos de seguros que en este momento se administran bajo el monopolio de seguros? ¿son del INS?, ó ¿son de las comercializadoras o agentes de seguros?; ¿deberán bajo las nuevas condiciones del mercado las comercializadoras y los agentes de seguros devolver las carteras que administran al INS (es decir todas pasan bajo el código 034, que es el agente INS), ó se las dejaran y con ello tener la posibilidad de negociar los actuales contratos que se formaron y se concretaron bajo la estructura del INS y el Monopolio de Seguros, con casas o extranjeras o mejor aún con el mejor postor?.

Esto es un asunto de primordial importancia y que definitivamente este proyecto de ley no toca ni por asomo. Están en juego miles de millones de colones en primas que se podrían ir para el extranjero y cuyas divisas no podríamos recuperar como país.

Es porque la forma en cómo se plantea este proyecto, reduce el papel del INS a mera empresa tramitadora de seguros; y además potencia la transnacionalización de la cartera de seguros nacionales. Veamos al menos tres posibles efectos.

1. La transnacionalización del mercado y el Comercio Transfronterizo: Si el comercio transfronterizo comenzase a partir de la entrada en vigor del TLC y la Superintendencia de Seguros a partir del año 2007, ¿Quién fiscalizará el mercado de seguros en ese lapso?. Una posibilidad real es que las grandes empresas transnacionales del seguro se llevan las mejores carteras de seguros del país, ofreciendo primas más baratas, sin generar empleos, sin contribuir al desarrollo nacional de una infraestructura de seguros; y sin someterse a una verdadera supervisión costarricense. En ese sentido, ¿Cómo evitar que las grandes transnacionales del seguro absorban a las principales agencias comercializadoras?; ¿Qué leyes impondrían sanciones si aún no se ha aprobado ninguna en ese sentido?; ¿Y las reservas y garantías, en qué banco extranjero estarían ocultas, y en beneficio de quién?

2. Cuentas Globales: transnacionalización por traslado de carteras. La parte de Cuentas Globales que se negoció en el Tratado de Libre Comercio, permite que las empresas transnacionales que operan en el país puedan asegurarse directamente con sus respectivas casas matrices. Este hecho potencia un proceso de traslado de aquel segmento de la cartera de seguros del INS compuesto por empresas transnacionales hacia las carteras de seguros de las compañías aseguradoras transnacionales. Ese traslado se hace bajo la pérdida de capacidad impositiva del Estado sobre el mercado asegurador, pues debe recordarse que las empresas se estarían rigiendo por la legislación del país de origen; y la comisión que actualmente se paga al INS estaría desapareciendo.

3. Bancaseguros: transnacionalización por fusión de empresas bancarias y empresas seguros. Ponemos este ejemplo, ya que según el artículo 49 del proyecto de ley, la bancaseguros es una opción de operación en el mercado privatizado de los seguros, propuesta que por cierto carece de contenido y regulación como más adelante lo mencionaremos; y es que es importante entender, que esta tendencia de transnacionalización implica el control de la cartera de seguros por los conglomerados financieros más grandes aprovechando la infraestructura bancaria ya establecida. Por ejemplo, en la actualidad y eso sin entrar el TLC, algunas empresas bancarias privadas exigen a sus clientes que para acceder a un préstamo, deben de tomar pólizas de seguros de empresas extranjeras.

Si a estos factores añadimos que en materia de reforma fiscal, se tiende a aceptar el concepto de renta global que concuerda perfectamente con las cláusulas otorgadas a las empresas transnacionales para que únicamente se sujeten a la legislación de sus países de origen; obviamente la capacidad impositiva para gravar nacionalmente a las empresas transnacionales, especialmente a las empresas aseguradoras internacionales, es nula, dado que esas empresas ya estarían tributando en sus países de origen.

Estamos poniendo en aviso y si se quiere denunciando que lo que se podría estar gestando con este proyecto de ley, es la posibilidad de un desfinanciamiento del Cuerpo de Bomberos, ya que el mercado de seguros tendrá un alto componente transnacionalizado; pues los grandes negocios, aunque se realicen en el país, se estarán registrando de manera transfronteriza. Visto de una forma más simple, al aceptarse el comercio transfronterizo, la política fiscal del Estado pierde todo poder impositivo para regular el mercado de seguros.

No podemos dejar de lado lo que representa el Cuerpo de Bomberos de Costa Rica, reconocido como uno de los mejores en el ámbito internacional y un orgullo para nuestro país; a diferencia de una gran cantidad de países latinoamericanos donde la obsolescencia de los equipos es la norma y las diferencias de infraestructura en materia de bomberos entre las diferentes regiones es grande.

El Estado costarricense, a través del Monopolio Social de los Seguros Comerciales y Solidarios administrado por el INS, ha invertido en tecnología moderna, en capacitación permanente por medio de la Escuela de Bomberos, en campañas de prevención, y sus unidades están uniformemente distribuidas en todo el país.

La seguridad social requiere inversión, con la apertura de mercado, hay una gran incertidumbre acerca de los ingresos que realmente se estarían percibiendo para financiarla.

ANÁLISIS DEL PROYECTO DE LEY

En principio debe quedar claro nuestra oposición a la apertura del Mercado de Seguros costarricense y, por supuesto, a la aprobación del proyecto de ley que se nos consulta. No obstante, también nos parece importante aportar en el proceso de discusión de este tema en la Asamblea Legislativa y por ello procedemos a adjuntar algunos criterios y una tabla en donde realizamos algunas observaciones sobre diferentes artículos de dicho proyecto que sustentan nuestra oposición y develan serias deficiencias de fundamentación técnica y sustento estructural, que referimos a continuación:

1. Ley Seguros es Ley Bancaria. Este proyecto de ley, como ningún otro en particular que se haya presentado a la Asamblea Legislativa, tiene una clara tendencia hacia los fundamentos que rigen la actividad financiera-bancaria; siendo de primordial importancia comprender que el mercado de seguros, si bien es cierto se puede comprender dentro de la actividad financiera, no es una actividad bancaria. La principal diferencia nace del manejo y la constitución de las reservas de seguros, actividad que riñe con la movilidad de los fondos bancarios.

2. Ley Seguros es consecuencia de negociación del TLC. Tienen que aceptar los promotores de este proyecto que el mismo es consecuencia directa de lo negociado en el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos, en referencia al mercado de seguros costarricense, por lo que no corresponde el mismo a ningún tipo de discusión nacional o debate público sobre el tema de los seguros, mucho menos a algún tipo de consulta popular (plebiscito o cualquier otro mecanismo similar). Es el resultado de una imposición del sector económicamente dominante, que no analizó los costos de oportunidad y que tampoco hizo un estudio responsable y concienzudo sobre el costo-beneficio del impacto de una apertura y privatización del Monopolio de Seguros administrado por el Instituto Nacional de Seguros. Entonces la privatización del mercado de seguros y del INS responde a una concepción ideológica fundamentada en la ideología neoliberal de la competencia en mercados abiertos y globalizados, misma que lo que ha hecho es concentrar la riqueza en pocas manos y debilitar la seguridad social. Por eso este proyecto de ley es la antitesis de lo que promueve el moderno concepto del seguro: LA SOLIDARIDAD Y LA PREVISIÓN SOCIAL.

Creemos que la Ley de Seguros profundiza las asimetrías que hay entre los actores del mercado de seguros y que, más que ordenar el mercado, lo que va a propiciar es una anarquía del mismo, pues dicha ley es incapaz de controlar las tendencias al oligopolio entre las empresas participantes, a la transnacionalización de las carteras de seguros y deja al Estado sin posibilidad de ejercer control fiscal sobre las transacciones internas.

2.1. Incentivo a la transnacionalización de las operaciones de seguros:

Este proyecto, al establecer un marco regulatorio mínimo para que operen aseguradoras dentro del país, descuida un aspecto fundamental: la regulación de aquellas aseguradoras que sin estar operando dentro del país, succionan las carteras de seguros internas.

Si se analiza bien lo que ofrece la Ley en materia de regulación del comercio transfronterizo de servicios de seguros, se ve claramente la desregulación que se oculta: bajo la figura de servicios auxiliares, “otros seguros no ofrecidos en el país”, y las cuentas globales se ponen las condiciones para transferir la actividad nacional de los seguros al exterior.

Específicamente al Artículo 29, en su inciso C, y la definición que se hace de los servicios auxiliares, ponen las condiciones para que los seguros “fuertes” se aseguren desde el exterior, aprovechando las condiciones de transnacionalización derivada de la existencia de paraísos fiscales desde los cuales se puede aprovechar la asimetría de que los mercados nacionales están sujetos a regulaciones impositivas.

a. Desregulación de los seguros solidarios y de los seguros comerciales: La desregulación de los seguros solidarios (que por su naturaleza jurídica ya de por sí propone la primera consulta de constitucionalidad por ser los seguros solidarios objeto de un tratamiento solidario garantizado por la Constitución), lo que viene a crear es pérdida de bienestar social, debido a la realidad de que será un seguro social puesto en competencia y que tiene como contrapartida inmediata el aumento de tarifa, dando paso a la discriminación hacia los riesgos más probables que son precisamente los que padecen quienes son socialmente más vulnerables.

b. Esto se refuerza, cuando se indica en el artículo 120 que el INS puede rechazar técnicamente ciertos aseguramientos. En la actualidad, por la condición de monopolio, el INS no rechaza seguros; por el contrario, se ve en la obligación de aceptar riesgos altamente probables, dentro de un proceso de selección adversa, casualmente por ser un monopolio social de derecho.

c. En apertura, existirá discriminación hacia ciertas poblaciones; en el caso de los seguros de vida, hacia personas con padecimientos que entrarían en condiciones de no asegurables o con prima elevada; en el caso de los seguros de autos, sectores como los taxistas de alta incidencia siniestral; en el caso de los seguros solidarios, trabajadores no asegurados con alta probabilidad de riesgo.

3. Se fortalece la actividad de la Banca Privada vs. el interés de la Banca Estatal, porque la banca estatal no tiene posibilidad de crear empresas de seguros mientras que los banqueros dueños de bancos privados sí pueden. Esto se determina de lo planteado en el artículo 8 del proyecto de Ley.

4. Problema de la “devolución” de cartera de las comercializadoras al INS en la transición de una posible apertura, es un asunto de fundamental importancia y que ni por asomo se menciona. Hay que recordar nuestra posición de que la cartera de seguros es del INS, y no de las comercializadoras o agentes de seguros.

5. Problema de entrada en vigencia de la Ley de Seguros sin los reglamentos correspondientes. Prácticamente la creación de un importante número de reglamentos se deja en manos del Consejo Superior de Entidades Financieras, ente que no tiene la capacidad ni la experticia para la formulación de los mismos.

6. Se propone la creación de la figura del Defensor del Asegurado como órgano supeditado a la Superintendencia de Seguros, lo cual no parece aplicable porque no plantea el proyecto los fines y objetivos, así como el funcionamiento de una defensoría del asegurado. Además creemos que para eso están las Contralorías de Servicio, además podría crear choque de competencias con la Defensoría de los Habitantes o duplicidad de funciones.

7. El financiamiento del Cuerpo de Bomberos que se establece como un 4% del ingreso total de primas del mercado operante, no sólo no es claro, sino que se tiende a confundir más cuando en el artículo 144 del proyecto (distribución de utilidades) al final del mismo se menciona lo siguiente: “ Del porcentaje destinado a la capitalización del Instituto, la Junta Directiva del INS estará autorizada para girar al monto que sea necesario al Fondo del Cuerpo de Bomberos”. Al parecer el costo del mantenimiento en su mayor parte se le quiere seguir cargando al INS, lo cual no parecería bajo ninguna perspectiva justo ni equitativo para la institución.

OBSERVACIONES PUNTUALES A ALGUNOS ARTICULOS DEL PROYECTO DE LEY

Estamos adjuntado algunas observaciones a varios artículos, por supuesto esto no es un asunto acabado para nosotros, pues aquí no estamos haciendo aún referencia a una de las partes más importantes del proyecto como lo es el TITULO TERCERO, DISPOSICIONES FINALES, NORMAS RELATIVAS AL INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS, y que se refieren al funcionamiento del INS en un mercado abierto de seguros, tema sobre el cual tenemos mucho que aportar, pero que requiere un mayor análisis por lo que en los próximos días nos estaremos refiriendo a este articulado y por supuesto a otros artículos que requieren más análisis y sobre los cuales no hacemos mención en el cuadro que a continuación detallamos:

ARTICULOS OBSERVACIONES
Artículo 2 1.Concepto de Mutualidad erróneo: mutualidad no es sinónimo de dispersión de riesgos

2. Al incluir tácitamente al Seguro de Riesgos del Trabajo en esta Ley, entra en contradicción con el Artículo 73 de la Constitución Política que asigna al INS la administración del Régimen de Riesgos del Trabajo.

3. Incluye seguros de enfermedad y maternidad, roce con seguros sociales de la CCSS consagrados en Art.73 Constitución Político

Artículo 7 1. La Superintendencia de Seguros debe dictar las normas técnicas en materia de seguros y no el “Consejo”. La actividad de seguros es diferente de la actividad bancaria.
Artículo 8 1. No impide que los propietarios de dichas entidades puedan constituir entidades aseguradoras.
Artículos 9 y 12 1. No hay una estructura reglamentaria que norme la figura del defensor del asegurado y choque con otras entidades ya creadas, por ejemplo Contralorías de Servicios, Defensoría de los habitantes, etc.
Artículo 23 1. Las reservas del INS no deben ser sujetas a reglamentación como inversiones financieras a cargo del Consejo
Artículo 26 1. Al incluir tácitamente al Seguro de Riesgos del Trabajo en esta Ley, entra en contradicción con el Artículo 73 de la Constitución Política que asigna al INS la administración del Régimen de Riesgos del Trabajo.
Artículo 29 1.El Comercio Transfronterizo fomenta la piratería del seguro

2. El Cuerpo de Bomberos no es un ente recaudador de impuestos: problema legal de incompatibilidad de funciones: el Cuerpo de Bomberos no tiene instrumentos legales para verificar que el 4% del comercio transfronterizo ingrese correctamente.

ARTICULOS OBSERVACIONES
Artículo 41 1. Similar al Artículo 8, no impide que los propietarios de dichas entidades puedan constituir entidades aseguradoras.
Artículo 49 No define el modelo de bancaseguros (podría propiciar lavado de dinero)
Artículo 50 Los servicios auxiliares no son auxiliares, sino que son servicios consustanciales que toda compañía debe suministrar: fidelidad, aceptación riesgos es fundamental en compañía
Artículo 52 Reglamentos de Superintendencias dictados por Consejo: incompatibilidad negocio seguros y negocio bancario
Artículo 55 La Superintendencia no debe depender de intereses bancarios, debe modificarse la Ley Reguladora del Mercado de Valores para separar los servicios financiero de los servicios de seguros
Artículo 57 La elección del Superintendente no está clara. Pueden existir tráficos de influencia en su nombramiento
Artículo 58 Especificar que la Superintendencia de Seguros está en la capacidad de incoar procesos penales contra aquellas corredoras de seguros o aseguradoras que entren en colusión en contra de los intereses del asegurado y de la transparencia del mercado
Artículo 109 No se tipifica como falta grave el ofrecimiento de sobornos, comisiones, premios, dádivas
Artículo 113 No se define cuales son los requisitos que conforman una alianza estratégica y como funciona la misma.
Artículo 154 Reforma Ley 8228:
1. La fuente de financiamiento del 4% sobre el total de primas es insuficiente según el comportamiento histórico del presupuesto de bomberos.
2. No están claras las características de las competencias y potestades de un modelo de desconcentración máxima
3. No existen verdaderos requisitos técnicos para ser miembros del Consejo Directivo
4. Ampliar las exoneraciones que actualmente se ofrecen para abarcar todos los insumos, suministros, materiales, y demás bienes de capital requeridos para la operación
5. No se contempla el procedimiento para dotar una infraestructura administrativa y financiera para el Cuerpo de Bomberos

Para finalizar queremos dejar constancia nuevamente por las razones debidamente fundamentadas que presentamos en este documento que la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), SE OPONE ROTUNDAMENTE A LA PRIVATIZACIÓN DEL MONOPOLIO ESTATAL DE LOS SEGUROS, ADMINISTRADO POR EL INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS, privatización que bajo el nombre de LEY REGULADORA DEL MERCADO DE SEGUROS, expediente No. 16.305, plantea el rompimiento del Monopolio Social de los Seguros Comerciales y Solidarios, mediante la apertura del mercado de seguros costarricense.

Reiterándoles nuestro mayor respeto y consideración,

Albino Vargas Barrantes
Secretario General

Edgar Morales Quesada
Secretario General Adjunto

Rafael Angel Mora Solano
Asesor de la Junta Directiva Nacional de ANEP
y de la Junta Directiva Seccional ANEP-INS

C.c. Jefaturas de Fracción, Asamblea Legislativa.
C.c. Diputadas y Diputados, Asamblea Legislativa.
C.c. Dra. Lisbeth Quesada Tristán, Defensora de Los Habitantes de la República.
C.c. Junta Directiva Nacional de la ANEP.
C.c. Junta Directiva Seccional ANEP-INS.
C.c. Consejo Consultivo Nacional de la ANEP.
C.c. Presidentas y Presidentes Seccionales de ANEP.
C.c. Federación Nacional de Trabajadores de los Servicios Públicos.
C.c. Central Social Juanito Mora Porras CSJMP
C.c. Trabajadores y trabajadoras del INS.
C.c. Movimiento Sindical Nacional.
C.c. Archivo.

¿Referéndum no vinculante?

Admitamos que este es un mecanismo esencialmente democrático, que abre opciones para que la ciudadanía costarricense se pronuncie. Pero entendamos, también, que lo anterior es cierto en principio. En la realidad, puede ser desvirtuado –inclusive corrompido– si no existen condiciones mínimas que garanticen equidad y transparencia en el debate.

Dicho lo anterior, es preciso reconocer la total ausencia de tales condiciones en los procesos eleccionarios en Costa Rica, cuando, en general, estos son insulto masivo a la inteligencia de la gente, dado su énfasis obsesivo en la aparente y superficial y en los detalles escandalosos y frívolos. Es obvio que quien cuenta con mejor financiamiento tiene mejores posibilidades de triunfar. Y, por cierto, nada diferente ha acontecido con la campaña pro-TLC. A fin de cuentas, tan solo consiste en un despilfarro impúdico y manipulador.

Precisamente por eso la democracia ha pasado a ser –y no solo en Costa Rica– un ritual falaz e insustancial. Lo cierto es que el poder del dinero –a través de la gran maquinaria mediática y de marketing– se afana por burlar la voluntad popular al convertirla en blanco de la manipulación y engaño.

No tener en cuenta tales realidades quizá sea expresión de ingenuidad. E, impremeditadamente, puede dar lugar a salidas peligrosas. Hay que reconocer que un referéndum sobre el TLC pondría en marcha una versión hiperbolizada de la actual campaña propagandística, y apostaría a su favor el dinero de las oligarquías y toda la influencia de los grandes medios. Pero, además, el proceso estaría en manos de un organismo –el Tribunal de Elecciones– probadamente parcializado.

Mas, por otra parte, hay que recordar que, en sus momentos de despertar, los pueblos son capaces de hacer añicos inclusive la más refinada maquinaria de manipulación. Y, por cierto, conviene no menospreciar la inteligencia del pueblo costarricense. No olvidemos la experiencia del Combo-ICE. Más recientemente, en la pasada campaña electoral, tres de cada cuatro costarricenses se negaron a votar por un candidato que tuvo todo a su favor: ríos de dinero; la complicidad absoluta de los grandes medios de comunicación; la más aparatosa maquinaria publicitaria. Arias ganó (si es que ganó) tan solo por la incapacidad de generar un consenso mínimo en el amplio espectro de fuerzas y movimientos políticos que apuestan por una alternativa frente al proyecto neoliberal. Ojalá que esta división, mezquina e injustificada, no se reitere –a propósito de cualquier desacuerdo– en el movimiento social del NO al TLC.

Una encuesta reciente de la Escuela de Matemáticas de la Universidad de Costa Rica, realizada bajo la dirección del Dr. Jorge Poltronieri, lo ratifica. Muestra que, en lo que al TLC se refiere (como en relación con otros temas vinculados), el pueblo costarricense se muestra escéptico. No solamente no se ha dejado engañar por la propaganda edulcorada y manipuladora, sino que, además, es conciente de la gravedad de las implicaciones que este Tratado conlleva.

Otro asunto que es de crucial importancia subrayar y aquilatar en todo su alcance, es el de las características definitorias del movimiento del NO al TLC: su pluralismo y diversidad; su carácter descentralizado; su entrelazamiento complejo como red de movimiento en red; la multiplicidad de liderazgos de que se alimenta. En ello ha radicado su mayor fortaleza, y desde ahí ha crecido su capacidad creativa y su poder expresivo. Su antecedente cercano es el movimiento del Combo ICE, pero lo que ahora presenciamos supone un salto adelante: en contenido crítico, madurez política y propositiva y capacidad de saturación del tejido social.

Si el pueblo costarricense se muestra receloso y desconfiado frente al TLC, es, en parte, porque está dotado de una sensibilidad profunda que actúa como certera brújula en los momentos decisivos. Pero, además, ha contado con el mensaje de este movimiento del NO al TLC. Un mensaje que se reinventa de continuo, a través de una miríada de conductos y expresiones.

A veces se expresa preocupación por la aparente descoordinación en el seno de este movimiento del NO. Y, por cierto, bienvenidos sean los esfuerzos que procuran mayor entendimiento y cooperación. Pero sobre todo, es preciso ubicar y entender las cosas en su justa dimensión. Se equivoca quien mira este proceso desde los anteojos de los viejos movimientos sociales. Porque si estos se estructuraban desde una dirección centralizada, con liderazgos dominantes, lo que ahora presenciamos es un movimiento cuya mayor fortaleza radica –como tantas veces he insistido– en su carácter descentralizado y en la pluralidad de sus liderazgos.

Este movimiento no tiene dueños ni jefes. No hay ninguna comisión, ni coordinadora alguna, que pueda arrogarse ser su dirección ni su líder. Estas tan solo son unas instancias, entre muchas más, en esa plétora de espacios de trabajo, debate, movilización, creación y propuesta que constituyen este movimiento. Insisto: nada lo dañaría tanto como la pretensión de hegemonizarlo.

El debate en relación con la posible conveniencia o inconveniencia de la convocatoria a un referéndum debe ser realizado teniendo en cuenta estas cualidades fundamentales del movimiento del NO. Anda mal la cosa, si es planteado desde un juicio condenatorio acerca de las intenciones de los proponentes, ya que, veladamente, ello afirma que una cierta posición es la correcta –y toda otra incorrecta– lo que niega la pluralidad del movimiento. Y empeora el asunto si se sugiere que la decisión sobre el particular debería tomarse centralizadamente, en alguna comisión o coordinadora.

Comparto que la consigna es derrotar el TLC. Empecemos por preguntarnos si el referéndum puede ser una alternativa que contribuya a ese objetivo o si, por el contrario, es una propuesta que pone en riesgo el esfuerzo que tanta, pero tanta gente ha venido haciendo. Reitero lo obvio: este mecanismo resulta aceptable solo sobre una base equitativa y transparente. Si no hay garantía de tal cosa –y sin la menor duda no la hay– su convocatoria equivale a embarcarse en un juego de la ruleta rusa.

Por mi parte, confío en la inteligencia e intuición del pueblo costarricense. Pero si se me preguntara diría: canalicemos ese potencial popular hacia otras vías que no sean estas, tan inciertas, del referéndum. No juguemos en el terreno del enemigo. Obliguémoslo a venir al nuestro. Puede que incluso en ese terreno rival ganemos, porque la inteligencia de este pueblo es capaz de dar grandes sorpresas.

Pero puestos en las condiciones de realidad que es preciso enfrentar, ello viene a ser una hazaña más que heroica. Recordemos, además, que como parte del proceso de maduración política que hemos vivido en los últimos años, el pueblo costarricense ha desarrollado capacidad para la movilización ciudadana, la manifestación y protesta pública pacífica. Ese es nuestro espacio; ahí podemos construir las trincheras más poderosas.

Y acerca del justificado temor de que haya violencia. Empecemos por reconocer que ya la hay. Vivimos un estado de permanente agresión psicológica e implacable violencia simbólica. La actitud de los diputados pro-TLC en la Comisión de Internacionales es muestra cotidiana de ello. Es una violencia que ejercen sistemáticamente y que aplicarán en dosis convulsivas en el caso de que se convoque a referéndum.

Cierto que, frente a la movilización ciudadana, podrían querer llegar también a la violencia física…pero serán ellos. Y, en todo caso, ¿cuál es la sorpresa? Al fin y al cabo, ya nos es familiar el grado paroxístico de su avaricia, su voracidad e intransigencia. Nuestro objetivo es derrotar pacíficamente al TLC…hasta donde nos lo permitan.

Septiembre 16, 2006

¿Bush contento con Albino Vargas?

Por debilitar lucha contra el TLC, según sindicalistas gringos:
BUSH ESTÁ MUY CONTENTO” CON ALBINO VARGAS

A criterio de unos 500 sindicalistas de Estados Unidos, su presidente
George W. Bush está “muy contento” con las actuaciones del líder sindical Albino Vargas Barrantes porque al entablar demandas legales contra otros dirigentes debilita y divide la lucha contra la aprobación del Tratado de Libre Comercio (TLC).

MARCO LEANDRO
mleandro@diarioextra.com

Guerry Haoderoen y Moisés Montoya aseguraron que en la oficina de Albino Vargas cuando entregaron la firmas para que retire la demanda contra David Morera no los vieron con buenos ojos.

A criterio de unos 500 sindicalistas de Estados Unidos, su presidente George W. Bush está “muy contento” con las actuaciones del líder sindical Albino Vargas Barrantes porque al entablar demandas legales contra otros dirigentes debilita y divide la lucha contra la aprobación del Tratado de Libre Comercio (TLC).

Esto situación motivó que sindicalistas y líderes de los inmigrantes comenzaran una campaña de recolección de firmas para pedir a Vargas Barrantes que retire la demanda contra el sindicalista David Morera.
Para entregar las primeras 500 firmas vinieron al país Guerry Haoderoen y Moisés Montoya, sin embargo “no los vieron con buenos ojos en la oficina de Albino Vargas”, dijeron.

Haoderoen y Montoya visitaron las oficinas de DIARIO EXTRA para explicar los objetivos de su viaje y hacer un llamado a la unidad del movimiento sindical costarricense en momentos en que se aprestan a la lucha contra la aprobación del TLC con Estados Unidos.

Para Haoderoen, los sindicalistas no deben estar demandándose por el simple hecho de que otros no comparten la forma de hacer sindicalismo y la estrategia de lucha popular.

Explicó que en Estados Unidos tienen una gran experiencia en dirimir diferencias sin recurrir a los tribunales de justicia ordinarios, para eso existe la Décima Enmienda a la Constitución Política de ese país.

Guerry Haoderoen y Moisés Montoya son del criterio que por el bien del movimiento que se gesta contra el TLC, Vargas y Morera deben hacer las paces y debatir cuál debe ser la estrategia más conveniente.

Si persiste la demanda, esto podría dar como resultado que fracase el movimiento; “esto es lo que quiere Bush y los que están promocionando el TLC.

En los últimos tiempos Vargas ha demandado penalmente a dos sindicalistas que lo han adversado en su estrategia de lucha. El primero, Luis Salas, del sindicato del Instituto Nacional de Seguros, fue absuelto, y el segundo, David Morera, cuyo juicio estaba fijado para el jueves pero no se realizó sino que los jueces resolvieron un sobreseimiento definitivo.

Para los jueces, no solo la causa estaba prescrita sino que la anticuada Ley de Imprenta la cual contempla hasta tres años de cárcel por injurias y calumnias está hecha para los casos donde los afectados son personas físicas y no jurídicas, como en este caso, donde se alude a la Asociación de Empleados Públicos y Privados y no a su veterano líder, Albino Vargas Barrantes.

CONCURSO LITERARIO 2006 PARA ADULTOS MAYORES

Si usted es una persona mayor de 60 años y desea expresar sus habilidades literarias, la invitamos a participar en el XV Concurso Literario de Personas Mayores 2006 Beatriz Carvajal Vargas, que realiza la Asociación Gerontológica Costarricense (Ageco).

Este año el concurso se dedica a Beatriz Carvajal Vargas, una mujer que ha participado activamente en los programas de Ageco y plasmó su expresión literaria durante los años que formó parte del Club Literario Visión Otoñal, de Ageco.

Los adultos mayores interesados en participar pueden enviar sus obras a más tardar el 6 de octubre. Las bases del certamen son: tener 60 años o más, obras inéditas. Tema libre en: poesía, cuento o relato “De apariciones o fantasmas”, verso costumbrista y redacción “Envejeciendo con dignidad”.

Extensión máxima en cada género: seis páginas por obra a máquina, doble espacio, letra 12. Cada persona puede participar en los cuatro géneros con diferente seudónimo y solo una vez en cada uno. Para mayor información pueden llamar al teléfono 221-0310 ó 222-0092, enviar un fax al 222-0348 o bien escribir al e-mail agecocr@racsa.co.cr.

LA ANEP ESTÁ EN EL CORAZÓN DEL PUEBLO COSTARRICENSE

San José, 18 de setiembre de 2006.
S.G. 05-07-0833-06

Licenciado
William Gómez Vargas
Director
Diario Extra
Su Despacho

Estimado señor:

Con el enorme respeto que su persona nos inspira, le hacemos llegar el más honesto y respetuoso saludo de nuestra parte, anhelando que conserve siempre bien su salud.

Acudo ante su justa autoridad para solicitarle, siempre en el marco del debido respeto, se me brinde el correspondiente Derecho de Respuesta, ante el injusto artículo que en este día publica el popular Diario Extra, en su página 5, en el cual se alude directamente a mi persona, en nota bajo la responsabilidad del periodista Marco Leandro; con un titular totalmente tendencioso,_ “Bush está ‘muy contento’ con Albino Vargas”_.

Sentimos que ese titular es producto de este comunicador a quien guardamos muchísimo respeto, pero, en honor a la verdad, todavía no logramos entender las razones por las cuales le generamos animadversión, como para nuevamente ver como él juega con nuestro nombre, cuando por razones de polémica política hemos tenido que enfrentar ciertas corrientes ideológicas que aunque respetables, no expresan el sentir mayoritario del pueblo costarricense, no logrando entender como él les hace el juego.

A continuación este sería el texto que solicitamos sea publicado como Derecho de Respuesta:

  • LA ANEP ESTÁ EN EL CORAZÓN DEL PUEBLO COSTARRICENSE*

Es absolutamente falso alegar que una demanda entre sindicalistas, en los actuales momentos, ponga en peligro toda la lucha contra el TLC; máxime cuando una de las partes en controversia es muy poco representativa, sin mayor capacidad de incidencia y portadora de una ideología que si bien es respetable, es extraña a la idiosincrasia costarricense.

Se supone que la lucha contra el TLC es por convicciones férreas, profundas, de hondo contenido político y social, y no están sujetas a vaivenes circunstanciales como una causa penal.

Nunca hemos demandado en sede penal a nadie por pensar diferente a la ANEP. Aparte de que eso no es posible, ni ética ni jurídicamente, la riqueza de los movimientos sociales de la Costa Rica de hoy radica en su amplia diversidad, su pluralismo, su esencia multicolor. Nosotros, internamente, como organización sindical de amplia base, somos producto de una construcción de pluralidad.

Sí hemos demandado y lo continuaremos haciendo, mientras se nos dé la confianza de seguir al frente de la ANEP, cuando se lesiona el honor, la dignidad, la honra de la organización. Cuando se pretenda difamarla. Estamos obligados a ello.

Si otros tienen su propia autoestima organizativa tan baja como para ocupar muletas extranjeras, ANEP tiene la suya muy en alto, pues aunque les duela reconocerlo, estamos hablando de una de las agrupaciones sociales más prestigiosas y de mayor credibilidad que hay en la Costa Rica de hoy. Nos hemos defendido y nos defenderemos solos en cualquier terreno, sin necesidad de aspavientos victimizantes.

Estamos inmersos en la lucha patriótica más importante de la historia nacional desde los sucesos de 1856, que es la noble causa contra el TLC. Jamás utilizaremos la solidaridad internacional posible para esta causa, para que nos salven nuestro propio pellejo personal. Qué triste debe ser ir a llorar al exterior para que desde allá vengan a defenderlo a uno, nuestros propios partidarios ideológicos, ante la carencia de una sólida base social interna que te dé sustento político y social.

En el caso que nos ocupa, el sobreseimiento que se dio es por un tecnicismo jurídico de vencimiento de plazos. El acusado por la ANEP no fue absuelto. El tribunal estimó que sí hay causa para enjuiciar cuando se difama a una persona jurídica. Si el periodista Leandro hubiese puesto un poquito más de interés objetivo y profesional, se podría haber verificado que la ofendida fue la organización ANEP y no la persona de su Secretario General.

No sabíamos que éramos_ “tan carga”_. Que el mismísimo Presidente Bush sabe quien es el Secretario General de la ANEP. No sabíamos que tanta resonancia internacional teníamos. Por supuesto que nadie se va a tragar el cuento que el periodista Leandro quiso vender con su malintencionado titular. Qué le va a importar al mandatario gringo lo que haga o no haga el sindicalista de Alajuelita.

Lo que sí sabe el Presidente Bush, es que existe un pueblo digno, un pueblo valeroso, un pueblo honesto como el tico que no se traga el cuento de su TLC. Y lo que sabe este pueblo, porque lo tiene muy claro, es que en la ANEP hay uno de los bastiones más fuertes, más serios y más comprometidos de esta lucha, sin necesidad de adaptar ideologías extremistas pseudorevolucionarias; tan sólo apelando a los valores nacionales que nos hicieron un pueblo tan diferente, tan distinto, tan particular, tan especial que nuestros propios próceres de antaño son los que nutren la visión de la ANEP sobre una Costa Rica inclusiva y solidaria.

Esto es lo que nos hace sentirnos más orgullosos todavía, pues lo que la ANEP ha venido haciendo todos estos años, ha generado el ataque, el rencor, la insidia y la maldad tanto del extremismo de izquierda como del extremismo de derecha.

Es más, es hasta “curioso” cómo los unos y los otros viven pendientes de lo que hagamos ó de lo que dejemos de hacer, porque el éxito de la ANEP en los últimos años ha sido su esfuerzo por insertarse en la conciencia nacional del pueblo costarricense, sin ataduras partidistas de ningún tipo, mucho menos los de signo violentista que se expresan en esos extremismos.

Al atacarnos desde ambos lados, se ha dado una fuerte legitimación de nuestro trabajo, adquiriendo el mismo gran credibilidad y confianza, en todos aquellos segmentos de la nacionalidad costarricense y de sus diversos sectores representativos que venimos asumiendo, sin pasquines ni panfletos vacíos de contenido, la gran lucha contra el TLC.

Hasta aquí nuestro Derecho de Respuesta.

Nuevamente, don William reciba usted el más atento y respetuoso saludo de parte de su servidor,

Albino Vargas Barrantes
Secretario General

C.c. Lic. Mario Ugalde C., Subdirector de Diario Extra.
Sr. Marcos Leandro, Diario Extra.
Junta Directiva Nacional de la ANEP.
Movimiento social costarricense.
Archivo.

Artículo de Diario Extra AQUI