Para nadie es un secreto (sobre todo para el gobierno de los hermanos Arias) que las comunidades universitarias han jugado un papel importante en la lucha del pueblo costarricense contra la aprobación del TLC.
Debates, estudios, publicaciones, pronunciamientos y también manifestaciones y definiciones institucionales han perfilado una clara oposición a una propuesta que es lesiva para las mayorías, y que lesiona seriamente a nuestras instituciones sociales.
En la histórica marcha del 26 de febrero, miles de universitarios y universitarias, una vez más demostraron, cívica y democráticamente, su oposición a este tratado y a los mecanismos antidemocráticos y autocráticos que han querido establecerse para que se apruebe a toda prisa, sin un verdadero debate democrático.
Pocos días después de esta jornada histórica, los universitarios hemos sido sorprendidos por un “almuerzo” de los rectores de las universidades públicas, agrupados en CONARE, con personeros del más alto nivel del gobierno, en que se han discutido asuntos de esta crítica coyuntura nacional. Quizás se piense argumentar que la agenda del citado “almuerzo” no enfocaba directamente al Tratado de Libre Comercio con EEUU, Centroamérica y República Dominicana, pero la redacción del comunicado de CONARE evidencia que el tema estuvo presente. Esto es, por lo demás, lógico, dada su importancia en la actual coyuntura nacional.
Las informaciones difusas acerca de este encuentro, y sobre todo el enfoque presentado por la prensa proclive al TLC generaron grandes inquietudes (véase, por ejemplo, el editorial de La Nación del 10 de marzo). El Consejo Universitario de la Universidad Nacional, por su parte, en forma clara, rápida y ejemplar, desautorizó al rector Olman Segura por sus actuaciones inconsultas, contrarias a lo que ha sido definido institucionalmente por ese órgano.
En este contexto de confusión y manipulación, hemos conocido el día sábado 10 de marzo un comunicado oficial de CONARE, en que se nos informa acerca de la famosa reunión. Como integrante de la comunidad universitaria de la Universidad de Costa Rica, hubiese esperado que dicho escrito aclarara dudas y reafirmara el camino trazado institucionalmente en torno al TLC y sus implicaciones. Debo decir, sin embargo, que el comunicado de CONARE es decepcionante, que no explica claramente lo acontecido, y sobre todo, no responde a las posiciones que han sido adoptadas en las instituciones mediante los procedimientos democráticamente instituidos.
El problema, por supuesto, no es lo que dice el comunicado, acerca de la necesidad de diálogo, de respeto a las tradiciones políticas y a la institucionalidad democrática, la necesidad de un plan de desarrollo “justo, equitativo y sostenible” etc., etc., principios generales con los que todos o casi todos estamos de acuerdo, sino, precisamente, lo que no dice el documento. Y, aunque parezca insólito, lo que no hace el documento, pese a que hay pronunciamientos y acuerdos que ya se han dado a conocer institucionalmente ante la opinión pública y que incluso se han defendido en el Primer Poder de la República, es definir la posición de los rectores ante la aprobación o no del TLC, y, podríamos agregar, de la llamada “agenda complementaria”. Es decir, los rectores se reúnen con el poder ejecutivo, pocos días después de una masiva e histórica manifestación de importante sectores de la sociedad costarricense, y no plantean la oposición de las universidades públicas ante el TLC. No señalan que es precisamente la aprobación del TLC lo que agravaría muchas de las situaciones indeseadas que enumeran. ¿Qué tiene el TLC de “justo, equitativo y sostenible? De esto, creíamos, se habían dado cuenta las instituciones de educación superior hace tiempo. Además, es claro que se trató de un procedimiento destinado a neutralizar y acorralar al Dr. Eugenio Trejos, Presidente del Frente Nacional de Apoyo a la Lucha contra el TLC y rector del ITCR. Es también un favor contable que se le brinda al gobierno, que ahora podrá presumir de un “diálogo” que por supuesto no es tal, pero que se le sirve en bandeja para efectos propagandísticos y desmovilizadores.
Los rectores, o CONARE, han dado un paso en falso. En el documento se plantea la “polarización” o la “confrontación” en torno al TLC (o sea, si se menciona) como el peor de los males. Eso, en abstracto, puede sonar convincente. Pero, ¿cuáles son las condiciones concretas que enfrentamos?: sectores sumamente poderosos han llevado a cabo durante tres años una campaña mediática multimillonaria mintiendo o diciendo verdades a medias acerca de las bondades del TLC, negándose a discutir el asunto en una campaña electoral, para posteriormente presentar, de forma mecánica y ligera, los resultados electorales como argumento a favor del TLC, todo esto al mismo tiempo que se atropellan los procedimientos democráticos y parlamentarios, se hostiga y persigue a quienes se oponen, como a los muchachos y muchachas del Movimiento Estudiantil Alternativo, se cierran programas de televisión críticos como DIAGNOSTICO, entre muchos otros hechos y elementos. En estas condiciones, ante la posición cerrada y tozuda de quienes quieren a toda costa impulsar un proyecto que beneficia tan sólo a una minoría mientras lesionan severamente los componentes principales de un estado social, evitar la polarización y la confrontación, es lisa y llanamente, someterse al poder y las condiciones del más fuerte. La manera en que se puede evitar la confrontación y la “polarización” ante el TLC, en estas condiciones concretas, es simplemente rindiéndose ante el poder plutocrático para aceptar sus migajas. El asunto, por supuesto, es como se lleva a cabo esta contienda, y hasta ahora el movimiento contra el TLC ha dado muestras de un civismo y un espíritu democrático implacable, muchísimo mayor que el de sus contrincantes, atrincherados en el dinero, la manipulación y la intimidación.
Tan solo imaginémonos a los rectores, en la crítica coyuntura del intento de aprobar e imponer el llamado “Combo del ICE” en el 2000, haciendo un pronunciamiento “neutral” de este tipo.
Lamento mucho que la actuación y el pronunciamiento de los rectores, de CONARE, en este caso, evada los asuntos cruciales que están en juego, y que, como lo ha destacado el Consejo Universitario de la Universidad Nacional, no responda a las definiciones y los posicionamientos institucionales. Creo que como integrantes de las comunidades universitarias de las instituciones públicas del país tenemos el derecho de exigir a nuestras máximas autoridades expresar en forma inequívoca su apoyo a la lucha contra la aprobación del TLC, y que hagan suyos, de manera clara, los pronunciamientos y las definiciones institucionales ante temática tan crucial.
*Catedrático, Universidad de Costa Rica
