Categoría: TLC

Por: Ing. Gerardo Fumero Paniagua *

Antecedentes

A finales del 2002, el ex Presidente Dr. Abel Pacheco anunció la negociación de un Tratado de Libre de Comercio con EEUU y Centro América. El Ministro de Comercio Exterior, (COMEX), Dr. Alberto Trejos, contrata a la Lic. Anabelle González (ligada a instancias de colaboración con los exportadores) y al Lic. Roberto Echandi, mediante procedimientos que más tarde la Contraloría General de la República cuestionaría por irregulares. A cada uno se le paga en promedio $8.500 al mes y al resto del personal del Ministerio se le aumentó el salario hasta en un 40.97%, según informe de la propia Auditoria Interna.

Trejos, González y el Lic. Marco Vinicio Ruiz, (representante de las Cámaras Empresariales del país), se convierten en los protagonistas de uno de los temas más polémicos en la historia del país. Bajo el mayor hermetismo, gracias a criterios de confidencialidad, auto impuestos por nuestros propios representantes, se negocia de todo, excepto telecomunicaciones y seguros.

Ultimas Presiones

El 1º de octubre del 2003, el representante de los EEUU en tales negociaciones, el Sr. Robert Zoellick, visita nuestra Casa Presidencial. El día siguiente, nuestro Gobierno, rompiendo su propio juramento de que estos servicios públicos no serían incluidos en el Tratado y traicionando la voluntad popular, manifestada de la forma más visible en la lucha cívica nacional que culminó en abril del 2000, en la que el pueblo protestó en las calles hasta que la Asamblea Legislativa desechó el recién aprobado proyecto de apertura de los servicios públicos de energía y telecomunicaciones, (lucha contra el “COMBO”), declara que se negociarían también las telecomunicaciones y los seguros, prestadas durante más de medio siglo y hasta el día de hoy, por el Instituto Costarricense de Electricidad, (ICE) y el Instituto Nacional de Seguros, (INS), ambas instituciones del Estado. Semanas después se anuncia que Costa Rica se retira de las negociaciones, mientras el resto de países las concluyen en diciembre del 2003. Concluido el “show” del retiro, que pretendía reivindicar la ya lastimada legitimidad de los negociadores al haber aceptado las nuevas imposiciones de Zoellick, Trejos retoma el proceso y poco después firma también.

Denuncias posteriores

Las denuncias y los hechos que se sucedieron, confirman las sospechas de los sectores sociales, de que los negociadores no defendían intereses nacionales, sino de grupos de poder. Por ejemplo:

a) Poco después de firmado el Tratado, se empiezan a retirar del Ministerio los funcionarios responsables, no sin antes gastar en su negociación casi 3 millones de dólares del presupuesto ministerial. Con la salida de la Vice Ministra, Lic. Amparo Pacheco, el 1º de agosto del 2005, prácticamente todos los funcionarios de alto nivel que negociaron el Tratado, habían dejado el Ministerio.

b) Entre las razones de sus retiros, se denuncia que se extralimitaron en las atribuciones que les confirió el Poder Ejecutivo, específicamente en lo que correspondía negociar en Telecomunicaciones. Así lo manifestó el Lic. Ricardo Toledo, para entonces Ministro de la Presidencia y luego Diputado, en la propia Asamblea Legislativa.

c) No se le dio cabida en las negociaciones, a los criterios de los sectores sociales del país, tampoco a las Instituciones, como el ICE o el INS. Este último caso es vergonzoso y revelador de la pluralidad con que el equipo negociador tomó en cuenta a los que defendían los intereses de la patria, pues se burlaron de su propio Presidente Ejecutivo, Lic. Germán Serrano Pinto, que habiendo acompañado al equipo negociador a las discusiones en Washington, aquel negoció de noche y a sus espaldas, ante lo cual, mancillada su dignidad, se vio obligado a renunciar a su cargo, como lo explica el mismo Serrano en su Libro sobre Seguros y el Tratado.

d) Algunos de los gastos de los funcionarios del Ministerio fueron pagados por la Fundación Costa Rica-EEUU, (CR-USA), financiada con donaciones del gobierno de los Estados Unidos, nuestra contraparte en el Tratado. Solo en el presupuesto del 2003, dicha Fundación donó casi un millón de dólares, para “apoyo logístico al Ministerio en las negociaciones del Tratado de Libre Comercio Costa Rica y los Estados Unidos”.

e) Hoy los ex funcionarios del Ministerio y empresarios que negociaron el Tratado, se aglutinan alrededor del “Grupo Por Costa Rica”, que solo entre abril y julio del 2005 gastó casi 400 mil dólares en campañas en Prensa, Radio y TV, para convencer a los costarricenses de los beneficios del Tratado, con la seguridad de que es un buen negocio invertir hoy en lo que ellos negociaron ayer, para recoger los frutos mañana.

Cambio de gobierno, pero no de dirección

El Dr. Oscar Arias Sánchez, presidente constitucional de 1982-1986, fue re-electo Presidente de Costa Rica en febrero pasado, gracias a una interpretación del Tribunal Constitucional, que por segunda vez analizó la prohibición sobre la reelección y finalmente consideró, a pesar del Artículo No. 132 de la Constitución Política, que podía ser candidato de nuevo. Ganó por un margen del 0.7% de los votos emitidos. El Dr. Arias recién nombró como Ministerio de Comercio Exterior al Lic. Marco Vinicio Ruiz, cuya consigna es la aprobación del Tratado en los próximos 6 meses.

Costa Rica es el único país que todavía no ha aprobado el CAFTA y todos los sectores sociales y la mitad de la población está en contra, además de que no cuenta todavía con lo votos en el Poder Legislativo para su aprobación, por lo que es de esperar que nuestro Premio Nóbel de la Paz, hoy sentado en la silla presidencial, tendrá que poner en riesgo la paz del país para intentar su aprobación.

Campaña mediática

El pueblo ha sido apabullado con una de las más millonarias campañas mediáticas en la historia reciente, a pesar de lo cual el desconocimiento de los temas de fondo del Tratado es altísimo, pues la propaganda es superficial, falaz y mentirosa, al extremo de amedrentar con argumentos como que:

a) La Iniciativa de la Cuenca del Caribe (ICC), vence en el 2007, (cuando en realidad es una Ley sin plazo, aprobada por el Congreso de los EEUU).

b) Se crearían más de medio millón de empleos. En realidad no llegarían a 65.000, sin contar con los miles que desplazaría de los campos, el agro, la micro y pequeña empresa, etc.

c) Que la apertura de los servicios públicos producirá competencia y ésta bajará los precios, cuando en toda Latino América lo único cierto es que han aumentado hasta en un 500% cuando se privatizaron, en relación con los nuestros.

d) La apertura de los servicios de telecomunicaciones solo sería en servicios de valor agregado, cuando en realidad representan más del 72% de los ingresos del Sector.

Conclusión

Por la falta de transparencia, la manipulación y la ilegitimidad de los intereses que en él se defendieron, no es aceptable el CAFTA en los términos en que fue negociado. Su contenido equivale a una nueva Constitución Política negociada por un puñado de funcionarios sin ninguna representación popular e impuesta por instancias extranjeras, por lo que su aprobación sería una traición a los más sagrados principios democráticos de este pueblo.

* Ingeniero en Telecomunicaciones. Coautor y utor de vrios libros sobre esa temática.

• (especial para ARGENPRESS.info)

(Fecha publicación:24/05/2006)

Ottón insiste en renegociar el TLC. Arias se niega en redondo. Comprensible. Ya sabemos que para ser un águila imperial –y no un vulgar zopilote– hay que pensar como el imperio. Pero también es cierto que las aves no son los especimenes más inteligentes del reino animal y que cuando descubrió la relatividad, Einstein era un simple caracol que trabajaba en una oficinilla insignificante. O sea, los del pueblo somos plebeyos pero no tontos. Pensemos un poco, pues, ¿qué significa “renegociar” el TLC?

Sin pretender ser exhaustivo, propongo un listado preliminar de asuntos que, inexcusablemente, deberían ser objeto de re-negociación:

1- La apertura y el estado de indefensión a que se condena la actividad agropecuaria de producción de alimentos, en virtud de lo cual se crean condiciones de ruina segura para el arroz, la carne de cerdo, la vacuna y la de pollo, el aceite, los lácteos y diversas legumbres y verduras, entre otros.

2- Revisión del capítulo de compras del sector público, a fin de preservar flexibilidad para su utilización selectiva como instrumento de promoción del desarrollo y de apoyo al cumplimiento de objetivos de equidad y protección ambiental.

3- Replanteamiento en profundidad de las abusivas condiciones de privilegio impuestas a favor de la inversión extranjera, de modo que el país* a)* conserve capacidad para regular los flujos de capital especulativo, cuyos efectos desestabilizantes han sido ampliamente comprobados; b) conserve intacta su capacidad soberana para negociar con la inversión extranjera en procura del cumplimiento de ciertas condiciones básicas propicias al desarrollo, tales como la transferencia de tecnología, la generación de empleo y el desarrollo de encadenamientos productivos; c) regular los mercados de servicios, de acuerdo con los requerimientos de nuestro desarrollo y la construcción de una sociedad democrática y equitativa; d) mantener la plena vigencia del régimen jurídico, inclusive para las empresas estadounidenses y no tan solo para los ciudadanos costarricenses.

4- En particular, y relacionado con el punto d) anterior, despojar a los inversores extranjeros del formidable y absolutamente desproporcionado instrumento de presión que les concede el “régimen inversionista-estado”, en virtud del cual –y toda vez que se sientan perjudicados en sus intereses pecuniarios– pueden demandar al Estado costarricense en tribunales de arbitraje internacional, cuyo estatuto es privado y cuyo funcionamiento no responde a ningún cuerpo legal conocido ni confiable. Esto debe incluir necesariamente la explícita eliminación de la peligrosísima e incierta noción de “expropiación indirecta” que el TLC incorpora.

5- Eliminar del tratado cualquier referencia a la eufemísticamente llamada “apertura” de las telecomunicaciones y los seguros. Estos asuntos deben ser resueltos en el marco de un amplio, equitativo y pluralista debate nacional, y en los plazos y de la forma que la ciudadanía costarricense considere necesarios y deseables.

6- Igual procedimiento debe observarse en relación con el convenio UPOV, al cual el TLC obliga compulsivamente a adherirnos. Este es un instrumento que tiene graves implicaciones desde el punto de vista de la apropiación privada de la propia vida. Esto es inaceptable por razones éticas, humanitarias y ambientales, pero también desde una perspectiva económica más pragmática, en cuanto facilita que el capital extranjero usufructúe de nuestra riquísima biodiversidad. En cambio, debe quedar plenamente reconocido el control soberano sobre toda nuestra riqueza natural.

7- Deben redefinirse las obligaciones en materia de patentes. En particular, deben suprimirse las triquiñuelas que buscan ampliar sus plazos de vigencia, y suprimirse el alargamiento –hasta por 10 años– de la protección sobre los datos de prueba, ya que esto limitaría gravemente el acceso a medicinas genéricas. En general, el país debe replantearse en profundidad sus opciones políticas en materia de propiedad intelectual, en el convencimiento de que las normativas que están siendo impuestas –inclusive aquellas, relativamente más laxas, contenidas en los acuerdos de la OMC– son tan solo barreras de acceso al conocimiento, que frenan el desarrollo de los países pobres y consolidan el control monopólico por parte de las gigantescas corporaciones trasnacionales.

8- Debe quedar absolutamente clara –y no sujeta a interpretaciones ambiguas e inciertas– la potestad nacional para regular los servicios públicos, en particular los de salud y educación. Igualmente debe afirmarse con total nitidez nuestro derecho sobre el agua y, por lo tanto, nuestra potestad para regular su uso y explotación. En cada uno de estos aspectos el TLC levanta graves amenazas en virtud de la opacidad de sus estipulaciones.

9- En materia laboral y ambiental el TLC es, en el mejor de los casos, ambiguo y omiso. En cambio, debe confirmarse con nitidez la responsabilidad del Estado en relación con la protección de los derechos de las clases trabajadoras y el medio ambiente.

10- En general, ha de quedar claramente establecida –sin margen alguno de duda– la superioridad de los derechos humanos, la democracia, la justicia social, la soberanía y el ambiente por sobre la ideología de libertad de comercio e inversión. Ésta última es el dogma que define la lógica fundamental del tratado. Las imprecisiones que en éste pululan, facilitarían que esa liturgia llegue a gobernar su aplicación práctica.

Agrego tres preguntas: a la vista de esta “listita” parcial ¿qué quedaría del TLC? Entonces, y más que de “renegociación”, ¿no sería mejor hablar de nuevas formas de negociar y relacionarnos con Estados Unidos? Por lo tanto, y más allá de águilas al servicio del imperio, ¿no estamos hablando de una revolución democrática y civilista que restablezca nuestro derecho a decidir sobre nuestra propia vida?

Nuestra primera y más importante pregunta: ¿Quedó la educación pública fuera del tratado?

Según se afirma en un boletín impreso del Ministerio de Comercio Exterior (COMEX),

“… la educación pública como tal no está cubierta por el TLC y ese es el caso en todos los países que forman parte de este tratado, incluido Costa Rica. … El TLC no afecta de ninguna forma a la educación pública, incluyendo primaria, secundaria y universitaria” (Preguntas frecuentes sobre el TLC, COMEX, 2004: 14).

¿Es correcta esta afirmación? Definitivamente, no. Veamos.

En general, tengamos en cuenta que con este tipo de tratados comerciales, y de acuerdo a la lógica mercantil y neoliberal que los define, los “servicios de enseñanza” (el nuevo nombre que se da ahora a la educación), se transforman en un servicio comercial más, junto a otros servicios como los financieros, los transportes, los seguros o los servicios de construcción. En el TLC, tales “Servicios de enseñanza” quedan comprendidos en el Capítulo Once (Servicios Transfronterizos).

El párrafo 6 del Artículo 11.1 (Ambito de Aplicación), define cuáles servicios públicos quedan fuera del tratado:

“Este Capítulo no se aplica a los servicios suministrados en el ejercicio de facultades gubernamentales”.

Para acto seguido aclarar:

“Un servicio suministrado en el ejercicio de facultades gubernamentales significa todo servicio que no se suministre en condiciones comerciales ni en competencia con uno o varios proveedores de servicios”.

Obviamente, la educación pública no cumple este riguroso criterio de exclusión. La educación general básica cumple con la primera parte de la definición (que no se suministre en condiciones comerciales), pues se supone que es gratuita; pero no cumple con la segunda parte (que no exista competencia con uno o varios proveedores de servicios); ya que junto a los centros educativos públicos (jardines infantiles, escuelas y colegios), coexisten proveedores privados de “servicios de enseñanza”, a lo largo y ancho del país. Obsérvese que la educación universitaria no cumple con ninguno de los dos criterios de la definición (ni es gratuita ni es suministrada exclusivamente por el Estado).

Una reserva no es igual a una exclusión

Lo que si existe “a favor” de la educación pública es una reserva, tal como se enlista en el Anexo II de Medidas Disconformes, Lista de Costa Rica. Esta reserva le permite a Costa Rica “adoptar o mantener cualquier medida respecto a la ejecución de leyes y al suministro de servicios”, en el ámbito de los “servicios sociales”, incluida la educación pública. Pero una reserva no es una exclusión.

Esta reserva_ “desaplica”_ o deja sin efecto las siguientes obligaciones a favor de los inversionistas y proveedores extranjeros de servicios, que aparecen en los Capítulos 10 (Inversión) y 11 (Servicios Transfronterizos):

· Trato Nacional (Artículos 10.3 y 11.2)

· Trato de Nación Más Favorecida (Artículos 10.4 y 11.3)

· Presencia Local (Artículo 11.5)

· Requisitos de Desempeño (Artículo 10.9)

· Altos Ejecutivos y Directorios (Artículo 101.10)

· Acceso a los Mercados (Artículo 11.4).

Así, ninguno de estos derechos (privilegios) que reciben las empresas extranjeras en ambos capítulos se podrán aplicar al campo de la educación pública. Pero hay que preguntarse, ¿es esto suficiente para estar tranquilos? En absoluto, pues basta tomar en cuenta que aun con dicha reserva se siguen aplicando tres artículos muy importantes del Capítulo Diez:

· Nivel Mínimo de Trato (Artículo 10.5)

· Expropiación e Indemnización (Artículo 10.7)

· Transferencias (Artículo 10.8).

Particularmente grave es el hecho de que la ficha de Servicios Sociales del Anexo II no “desaplique” el Artículo 10.7, ya que éste, junto con el 10.28 (Definiciones) y el Anexo 10-C (Expropiación), crean el marco para que una determinada medida gubernamental (ley, reglamento, procedimiento, etc.) pueda ser impugnada por un inversionista extranjero, si la considera una “expropiación indirecta” de su inversión o patrimonio. Esto podría ocurrir si una política gubernamental a favor de la educación pública (general o particular) tiene el efecto de disminuir la rentabilidad financiera de una empresa extranjera dedicada a los “servicios de enseñanza” (una significativa disminución en la matrícula, y por ende, en las ganancias, por ejemplo).

Así, si en Costa Rica nos propusiéramos elevar el nivel y la calidad de la educación pública, de tal manera que la rentabilidad de la educación privada se reduzca sensiblemente (reducción de matrícula, cierre de algunos centros); los inversionistas extranjeros que se sientan perjudicados podrían exigir al Estado cuantiosas indemnizaciones compensatorias. Distinto sería si el artículo 10.7 también hubiese sido incluido en la ficha de medidas disconformes del Anexo II. ¿Por qué no se lo hizo?

El círculo de amenazas se cierra se tenemos en cuenta el Anexo 20.2 (Anulación y Menoscabo), el cual establece lo siguiente:

“Las Partes podrán recurrir al mecanismo de solución de controversias de este Capítulo, cuando en virtud de la aplicación de una medida que no contravenga el Tratado, consideren que se anulan o menoscaban los beneficios que razonablemente pudieron haber esperado recibir de la aplicación de las siguientes disposiciones: … (d) Capítulo Once (Comercio Transfronterizo de Servicios) …” (subrayado nuestro)

Es decir, incluso medidas que no contravengan el tratado pueden ser impugnadas en el campo de los servicios, incluyendo los_ “servicios de enseñanza”_. En resumen, ni siquiera la educación pública queda a salvo de las amenazas derivadas de los privilegios que reciben las empresas extranjeras en los Capítulos 10 y 11 .

Algunos posibles efectos indirectos derivados de la total desregulación y mercantilización de la educación privada

Como vimos antes, la reserva contemplada en el Anexo II (Servicios Sociales), se refiere exclusivamente a la educación pública, de manera que la educación privada queda completamente convertida en un campo más de los negocios. De esta forma, los inversionistas extranjeros en el área de los “servicios de enseñanza” adquieren plenamente los derechos (privilegios) contemplados en los capítulos 10 y 11 (Acceso a Mercados, Trato Nacional, Requisitos de Desempeño, etc.). Y recordemos que estos derechos adquieren rango supra legal (El tratado en sí tendría rango superior a las leyes).

Lo anterior significa que, por ejemplo, el Estado costarricense no podrá imponer ninguna restricción de “acceso a mercados” a universidades extranjeras (estadounidenses, salvadoreñas, etc.), tal como lo exige el Artículo 11.4, por lo que las disminuidas potestades del CONESUP para regular a estos centros desaparecerían del todo, ya que sólo podrían ser “inspeccionadas” (Artículo 79 de la Constitución). Tampoco se les podrá imponer “requisitos de desempeño”, ni regulaciones sobre nombramiento de profesores o personal administrativo nacionales (todos podrían ser extranjeros y enseñar con los textos y métodos que consideren convenientes).

Tampoco podrá el Estado subvencionar colegios o universidades privadas nacionales (por ejemplo, a cambio a destinar esas subvenciones para otorgar becas a estudiantes de bajos recursos), si simultáneamente no subvenciona a los centros extranjeros; pues ello violaría el principio de “trato nacional”. El Estado costarricense subvenciona con casi 5 000 millones de colones anuales a 29 centros educativos privados, en los que estudian unos 20 000 estudiantes (MEP pide cuentas a centros privados con subvención estatal, La Nación, 14-11-05). Estas subvenciones se encuentran amparadas en el Artículo 79 de la Constitución Política. Si por causa del TLC, el Estado estuviera obligado a subvencionar también a los centros extranjeros privados, se daría un importante drenaje de recursos que no iría a las arcas de las instituciones de educación pública, que tanto los necesitan . En el caso de las universidades privadas, estas subvenciones podrían darse (en el marco de un plan nacional de desarrollo de la educación), tanto para favorecer estudiantes en desventaja económica y social, como para proyectos de investigación científica. Y también tendrían que otorgarse a universidades extranjeras que los soliciten (trato nacional).

Si tenemos en mente que los privilegios mencionados y la incapacidad estatal para establecer regulaciones serían a favor de los centros privados extranjeros (de las otras Partes signatarias del tratado), esto propiciaría una rápida extranjerización de la educación privada en Costa Rica, especialmente de la educación superior (universitaria y para-universitaria).

Y si repasamos la experiencia latinoamericana en este campo, es altamente probable que se profundice la segmentación del mercado de la educación superior privada en Costa Rica: unas pocas universidades extranjeras con adecuada infraestructura y altos costos de matrícula, sólo alcanzable para los estratos de altos ingresos; y un puñado de centros en condiciones mínimas y captando estudiantes de clase media que obtendrían una educación de segunda o tercera categoría. Desde luego, esto representaría una mayor presión para el acceso de la población joven a las universidades públicas, que ahora sí podrían sufrir una “fuga de cerebros” hacia las universidades privadas extranjeras..

Conclusiones y reflexión final

La educación pública no ha sido excluida del TLC con los Estados Unidos, al tiempo que la reserva contemplada en el Anexo II es claramente insuficiente, al dejar por fuera, entre otras, la peligrosa cláusula de “expropiación indirecta”. Así, medidas gubernamentales en el campo de la educación podrían ser impugnadas si a juicio de los inversionistas extranjeros en el campo de los “servicios de enseñanza”, representan una medida equivalente a una expropiación.

Los centros educativos privados (en todos los niveles) que pretendan seguir siendo_ “nacionales”_, se verán envueltos en una competencia desleal con los extranjeros, ya que estos últimos quedarían fuera de cualquier clase de regulación estatal; o terminarán convirtiéndose en sociedades anónimas con la mayor parte de sus acciones en manos de extranjeros. Y cualquier subvención que el Estado pretenda otorgar a los centros privados, tendría que extenderse automáticamente a los extranjeros, dilapidando recursos que deberían ir a la educación pública.

¿Será por estas y otras razones que el documento del COMEX antes mencionado termina diciendo en su acápite sobre educación:

“… desde esta perspectiva, el TLC conlleva el replanteamiento de una serie de temas relacionados con políticas educativas en Costa Rica”

¿Qué esconde este planteamiento? Es lo que hemos querido develar en este breve documento.

El Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos fue, sin lugar a dudas, pésimamente mal negociado por la administración del Presidente Portillo y las de otros gobiernos de la región. Los sectores populares jamás fueron consultados y, en consecuencia, sus intereses y necesidades no forman parte, en absoluto, de la letra ni del espíritu de esta monstruosidad. A pesar de ello, el Congreso de la República, contando con los votos a favor de todas las bancadas de derecha, no dudó en ratificarlo a solicitud del Gobierno de Oscar Berger. De hecho, fue la bancada de la UNE la que propuso que se aprobara de urgencia nacional, evidenciando así su entreguismo y despojándose de su tenue máscara populista.

Pero, para el país y para Centroamérica, allí no termina la tragedia. No bastándole al Gobierno de los Estados Unidos con los términos onerosos que el Tratado establece, ahora quieren imponer una serie de reformas paralelas, como condicionantes a su entrada en vigencia. EE.UU. exige reformas en los temas de la propiedad intelectual, las telecomunicaciones y las leyes laborales, sin olvidar su demanda de combatir los productos pirata.

Los cambios que demandan a la Ley de Propiedad Intelectual, por ejemplo, implican la desaparición de los medicamentos genéricos, con lo cual se condena al pueblo a pagar precios cada vez más caros sólo por la marca de los fármacos que consuma. Se condena, además, a la desaparición de la pequeña y mediana industria nacional procesadora de medicamentos genéricos, y a la clausura de los puestos de comercialización que, como las farmacias comunitarias y otros afines, facilitan el acceso del pueblo a medicinas de bajo costo. Se trata, pues, de un atentado flagrante contra el derecho universal a la salud, al cual nuestro pueblo se niega a renunciar.

Las reformas a esta Ley implican también la criminalización del trabajo de millares de guatemaltecos y guatemaltecas quienes, para sobrevivir precariamente, no han tenido otra opción que dedicarse al comercio informal de DVDs y CDs piratas, a bajo costo para el consumidor. Ya en El Salvador se castiga con cuatro años de cárcel a quienes incurran en ese tipo de delito. Recientemente, un comerciante salvadoreño explicaba a miembros del FNL que, si lo capturan vendiendo un CD, lo condenan a cuatro años de cárcel, pero que si lo capturan robando, la pena será solamente de cuatro meses. “Mejor robo”, concluyó el trabajador informal.

Las modificaciones que Bush y Compañía demandan a la Ley de Propiedad Intelectual afectan de manera directa también al sector constituido por pequeños y medianos productores agropecuarios, por cuanto prohíbe la producción de insumos agrícolas y ganaderos genéricos y obliga, al igual que con las medicinas, a comprar las marcas amparadas por el TLC. Con esta medida paralela, se obliga al cierre de empresas nacionales que producen ese tipo de bienes de bajo costo y se reducen así las posibilidades de competitividad real del productor agrícola nacional ante la agricultura subsidiada de los Estados Unidos.

Por otra parte, las reformas que ahora, de manera adicional, exigen a las leyes reguladoras de las telecomunicaciones, acaban con las miles de radios comunitarias que cubren el país, muchas de ellas surgidas en el marco de los Acuerdos de Paz, y benefician de manera exclusiva a los dueños de las grandes cadenas y frecuencias nacionales e internacionales. Esto permitiría que el control de la información pública quede cada vez más en manos de grupos poderosos quienes han visto, en las radios comunitarias, un obstáculo a sus pretensiones hegemónicas.

Obviamente, estas reformas a los sistemas de telecomunicaciones tienen especial dedicatoria hacia Costa Rica, país que aún conserva la nacionalización en esa esfera de su vida nacional. Aunque en Costa Rica no se ha ratificado el TLC, (y sus organizaciones sindicales y populares, en buena hora, se aprestan para continuar impidiéndolo), desde ya los Estados Unidos están creando condiciones para romper con la presencia estatal tica en ese campo y privatizarlo, como lo han hecho en las demás naciones del istmo. Invitamos a nuestros hermanos costarricenses a que continúen en sus luchas no sólo por impedir la ratificación de este atroz Tratado, sino, además, para impedir que se despoje al pueblo de lo que le pertenece y se entreguen los bienes del Estado al voraz sector privado y a las codiciosas transnacionales.

Las reformas que ahora exige el Gobierno de los EE.UU. contemplan también cambios en las leyes laborales vigentes. Estos cambios se fundamentan en la idea que los pensadores neoliberales denominan pomposamente “flexibilidad laboral”, la cual no es otra cosa más que el fin abrupto de los derechos laborales. Aberraciones como la entronización del “salario por productividad”, la desaparición de los trabajos fijos sustituidos por contratos temporales ausentes de garantías sociales y laborales, el desmantelamiento de las organizaciones gremiales, entre otros efectos afines, interesan sobremanera a los propulsores del Tratado de Libre Comercio.

En síntesis, la administración Bush nos hace recordar a aquel padre de familia, vertical y autoritario quien, en la mesa, amenazaba a sus hijos con la sentencia: “Al que no quiere caldo, ¡dos tazas!”. Nos recetan no sólo una taza de esta amarga medicina (por lo demás, de marca, puesto que en su envoltura se lee claramente, y en letras mayúsculas, “made in USA”), sino que, para colmos, la complementan con otra taza tan espesa, oscura, ingrata y dañina como la primera.

Ante semejantes atropellos y pretensiones, las organizaciones populares, los gremios de trabajadores, los diversos movimientos sociales, tenemos la obligación ética de tomarnos la palabra. No sólo debemos rechazar estas nuevas imposiciones, sino que debemos darle continuidad a la lucha en contra del TLC y de su implementación.

Esa no es, como pretenden presentarlo los medios de prensa, una batalla perdida. En absoluto. Queda mucho por hacerse. Quedan terrenos por recorrerse. Hay que abrir nuevos espacios de lucha y hay que dar las batallas que correspondan, con las armas que facultan los tiempos de paz.

Por ello, el FNL ha conformado una comisión de alto nivel, integrada por juristas de reconocido prestigio y compromiso con el pueblo, como Don Alfonso Bauer Páiz, Ramón Cadena, Augusto Willensen, Antonio Mosquera y otros, quienes se han dedicado con esmero a preparar un recurso de inconstitucionalidad que pone en evidencia el amplio conjunto de puntos en los cuales el Tratado de Libre Comercio resulta violatorio de lo que establecen la Constitución Política de la República y las leyes vigentes. Este recurso será introducido ante la Corte de Constitucionalidad el próximo Viernes 24 de Febrero, justo dentro de un mes, en el marco de una masiva marcha nacional de repudio al TLC. Desde ya tenemos que ir creando las condiciones para hacer de esa fecha un imponente día de lucha a favor del futuro, en pro de los niños y niñas a quienes el TLC amenaza con destrozarles su porvenir.

Invitamos a todas las organizaciones a cerrar filas ante estas nuevas imposiciones y a darle continuidad a la lucha en contra de las anteriores. Será con nuestra presión y nuestra decidida presencia que saldremos airosos ante este nuevo desafío.

¡Basta ya! ¡¡La lucha sigue!!

Guatemala, 24 de Enero del 2006