La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) y el Colectivo Sindical Patria Justa presentaron un documento ante la Sala Constitucional, censurando las decisiones tomadas por los magistrados en los últimos días respecto al tema de cesantías y otros aspectos labórales, calificándolas de antisindicales.
Según indicó Albino Vargas, Secretario General de la ANEP y Coordinador de Patria Justa, la Sala Constitucional ha emitido un fallo político e ideológico, matriculándose con el discurso de reajuste estructural del gasto, rebaja salarial y eliminar derechos laborales, situación que es inaceptable.
La Sala ha perdido respeto, incluso de gran parte de juristas reconocidos. Cuestionamos el por qué la Sala (Constitucional) dijo que no quiere que le lleven más casos laborales para su conocimiento, pero sigue conociendo de casos que tienen que ver con derechos laborales como convenciones colectivas. La misma Sala dice que eso le compete a la Reforma Procesal Laboral, pero hace una excepción en estos casos” dijo el dirigente sindical.
Para la ANEP y Patria Justa es también cuestionable, el por qué la Sala Constitucional cambió de criterio, si hace unos años dijo que 20 años de cesantía era razonable y en corto plazo dice que ahora deben de ser 12 años.
“Esto es una gran discriminación, ya que en el sistema solidarista la gente tiene el tope de cesantía abierto. Lo que la Sala dice es que en el solidarismo si se permiten 20 años o más, pero en sindicalismo no, atenta contra derechos universales totalmente reconocidos”, expresó Vargas.
Otro de los argumentos de las organizaciones sindicales, es que la Organización Internacional de Trabajo (OIT), ha sido clara al indicarle y advertir a la Sala Constitucional y al país, que este tipo de controversia se dirime en tribunales ordinarios y no en sede constitucional como se ha hecho.
“La sala no dio tiempo de escuchar argumentos, creando un caos institucional, ya que esto está y estaría provocando la salida de trabajadores de las instituciones, lo que, a la vez, crearía una afectación económica en las instituciones públicas”, sentenció Vargas
Declaraciones de Albino Vargas, Secretario General de la ANEP y Coordinador de Patria Justa
Ante este escenario, la ANEP y el Colectivo sindical Patria Justa no descartan acudir ante los Órganos de Control de la OIT, a la vez que solicitan a la Sala Constitucional dar a conocer urgentemente el contenido de la resolución.
La Seccional ANEP-AyA continúa su arduo trabajo para mejorar las condiciones de trabajo de decenas de trabajadores de AyA y, en este caso visitaron el plantel ubicado en Nicoya, Guanacaste en compañía de altos jerarcas institucionales, para que comprobaran ellos mismos, las condiciones del inmueble.
En la visita que se dio por presiones y denuncias de la ANEP, estuvo presentes la Presidencia Ejecutiva, Dirección Jurídica, Sugerencia de Sistemas Periféricos, Dirección Regional, Jefatura Cantonal, así como el Ingeniero de zona, trabajadores administrativos y operativos, todos funcionarios de AyA, quienes presenciaron las condiciones infrahumanas en la que los trabajadores laboran diariamente.
Edwin Marín Bonilla, Presidente de la Seccional ANEP-AyA indicó que han venido denunciado la situación desde hace bastante tiempo.
Luego de que lo jerarcas comprobaran la situación se acordó con fechas y agenda implementar mejoras en infraestructura y en espacios físicos laborales.
“Entre muchos aspectos, se vieron procesos y necesidades operativas y administrativas, se denunciaron verbalmente situaciones de posibles actos irregulares con el l testimonio de gran cantidad de los presentes”.
Marín finalizó indicando que la ANEP avanza y cumple con los compromisos en favor de la Institución y sus trabajadores.
Desde las 3:00 de la mañana de este lunes trabajadores operarios de la Municipalidad de Goicoechea afiliados a la ANEP, decidieron iniciar un movimiento de huelga por disconformidad en el pago del reajuste salarial por costo de vida.
Pese a la aprobación del Concejo Municipal, la Alcaldía insiste en pagar en dos tractos el reajuste salarial por costo de vida correspondiente al primer semestre del presente año 2018. Esto pese a existir contenido presupuestario.
Además, la Seccional ANEP-Municipalidad de Goicoechea denuncia que se habría utilizado a un contacto politiquero de la alcaldía para impugar la decisión del concejo, situación que provocó la molestia de los trabajadores.
Debido al movimiento de huelga se encuentran suspendidos servicios como recolección de basura, aseo de parques y vías, sección de obras.
En minutos los trabajadores se desplazarán al Palacio Municipal a la espera de que los trabajadores administrativos se unan al movimientos.
Más allá de las características personales e histriónicas que el Sr. Chaves Robles suele mostrar cada miércoles, para solaz esparcimiento de su fanaticada; estamos obligados a esforzarnos por auscultar las reales intenciones, ideológico-estratégicas, que mueven su irrupción abrupta en la desprestigiada política costarricense.
“Dios no quiera que llegue el momento en que tengamos que actuar”. Imposible para cualquier persona costarricense de firme convicción democrática, sin importar su ideología político-partidaria, dejar desaparecida esta clarísima amenaza del Rodrigo Chaves Robles de atentar y de desestabilizar el orden constitucional de la República, próximo a cumplir 75 años de su promulgación, el 7 de noviembre de 1949.
El próximo 7 de Noviembre se cumplirán los 75 años de la promulgación de la Constitución Política de Costa Rica, vigente desde 1949, que integró, entre otros importantes avances, el Voto Femenino, el acceso al agua potable y a un medio ambiente sano y equilibrado, Derecho a la Salud, la Paz Social, la Educación, las Garantías Sociales, la Jornada Laboral de 8 horas,
Es claro que el Presidente Chaves poco conoce sobre el significado de la fauna en nuestro país, ya que hasta ha llegado a utilizar este término en varias oportunidades para referirse de manera inapropiada a la prensa nacional; y, cuando se necesita referirse a la fauna, lo primero que podemos denotar es que su intención es reducir el problema a un asunto de economía ambiental, bajo la óptica del todo mercado-nada Estado.
