La Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción informó que se encuentra finalizada la acusación en contra de 18 personas funcionarias de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS)
La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), solicitó a la Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) adoptar una medida cautelar que busca la reubicación de los funcionarios de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS), quienes figuran como imputadas por presuntamente cometer delitos de influencia contra la hacienda pública, fraude de ley y administración fraudulenta.
La pretensión de nuestra organización sindical es que a los funcionarios investigados se les reubique en otras unidades idealmente, fuera de las oficinas centrales de la institución.
“Que, de manera perentoria, esa Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), adopte una medida cautelar tendiente a la reubicación de los funcionarios acusados en otras unidades fuera –idealmente-, de las oficinas centrales de la institución. Ello hasta que se adopte en firme la sentencia que eventualmente emitiría el Tribunal Penal de Hacienda”, indica el documento.
La solicitud de la ANEP, toma mucho más peso, al considerar que actualmente varios de los imputados continúan laborando en los puestos desde donde se tomaron las decisiones investigadas por la Fiscalía y, que a la vez son claves en la toma de decisiones en la CCSS.
“Ante las graves acusaciones de fraude que pesan sobre los acusados de marras, resulta razonable suponer que su interés personal incidirá en sus criterios y decisiones en detrimento del interés supremo de los asegurados. Es decir, existe riesgo que, de manera individual o conjunta, estas personas manipulen bases de datos y/o documentos para generar probanzas ficticias a su favor o eliminar evidencias”, manifiesta la carta dirigida a la Junta Directva de la CCSS.
Otro de los argumentos de la ANEP para solicitar la separación del cargo “es que los imputados podrían ser propensos a intimidar a funcionarios de las direcciones Actuarial y Económica, Financiero Contable, Inversiones y Financiero Administrativa que fungirían como testigos en el presente caso; toda vez que en tales instancias se habrían gestado los presuntos fraudes endilgados por el Ministerio Público”.
Los funcionarios que debe ser separados de sus cargos son:
| Funcionario | Puesto |
| Luis Guillermo López Vargas | Director Actuarial y Económico |
| Gustavo Picado Chacón | Jefe del Área de Investigación Económica |
| José Luis Quesada Martínez | Jefe del Área de Riesgos de los Fondos Institucionales |
| Iván Guardia Rodríguez | Director Financiero Contable |
| Carlos Montoya Murillo | Jefe del Área de Tesorería General |
| Christian Hernández Chacón | Jefe del Área de Colocación de Valores |
| Yorleny Madrigal Mora | Analista de Inversiones |
| José Alberto Acuña Ulate | Director Financiero Administrativo |
| Roy Retana Mora | Jefe del Área de Crédito y Cobro |
Cabe destacar que en razón de sus cargos José Luis Quesada Martínez es miembro del Comité de Inversiones de IVM; mientras que Carlos Montoya Murillo lo es del Comité de Inversiones del Seguro de Salud. Por su parte, José Alberto Acuña Ulate, Iván Guardia Rodríguez y Roy Retana Mora son integrantes del Comité de Crédito de IVM.
Recordemos que la investigación realizada por la Fiscalía determinó que los imputados, en apariencia, habrían aprobado aumentos de salario de manera irregular, esto entre el 2006 y 2010. El caso fue abierto en el 2012, a raíz de una denuncia interpuesta por el economista Daniel Muñoz Corea con el apoyo de la ANEP.
Este caso fue uno de los expedientes que ordenó revisar la fiscala general, Emilia Navas Aparicio, a su ingreso como jefa del Ministerio Público. Tras la revisión, por parte de la FAPTA, el expediente se reactivó, se amplió la investigación y se logró acusar.
