Celeridad de ejecución de la politica social y observancia de controles y procedimientos: ¿Riesgos para el personal del IMAS?

San José, 14 de marzo de 2011.
S.G. 09-11-1417-11

Doctor
Fernando Marín Rojas
Ministro, Ministerio de Bienestar Social y Familia
Presidente Ejecutivo
Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS
Su despacho

Estimado señor:

Antes que todo, deseamos expresarle el más atento saludo de nuestra parte y dejar constancia por esta vía del gran respeto que sentimos por su digna autoridad.

Las consideraciones siguientes son producto de un conjunto de inquietudes que, de una manera u otra, han estado llegando hasta la organización que nos dignamos en representar; consideraciones que transmitimos a su digna autoridad con el mayor respeto, a sabiendas de que, por su trayectoria político-profesional en la política social, podrá usted entender la sana intención que nos anima a escribirle lo siguiente y hasta lo mejor, abrir un espacio respetuoso para ampliar sobre el particular.

En primer término es importante anotarle que, según nuestro leal entender y visión, dentro del conjunto de problemas graves que están afectando nuestra convivencia social resaltan tres sin que el orden en que se citan esté definiendo prioridades. Uno: la incontenible ola de violencia contra la integridad física de las personas y sus bienes, la inseguridad ciudadana con su impresionante cadena de delitos penales (robos, asaltos, estafas, asesinatos, violencia doméstica y similares). Dos: la corrupción galopante, pública y privada y el deterioro de valores. Y, tres: la creciente, sistemática, sostenida y hasta tolerada penetración del narcotráfico y del crimen organizado que nos amenaza hasta llevarnos a la penosa situación de “Estado fallido”, como ya lo muestran varias naciones hermanas latinoamericanas. Sin embargo, desde nuestra visión, hay otro problema que supera a esos tres: es el crecimiento de la desigualdad y su contraparte, la concentración abusiva de la riqueza.

Comprendemos así cuál es el rol estratégico que debe jugar una institución como el Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS) en tal marco de condiciones y en una época como la actual signada, como indicamos en el párrafo anterior, por el crecimiento de la desigualdad como el problema número uno del país.

Podríamos estar de acuerdo o no en cuáles, en tal sentido, deben ser las políticas públicas generales y, en lo específico, los programas que cada administración gubernamental decidiera impulsar al respecto. En esto existe mucha polémica y visiones críticas. También debemos admitir que existe buena fe y convicción al impulsar determinada política pública y determinado programa social, considerando de nuestra parte que éste es su caso, don Fernando, con su desvelo para apuntalar, para llevar a buen término, para obtener logros sustantivos en lo que el Gobierno, a través del IMAS y de su propia conducción político-jerárquica, está promoviendo en el campo social.

Probablemente si entráramos en detalle acerca de la naturaleza de la institucionalidad jurídica imperante, se sorprendería usted de que podríamos generar un amplio abanico de coincidencias, en cuanto a los desafíos de la eficiencia, de la eficacia, de la oportunidad de respuestas prontas. No hay duda de que los y las costarricenses en posición de severa desventaja económica (e incluso, población migrante en igual sentido), ansían de la política pública solidaria las más alentadoras soluciones, integrales y sostenidas, pero rápidas y eficaces.

Hay aquí un importante ámbito de discusión y de diseño de gestión que se presta para estructurar propuestas en la dirección apuntada. Sin duda alguna, el IMAS que tiene un personal extraordinariamente profesional y con una experiencia incontrastable, puede enseñarnos muchísimo.

Es aquí, don Fernando, donde queremos aterrizar sobre el contenido central de estas consideraciones que, como le indicamos, llevan la más sana intención y se plantean con todo respeto; pues existe un sentimiento de que el despacho a su cargo, inspirado en el noble afán que acabamos de describir y que por su trayectoria le anima, podría estar creando, sin darse cuenta, una serie de conjunción de elementos administrativo-jurídicos que, sumados en el tiempo, darían pie a la configuración de un cuadro de procedimientos impropios y hasta rayando en la ilegalidad, al gestarse y promoverse directrices, indicaciones, órdenes para, por ejemplos desembolsos requeridos que llevan un “ritual procedimental” que tal institucionalidad jurídico-administrativa tiene establecido.

Al parecer, concatenado con lo anterior, estaría en desarrollo una especie de clima de ansiedad, de preocupación y hasta de estrés, en algunas de las instancias intervinientes en procesos de tal naturaleza; o, al menos, algunas personas funcionarias estarían valorando que, quizás, el IMAS podría estarse metiendo en “terreno movedizo”.

¿Por qué? Al impulsarse procesos que, en aras de la eficiencia, de la eficacia y de la oportunidad (todo bien intencionado), podrían rozar con el estado legal de las cosas que, en no pocas situaciones, muchas personas estiman como “exasperante” por los pasos a respetar en aras de observar, en todo momento, ese estado legal que, por supuesto, es una preocupación necesaria y completamente correcta.

Nosotros hemos recibido la especie de que, en aras de una compresión cabal de su desvelo, legítimo y oportuno, para salir avante en el delicado empeño que la señora Presidenta de la República le encomendó; se están obedeciendo las directrices impartidas pero en una atmósfera de creciente reserva, con algún ingrediente de “miedo”, si se trata de hacer visible y de verbalizar como corresponde, objeciones en desarrollo a la, probablemente, tendencia de invisibilización de rigurosos procedimientos y sistemas de pasos administrativos en los impulsos a la implementación de las decisiones que se presuponen derivan de las políticas públicas sociales que desde el IMAS el Gobierno desea impulsar, como, por ejemplo, las redes de cuido.

Valga indicarle que con ocasión de la precampaña electoral para las elecciones generales de 2010, el día 14 de abril de 2009, en el Hotel Ambassador, un conjunto de organizaciones sociales, dentro de las cuales está la ANEP, presentamos a las precandidaturas presidenciales conocidas en ese momento y a otras personalidades políticas ligadas a las mismas, el documento “Diez medidas para enfrentar la crisis económica con inclusión social y productiva”, estando presente, honrándonos con su asistencia, la hoy primera mandataria de la República, doña Laura Chinchilla Miranda. Precisamente, una de esas diez medidas fue la propuesta social de la Red de Cuido, algo que le llamó poderosamente la atención a ella, comentándonos precisamente que su equipo de campaña tenía la idea en gestación-desarrollo.

Comprenderá usted, don Fernando que, en tal sentido la gran sensibilidad que en la ANEP tenemos por este tema ahora ya como política pública, de tal suerte que siendo usted la principal autoridad política en el impulso de la misma, hemos de comprender su empeño en sacarla delante de la manera más exitosa posible. Esto es completamente comprensible y necesario.

Obviamente que, reiteramos, comprendemos que la celeridad en su impulso podría no ir en correspondencia con la celeridad del funcionamiento del sistema de gestión ejecutivo-administrativa, precisamente por la necesidad institucionalidad jurídico-procedimental que debemos observar; pero, pareciera que las reglas del juego son las que están y no necesariamente las deseadas.

Finalmente, la aprehensión que hemos logrado detectar está asociada a factores como una medición del riesgo a correr por la persona funcionaria de carrera, en el sentido de que la celeridad deseada por la gestión política a su cargo, podría no solamente estar generándole riesgos a la misma, sino a quienes reciben órdenes de ejecución. De ahí pues, la llegada a la ANEP de tales preocupaciones que estamos transmitiéndole por esta vía y que, si usted lo tiene a bien, nos gustaría planteárseles directamente.

Quedando a sus órdenes, aprovechamos para reiterarle nuestra máxima consideración,

Albino Vargas Barrantes
Secretario General ANEP

cc.: Licda. Laura Chinchilla Miranda, Presidenta de la República.
cc.: Lic. Marco Antonio Vargas Díaz, Ministro, Ministerio de la Presidencia.
cc.: Honorable personal trabajador, Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS).
cc.: Junta Directiva Seccional ANEP-IMAS.
cc.: Junta Directiva Nacional ANEP.
cc.: Honorable compañero Edgar Morales Quesada, Secretario General Adjunto, ANEP.
cc.: Archivo.

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