Investigador de Cinep señaló que víctimas de falsos positivos están en el fosa común.
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La delegación estuvo presente en una audiencia pública en la localidad de Macarena (suroriente) Colombia, donde conocieron la fosa común con dos mil cadáveres no identificados.
El representante del Centro de Investigación y Educación Popular y Programa por la Paz (Cinep-PPP) Colombia, Javier Giraldo, señaló que se entregaron 52 declaraciones por parte de familiares de las víctimas.
“Habían seis desapariciones forzadas cometidas por paramilitares y siete por el Ejército y de la Fuerza Pública”, indicó.
Agregó que existen denuncias también por “22 falsos positivos y la mayoría de los cuerpos de las víctimas fatales están en el cementerio de La Macarena”.
“Existen casos de amenaza de muerte, de torturas, asesinatos (Â…) La delegación internacional pudo ver todo el área de las tumbas anónimas identificadas por un número consecutivo por años”, subrayó el investigador.
Anunció que para el próximo mes de septiembre se presentarán otros casos documentados sobre situaciones de desapariciones forzadas y asesinatos en otras regiones del país suramericano.
Por su parte, la senadora colombiana Piedad Córdoba informó que dentro de un mes tendrá todo listo para presentar un informe oficial, resultado de las audiencias públicas efectuadas en torno al tema.
La senadora lamentó que esta situación “sea objeto noticioso y un hecho generalizado en el país”.
La corresponsal de teleSUR, Angie Camacho, reportó que los pobladores campesinos de La Macarena decidieron romper el silencio y hablaron con los eurodiputados sobre el uso que el Ejército colombiano hacía de sus helicópteros para dejar los cuerpos sin vida y luego se retiraban.
“De esa manera empezó a ampliarse el cementerio clandestino, ahora fosa común más grande de América Latina, donde los pobladores pidieron ayuda internacional debido a la magnitud sin precedentes” de este hallazgo.
La corresponsal de teleSUR en Colombia, Tatiana Pérez, informó desde La Macarena que la delegación llegó hasta el cementerio para verificar el lugar donde se encuentran los cadáveres. Según cifras de la comunidad podrían ser unos dos mil muertos, mientras que el Gobierno colombiano asegura que son 450.
En la audiencia pública asistieron unos 800 campesinos de las regiones de Guayabero, Ariari, Güéjar, Guaviare y el departamento del Caquetá, acompañados por la numerosa delegación extranjera, congresistas de la oposición y la senadora colombiana Piedad Córdoba.
En está audiencia también se conoció la grave crisis humanitaria en los llanos orientales de Colombia, como consecuencia del Plan Colombia, promovido por Estados Unidos para “luchar” contra el narcotráfico y el crimen organizado.
La eurodiputada de la Comisión de Derechos Humanos Ana Gómez manifestó “que el Ejército asesine a su pueblo es una aberración, no lo puedo entender, el Ejército está para cuidar a su pueblo”.
“No tienen que estar para matar al pueblo, hay una horrible perversión en estos hechos en que jóvenes inocentes, hombres y mujeres, son cogidos por miembros de las Fuerzas Armadas por una recompensa humanitaria para transformarlos en falsos positivos, en falsos guerrilleros”, enfatizó.
Por su parte, la senadora colombiana Piedad Córdoba condenó el hallazgo de la fosa común.
“Aquí fue donde comenzó de verdad la política que se conoce como falsos positivos, los asesinatos a sangre fría para reclamar recompensas, para tener ascensos, para pedir vacaciones, es algo tan vergonzoso, que no se explica uno como es que el país vuelve y elige en cuerpo ajeno una política tan horrorosa de violación de los DD.HH.”, manifestó la senadora.
Agregó que “cuando nosotros nos oponemos a la aprobación del tratados de libre comercio untados de sangre, la sangre de un pueblo colombiano decimos con dignidad que Europa no puede hacer prolongar en América y en Colombia lo que ellos hace muchos años trataron de erradicar: la guerra, la guerra es un negocio, su patente de corso es la política de seguridad democrática”.
Los campesinos de la zona exigieron que “respeten nuevas vidas (…) estamos llenos de necesidades, pero lo único que queremos es seguir siendo campesinos, esta es nuestra tierra”.
Los campesinos de Macarena han padecido el estigma de vivir en una zona marcada por la guerra, agudizada desde 2003 con la llegada del Plan Colombia promovido por Estados Unidos para “luchar” contra el narcotráfico y el crimen organizado.
La existencia de una fosa común con restos de al menos dos mil personas fue denunciada en diferentes oportunidades por los habitantes de la comunidad sureña de Macarena.
La fosa más grande de Latinoamérica
Esta fosa se tratá de la más “grande de América Latina”. Tatiana Pérez indicó que los cadáveres estarían enterrados cerca de un batallón del Ejército colombiano y no se descarta que esos cuerpos sean productos de los llamados “falsos positivos”, como lo señaló la eurodiputada Ana Gómez.
En el encuentro se rindió homenaje a las víctimas de las desapariciones forzadas, los habitantes denunciaron violación de derechos humanos, mientras la Cancillería colombiana insiste en negar la denuncia.
Organizaciones no Gubernamentales (ONG) de Colombia exigieron el pasado mes de abril a la Corte Constitucional la eliminación de dos leyes de 1997 y 2002 porque no incluyen de manera expresa a las desapariciones forzadas o “falsos positivos” dentro de la categoría de víctimas de la violencia política.
En Colombia se denomina ejecuciones extrajudiciales o falsos positivos a civiles que son presentados como guerrilleros muertos en combate.
El pasado 11 de marzo la Alta Comisionada de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para los Derechos Humanos, Navi Pillay, presentó informe que denuncia varios tipos de violaciones a los Derechos Humanos en Colombia de sindicalistas, periodistas, abogados, comunidades indígenas, afro-colombianos, entre otros.
Entre los delitos de lesa humanidad, la Alta Comisionada de la ONU mencionó asesinatos, algunos de ellos con torturas, amenazas y seguimientos. Las llamadas chuzadas o espionaje contra periodistas y opositores al Gobierno de Álvaro Uribe están también incluidas en la lista.
Funcionarios del Ejército colombiano han incurrido en el delito de falsos positivos como parte del programa gubernamental de seguridad, basado en darle bajas a la guerrilla y a grupos armados ilegales de la nación.
Para julio de 2009, la totalidad de los expedientes abiertos por casos de falsos positivos sumaban 686 en la Procuraduría colombiana.
Fuente: TeleSURtv
