A pocas horas de que la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (más conocida como Sala Cuarta) emita su criterio crucial acerca de la constitucionalidad o no (parcial o total; por la forma y/o por el fondo), del combo fiscal, surgen reflexiones imposibles de “objetividad” política, si consideramos que nos hemos visto inmersos en una polarizante confrontación de clase muy contundente, si usted repara en las alineaciones más evidentes de los dos polos en pugna respecto al combo fiscal: el capital vs. el trabajo.
Del lado del capital, hemos visto la activa militancia político-ideológica de diversos medios de prensa, especialmente los de carácter de latifundio mediático, expresando éstos los intereses de clase inherentes a esa visión de sociedad “todo mercado”; visión que concibe el papel del Estado en una perspectiva totalizante como facilitadora nada más que de un proceso único de concentración de riqueza.
En este enfrentamiento de clase, el capital ha contado en su favor con la más fuerte ofensiva de los últimos tiempos, a cargo del periodismo del odio de los latifundios mediáticos; desplegándose la más perversa campaña de manipulación de la opinión pública jamás vista en la historia republicana contemporánea, utilizándose varios de los 11 postulados de la propaganda nazi elaborados por Joseph Goebbels.
Del lado del trabajo, tenemos la expresión obrera de calle concretada en la Huelga Patriótica contra el combo fiscal, con el protagonismo incuestionable de las organizaciones sindicales magisteriales y el militante apoyo obrero proveniente de otros sectores institucionales insertos en el movimiento, escenificando episodios de lucha en intensidades diversas y momentos específicos a lo largo de estos 73 días que lleva tal movimiento, al día de hoy, miércoles 21 de noviembre de 2018; teniendo el respaldo de las más diversas agrupaciones del sindicalismo costarricense a lo largo de este ya histórico episodio de las luchas sociales de nuestro país.
73 días de huelga que ya sobrepasa a los 72 de una de las huelgas de mayor duración, la Huelga del Pacífico Sur, iniciándose ésta un 10 de julio de 1984, en la cual personas trabajadoras obreras de bananeras de Palmar, Coto y Golfito, solicitaban una revaloración salarial, ya que la compañía United Fruit tenía dos años de no revisarlos.
Análogamente a la circunstancia actual, el gobierno de entonces, las cámaras empresariales, partidos políticos afines al capital y parte de la prensa, responsabilizan a este derecho constitucional (el de huelga) y al sindicalismo, la salida de las empresas bananeras, siendo la realidad (como ya hoy se acepta), que las tierras ya estaban agotadas, explotadas y dejaban de ser productivas para estas multinacionales.
Hoy el discurso no cambia mucho. Cubren a las verdaderas personas y empresas responsables del déficit fiscal y pretenden que recaiga la mayor responsabilidad para resolverlo sobre las espaldas de quienes menos tienen para aportar pero, ante todo, quienes tienen menos responsabilidad de provocarlo.
La huelga evidencia también, desde la perspectiva de las organizaciones convocantes y ejecutoras, así como de parte de las miles de personas participantes y simpatizantes, estandartes político-ideológicos con base en una sólida convicción acerca del papel necesario e imprescindible del Estado en una sociedad que tiene retos graves como el incremento de la desigualdad, la exclusión, la corrupción, la violencia en todas sus manifestaciones, así como el disolvente social que representa el crimen organizado y el narcotráfico.
La huelga logró el favor de amplios sectores de la sociedad, como el de la agricultura que produce para el mercado interno, al punto de haber generado las más grandes movilizaciones populares de los últimos tiempos; movilizaciones que ya no logran los partidos políticos; y que ni siquiera se plantean los sectores del capital que ni 100 personas lograron concentrar a favor del combo fiscal.
Ahora bien, debemos indicar que esa perspectiva de convicción acerca del papel del Estado en la sociedad costarricense actual que presenta las arriba mencionadas características desintegradoras, no niega las propias desigualdades del empleo público; no niega las corruptelas y la especie de “asalto legalizado” a sus recursos vía la unión coludida de lo público con lo privado; no niega la urgencia de reformas en su interior, etc.; pero, imposibles de considerar bajo este escenario de “guerra social” declarado por el capital contra el trabajo, que representa la intentona gobiernista del triunvirato PLUSC-PAC con su combo fiscal 20.580.
He aquí el contexto, según nuestra visión política de la confrontación social en desarrollo, del desafío que la Sala Cuarta tiene en conocimiento acerca del combo fiscal, expediente legislativo 20.580.
La Sala Constitucional está ante una de las más delicadas decisiones de su historia institucional (muchos pensamos que es la más delicada desde su creación en 1989), del mismo calibre (o superior), a lo que resolvió con la reelección presidencial y lo atinente al tratado de “libre” comercio (TLC), que nos fuera impuesto con Estados Unidos.
La esperanza nuestra es que la Sala Cuarta dé un severo llamado de atención en cuanto a que no es posible conceptuar que el autoritarismo político excluyente se imponga para acentuar el perverso camino, involucionante y desintegrador, que nos ha sido impuesto por la hegemonía político-económica dominante en los últimos gobiernos PLUSC hasta hace poco, pero que ahora es PLUSC-PAC.
La oportunidad histórica es que sea la Sala Cuarta, con su esperado fallo, la que nos obligue, a unos y a otros, a sentarnos a dialogar y resolver, compartidamente, el grave problema fiscal del país; mismo que en nada soluciona el expediente legislativo 20.580. Por el contrario, lo agrava haciéndonos más daño social desintegrador.
