Si tuviéramos que encontrar dos conceptos-adjetivos para calificar el Expediente Legislativo 20.580, conocido oficialmente como “Ley para el fortalecimiento de las finanzas públicas”, estas serían las palabras: mamotreto y mamarracho.
Buscando los significados más apropiados de ambas palabras para aplicárselas al proyecto muy detestado, por cierto popularmente conocido como combo fiscal o paquetazo de impuestos, tenemos lo siguiente:
*Mamotreto: “libro muy voluminoso”; “objeto, en especial una máquina o un mueble, grande, pesado, tosco y poco útil, o demasiado grande o pesado para la utilidad que presta”.
*Mamarracho: “Figura, adorno u otra cosa que resulta fea, mal hecha y de ningún valor”.
¡Pues sí! El proyecto de ley paquetazo de impuestos-combo fiscal ha resultado ser un mamotreto y un mamarracho.
Mamotreto porque es sumamente extenso, muchísimos artículos, muy denso, cargado de tecnicismos que suelen ser tramposos o susceptibles de generan confusión, manipulación, tergiversación, burla.
Además, será poco útil pues en nada ha de resolver (abriendo al menos un camino seguro), el grave problema del déficit fiscal. Más bien, lo empeorará pues la única utilidad de su aprobación es para el Gobierno, que ocupa que se apruebe para endeudar más al país.
Se asegura por parte de especialistas y fuentes bien documentadas que este mamotreto es como una especie de requisito fundamental para una nueva solicitud de crédito, por la cantidad de 4 mil millones de dólares más, a emplear mil millones de dólares por año por cada uno de los cuatro que ha de durar la presente administración gubernativa. Es aumentar el espantoso nivel de la deuda pública nacional que ya ha superado la barrera de los 27 mil millones de dólares ($27.000.000.000.); o sea, más de 15 billones de colones: ¢15.000.000.000.000.
Mamarracho porque ese proyecto es un revoltijo de temas, a cada rato es cambiado (eso que llaman “texto sustitutivo”), y demuestra mucha impericia negociadora por parte del equipo económico de inspiración neoliberal, que es el que lo gestiona a nombre del presidente Alvarado. Como dijimos ya, este mamarracho de proyecto tiene poco valor habida cuenta de que su único fin no es más que un requisito para endeudar más al país; aparte de hacer mucho daño al pueblo costarricense.
Efectivamente, es un proyecto muy feo desde la perspectiva de agresión económico-financiera a los escuálidos y mermados ingresos de las personas trabajadoras asalariadas de ingresos medios y bajos que están altamente endeudadas y con problemas de liquidez; se agrede a quienes aun teniendo empleo fijo están con el salario congelado, con el mínimo de ley insuficiente en un país tan caro para vivir como el nuestro, o por debajo de ese miserable mínimo; se agrede a quienes están en la informalidad, en el cuentapropismo, al margen de la Seguridad Social; se agrede a quienes están sufriendo el flagelo del desempleo y/o en situación de precariado laboral; golpea y eleva el costo de operación de las micro, pequeñas y medianas empresas, reduciendo su nivel de ganancia y aumentando su riesgo de exclusión del mercado; etc., etc.
Adicionalmente, agrede derechos laborales, incluso algunos de ellos legitimados constitucionalmente; amén de instaurar con rango de ley el autoritarismo y el verticalismo en materia de las futuras relaciones obrero-patronales del Estado con su personal trabajador y las organizaciones que le representan, dado que nunca más habrá negociación sobre temas salariales en el sector Público; tal y como sucede ya en el sector Privado, en el cual el dúo gobierno-empresarios siempre termina imponiendo el reajuste (ahora anual, ya no semestral), por costo de vida.
Este mamotreto-mamarracho que significa el proyecto 20.580, combo fiscal, tiene ya demasiadas voces y agrupaciones sectoriales en contra. Bien haría el gobierno del presidente Alvarado en comprender que cada día que pasa hay más intensidad y potencial confrontativo al pretender pasar, abruptamente, con fórceps, esta impropia legislación de impuestos, de reversión de derechos y de anulación del diálogo social en el ámbito obrero-patronal.
Hay alternativas más justas, más inclusivas, más responsablemente pensadas y de mayor abordaje integral sobre el problema del déficit fiscal. La que han propuesto los sindicatos del país está despertando interés en sectores más allá de la frontera gremial que anima el quehacer de estos.
Sin embargo, el estilo autoritario del Gobierno en esta materia se vuelve mucho más crónico ante el anuncio de dos nuevos proyectos de presupuesto que, con carácter extraordinario, se están poniendo en conocimiento de la Asamblea Legislativa para su aprobación en el cortísimo plazo y antes de que termine el presente año 2018, por un total conjunto de 900 mil millones de colones, equivalentes ambos a 2,57 puntos PIB.
Se nos dice que es para hacerle frente a una “impresión de cálculo tributario” (o algo así) del Gobierno anterior Solís Rivera. Esto es poco creíble porque, como bien lo apunta en su artículo “Crímenes de política económica”, el ciudadano economista don Luis E. Loría, del Instituto de Desarrollo Empresarial y Acción Social (IDEA):
“Las decisiones importantes de política económica en Costa Rica emanan, normalmente, del Ministerio de Hacienda, del Banco Central de Costa Rica (BCCR) y de la Presidencia de la República. En todos los casos, los encargados de las decisiones son personas con una excelente formación profesional y con amplia experiencia en el análisis de política económica. Por esto, resulta muy difícil argumentar que las consecuencias de una medida de política económica no eran previsibles. Si ese es el caso, quienes tomaron las decisiones deben hacerse responsables por sus consecuencias. Si se cometió un crimen de política económica, este no debe quedar sin castigo”.
Al respecto, apuntamos nosotros: ¿No habrá llegado el momento para una intervención de parte de la Fiscalía General de la República y de su jerarca máxima doña Emilia Navas Aparicio? El combo fiscal-paquetazo de impuestos, como mamotreto y como mamarracho que es, ¡no debe pasar!
*Secretario General Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP)
