Impresiona el apego obsesivo y político-enfermizo a esta iniciativa que concita, cada día que pasa, el rechazo de amplios sectores de la ciudadanía organizada más allá de las fronteras sindicales.
Tan obtusa fijación, de evidente corte maniqueo, es tan irracional como para jugársela ellos en propiciar un enfrentamiento social abierto que podría ser muy doloroso para la convivencia de la sociedad; ya de por sí ésta muy alterada con la violencia criminal y delicuencial, la del crimen organizado, la del narcotráfico; así como la violencia económica producto de una sociedad en desigualdad creciente y excluyente.
Tiene que haber algo oculto que no le han dicho a la ciudadanía que nos dé razones para explicar semejante fanatismo con ese proyecto 20.580; y, por ende, el menosprecio y el desdén con relación a la propuesta de los sindicatos nacionales de que se establezca una mesa nacional de diálogo político-social y multisectorial para buscar salidas, en paz y consensuadas, al grave problema fiscal y el de la deuda pública y su pago abusivo de intereses diarios.
Nos tienen psicológica y emocionalmente aterrados y acosados con la cifra de déficit fiscal al final el presente año 2018: 7.2 puntos del Producto Interno Bruto (PIB).
En el mismo sentido, anunciaron que el presupuesto general de la República para el 2019, va a tragarse un 41 % en pago de intereses de la deuda pública y en amortizaciones de la misma de próximo vencimiento.
Arriesgar capital político, aislarse de la sociedad civil organizada, enfrentarse con la ciudadanía harta de tanto agobio económico y de tanta estafa político-electoral, por imponer un proyecto que ni siquiera representa 2 puntos porcentuales de PIB, tiene que tener motivaciones ocultas, indudablemente.
Una de esas motivaciones ocultas, aunque ya se comenta en corrillos parlamentarios, es que imponiéndole a la sociedad el 20.580, el gobierno Piza-Alvarado obtendría un crédito externo de unos 4 mil millones de dólares para “sobrevivir”, fiscalmente hablando, a su período de gestión ejecutiva (2018-2022), con lo cual saldría a flote ésta, sin importarle un bledo cómo recibiría la administración próxima el estado (ya más que comatoso) de las finanzas públicas.
Como el gobierno Piza-Alvarado ha levantado las banderas del bicentenario de la independencia (2021), desea lucirse con motivo de tan especial celebración patria y que ésta no se dé en medio de un colapso socioestructural que amenace a la misma democracia.
Otra especulación es que el gobierno Piza-Alvarado sabe que este combo fiscal, aunque causa un gran daño social a la equidad y a la justicia, no va a satisfacer las apetencias insanas del bloque neoliberal de la hegemonía dominante, al cual le entregaron la conducción macro-fiscal de la presente gestión gubernativa.
Por tanto, la bola de nieve que representa el pago de la deuda pública y sus intereses, el escuálido potencial recaudatorio que le quedaría al combo fiscal si logran imponerlo, les llevarían a indicarle a la sociedad que no habría más alternativa que pedir “asistencia” al Fondo Monetario Internacional (FMI), para que se le otorgue al país un préstamo “stand by” con condiciones draconianas como las de despidos masivos y la venta de lo que queda de las empresas públicas nacionales todavía altamente rentables.
El mal augurio de la señora Ministra de Hacienda, doña Rocío Aguilar Montoya de que, sin ese combo fiscal, habrá despidos masivos de empleados públicos pues habría que hacer un ajuste fiscal “doloroso”, nos da pie para pensar que, efectivamente, a lo mejor ella y sus compañeros ideológicos insertos en el gobierno “progresista” del PAC, ya tengan en la mesa la opción FMI.
La opción realmente democrática es la del diálogo político-social y multisectorial. Esa es la que estamos defendiendo en contraposición a la del enfrentamiento abierto que busca la parte “dura” del gobierno Piza-Alvarado, pues hay que admitir que en su seno hay jerarcas genuinamente leales a la esencia de la peculiar idiosincrasia costarricense, pero no tienen el real poder.
Es por ello que ese diálogo político-social y multisectorial solamente se instaurará si hay una expresión de ciudadanía activa y en movilización pacífica, tal y como se apuesta para lo que ha de ocurrir a partir del próximo lunes 10 de setiembre.
La sensatez será impuesta desde las afueras del poder institucional formal representado por el Ejecutivo y el Legislativo, vía movilización ciudadana. La tozudez confrontativa también le llegó desde afuera a esos dos poderes, al matricularlos política e ideológicamente con el combo fiscal; aunque en el seno del Ejecutivo (calladamente) y del Legislativo (abiertamente), hay manifestaciones de encuentro con la sensatez ciudadana a manifestarse por las calles de este país, a partir del próximo lunes 10 de setiembre.
