En dicho informe se apunta que las transformaciones estructurales en materia de Administración Tributaria, no tienen posibilidad de realizarse en contingencia fiscal. Por tanto, en tal caso, se dispone que se debe “realizar una reasignación presupuestaria tendiente a dotar de recursos suficientes a la Administración Tributaria para cubrir las necesidades evidenciadas en materia de plataforma tecnológica, recursos humanos (que incluya una plaza para la Auditoría de Control y Gestión de procesos), Recursos Humanos y capacitación al personal”.
El Ministerio de Hacienda debe presentar, previamente, a la Subcomisión de Presupuesto de la Asamblea Legislativa, un plan de inversión; indicando objetivos de cada área, estimación presupuestaria e impacto que tiene sobre la Administración Tributaria, en términos de cumplimiento de los fines y competencias institucionales. Además, se deberá proyectar un Plan de Rendición de Cuentas, que contemple el cumplimiento de objetivos, montos recaudados y dificultades encontradas, con carácter trimestral. Tal rendición de cuentas se deberá hacer ante la Comisión de Gasto y ante la CMPF, ambas de la Asamblea Legislativa.
Además, se incluyen recomendaciones en materia de Recursos Humanos, creación de una Auditoría de Control y Gestión, un plan de Sistema Integrado (Direcciones de Tributación, Aduanas y Policía Fiscal) y la posibilidad (dentro del plan estructural segunda fase del proceso en desarrollo), de un incentivo salarial (“plus”) para el personal correspondiente, “…el cual se supedite estrictamente al cumplimiento de objetivos”.
Se recomienda a la Dirección General de Servicio Civil elaborar un diagnóstico del mercado salarial, en esos puestos típicos de la Administración Tributaria, para generar una nueva escala salarial para dicho personal, “en el marco de la equidad, justicia y posibilidades del Estado para asumirlo”.
También se recomienda que los altos mandos tributarios, sean plazas de carrera administrativa, pero la permanencia en el puesto será producto de una valoración anual de rendimiento.
Por otra parte, se aprobaron otras mociones de trascendental importancia. Una de ellas fue la que en un principio presentó la fracción del PUSC (puntualización de impuestos directos transitorios), con dos agregados o secciones: una sobre racionalización del gasto y otra sobre eficiencia de la Administración Tributaria. Se votó unánimemente. Esta moción será considera como texto base de discusión para la elaboración del plan de contingencia fiscal que iría al plenario legislativo, a partir del 1 de octubre. Sobre tal texto base, se harían, vía moción, las adiciones y/o modificaciones que sugieran las fracciones políticas y los sectores productivos y sociales con asiento en la CMPF.
La fracción del PLN, por su parte, presentó una moción (también aprobada unánimemente), para que en la sección de racionalización del gasto, el Gobierno presente sus propuestas de decreto ejecutivo, para la racionalización de partidas no prioritarias, tanto en la Administración Central como en las entidades sujetas al control de la Autoridad Presupuestaria. Igualmente, cuál es la propuesta gubernamental en medidas no tributarias y la propuesta para reducir las pérdidas del Banco Central. Todo en un plazo de quince días, a partir de esta fecha.
En el mismo plazo, el Gobierno deberá indicar su propuesta de plan de acción contra la evasión fiscal en aduanas, renta y ventas; así como las medidas que mejorarían la eficiencia de la recaudación tributaria. Y algo no menos importante, definir la propuesta del Poder Ejecutivo para racionalizar las exoneraciones vigentes.
La fracción del PAC no se quedó atrás. Una moción para que las cantidades que se indicarían en dólares en el proyecto de contingencia, se expresen en la moneda nacional, colones, al tipo de cambio de 380 por dólar; fue acogida con un único voto en contra, el del libertario Malavassi, pues dijo que él está de acuerdo con la dolarización.
Otra moción también importante, presentada por el PAC, indica el establecimiento de una comisión “encargada de recibir, tramitar y dar seguimiento a denuncias de habitantes del país sobre hechos de evasión tributaria”. La integrarían dos funcionarios hacendarios, tres personas de la sociedad civil representada en la CMPF, así como por un representante de la Defensoría y otro de la Contraloría. Generó bastante polémica, según un criterio de “paralelismo administrativo” en gestión tributaria y por el riesgo de una “cacería de brujas” en materia de evasión (criterios del libertario Malavassi). A pesar de ser objetada, se votó entendiéndose como una recomendación para el Poder Ejecutivo.
También del PAC se acogió una moción más. Por un lado, el plan de continencia debe cuantificarse: cuánto se espera por nuevos ingresos, cuánto se estima en racionalización de gasto y cuánto en aumento recaudatorio por medidas no tributarias. Por otro lado, se establece que, mensualmente, el Poder Ejecutivo debe informar a la CMPF, monto de impuestos recaudados, mejoras del sistema recaudatorio, acciones relevantes de combate a la evasión, especificación de los efectos racionalizadores del gasto, resultados de la reestructuración de la deuda, indicaciones de las comisiones de Gasto (Poder Ejecutivo) e interventora de aduanas, detalle de las mejoras en prácticas aduaneras.
Como se podrá apreciar, se perfila un plan de contingencia de carácter integral de amplio consenso: impuestos directos, medidas no tributarias, reforzamiento de la administración tributaria, rendición de cuentas permanente por parte del Poder Ejecutivo, política monetaria.
Valga indicar que tanto el PLN como el PAC, indicaron que en plenario no se votará nada, sin el cumplimiento del Poder Ejecutivo de las directrices de la CMPF en los puntos y plazos apuntados; en ámbitos como racionalización, definición de planes de acción en medidas no tributarias, rendición de cuentas y hasta las definiciones que deberá presentar el Banco Central en materia de política monetaria.
Es importante anotar que tanto el PLN como el PAC hablan ya de “racionalización de gasto” y “partidas no prioritarias”. Los términos “reducción”, “disminución”, así a secas, han sido descartados. Son resultados del trabajo de incidencia. Los representantes del PUSC (Redondo y Toledo), han apoyado este importante cambio conceptual (casi ideológico), sobre el tema del gasto público.
Finalmente, el PAC entregó un comunicado de prensa, definiendo que cree en el gasto público como motor de desarrollo y equidad social; rechazan la tesis neoliberal de déficit cero, considerando que la misma atenta contra las posibilidades de desarrollo, y en particular, de un desarrollo humano sostenido. Además, rechazan negociar o apoyar aumento o creación de impuestos indirectos que consoliden la regresividad del sistema impositivo costarricense. Definieron, además, la posición del Poder Ejecutivo hasta el momento, como “zigzagueante y poco clara”.
Saquen sus conclusiones, quienes han venido siguiendo la pista de la propuesta social y productiva, por una sociedad inclusiva.
En esta labor de cierre de la primera fase del trabajo de la CMPF, habrá sesión este miércoles 25 y este jueves 26. Si no hay ningún fenómeno político imprevisto (un riesgo muy alto considerando cuál es la naturaleza del parlamento costarricense), se perfilaría un acuerdo de consenso, de grandes ventajes para la inmensa mayoría de la población costarricense: la clase media y los sectores populares.
Sería un éxito de un trabajo de incidencia política de los sectores sociales que apostamos por la vía del Pacto Fiscal; con el soporte fundamental de sectores productivos conscientes no solamente de la nueva realidad política del país, sino del fracaso de las propuesta neoliberales para Costa Rica.
Federación Costarricense para la Conservación del Ambiente (FECON)
Frente Interno de Trabajadores y de Trabajadoras del
Instituto Costarricense de Electricidad (FIT-ICE)
Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP)
Mesa Nacional Campesina (MNC)
Federación Nacional de Trabajadores de los Servicios Públicos
Grupo Indígena IETSAY
