Comisión Especial Mixta Legislativa para el Pacto Fiscal (CMPF) Sesión del Miércoles 25 de setiembre del 2002. Plataforma de los Quince Puntos

Esta es una opinión muy personal y en lo más mínimo compromete a las restantes agrupaciones que estamos representando en esa comisión y mucho menos, a aquellas con las cuales estamos en alianza (“Tercera República”).

Dentro de tales iniciativas, presentadas como mociones y luego aprobadas, están: a) la contingencia fiscal debe terminar el 31 de diciembre del 2003; b) los vehículos de lujo gravables serán los que valga 7 millones de colones o más (se rechazó una iniciativa del PLN, para que fuera a partir de los 10 millones); c) se definió cómo serán las reglas para la amnistía tributaria (incluyendo la posibilidad de que quienes tengan procesos abiertos en sede administrativa por evasión, puedan desistir de los mismos aceptando pagar lo que deben); d) una exhortación al Poder Ejecutivo para regular el monto de los gastos de representación de los jerarcas, en una suma igual a lo que perciben, mensualmente, los ministros (67 mil colones mensuales); e) el congelamiento de aumentos salariales en el 2003 para quienes ganen más de 1.5 millones mensuales (aunque suena a inconstitucionalidad, se aprobó para evidenciar cuál jerarca llevaría esto a Sala IV).

En este punto, se dio a conocer datos como los siguientes, en tal materia: el Presidente de la República está recibiendo 270 mil colones mensuales; los diputados, 305 mil; la Presidenta del IMAS, 840 mil; la del PANI, un millón; el de JAPDEVA, casi un millón cuatrocientos mil). Son los datos que dio a conocer la legisladora Epsy Campbell.

Igualmente, se aprobó elevar el impuesto a las operaciones financieras conocidas como “off shore”, de 125 mil dólares anuales, a 250 mil dólares. Personalmente, pedimos la palabra para que se le diera al voto a esta iniciativa, obteniendo al final 6 votos (votó el contra el libertario Alfaro, quien llegó en sustitución del Sr. Malavassi). Aquí hicimos la salvedad que no queríamos comprometer a los otros grupos de la Tercera República, pero estamos seguros que los que conforman la Plataforma de los Quince Puntos, nos avalarán. Valga indicar que tanto como CADEXCO como UCCAEP, indicaron su posición de que hubiese sido mejor escuchar, previamente, los criterios técnicos de la Dirección General de Tributación y del propio Sr. Viceministro de Hacienda. Cuando al final éste obtuvo la palabra, su intervención fue bastante tibia, alegando que habría que valorar los riesgos de perder competitividad para los diez grupos financieros que hay en el país dedicados a esas actividades. En algún momentos, el Dip. PUSC, Redondo Poveda, quiso posponer la votación de esta moción, sin embargo, la vehemencia de la Dip. PAC, Campbell Barr, de que este tema estaba ya hace tiempo dentro del debate político, no era válido hacer dilaciones en la toma de decisión. AL final, los diputados Redondo, Toledo, Penón, Barr, Benavides y Garita (ambos del PLN), votaron la moción explicada.

Por otra parte, gran controversia generó una moción del PLN, para que quedara definido que el monto global del plan de contingencia a aprobarse, debía ser de 120 mil millones, divididos en partes iguales: 50 % producto de contención de gasto, medidas no tributarias, mejoramiento de la recaudación, control de la evasión y similares; el otro 50 %, producto de nuevos ingresos. Sobre el particular, conversamos con la representante de CADEXCO, la Sra. Osterlof, en el sentido de que creíamos que tan moción constituía un gran error político: darle la razón a la tesis gubernamental sobre su concepción del déficit fiscal: reducción drástica de un 50 % en tan solo un año. Ambos coincidimos en que no era conveniente definir el monto de reducción del déficit a partir de una determinada visión fiscalista, tan reducida. En el entretanto, un fuerte cruce de intervenciones se dio entre el diputado Redondo Poveda (PUSC), y los legisladores del PLN, Carlos Ricardo Benavides y Nury Garita. Jamás dudaríamos de sus buenas intenciones pero, pareció notoria la ausencia orientadora de su Jefe de Fracción, en toda esta discusión, don Bernal Jiménez, quien está fuera del país. Tal fue el cruce de palabras, que obligó a la Sra. Osterlof, a llamar fuertemente la atención, no solamente sobre el rumbo que tomaba la discusión, sino sobre el irrespeto para con las representaciones sociales y productivas, en el sentido de que ni siquiera, por cortesía, nos daban copias de las mociones puesta a la mesa de discusión. Al final, el PLN acogió la exhortación que se le formulara, para que tal moción fuera retirada.

Valga indicar que en este orden, la presentación de mociones, quizás nos ha faltado iniciativa al no comprender todavía, en el amplio sentido del término, la dinámica y el juego parlamentario, en sus más específicos detalles. Aunque contamos con valiosa documentación y con sugerencias específicas, por ejemplo, las elaboradas por el Dr. Henry Mora de la Escuela de Economía de la Universidad Nacional, cree que hemos carecido de cierta agresividad en esta parte del debate. Procuraremos corregir, especialmente en cuanto a la posibilidad de un gravamen por contingencia a cerveza, licores y cigarrillos; así como a disposiciones que fortalezcan la potestad antievasora de la Administración Tributaria.

También es necesario indicar que en determinado momento, hicimos uso de la palabra para responder al emplazamiento que en otras sesiones nos formuló, específicamente a los sindicatos, la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones de la Empresa Privada (UCCAEP), para que en el 2003, hubiésemos el “sacrificio” de no hacer demandas salariales superiores al índice de inflación, contemplando el tema de los pluses salariales. En tal sentido, dijimos que no aceptaríamos esa tesis, considerando (entre otras razones), la constricción salarial de los últimos años; el aumento en la concentración del ingreso, certificado por entidades tan prestigiosas como el Estado de la Nación y el INEC; los pluses han sido una especie de muro de contención para evitar la desprofesionalización, la destecnificacion y el abandono laboral del Sector Público (casos del campo de la informática, donde hubo que decretar un sobresueldo de 25 % para contener la huida de personal especializado hacia el Sector Privado). Además, el verdadero caos laboral y salarial en la Administración Pública (con personal de primera, segunda, tercera y hasta cuarta categoría); sin contar que, por ejemplo, para las demandas salariales semestrales, nunca exigimos el cómputo de la devaluación del color y que la metodología de cálculo del IPC, no nos genera la debida confianza. Indicamos que el país urge de una definición estratégica de política salarial, tanto para el Sector Privado como para el Público, que enlace la misma con un determinado sistema de desarrollo, como por ejemplo, el repunte del mercado interno y la potenciación de la pequeña y la mediana empresa. Finalmente, indicamos que las últimas negociaciones salariales, son verdaderos calvarios, indignantes procesos de “peseteo”, para conseguir, al menos, un aumento igual al índice semestral oficial de inflación. Sentimos que la gran crítica de la UCCAEP es por el más reciente incremento del Sector Público, 4.38 %, que igualó la cifra otorgada al Sector Privado. En todo caso, dejamos constancia que no creíamos que tan crítica estaba impregnada de mala fe.

Por su parte, don Rodrigo Aguilar de la CTRN, dio valiosos datos acerca de la drepreciación salarial en las últimas administraciones. Resaltó, además, que en materia de salarios de los altos cargos gerenciales del Estado, los organismos técnicos, como la denominada Comisión Negociadora de Salarios del Sector Público, no tienen incidencia alguna. En nuestro caso pensamos que sería conveniente una regulación legal para establecer una política única que defina el tema salarial en la máxima cúpula estatal del país. Vamos a promover esta discusión dentro del proceso de definiciones estructurales del Pacto Fiscal.

Es bueno indicar que al inicio de la sesión, don Ulises Blanco, representante del Foro Agropecuario, pidió la palabra y solicitó un receso (el cual le fue concedido), para, con gran vehemencia y a viva voz, criticar que su intervención de la sesión no quedara registrada en actas (grave error técnico, así reconocido por la encargada); pero, más enfático aún, lanzando fuertes críticas al Gobierno (al Presidente Pacheco, particularmente) y a su fracción legislativa, por la negativa de cumplir lo pacto con dicho foro, para el establecimiento de una comisión política de alto nivel que analizar los problemas graves que enfrenta el agro costarricense; particularmente, la tardanza en la definición política del concepto de banca de desarrollo. En determinado momento de su vehemente intervención le cedió la palabra al compañero Marcos Ramírez, del Consejo Campesino Justicia y Desarrollo (entidad integrante del Foro Agropecuario), quien, también en el mismo tono, fue enfático en indicar el incumplimiento gubernamental-legislativo; así como el anuncio de que pasarán de la propuesta a la protesta y que se seguirán haciendo presentes a las barras de la Comisión Mixta para presionar porque se honre lo pactado. Indudablemente que tales reclamos cuentan con nuestro mayor respaldo y ojalá todos los sectores sociales que comprenden cuál es la naturaleza del proceso actual que está viviendo el país, se hicieran presentes en las sesiones de la CMPF.

Para este jueves 26, aparte de la sesión ordinaria de la mañana, se dará una extraordinaria en horas de la noche, probablemente a partir de las 7 p.m. Los objetivos son obvios por parte de la fracción oficialista. Vislumbran un plan de contingencia no satisfactorio según su definición de lo que esperan en cuanto a reducción del déficit fiscal para el 2003. Creemos que hasta el final lucharán para obtener el impuesto a los celulares y el aumento del impuesto sobre las ventas en un 1 %. Esperamos que ni el PLN ni el PAC, “se rajen” al final.


Federación Costarricense para la Conservación del Ambiente (FECON)
Frente Interno de Trabajadores y de Trabajadoras del
Instituto Costarricense de Electricidad (FIT-ICE)
Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP)
Mesa Nacional Campesina (MNC)
Federación Nacional de Trabajadores de los Servicios Públicos
Grupo Indígena IETSAY

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