Desde la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados, ANEP, celebramos la posición crítica y analítica del señor Luis Guillermo Solís, Presidente Electo, sobre el cuestionado contrato para la ampliación de parte de la Ruta 32, arteria vehicular para ingresar y salir de la provincia de Limón.
Hemos sido testigos, durante los últimos cuatro años, como el gobierno de doña Laura Chinchilla se ha empecinado en firmar contratos de concesión de obra pública llenos de irregularidades y cargados más de preguntas difíciles de contestar, que de respuestas que convenzan a la población de la idoneidad de dichos negocios.
El contrato del mega puerto con APM Terminals y el monopolio del manejo de contenedores que este genera, la muy impopular concesión de la carretera hacia San Ramón, el malogrado negocio de la refinería, también con una empresa china, son ejemplos de proyectos que por su estilo de negociación y por los evidentes excesos en beneficios para las empresas, ha generado una protesta social importante, logrando que algunos de estos procesos de concesión se tuvieran que terminar.
Parece que las reglas del juego político económico con el gigante asiático nunca fueron “negociadas”, sino más bien impuestas por los chinos, a cambio de algunas patrullas, la mayoría ya convertidas en chatarra, y de un estadio de fútbol, que en comparación con los números que vemos en las negociaciones de concesiones, fue una inversión de “calderilla” o “menudillo” como se dice popularmente.
Desde diversos sectores de la sociedad se ha generado una constante serie de cuestionamientos hacia la concesión de la Ruta 32, sobretodo en términos de costos. Nos preocupa que instituciones como la Universidad de Costa Rica planteen que este contrato lesiona los intereses patrios, o que el diputado Manrique Oviedo, del PAC, presente números donde hay costos inexplicables de más de 100 millones de dólares.
El día martes 29 de abril, Casa Presidencial presentó un informe donado por el Banco de Desarrollo de China, donde proponen la creación de “Zonas Económicas Especiales” (ZEE) en Limón, Zona Norte y Puntarenas. Planes de desarrollo hasta el 2035 todos financiados con dineros chinos y por supuesto con la condición que lo desarrollen empresas del país comunista, donde se encuentran un aeropuerto para Puntarenas así como un megapuerto.
Ninguna de estas propuestas, ni las que ya están firmadas, pueden dejar de ser auscultadas a profundidad con la máxima seriedad por el nuevo Ejecutivo. Se hace más que necesario que los procesos de concesión, si se sigue utilizando esa figura, o de inversión de empresas extranjeras, dejen de ser minas de oro para ciertas empresas, con negociaciones plagadas de secretismo, de artículos indecentes, como el del 25% del costo en imprevistos para la carretera a Limón, o el que contenía la concesión a San Ramón que le permitía a la empresa privada subir el precio de los peajes en hora pico.
Los y las costarricenses estamos hartos de tener que desconfiar a priori de cualquier negociación que haga el país en términos de infraestructura. Queremos proyectos que nos ayuden a dar un salto cualitativo en nuestras carreteras, puertos, edificios, transporte. Pero no queremos que esos proyectos sigan enajenando la cosa pública y ni que sigan siendo alimento de las mafias y de los negocios espurios. Creemos que este nuevo Gobierno lo puede lograr.
