Carta a la Contralora General de la República del 3 de mayo pasado.
Aunque curiosamente la prensa y las autoridades de Gobierno han mantenido silencio, hemos sabido que desde el 21 de marzo hace mes y medio la empresa Alterra Partners ha demandado al Estado ante el Juzgado Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda. En la demanda se incluye a la Contraloría General y al Consejo de Aviación Civil.
El monto es por “una cuantía inestimable”, pretenden se les reconozca “la reparación de daños y perjuicios ocasionados” y solicitan declarar la nulidad absoluta de 8 resoluciones de la CGR y de 37 resoluciones del CETAC.
En su temeraria demanda utilizan nuevamente la misma cantaleta, que ha sido rechazada en múltiples ocasiones, de un supuesto desequilibrio financiero, que no han podido probar y que, de existir, habría sido causado por la propia empresa por el uso indebido de los recursos a su disposición para realizar pagos no autorizados por el contrato, incluyendo sobreprecios y comisiones a sus socios y subcontratistas.
Vuelven a su absurdo alegato de que el Modelo de Proyecciones Financieras (MPF) es el contrato, alegan derechos adquiridos inexistentes, que nunca le han sido reconocidos por improcedentes, insisten en su tesis sin fundamento de que suspendieron las obras del aeropuerto por “fuerza mayor”, lo que ha sido rechazado por el CETAC, dos Tribunales Arbitrales, el órgano fiscalizador y por la comisión investigadora nombrada a instancias de la CGR para determinar las responsabilidades de la empresa por la suspensión injustificada de las obras, que ya acumula cerca de 4 años.
Increíblemente, Alterra ha logrado evadir el pago de las multas contractuales por tales incumplimientos, en lo cual, lamentablemente, tienen también responsabilidad las autoridades nacionales por su actitud de complacencia ante los reiterados incumplimientos de la empresa.
Por este medio queremos dejar expresado nuestro repudio a las acciones intimidatorias de Alterra, que primero presionó al gobierno para que aceptara sus leoninas pretensiones mediante la injustificada suspensión de obras, después presentó 13 demandas arbitrales por $117 millones –rechazadas por improcedentes en su gran mayoría (90%)-, y ahora vienen con esta demanda contra el Estado, de más de 500 páginas, que evidentemente han trabajado “arduamente” desde hace algún tiempo con sus abogados pleitistas irónicamente pagados con los ingresos de nuestro aeropuerto mientras prácticamente abandonaban la ejecución del proyecto y descuidaban la asignación de personal clave que el contrato estipula debe tener amplia experiencia en el manejo de aeropuertos.
No se comprende cómo, con estas agresiones del contratista al interés público, las autoridades gubernamentales siguen “negociando” un nuevo contrato, que según ha informado la prensa, incluye extender el contrato por 5 años más hasta el 2026, lo que daría a Alterra unos $250 millones de ingresos extra, además de impedir en la práctica construir el nuevo aeropuerto internacional que requerirá el país a partir de 2017-2020, pues según el contrato firmado en octubre 2000, habría que pagar una indemnización a Alterra. También recibirían un préstamo adicional del BCIE por $48 millones aunque condicionado a que las multas pendientes no afecten el esquema financiero, todo lo cual incrementaría el costo en más de $100 millones solo por concepto de intereses, según afirman los representantes de Alterra. La propuesta en discusión aumentaría el costo de las obras en más de $40 millones, y disminuiría su alcance, todo en beneficio de Alterra y en perjuicio del país. No hemos podido analizar a fondo esta última propuesta de Alterra y los bancos acreedores, presentada el 19 de enero, porque el CETAC ha decidido negarnos la información, la declaró confidencial –secreto de Estado- a pesar de tratarse del uso de fondos públicos.
Pero lo más inaceptable es que se continúe negociando con una empresa que, además de haber incumplido impunemente el contrato, sigue amenazando al gobierno con juicios y demandas, táctica dirigida a manchar la reputación de Costa Rica y continuar presionando a los órganos de control para que avalen enmiendas ilegales al contrato, lesivas a los intereses del país.
Los suscritos hemos venido luchando contra los abusos de Alterra durante más de seis años, por lo que algo conocemos sobre aspectos de la deficiente y decepcionante ejecución del contrato. Quedamos a su disposición si en algo podemos contribuir a la defensa del interés nacional, inclusive con nuestro testimonio personal, aunque no dudamos que la Contraloría y la Procuraduría tienen plena capacidad y competencia, técnicas y legales, para defender al país de exacciones y abusos de un contratista que ni siquiera fue el verdadero adjudicatario.
Rodolfo Silva Vargas
Manuel Sáenz Herrero
Otto Esclante Wiepking
Mauricio Gutiérrez Rodríguez
Rodrigo Cuesta Valverde,
Juan José Sobrado Chaves
3 de mayo del 2007.
