Durante toda la semana se realizaron las audiencias de las demandas presentadas por el sindicato de Japdeva, SINTRAJAP y por la Cámara Nacional de Bananeros contra el Estado Costarricense y la empresa transnacional APM Terminals.
Fue intensa porque lo que en condiciones de un juicio ordinario se habría llevado meses; en este caso, se abordó en una semana. Y de la mayor trascendencia porque se debatió un tema-país: Nada más y nada menos que la defensa de los puertos estatales, por donde pasa entre el 80 y el 85% de las importaciones y exportaciones de Costa Rica. Además, se estaban defendiendo los principios de transparencia, el interés nacional, la sana competencia y el trabajo digno.
Se aportaron pruebas documentales y testimoniales que dejaron claro que el contrato de concesión está promoviendo un monopolio al otorgarle a esa empresa transnacional, la exclusividad en la atención de los buques portacontenedores; y al darle, vía contrato, la facultad de ser la única en todo el Caribe costarricense para los próximos 56 años (33 de concesión, más 3 previos de construcción, más 20 de prórroga que prevé la ley) con posibilidad de construir una terminal para buques portacontenedores.
Esto quiere decir que ninguna empresa, ni pública ni privada, podrá operar buques portacontenedores en todo el Caribe de nuestro país, porque la APM Terminals tiene la exclusividad otorgada por el Gobierno. Cabe destacar que en el tema de los servicios públicos portuarios el negocio está en los contenedores.
También es importante destacar que durante la audiencia provocó mucha indignación y dolor patrio el hecho de que instituciones como la Contraloría General de la República, la Procuraduría General de la República, JAPDEVA, ARESEP y el Consejo Nacional de Concesiones, se esmeraran tanto en la defensa de una empresa como la APM Terminals. Uno espera que esas instituciones defiendan los intereses del Estado y no los de una transnacional. Defender a JAPDEVA frente a la APM Terminals es, indudablemente, defender los intereses patrios.
No queremos que nadie se confunda. En este punto SINTRAJAP ha sido claro en que lo que se está pidiendo es que haya libertad para competir. Que si construyen la TCM los usuarios de los servicios portuarios puedan ir libremente con su carga donde se les dé el mejor servicio, más rápido, más seguro y más barato. Que el cliente escoja. Parece algo elemental y así debería serlo.
Pero resulta que en el contrato firmado entre el Gobierno y la empresa APM Terminals queda clarísimo que no será posible la competencia. El proyecto no es para que haya competencia, es para traspasarle a una empresa privada los servicios que actualmente brinda JAPDEVA. Así lo confirmaron en el juicio los demandados y los testigos que llevaron. Lo más interesante aquí es que quedó clarísimo que los trabajadores portuarios de Japdeva no le tienen ni el más mínimo temor a la competencia. Es claro que APM Terminals le tiene pavor.
En este juicio el señor Allan Hidalgo Campos, Presidente Ejecutivo de JAPDEVA, más bien parecía gerente y representante de la APM Terminals y no de la institución que le paga su salario como lo es JAPDEVA. La actitud de este jerarca nos trajo a la mente el célebre pensamiento del gran patriota costarricense don Joaquín García Monge, hoy en total olvido por parte de la hegemonía dominante (dentro de la cual don Allan es uno de sus “_mejores_” cuadros). Decía don Joaquín García Monge que “_Si es sumamente grave que aventureros extraños se atrevan a comprar la patria, es mucho más grave, e ignominioso, que hijos del país de bruces se la vendan_”.
Don Allan, con tal de defender los intereses de la transnacional, no escatimó en afirmaciones imprecisas y hasta falsas que peligrosamente pueden inducir a los altos tribunales a cometer error si las toman por válidas. Hizo afirmaciones temerarias como que la Fase 1 del Plan Maestro está muy avanzado; que están aseguradas las inversiones para esa Fase producto del acuerdo firmado entre SINTRAJAP y el Gobierno para el levantamiento de la huelga de junio pasado; que los puertos de Limón y Moín son de lo peor del mundo porque ocupan un puesto 137 de 139 en el ranking de puertos; o que JAPDEVA no tiene un solo muelle especializado en contenedores. No son solo más que impresiones, verdades a medias o incluso mentiras desesperadas para inducir a error a los jueces. A raíz de este reprochable proceder y por lo grave de sus consecuencias, en SINTRAJAP se están valorando acciones penales pertinentes.
Otro aspecto que interesa resaltar es que la representación de la ARESEP confirmó que esa institución no tuvo nada que ver en la fijación final de una tarifa de US$223 por movimiento de contenedores, ya que ellos habían autorizado una de US$252 y no participaron en ninguna negociación para rebajarla. Tampoco tuvieron nada que ver con las 15 concesiones adicionales otorgadas por el Estado posteriormente a haberse abierto y adjudicado la única oferta. ARESEP aseguró que no conocía qué aspectos técnicos se utilizaron para esa rebaja, ni qué se había negociado a cambio.
Se demostró a los jueces que aparte de entregarles la exclusividad del manejo de contenedores y tarifas jugosas, posteriormente a la apertura de la única oferta, el Estado se comprometió a construirles una carretera asfaltada de 4 carriles por el monto de US$22 millones; a ser coadyuvante en la obtención de todos los permisos que se requieren incluyendo los Estudios de Impacto Ambiental; a facilitar visas para los trabajadores extranjeros que traerán; y a facilitarles tierras de la zona marítimo terrestre para que monten sus instalaciones y edificios. Realmente una verdadera vergüenza nacional.
