Las declaraciones a La Nación del presidente ejecutivo de la CCSS, Eduardo Doryan, quien dijo que se entregaría por licitación a empresas privadas la construcción y operación de nuevos centros de salud, se produjo “a pesar de que autoridades técnicas y jurídicas de la Caja han declarado improcedente e inconstitucional la concesión de servicios públicos de esa institución”, comentó el legislador del Frente Amplio.
La Gerencia de Operaciones y la Dirección Jurídica emitieron un criterio conjunto, avalado por la Junta Directiva de la CCSS, donde manifestaron lo siguiente:
“Nuestra posición es que los servicios que brinda la Seguridad Social a través de la Caja Costarricense del Seguro Social, no deben ser concesionados. Lo anterior, no solo porque desde nuestro punto de vista, esto atenta contra lo establecido en el artículo 73 de la Constitución Política, sino también porque esta sería una actuación contraria al espíritu de la seguridad social que es uno de los mayores logros históricos del país. Resultando que la razón de fondo que priva para que el Estado y sus instituciones promuevan la inversión privada en materia de obra pública y servicios es la falta de recursos financieros para desarrollarlas, aspecto que (…) al día de hoy no es una limitante de peso en nuestra Institución y si llegara a serlo, existen otros mecanismos tales como empréstitos internacionales con intereses muy bajos e incluso años de gracia que bien podrían utilizarse, sin poner en manos de intereses privados la seguridad social. (…)
_“La Caja (…) por su n_aturaleza y los servicios que brinda no concesiona obra pública.” (Oficio Nº DJ-4296-06 de 18 de julio de 2006)
Este criterio fue la respuesta de las autoridades de la CCSS indicadas a una consulta, formulada por la Asamblea Legislativa, en relación con el proyecto de ley de reforma al a Ley de Concesión de Obra Pública (Expediente 15.922), el 18 de julio de 2006.
El diputado Merino recordó que las reformas en concesión de obra pública han sido presentadas como parte de la llamada “agenda paralela o complementaria” del TLC, y señaló que ahora queda evidenciado uno de sus propósitos esenciales: privatizar la CCSS. Según Merino del Río la agenda de los privatizadores es extensa, porque además del ICE y el INS, incluidos en los proyectos de implementación del TLC, incluyen a la CCSS y RECOPE también en los proyectos paralelos.
