¡Desafortunada, imprudente y sospechosa! Así catalogamos la pésima decisión gubernativa de permitir la conciliación con los grandes evasores de impuestos y, especialmente, cuando éstos han quedado en total evidencia que hasta han sido llevados a los estrados judiciales.
Resulta impresionante que el señor Presidente de la República, don Luis Guillermo Solís Rivera y su Primer Vicepresidente, además de Ministro de Hacienda, don Helio Fallas Venegas, queden en entredicho, el uno con el otro, ante la opinión pública nacional, por sus contradicciones en este grave asunto que les genera a ambos un serio problema de credibilidad en este asunto del déficit fiscal, la evasión impositiva y la voluntad política para atacarla.
En primer término, esto nos lleva a calificar como completamente desafortunada la derogatoria de la directriz que fuera emitida por el Gobierno anterior de la hoy Expresidenta de la República, señora Laura Chinchilla Mirada; una de los poquísimas acertadas decisiones que tomó en su administración.
En segundo término, también es imprudente esta decisión de conciliar con los ladrones de impuestos pues si algo ocupamos es de condenas judiciales contra los evasores; especialmente los que tienen grandes poderes económico-políticos, pues estos procesos judiciales y eventuales condenatorias, pueden servir de contención y de prevención de esta perversa tendencia de atentar contra toda la sociedad como lo es el robo de impuestos.
La conciliación que está permitiendo el presente Gobierno en este caso equivale a algo así como preguntarle al autor de un crimen cuál es la pena que quiere que le impongan.
La justificación leguleyesca de “jerarquía de las normas” no es de recibo en estos graves casos de evasión impositiva. La condena judicial por evasión de impuestos y si es de casos de grandes contribuyentes, es una necesidad política de primer orden, para abrir senderos de transformación de una cultura nacional que ve el robo de impuestos como algo a aplaudir y gratificar.
Y, finalmente, es sospechosa que esta posibilidad de conciliar en materia de robo y evasión se produzca cuando en los tribunales hay casos de gran repercusión sociopolítica por el papel que en la sociedad tienen los presuntos evasores.
Específicamente, el caso del Grupo Nación es paradigmático pues el Estado le ha demandado por la astronómica cantidad de casi 2 mil millones de colones por una supuesta evasión tributaria que este emporio mediático refuta fuertemente.
La suspicacia que anida ya en sectores sociales es que esta derogatoria de la directriz que buscaba fortalecer la acción penal y combatir la impunidad en el robo de impuestos, podría tener, en consecuencia, nombre y apellidos empresariales.
Finalmente, los evasores consuetudinarios de impuestos y los bufetes que les protegen pues sentirse tranquilos y contentos.
El mensaje del Gobierno podría ser el siguiente: “¡Roben!, roben todo lo que puedan… hagan y reproduzcan capital con la plata de impuestos que se roban… No se preocupen. Cuando los pesquemos robando y les cuantifiquemos lo que dejaron de pagar… conciliaremos y hasta nos podrán pagar en abonos”.
Mientras tanto, la clase trabajadora seguirá pagando puntualmente sus impuestos porque no tiene forma de evadirlos: Si gana como para que le apliquen renta, ésta le será rebajada inmediatamente del salario, deducida de planilla… Si va a la pulpería o al supermercado, en la caja le aplican el cobro del impuesto sobre las ventas.
