Construyendo un espacio para que los diferentes sectores y la ciudadanía costarricense, expongan sus preocupaciones y planteamientos frente al TLC entre Centroamérica y Estados Unidos”

Desde la perspectiva de su organización o sector que representa, ¿qué está en juego con el TLC entre Centroamérica y Estados Unidos?

El TLC representa la perpetuación de un modelo que ha demostrado ser excluyente social y productivamente, concentrador de riqueza y que deteriora el Estado Social de Derecho que Costa Rica ha forjado en sus últimos 60 años. Cualquier instrumento comercial o no, que ignore las políticas públicas que han hecho de Costa Rica un país diferente, y que esté diseñado para que solamente algunos sectores ganen, y que otros pierdan, es contrario con la idea misma de la inclusión social.

La negociación comercial internacional es posible, pero esta debe responder a las necesidades de todo el sistema productivo, visibilizando sus debilidades, oportunidades y necesidades. De igual forma, la negociación no debe provocar cambios estructurales en el Estado Social de Derecho, ya que este tipo de cambio debe darse en el marco de una negociación nacional que permita generar acuerdos en pro de una sociedad incluyente y que tengan como norte el bien común.

¿Cuál es el impacto que la firma del TLC tendrá para su sector u organización y cómo impactará el TLC a otros sectores de la sociedad costarricense?

Los impactos serán diversos:

I. Es claro que la consolidación de los beneficios derivados de la Iniciativa de la Cuenca del Caribe (CBI, por sus siglas en inglés), trae tranquilidad a un sector que, aunque minoritario de la población, es sumamente importante para la economía nacional. Esto, sin embargo, no se traducirá en nuevos y mejores empleos, ya que representa lo que hemos tenido ya desde hace muchos años; y no nuevas reglas comerciales que permitan acceder al mercado estadounidense, con la única excepción de los productores de atún.

II. Sin embargo, los posibles impactos negativos podrían ser clasificados de la siguiente forma:

1. Impacto en empleo de sectores productivos: Prácticamente el 95% de los sectores productivos nacionales no están ligados a la exportación, sino que producen para el consumo interno costarricense. Tal y como ha sucedido en otros países (como es el caso de México), el TLC puede producir una avalancha de importaciones de bienes producidos con ayudas internas y subsidios, que hacen imposible que nuestros sectores productivos puedan competir. Los productos elaborados en Estados Unidos, en determinado plazo van a entrar libre de impuestos, o con impuestos muy bajos a Costa Rica.

Esto se traducirá, tal y como ha venido sucediendo desde hace 20 años, en el cierre o venta de empresas o unidades productivas a capitales internacionales; en desempleo; o en el crecimiento del sector informal. Es decir, en la evasión de la seguridad social; el incumplimiento de regulaciones ambientales con un claro impacto ecológico; en el incumplimiento de regulaciones laborales fundamentales para el bienestar de las personas.

En ese sentido, existen sectores especialmente vulnerables, sobre todo en el agro, tales como los productores de frijoles, arroz, cebolla, papa, tomate, zanahorias, maíz blanco, lácteos y sus derivados, aceite de palma, carne de cerdo, pollo, azúcar y café. Estos sectores productivos no han tenido desde hace muchos años, ninguna política pública de fomento a la producción, y en el escenario de fanatismo fiscalista, tampoco la tendrán en el futuro: es decir, lo ofrecido hasta ahora como plazos largos de desgravación, significarán una muerte lenta para esos sectores y sus empleos.

2. Impacto en los salarios: Una economía que se basa en la exportación, tal y como sucede con el modelo que profundizará el TLC, ve en los salarios y contribuciones sociales, verdaderos costos que deben ser reducidos, para poder competir internacionalmente, con países que producen con peores condiciones laborales, sociales y ambientales. Es decir, aparte del empobrecimiento de la clase trabajadora que conserve su empleo formal, se generará, directamente, un deterioro de la calidad del servicio brindado por nuestro Sistema de Seguridad Social, a raíz de la disminución en su financiamiento por la mera de las contribuciones obrero-patronales.

Si por el contrario, se da un tratamiento diferenciado a la producción para el mercado interno, se hace relevante el mejoramiento de las condiciones de vida de las personas como dinamizador de ese mercado interno. Es por eso que, al igual que ha sucedido en otras negociaciones comerciales, como el NAFTA; el TLC. al invisibilizar la asimetría en los “costos” de producción (sean estos laborales, sociales o ambientales), generará una constante presión para restringirlos a su mínima expresión.

Es decir, tanto sector exportador como productor para el mercado interno, deberá recurrir a los bajos salarios y costos sociales y ambientales para poder sobrevivir. Tal ha sido el caso de México luego de diez años del NAFTA, y tal ha sido el caso de Costa Rica, que ha seguido el modelo de promoción de exportaciones y apertura comercial, y que, en consecuencia, ha hecho que los salarios nacionales se hayan estancado y decrecido.

3. Impacto para las políticas públicas: Costa Rica, desde hace muchos años, ha logrado generar políticas públicas, sociales como la salud; o de apoyo a la producción para la inclusión social, como las telecomunicaciones. El TLC representa un cambio estructural en la soberanía nacional para continuar y profundizar esas políticas sociales. Veamos algunos ejemplos:

3.1- Reglas sobre expropiación directa e indirecta a inversionistas: Las reglas que Estados Unidos pretende negociar para proteger a los inversionistas extranjeros, limitará, irreversiblemente, la autonomía de nuestro país para establecer regulaciones sociales, laborales y ambientales.

En efecto, tal y como ha quedado demostrado con la aplicación de esas reglas del NAFTA, los países han tenido que pagar indemnizaciones de millones de dólares, a empresas a las que se les ha impedido abrir basureros de deshechos tóxicos, a empresas a las que se les ha impedido utilizar sustancias cancerígenas, etc. Indiscutiblemente, Costa Rica habría tenido que pagar millones de dólares a Millicom, a Harken, o a tantos otros “inversionistas”, que no han podido hacer su negocio por la existencia de normas de interés público.

3.2- La propiedad intelectual y el impacto en medicamentos genéricos en la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS); y en agroquímicos para la producción alimenticia nacional: En el marco de la Organización Mundial de Comercio (OMC), se estableció una regulación sobre la protección a los derechos de propiedad intelectual, planteada especialmente por los países desarrollados.

Nuestro país aceptó dicha regulación y reformó, prácticamente, toda su legislación en materia de propiedad intelectual, a fin de estar acorde con esa normativa. Al igual que los Estados Unidos han manifestado que el tema de los subsidios lo discutirán, exclusivamente, en el foro de la OMC; estamos convencidos de que la negociación del TLC no debe implicar ningún compromiso adicional a lo que ya se ha establecido en materia de propiedad intelectual en la OMC.

El país deberá ver, con especial recelo, cualquier pretensión de aumentar los niveles de protección a los derechos de propiedad intelectual en materia de patentes e información no divulgada, así como en el tema de los derechos de obtentor y los derechos sobre organismos genéticamente modificados, dado que no sólo los niveles de protección alcanzados en la OMC, han sido ya de un gran sacrificio para nuestro país, sino por los graves perjuicios que mayores niveles de protección pueden causar para los intereses de los productores y consumidores, así como de los asegurados.

Asimismo, el país debe oponerse a cualquier iniciativa que pretenda extender la duración de las patentes o del monopolio de un producto, más allá de los veinte años de vigencia de la patente. De igual forma, no debe concederse ninguna protección retroactiva o transitoria de patentes, tema sobre el que no existe obligación alguna bajo las normas del ADPIC de la OMC.

Es decir, la negociación del TLC en materia de propiedad intelectual, no debe implicar ningún compromiso de modificación de lo que ya establece la legislación nacional, y bajo ningún motivo debe implicar compromisos más amplios que los que el país ya ha suscrito en el ámbito de la OMC. Cualquier regulación adicional sobre propiedad intelectual, debe generarse nacionalmente y no como producto de una negociación comercial internacional.

3.3- El impacto para el ICE y las telecomunicaciones: Es evidente que los procesos de apertura en telecomunicaciones en toda Latinoamérica, han producido que los servicios que representan mayor atractivo comercial, han sido sustraídos de las políticas públicas y han engrosado capitales multimillonarios.

Pero esto se ha traducido en el crecimiento desmedido de las tarifas de esos servicios públicos, y, por lo tanto, en la privación de esos servicios para las grandes mayorías, generando una mayor exclusión social y productiva. Esto, en el caso del ICE, impediría que esta institución pueda seguir prestando, eficientemente y a bajo costo, los servicios de telecomunicaciones menos rentables, como la telefonía pública y la telefonía rural. Es decir, en definitiva, la inclusión de una apertura generará un mayor empobrecimiento de las zonas rurales y de las capas poblaciones de menores ingresos.

4. Aumento de concentración de riqueza y polarización social: Un modelo que se inmortaliza en un TLC como el que se negocia actualmente, perpetúa el modelo de concentración de riqueza, aumento del desempleo, aumento de la informalización, estancamiento de la pobreza real, y en general, a la limitación sistemática de oportunidades para las grandes mayorías.

Esto, inevitablemente, representa un escenario sumamente preocupante y explicativo del crecimiento de la pobreza rural y del crecimiento de la inseguridad ciudadana. Es decir, esto significa una mayor inseguridad ciudadana como producto de gente sin empleo emigrando a San José. Dentro de los sectores más claramente afectados, están el campesinado nacional, que actualmente representa 161.395 empleos.

  • ¿Cuánta información oficial han obtenido de lo avanzado hasta el momento?*

La información que ha existido no es oportuna, útil ni suficiente para poder evacuar las dudas e inquietudes de la sociedad costarricense, y mucho menos para permitir conocer el desarrollo del proceso. La información ha sido cosmética y la mal llamada “posición nacional” elaborada por COMEX, es sumamente vaga. La información en materia laboral ha sido marginal. Solo existe una declaración de buenos deseos en la mal llamada “posición nacional” elaborada por COMEX.

Adicionalmente, obtuvimos del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), una presentación sumamente general sobre la propuesta de Costa Rica en materia de cooperación laboral. Ha existido una mayor claridad sobre la posición de Estados Unidos en la materia, ya que la única claridad que ha existido de los negociadores de Costa Rica, ha sido su posición sobre la exclusión del tema laboral y ambiental del cuerpo del tratado; así como sobre su posición de no vincular el tema laboral o ambiental con el comercio y, mucho menos, con sanciones comerciales. Todos los otros temas, de igual o mayor relevancia, han sido ignorados, o al menos, no hemos tenido absolutamente ninguna información al respecto de parte de los negociadores.

Desde su perspectiva, ¿cuál es la posición que
los negociadores costarricenses han sostenido y cuál debería ser?

Es difícil de saber cuál ha sido la posición de los negociadores en muchos de los temas que se discuten. Sin embargo, es claro que se han minimizado, o tratado superficialmente, los efectos de exclusión social y productiva que el TLC puede llegar a tener. Los objetivos de los negociadores deberían ser los siguientes:

Reconocer la íntima relación entre comercio y la forma en como se producen los bienes y servicios, desde el punto de vista laboral y ambiental.

Debe establecer mecanismos de cooperación, verificación y sanción que promuevan el cumplimiento de la legislación laboral, sobre todo la relacionada con los derechos fundamentales declarados por la Organización Internacional del Trabajo (OT); mecanismos que constaten y verifiquen el cumplimiento de esos derechos, y sancionen, efectivamente, la competencia desleal vía dumping social, laboral o ambiental.

Debe reconocerse la diferencia en los costos de producción, por diversos estándares sociales, laborales y ambientales, de forma tal que se le reconozca al país y al sector productivo, que tiene mayores costos, por obedecer a un sistema sustentable laboral, social y ambientalmente, así como a un modelo distribuidor de riqueza.

Debe promoverse la producción social, laboral y ambientalmente limpia; con un trato diferenciado en término de políticas públicas nacionales e internacionales de apoyo y promoción de ese tipo de producción; que generen incentivos, premios y reconocimientos a este tipo de producción y a los procesos productivos dirigidos a satisfacer estándares de producción social, laboral y ambientalmente limpia.

En tanto, el tema laboral, al igual que el ambiental, deben formar parte integral del tratado; y, en atención a los objetivos anteriormente indicados, es indispensable que se establezca un mecanismo de solución de controversias y disputas, que no sólo sea transparente, sino que permita la participación de organizaciones sociales, y que sea absolutamente imparcial y sumamente especializado.

El reconocimiento de la competencia desleal, en todas sus formas, incluido el dumping social, laboral y ambiental, requiere procesos de acompañamiento y promoción, pero también de verificación y sanción.

Las sanciones deben ser morales y económicas. En primer lugar, un país determinado debería poder incentivar y desincentivar los productos de empresas que producen con base en prácticas, demostradas imparcialmente, de violación de derechos laborales, ambientales y sociales. Sin embargo, no toda violación a normas laborales, ambientales y sociales debe producir sanciones comerciales.

Sólo debe sancionarse comercialmente, tanto moral como económicamente, la practica sostenida de producción que viole sistemáticamente estándares laborales, ambientales y sociales predeterminados y definidos en su contenido con gran claridad. En segundo lugar, debe sancionarse en primer lugar a la empresa que incurre en este tipo de práctica sistemática, y al Estado únicamente en tanto no vele porque los procedimientos nacionales de verificación, reparación de daños causados por violación de esos estándares, y sanción por esas violaciones, no tutelen efectiva, oportuna y rápidamente esos estándares.

No obstante todo lo anterior, ya de por sí importante, es claro que un proceso de tal calibre, debería debería abordarse, necesariamente, de una visión de país hacia el futuro, lo más compartida posible; pues es claro que los problemas que estamos enfrentando es por el dominio excluyente de una determinada visión, que se ha creído la “nacional”, cuando en realidad es tan solo la óptica de un sector sobre el futuro del desarrollo del país; pero que, lamentablemente, ha asumido una interlocución nacional excluyente de cara a las otras contrapartes del tratado.

¿Considera oportuno mantener un espacio permanente de Diálogo Nacional, que contribuya a visualizar las posiciones de los diferentes sectores dentro de una visión país, en el marco del TLC-USA-CA?

Vemos con buenos ojos la intervención de la Pastoral Social de la Iglesia Católica, de la Defensoría de los Habitantes de la República y del Consejo Nacional de Rectores (CONARE), para transmitir las preocupaciones de tantos sectores sociales y productivos que se sienten amenazados y excluidos; no sólo de la presente negociación, sino del modelo que el TLC perpetuará. Pero más aún, se requiere un papel decidido de estas instancias para exigir respuestas claras, suficientes y oportunas para todos los sectores. Esto empieza por conocer los textos de la negociación y por evitar firmar, oficialmente, compromisos tan serios y graves para el bienestar social de las personas que habitan este país.

Martes 18 de noviembre de 2003
Auditorio de la Conferencia Episcopal de Costa Rica
San José, Costa Rica

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