La Consternación, indignación y condena son las primeras reacciones y sensaciones que se derivan de la nota de prensa de Diario Extra de este día viernes 10 de febrero, dando a conocer que en el Banco de Costa Rica (BCR) se ha contratado a Pedro Pablo Quirós Cortés, Expresidente Ejecutivo del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), con un salario de ¡8 millones de colones mensuales!
Esta deplorable decisión político-ejecutiva ofende la dignidad obrera y social de las miles y miles de familias trabajadoras asalariadas, tanto del sector Público como del Privado, que viven ya en un práctico estado de congelamiento salarial, inmersas en grandes estrecheces económicas y con altísimos niveles de endeudamiento que está poniendo a todos esos hogares en graves penurias de todo tipo.
Además, ofende la dignidad profesional del calificado personal trabajador del propio Banco de Costa Rica pues, sin duda alguna, hay expertos de esta entidad incluidos en su planilla actual, con la suficiente capacidad técnica y con una sólida reputación de ética y de moralidad en la función pública, como para hacerse cargo de los fideicomisos para obras de infraestructura como el de la construcción de la carretera San José-San Ramón.
La unilateral decisión del Gerente General del BCR, Mario Barrenechea Coto, para este nombramiento a dedo, refuerza nuestra denuncia de la urgentísima necesidad político-social de ponerle freno al fiestón salarial, la de los salariazos, que se da en el ámbito de la alta cúpula político-gerencial y tecnocrática del Estado, ese grupo reducidísimo de personas que componen el “Olimpo estatal” en materia de remuneraciones.
Lo que acaba de suceder con los aumentazos en el Banco Central de Costa Rica (BCCR), el del Instituto Nacional de Seguros (INS) y ahora éste, del Banco de Costa Rica (BCR), muestran a las claras la perversa naturaleza del proceso de la desigualdad en Costa Rica mismo que pareciera ser incontrolable.
Lamentable es la tibia reacción del propio Gobierno de la República, del propio señor Presidente de la República, don Luis Guillermo Solís Rivera, pues calificar estos abusos salariales descarados y repugnantes que se recetan los que están en la cima del “Olimpo estatal”, como “inoportunos”, en la práctica significa una especie de cohonestación, de legitimación tácita de estos abusos que sí, en verdad, son los reales privilegios salariales en la Administración Pública.
Lo que correspondería no es declarar estos abusos como “inoportunos”. Todo lo contrario, y dado ese “cuentito” de las autonomías, lo que corresponde es, con seriedad contundente, exigir renuncias y propiciar destituciones.
