Totalmente desafortunadas, imprudentes, provocadoras e irresponsables son las declaraciones periodísticas del señor Ministro de Hacienda, Dr. Fernando Herrero Acosta, acerca de que, ante el eventual fracaso del paquete fiscal actualmente en trámite parlamentario y cuestionado en la Sala IV, se analizan ya recortes en ámbitos de la política pública tan estratégicos y sensibles como la Educación, la Salud y la Educación. Rechazamos, enfáticamente, esta perversa intención.
Tales declaraciones suenan a chantaje político para que, por un lado la Sala IV desestime el cuestionamiento que analiza en contra del proyecto del plan fiscal; por otro, para que el parlamento lo apruebe, sin más ni más; y, finalmente, para que en materia de salarios las personas trabajadoras del sector Público acepten, “_resignadamente_” los raquíticos reajustes, con visiones de congelamiento, que se ven venir.
Este anuncio, sin duda alguna, potencia los esfuerzos que se están haciendo en estos momentos hacia una articulación de estrategias de lucha por parte de los sectores sindicales, populares, cívicos y sociales; de manera tal que se materialicen acciones de calle compartidas para demandar, con urgencia, revisiones estratégicas de la actual conducción gubernamental que sigue abriendo espacios a la concentración de la riqueza, al crecimiento de la desigualdad, al aumento de la violencia y de la corrupción; en fin, hacia el despeñadero social que significa abandonar la promoción del bien común como eje central de la política pública.
La fijación fundamentalista por un supuesto déficit fiscal con sesgos de catástrofe total, sigue potenciando esas concepciones neoliberales tan fracasadas ya pero que, en su declive, están arrasando con todo vestigio de política social.
Ante el eventual fracaso de su plan fiscal, el Gobierno de la República debería convocar a un gran diálogo social y político (como lo ha recomendado el proyecto Estado de la Nación), de forma tal que construyamos el plan B en materia tributaria.
Reiteradamente hemos dicho que desde los sectores sindicales y sociales se han venido formulando una amplia gama de opciones para un plan B en tal sentido, de forma tal que, sin nuevos impuestos, el país apunte en la dirección de la progresividad tributarias; empezando por las propuestas tendientes al control de la Evasión, de la Elusión, de las Exoneraciones y de las Exenciones.
Para ello, por ejemplo, se puede contar con los valiosos elementos emitidos por la Contraloría General de la República (CGR), la Universidad Nacional (UNA) y la Universidad de Costa Rica (UCR), cuyo Consejo Universitario fue enfático en que se debe rechazar ese paquete fiscal promovido por el Gobierno con el apoyo de una parte del Partido Acción Ciudadana (PAC).
Poco a poco, este tipo de declaraciones y eventuales decisiones del Gobierno de la Presidenta Chinchilla, potencian el desarrollo de las más óptimas condiciones para la articulación de una agenda de lucha compartida entre los diferentes sectores sociales que, de un modo u otro, nos hemos venido enfrentando a las concepciones neoliberales hasta ahora hegemónicas en nuestra sociedad. Ojalá en próximos días y semanas estemos ya listos para detallar acciones concretas del pueblo en las calles.
