Sorpresiva y arteramente, se han “aventurado” a atacar varios instrumentos de negociación colectiva vigentes en el Sector Público, básicamente en materia de derechos de cesantía, con lo cual, echan leña a la hoguera de la agitación socio-laboral, ya de por sí en fase de calentamiento progresivo. Se presume que tan provocadora gestión habría sido emanada desde la misma Contraloría General de la República (CGR), lo cual quedará claro en próximas horas.
Específicamente, se arremete en sede constitucional contra el rompimiento del tope de cesantía para quienes laboran en instituciones como las municipalidades de San José, de Santa Ana y de Turrialba; en el Banco Popular y de Desarrollo Comunal (BPDC) y en el Consejo Nacional de Producción (CNP).
Igualmente, se arremetió en sede constitucional contra la norma laboral vigente en la Municipalidad de Aserrí que cuestiona la forma de pago bisemanal, con lo cual se pone en riesgo esta forma de retribución salarial vigente en varias de las instituciones públicas del país, destacándose el caso de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).
Estas acciones de inconstitucionalidad, inspiradas en la perversa lógica neoliberal de mercado, buscan propiciar un clima irracional de reversión de derechos laborales conquistados al amparo de los principios fundamentales que consagra el ordenamiento jurídico internacional en la materia y en los propios principios filosóficos de los Derechos Humanos.
Cuando se debe suponer que la lógica de la distribución equitativa de la riqueza es, más bien, hacer avanzar la legislación laboral protectora para toda la clase trabajadora asalariada del país (tanto la que se desempeña en el sector público como en el privado); por ejemplo, ampliando, realmente, la cesantía como reconocimiento integral de toda una vida laboral, aparecen estas acciones de inconstitucionalidad que van en la dirección radicalmente contrataria: reversión de derechos.
Es más, no es descabellado afirmar que en fecha próxima también podría ser cuestionada la misma Ley de Protección al Trabajador por, precisamente, contener en su esencia la ampliación del derecho de cesantía en su concepción real, sin tope de años, aunque su rompimiento fuera de manera parcial. Un colapso financiero insospechado podría estarse incubando ya, si la lógica de las acciones de inconstitucionalidad contra el derecho real de cesantía en las entidades públicas mencionadas, llega a prosperar.
Igualmente, un verdadero caos laboral y de agitación laboral – confrontacional insospechada, serán las consecuencias de que el sistema de pago bisemanal vigente en la Municipalidad de Aserrí sea declarado “inconstitucional”. Indudablemente, la Caja quedará en la mira.
ANEP hace un primer llamado de alerta general para la movilización de calle; llamado no solamente para los colectivos laborales directamente afectados, sino los potenciales; haciendo una apelación a todos los grupos sindicales y gremiales correspondientes para aunar los mayores esfuerzos unitarios en pro de la defensa de las conquistas laborales logradas por muchos años de lucha.
En verdad, esta situación es de suma gravedad y anuncia una confrontación social abierta que será inevitable.
