Esta información sobre el proyecto de Reforma Procesal Laboral, confirma lo difícil que resulta para la clase trabajadora costarricense, avanzar y consolidar sus derechos.
Es sencillamente vergonzoso que el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, lejos de promover y defender los derechos de las personas trabajadoras, actúe como vocero y representante de los intereses patronales, que buscan fortalecer los instrumentos antinsicales que les han permitido casi exterminar al sindicalismo en el sector privado.
Susan Quirózs Díaz
Unidad de Asesoría Jurídica de ANEP
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Estimados compañeros y compañeras,
En vista de lo ocurrido la semana pasada, remitimos esta nota a la Presidencia del Congreso y a todos los jefes de fracción con la posición del Frente Amplio que nos motiva a retirar de la agenda de proyectos prioritarios del Plenario Legislativo la Reforma Procesal Laboral. Les ruego hacer llegar copia a los demás compañeros interesados.
Saludos cordiales,
José María Villalta
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08 de junio de 2011
JMV-JFFA-130-2011
Señor
Juan Carlos Mendoza García
PRESIDENTE
Asamblea Legislativa
Estimado señor:
Reciba usted un cordial saludo de la Fracción Legislativa del Frente Amplio, deseándole muchos éxitos en su valioso trabajo.
Por este medio procedo a informarle que según el acuerdo de jefes de fracción relativo al orden del día del Plenario Legislativo en aplicación del artículo 36 del Reglamento de la Asamblea Legislativa, el Frente Amplio ha tomado la decisión de sustituir el expediente Nº 15.990 “Reforma Procesal Laboral” por el expediente Nº 16.897 “Adición de un Artículo 50 bis y Reforma del Inciso 14) del Artículo 121 de la Constitución Política para Reconocer y Garantizar el Derecho Humano de Acceso al Agua”.
En este sentido, le solicito tener el expediente Nº 16.897 como proyecto prioritario de la Fracción Legislativa del Frente Amplio y tomar las acciones pertinentes para que dicho expediente pase a ocupar el lugar del orden del día que actualmente ocupa el expediente Nº 15.990.
De la urgencia de proteger el agua como un derecho humano y un bien público en la Norma Fundamental nadie duda.
Sin embargo, debo informarle que esta decisión también está motivada por la actitud intransigente asumida por el Poder Ejecutivo y el Ministerio de Trabajo en la discusión final de la Reforma Procesal Laboral.
A pesar de que se han logrado avances relevantes en la discusión de este proyecto, queda pendiente por resolver un tema de capital importancia para garantizar la protección de los derechos humanos de las y los trabajadores regulados en la Constitución Política y los Convenios de la Organización Internacional del Trabajo: la regulación de los arreglos directos y los comités permanentes.
En Costa Rica estas figuras han venido siendo utilizadas de forma sistemática para bloquear el ejercicio de la libertad sindical en la empresa privada e impedir el derecho de las y los trabajadores a organizarse autónomamente en organizaciones independientes del empleador para negociar colectivamente mejoras en sus condiciones de trabajo. Algunos empresarios nombran “a dedo” comités permanentes que buscan suplantar a los sindicatos y cualquier otra organización independiente de las y los trabajares y les imponen un arreglo directo con la clara intención de sustituir la negociación de convenciones colectivas.
Estas prácticas han llevado a que Costa Rica reciba constantes advertencias de parte de la OIT en el sentido de que se están violentando los convenios de derechos humanos que obligan al país a respetar la libertad sindical y fomentar la negociación colectiva. No obstante, el Ministerio de Trabajo no solo no ha hecho nada para frenar tales abusos, sino que ha sido cómplice de los mismos, encubriéndolos, silenciando las denuncias y prestándose para inscribir arreglos impuestos que claramente violentan los convenios de la OIT.
A pesar de los compromisos internacionales asumidos por Costa Rica, el proyecto de ley de Reforma Procesal Laboral en su versión actual contiene una redacción que en vez de resolver este problema lo agrava seriamente. Busca consolidar la usurpación de las funciones sindicales que realizan los comités permanentes, consolidándolas como “organizaciones sociales” bajo control de la parte patronal. Expresamente han reconocido sus promotores que buscan erradicar la negociación colectiva de la empresa privada, reemplazándola por “arreglos” hechos a la medida de los empleadores. Por si fuera poco, introduce normas discriminatorias que les otorgan a los comités permanentes privilegios que superan los derechos de las organizaciones sindicales legalmente constituidas. Se pretende exigir a los sindicatos el 50% de afiliación para negociar un arreglo directo, mientras que los comités solo se les exigen tres personas, que pueden ser impuestas por el sector patronal.
Estas normas han sido cuestionadas desde que empezó a tramitarse el proyecto. Nunca ha habido acuerdo sobre ellas. Desde el informe de subcomisión emitido por la Asamblea anterior donde se alcanzó un importante acuerdo tripartito sobre otros temas del proyecto, se hizo constar que este problema debía ser resuelto.
Ante esta situación, diversas fracciones legislativas hemos planteado alternativas. Se han propuesto redacciones alternativas para facilitar una negociación. En estas alternativas se llegó a propuestas que buscaban un equilibrio entre los intereses de sindicatos y empresarios. Inicialmente la fracción del PLN y el Gobierno habían mostrado su anuencia a promover estas negociaciones y buscar un punto de equilibrio.
Todos estos avances motivaron al Frente Amplio a impulsar el trámite prioritario del expediente Nº 15.990, a fin de abrir una oportunidad para la solución de este grave problema.
No obstante, vemos con tristeza que el Gobierno está cerrando las puertas al diálogo y la negociación. Por el contrario, pretenden imponer el texto actual del proyecto ignorando las serias preocupaciones planteadas al respecto. Todas las alternativas propuestas están siendo rechazadas sin argumentos serios. Simplemente intentan pasar la aplanadora el movimiento sindical en la empresa privada, seguir golpeando a un sector social que ya ha sido duramente afectado en los últimos años.
Particularmente preocupante es la actitud del Ministerio de Trabajo. De una disposición inicial a promover al diálogo, en los últimos días pasó de golpe a asumir una actitud totalmente parcializada a favor de los intereses del sector empresarial. Desconociendo los criterios de la OIT y las graves denuncias planteadas por el movimiento sindical, el Ministerio de Trabajo se ha convertido en el defensor oficial de los intereses empresariales, aún cuando sus jerarcas saben bien que el texto vigente del proyecto de ley presenta graves problemas y no es viable política ni jurídicamente.
A pesar de que en el Frente Amplio valoramos los avances obtenidos en el trámite de este proyecto de ley respecto a otras áreas de la legislación laboral, no podemos ser cómplices de la brutal violación a sus derechos humanos que sufren las y los trabajadores que desean organizarse sindicalmente.
Aunque el gobierno pretende ignorarlo, la libertad sindical es un derecho humano reconocido en nuestra Constitución Política que todos los días en violado en las maquilas, las plantaciones agrícolas y muchos otros centros de trabajo del sector privado. Ninguna otra reforma a la legislación vigente amerita callar ante esta vergonzosa realidad.
Por las razones expuestas, mientras este problema no sea corregido y el Gobierno de la República insista en cerrar toda vía de diálogo e imponer a la fuerza un texto violatorio de los convenios de la OIT para favorecer exclusivamente a un sector de las relaciones obrero-patronales, la Fracción Legislativa del Frente Amplio se ve obligada a retirarle su respaldo al expediente Nº 15.990.
Cordialmente,
José María Villalta Florez-Estrada
Diputado
Partido Frente Amplio
Cc. Jefes de Fracción, Asamblea Legislativa.
