Todo parece indicar que los señores diputados y las señoras diputadas volverán a sus trabajos este lunes 8 de enero de 2018, tal y como lo harán miles de personas trabajadoras asalariadas del sector Público; otros miles empleados estatales lo hacen desde el pasado día 2, como también muchísimas más en el sector privado que ya están trabajando desde las primeras horas del año nuevo.
Pocos días antes de que terminara el año pasado 2017, la ANEP hizo pública su exhortación vehemente para que el parlamento reanudara labores desde este próximo lunes 8 y no como se pretendía que lo hiciera hasta pasadas las elecciones nacionales del domingo 4 de febrero; considerando la enorme indignación ciudadana por los escándalos de corrupción de estos tiempos de los TLC’s neoliberales, especialmente el más reciente caso conocido como el cementazo.
Nos satisface que la exhortación de la ANEP en tal sentido, tanto como en la misma línea se pronunciaron importantes sectores de la ciudadanía por las redes sociales, haya tenido oportuna escucha de las fracciones parlamentarias, según diversas informaciones de prensa.
Se podría disipar así la justificada suspicacia de que el informe legislativo sobre el cementazo se quería meter debajo de la alfombra, por lo menos, hasta pasadas las elecciones. ¡Parece que no será así! Y que cada palo aguante su vela en el debate parlamentario que se generaría.
Este tema de la corrupción, mediando la colusión de intereses públicos y privados, ha acaparado la atención de la ciudadanía como nunca antes en los últimos tiempos; especialmente, repetimos, en estos tiempos de los TLC’s neoliberales.
Además, para la ciudadanía será tan bien relevante que se pueda escuchar los descargos de los aludidos en el informe legislativo de la investigación sobre el cementazo, quienes han venido puntualizando en las redes sociales, que 32 conclusiones del mismo “carecen de fundamento, son contradictorias o falsas”.
En congruencia con este sentimiento cívico de enojo y de indignación por la corrupción, el propio señor Presidente de la República y su gobierno no deberían mirar para otro lado; y, por el contrario, poner el dedo en la llaga convocando los siguientes proyectos de ley que tienen que ver con atajar, al menos en la legislación, el avance de la corrupción
Ante tal circunstancia le solicitamos, respetuosa, pública y vehementemente al Gobierno de la República que convoque a trabajar con agenda de proyectos a los señores diputados y a las señoras diputadas. ¡Que no exista escusa alguna! Que no se convoque un mar de proyectos; que el Gobierno sea selectivo y convoque proyectos relacionados con la corrupción en la función pública, y únicamente.
De esta manera, la ciudadanía, la opinión pública y la prensa podrían centrar su atención en unos cuantos proyectos de ley; y, en esto del combate a la corrupción, podríamos identificar quién es quién, quién quiere que un proyecto avance y se apruebe y quién no. Estamos seguros que en tiempos electorales muchos actores legislativos no bloquearan alguna iniciativa anticorrupción sin excusa racional.
Hay mucha labor que los diputados pueden desarrollar en estos días electorales, para eso se les paga. En consecuencia, reiteramos que el Gobierno debe quitar los pretextos y convocar una agenda específicamente concreta con relación al grave enojo ciudadano; y la sugerencia de la ANEP es que tal agenda sea anticorrupción, centrada en estos cuatro proyectos de ley:
Expediente Legislativo No. 19.251: Ley reguladora del cabildeo en la función PÚBLICA
Expediente Legislativo No. 19.984: Reforma al Reglamento Legislativo para creación de la Comisión de Disciplina de los Diputados.
Expediente Legislativo No. 19.439: Ley para determinar la obligada vinculación de los dictámenes de la Procuraduría de la Ética.
Expediente Legislativo No. 19.111: Reforma constitución para establecer la pérdida de credencial del diputado.
La clase política, la tradicional y la que aspira a serlo plenamente, cada vez más distanciadas del común de la ciudadanía, tienen una enorme oportunidad de oxigenación en la tramitación celera de una agenda legislativa anticorrupción. Los poderes Ejecutivo y Legislativo, bien golpeados ambos por lo del cementazo, desde una perspectiva de institucionalidad republicana, podrían reivindicarse aprobando estos proyectos de ley.
San José, viernes 5 de enero de 2018.
Albino Vargas Barrantes
Secretario General ANEP
