Durante la última década Costa Rica vivió un intenso crecimiento del sector turístico-residencial, concentrado especialmente en las costas de Guanacaste y Puntarenas. La crisis económica internacional que empezó a manifestarse a partir del año 2008 disminuyó el ritmo de construcción, aunque en la actualidad empiezan a verse ya algunos signos de reactivación. Los grandes capitales, tanto extranjeros como del mismo país, protagonizaron esta acelerada transformación del litoral costarricense, que el mismo Estado promovió, privilegiando la “vocación” turística del litoral sobre otro tipo de usos.
Por su parte, las comunidades y poblaciones costeras, asentadas previamente en esos territorios, dedicadas mayoritariamente a la pesca y a la explotación de otros recursos de la zona, han vivido tradicionalmente en una situación de enorme pobreza, y en muchos casos sin una especial atención por parte de las políticas públicas, siendo claramente invisibilizadas.
La inversión turística de grandes capitales entró frontalmente en competencia con las comunidades costeras por su presencia en esos territorios. De una u otra forma, muchas de ellas han sido progresivamente expulsadas de sus lugares de origen.
Este proceso en realidad sigue el mismo patrón que en muchos otros lugares de América Latina y El Caribe, en los que la inversión turístico-residencial ha ido desplazando progresivamente a las poblaciones pre-existentes, con episodios esporádicos de resistencia muy concentrados en alguna comunidad. Sin embargo, en Costa Rica desde el año 2008 asistimos a un singular proceso de articulación de más de cincuenta comunidades costeras en el Frente Nacional de Comunidades Amenazadas por Políticas de Extinción.
Además de romper el aislamiento y hacerse visibles en la sociedad costarricense, las comunidades han logrado elaborar una propuesta de Ley de Territorios Costeros Comunitarios e incidir activamente en la Asamblea Nacional para lograr su aprobación.
Esta propuesta de ley, inspirada en la legislación de pueblos indígenas, se ha convertido en la base de una estrategia de lucha que despierta el interés en muchos otros países.
Sobre todas estas cosas conversamos en una reciente visita a Costa Rica con Wilmar Matarrita, actual coordinador del Frente de Comunidades, quien además es economista, abogado, especialista en Derechos Humanos e incidencia política legislativa y municipal, Director Ejecutivo de la ONG FEDEAGUA y presidente del Frente Amplio en la provincia de Guanacaste y miembro de su Comisión Política Nacional.
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Fuente: albasud.org
