San José, 3 de julio de 2006.
MII
Enrique Muñoz
Jefe
Unidad de Recursos Humanos
Contraloría General de la República
Estimado señor:
Reciba un atento y cordial saludo. En atención al oficio DEI-RH-316 de 26 de junio del 2006, por medio del cual usted se refiere a la misiva que nosotros enviamos al Lic. Walter Ramírez sobre el proceso de reestructuración que se piensa implantar en la Dirección de Fiscalización Operativa y Evaluativa, nos permitimos manifestar que el mismo, nos provoca una gran desilusión por que lejos de constituirse en un documento en el cual se de respuesta a nuestras inquietudes, que a todas luces son legítimas y válidas, se insiste nuevamente, en indicarnos cosas que ya conocíamos y que por supuesto analizamos a la hora de estructurar nuestra misiva y petitoria.
Cabe, de previo a realizar algunos comentarios, indicar que como Seccional Sindical de esta Contraloría General de la República, no emitimos juicios escritos sobre comentarios realizados en forma verbal, tal cuales fueron las reuniones de exposición de la propuesta en su parte conclusiva que se realizaron con la Contralora General de la República y el Gerente de la División de Fiscalización Operativa. En esas oportunidades nuestra posición fue clara y sí lo expresamos en dichas reuniones sobre la preocupación de la inexistencia de estudios técnicos que justificaran los cambios propuestos y sobre los costos que estos cambios representan, siendo por tanto que pedimos esos justificantes, para que una vez recibidos por nosotros, proceder a analizarlos y luego poder emitir por escrito los comentarios que consideremos oportunos y atinentes.
Sobre su posición reiterada de que ustedes, ante estos cambios, no deben dar audiencia a las organizaciones gremiales, basándose en una resolución emitida por la propia División Jurídica de esta Contraloría General, nosotros tenemos un criterio totalmente contrario y ante esa situación, en el momento que consideremos oportunos, es un asunto que dirimiremos ante las instancias que correspondan.
En este sentido nos permitimos manifestar que dentro de un marco ético, de transparencia y rendición de cuentas, el funcionario de esta Contraloría General de la República y sus autoridades tienen una gran responsabilidad, por estar dentro de la entidad promotora principal del buen manejo de los recursos públicos, y que se ve más que justificada en el interés de poder dar respuesta satisfactoria a un grupo de compañeros y servidores públicos, y por que no decirlo de la ciudadanía en general por conocer el origen y el destino de los recursos públicos, esto como un derecho constitucional. Derecho que, debería generar a lo interno de esta Contraloría General de la República, la construcción de formas y modos que garanticen su adecuada atención.
Producto de este interés, se ha acuñado el término de democracia participativa, entendida ésta, como el privilegio que se otorga para que los ciudadanos organizados, puedan hacerse presente en la toma de decisiones públicas (democratización de las decisiones, transparencia). Guardando las circunstancias, en esta institución Contralora, ante cambios tan fundamentales, en la División que concentra la realización de su función principal, debería generarse en principio políticas y procedimientos en los cuales se promueva la participación de las personas, ya que la opinión de la gente cuenta.
No obstante lo anterior, la respuesta dada se aleja en mucho al manejo de estos conceptos. Reiteramos que la ostentación de un cargo público, significa que el respaldo y el sustento de un buen desempeño de ese ejercicio, pasa por el planear, organizar, dirigir y controlar un sistema que identifique y señale el buen proceder y los aciertos de la política y el accionar definidos así como un mal acto y las sanciones que correspondan, con lo cual se cristalice la transparencia, se permita la adecuada fiscalización de ese desempeño y se retroalimente la rendición de cuentas.
Huelga manifestar que en realidad el hecho que diversas autoridades de la CGR hayan presentado la referida propuesta de reestructuración, sea ante esta Seccional o ante la Asociación de Profesionales o bien en reuniones generales del personal, no representa para nosotros el haber dado las audiencias preliminares que jurídicamente, según nuestro criterio, corresponden, ya que en esos reuniones el único objetivo de parte de ustedes fue de dar a conocer lo ya decidido.
Es por ello, y dado que como funcionarios públicos, especialmente tratándose de funcionarios de esta Contraloría General de la República y conociendo que el acceso a la información pública es una condición necesaria para el pleno desarrollo democrático del estado y para que los poderes públicos rindan cuentas sobre su desempeño solicitamos que se nos de respuesta a nuestras inquietudes planteadas en nuestras notas del 14 y 20 de junio del año en curso, de previo a implantar un proceso de reestructuración.
Por otra parte y en relación a su cita sobre nuestra nota del 13 de junio por medio de la cual se le hicieron llegar nuestros comentarios a las posibles modificaciones al Estatuto Orgánico, esta Seccional tampoco la considera una respuesta a las consideraciones ahí establecidas, ya que en el cuerpo de su oficio no se hace referencia expresa y concreta a las observaciones externadas por nosotros.
Atentamente;
Ci: Licda Rocio Aguilar Montoya , Contralora General de la República.
Licda. Marta Acosta, Subcontralora General de la República.
Lic. Walter Ramírez Ramírez, Gerente DFOE
Jefes de Fracción Asamblea Legislativa.
Jta Directiva ANEP Central
Funcionarios Contraloría General de la República.
