Aunque nos genera un gran repudio y, por ende, nos mueve a emitir una fuerte condena al respecto, consideramos “lógico” el criterio que ha emitido la señora Ana Lorena Brenes Esquivel, en contra de la Reforma Procesal Laboral (RPL); pues esto es lo que representa su declaratoria de “inconstitucional”, a la decisión del actual Presidente de la República, Luis Guillermo Solís Rivera, quien en diciembre anterior revocó el veto a dicha legislación, impropia y malsanamente interpuesto por su antecesora en ese cargo, la desprestigiada Expresidenta de la República, Laura Chinchilla Miranda.
Este ataque de la señora Brenes Esquivel en contra de la Reforma Procesal Laboral (RPL) sobreviene, de manera coincidente, en momentos cercanos a la “novela política” de los últimos días en la cual ella fungió como la “principal actriz de reparto”, a propósito del presunto ofrecimiento de un cargo diplomático por parte del hoy “renunciado” don Daniel Soley Soler, ahora exviceministro de la Presidencia. Él lo negó categóricamente y ella no lo pudo probar contundentemente.
Como para “congraciarse” con los sectores del gran corporativismo empresarial de corte neoliberal, y como para “honrar” las lealtades diputadiles de esa “fracción parlamentaria de facto” al servicio del principal latifundio mediático del país, Ana Lorena Brenes Esquivel la emprende con su lamentable criterio contra la reforma laboral más importante de las últimas décadas; extraordinariamente necesaria para combatir la creciente desigualdad y los fuertes desniveles de la relación obrero-patronal impuestos por la competitividad neoliberal.
En el documento que la ANEP preparó y que no fue recibido por el Ministerio Público en la tarde de este día, martes 27 de enero de 2015, intentamos oficializar una denuncia penal contra la señora Brenes Esquivel, en estricta observancia de lo dispuesto por el artículo 344 del Código Penal, el cual establece que “será reprimido con treinta a noventa días multa el funcionario público que propusiere o nombrare para cargo a persona en quien no concurrieren los requisitos legales”.
La indicada jerarca Brenes Esquivel en confesión espontánea en la Asamblea Legislativa, durante el desarrollo de la “novela política” en la cual fungió ella como la “principal actriz de reparto”, aceptó recomendar el nombramiento de la licenciada Zulli Beatriz Sarmiento Chávez, ciudadana salvadoreña de nacimiento, con cédula de naturalización No. 8-077-365; nombramiento impulsado por la hoy desacreditada procuradora en contravención del inciso b), del artículo 14, de la Ley Orgánica de la Procuraduría, que exige que los procuradores sean costarricenses por nacimiento.
Aparentemente, la señora Brenes Esquivel, impulsando ese ilegal nombramiento, habría inducido a error a la actual Ministra de Justicia y al propio Presidente de la Republica, quienes no sabían de la condición de salvadoreña de nacimiento de la recomendada de la señora procuradora.
Más grave todavía es que la señora Brenes Esquivel hizo un “invento” jurídico defendiendo tal nombramiento hasta lo que resolviera la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, lo cual la pone al margen del principio de legalidad y de probidad en la función pública.
Los anteriores son parte de los contenidos de la denuncia preparada por la ANEP y que contra el actuar de la señora Brenes Esquivel pretendimos interponer ante la Fiscalía de Probidad, Transparencia y Anticorrupción, en el Primer Circuito Judicial de San José. Ni siquiera se pudo lograr un “recibido” de la denuncia, pues el cargo que ella ocupa está protegida por la inmunidad que cubre a los miembros de los supremos poderes. Por tanto, es otro camino el que debe seguirse para pedirle cuentas a la señora procuradora de sus últimas actuaciones que, como mencionamos al inicio, la desacreditan y la deslegitiman ante importantes segmentos ciudadanos que tienen muy presentes actuaciones de ella en esta administración, pero también en las inmediatamente anteriores.
Exigimos la renuncia de la señora Procuradora del Estado que ha pasado a ser la “procuradora del gran empresariado”, el corporativo-empresarial de corte neoliberal. Exigimos al Consejo de Gobierno abrir los procesos tendientes para que se le quite su inmunidad y/o para que pueda rendir cuentas de su ilegal proceder.
Sin credibilidad, sin legitimidad, debe ella salir de ese cargo; de la misma manera que su contertulio de cafetería, también tuvo que dejar su alto cargo.
