A nombre de la coalición sindical Patria Justa: coalición sindical latinoamericanista, formulamos el más vehemente llamado al Gobierno de la República para que no ceda a las irracionales y sospechosas presiones de cierto gran empresariado cupular, acostumbrado a concentrar riqueza sin honrar debidamente sus responsabilidades tributarias; para que mantenga su decisión de emitir el decreto ejecutivo que obligaría a todas las empresas a un registro real y transparente de sus socios, para determinar la propiedad real de las acciones, la verdad incuestionable de las personas y entidades propietarias de las mismas y la serie de bienes de su pertenencia.
La gravedad del fraude fiscal que se da en Costa Rica nos lleva al desastre; y es imposible ya ocultar la magnitud de éste, superior al 8 % del Producto Interno Bruto (PIB), sin contar el robo de impuestos vía cuestionables exenciones y exoneraciones.
Debemos ser enfáticos en que la clase trabajadora asalariada, tanto la del sector Privado como la del Público no roba impuestos: si gana tanto salario como para pagar impuesto sobre la renta, éste le es deducido de planilla inmediatamente; y no menos inmediato es el pago del impuesto sobre las ventas al momento mismo de la compra, en la caja registradora. De este tributo tampoco se salvan quienes deben luchar para vivir a diario laborando en el mercado informal.
Los capitales que gritan y que se oponen a la transparencia fiscal total en cuanto a sus sociedades, es aquel capital mal habido, es aquel capital que defrauda y roba impuestos, es el capital que lava dinero y lucra con el crimen organizado; e, incluso, es aquel capital que se destina, directa o indirectamente, para el financiamiento de operaciones terroristas.
Es una burda excusa alegar que tal decreto no se puede emitir por el“riesgo” de que se sepa quiénes son los accionistas y dueños de las empresas. No se conoce ninguna “filtración” de tal información pues el personal tributario costarricense tiene profunda ética. No sabemos de publicaciones periodísticas u de otra especie que diga el patrimonio y los bienes de “fulano tal” o de “mengano equis”, integrantes de alguna sociedad.
Reiteramos nuestra vehemente exhortación al Gobierno de la República y, en particular, al Ministerio de Hacienda, así como a la Dirección General de Tributación, para que no se dejen “chantajear” por cierto empresariado corporativo de alto capital, acostumbrado a evadir y eludir impuestos de múltiples formas.
Dada la naturaleza del grave problema nacional de desigualdad y de crecimiento sistemático de la misma, tiene el máximo derecho el Estado, tanto en lo ético-moral como en lo jurídico, de cobrarle bien sus responsabilidades tributarias a todos los que tienen y que tienen mucho, sin que sean exhibidos ante la opinión pública por el patrimonio que tienen.
