San José, 4 de junio de 2025
Desde la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), y su seccional en AyA, manifestamos nuestra satisfacción ante la decisión de la Sala Constitucional (Expediente 25-015818-0007-CO) de suspender de forma cautelar el corte del servicio de agua potable en el cantón de Paraíso, Cartago, ordenado por el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA).
Esta medida representa un importante paso en la protección del derecho fundamental de la ciudadanía al acceso al agua potable, un derecho reconocido por nuestra Constitución Política y respaldado por la jurisprudencia de la misma Sala Constitucional.
Reconocemos que la resolución responde al clamor de más de 4.200 personas, comercios, centros educativos y de salud, cuya vida cotidiana se habría visto gravemente afectada por esta suspensión.
Como organización sindical comprometida con la justicia social y la defensa de los servicios públicos, nos preocupa profundamente la gestión administrativa y financiera detrás de esta crisis. En particular, cuestionamos:
- ¿Por qué no se abordó con oportunidad la deuda de más de ₡3.400 millones que, según el AyA, mantiene la Municipalidad de Paraíso desde 1997?
- ¿Qué gestiones puntuales ha realizado la Administración del Presidente Ejecutivo Juan Manuel Quesada?
- ¿Por qué se busca ejecutar ahora un cobro urgente, a través de una medida extrema que pone en riesgo derechos humanos esenciales? Si el mismo presidente ejecutivo en uno de sus discursos reconoció que los abonados realizaron sus pagos.
Asimismo, solicitamos a las autoridades competentes, tanto del AyA como de la Municipalidad, que informen de manera clara y transparente sobre el destino real de los fondos recaudados.
La ciudadanía y el personal institucional, tienen derecho a saber si estos también recursos que pretende cobrar AyA, serán utilizados para:
• Mejorar las condiciones laborales de los trabajadores públicos.
• Invertir en infraestructura hídrica que solvente la escasez de agua en los barrios más afectados.
• Renovar instalaciones públicas en condiciones precarias.O si, por el contrario, se destinarán a gastos suntuarios y no prioritarios, como vehículos, remodelaciones innecesarias o campañas publicitarias asociadas a fines electorales.
Desde ANEP exigimos la rendición de cuentas, la auditoría de los fondos recaudados y una planificación institucional que priorice el bienestar común.
Reafirmamos nuestro compromiso con la defensa de los servicios públicos, el respeto a los derechos laborales y el acceso equitativo a recursos vitales como el agua. Seguiremos vigilantes ante cualquier acción que comprometa estos principios fundamentales.
