La evasión fiscal y la débil recaudación de impuestos durante muchos años han provocado un importante déficit al fisco costarricense, situación que repercute en las finanzas del Estado y en la posibilidad de mejorar la economía del país. Es ineludible que vemos el resultado de una débil gestión de control y de recaudación de tributos, lo cual ha favorecido a las personas y a las empresas evasoras del fisco.
Costa Rica viene arrastrando un importante y peligroso endeudamiento, lo cual se motivó en la necesidad de atender los Planes Anuales Operativos y la función social del Estado en inversión de obra pública, sin embargo, también dicho endeudamiento es producto de la falta de planificación.
El anuncio hecho por el Gobierno de la República, en torno a la falta de liquidez, motivó diversas reacciones. Unos apuntan sus “balas” a los empleados públicos, acusan una vez más a la clase trabajadora del problema de liquidez que en palabras de nuestro Presidente; es tan grave que no hay plata ni para pagar aguinaldos y salario escolar. La clase política se pasa la “bola”, todos dicen que fue culpa de todos, pero nadie asume la culpa.
Es posible que en torno al sector público sea necesario hacer reformas, algunos ajustes que permitan maximizar recursos, no obstante, no es aceptable que se pretenda seguir responsabilizando a las personas trabajadoras por las decisiones que han tomado nuestros gobernantes. En todo caso, se si ha “inflado” el Estado, posiblemente sea producto del clientelismo político que se dio en determinado momento.
Hace falta planificación, parece ser que en algunos ministerios existe duplicidad de funciones, mientras que en otros hace falta personal; nadie sobra, lo que existe es una mala distribución. Por ejemplo: hacen falta unos 1400 policías de tránsito, también faltan unos 1000 policías penitenciarios, se necesita fortalecer la policía de Migración, se requieren policías y personal administrativo en el Ministerio de Seguridad Pública; entonces podría ser estratégico revisar perfiles, idoneidad y promover traslados horizontales.
Sin ninguna duda, el mayor déficit que enfrenta nuestro país, es el de falta de honestidad. La corrupción en la función pública, “consultorías”, licitaciones, “pifias” en obra pública, deficiencia en la administración de fondos públicos, debilidades en el control interno en diversas instituciones; la evasión fiscal, y la impunidad, son sin ninguna duda, factores preponderantes en la débil situación fiscal del momento.
La noticia de que varios políticos, empresarios, exfuncionarios del Gobierno y banqueros costarricenses se encuentran presuntamente vinculados con el bufete panameño Mossack Fonseca, el cual fue denunciado por crear mecanismos para evadir impuestos según el Semanario Universidad, dejó en evidencia que nuestro país tiene un déficit de honestidad.
Ahora vemos que el señor Presidente ordena “detener” todas las compras de bienes y servicios; sin embargo, sus jerarcas en la cartera de seguridad se molestaron cuando les hicimos ver ante la Comisión de Ingreso y Gasto Público de la Asamblea Legislativa, deficiencias en la planificación de compras, en el mantenimiento de activos y en la distribución de recursos. En dicha comisión estaban presentes legisladores de diferentes fracciones, el único que mostró verdadero interés por lo que estábamos denunciando fue Don Mario Redondo Poveda.
En el Ministerio de Seguridad Pública, desde hace un par de años, se vienen dando falencias que evidencian un mal manejo en el presupuesto, vemos a los diferentes jerarcas en actos eminentemente políticos mostrando ante los medios de comunicación constantes compras de vehículos, buses y motos, pero a nadie le interesa contar con un eficiente plan de mantenimiento; por lo tanto, seguimos encontrando cementerios de patrullas y motos en las diferentes regiones policiales.
Vehículos de modelos recientes terminan convertidos en chatarra, luego de que se sacan de servicio por fallas mecánicas mínimas, claro, la fórmula “mágica” viene siendo comprar y con ello justificar el presupuesto. En Cartago se mantiene una delegación cuya obra final representó la nada despreciable suma de mil millones de colones sin poder ser utilizada ¿responsables?
Sigamos con el Ministerio de Seguridad Pública, el Decreto de emergencia N° 36.440 que estuvo vigente durante seis años a partir del año 2011 le habría permitido al Ministerio de Seguridad la posibilidad de invertir casi ¢10.000 millones en mejorar las delegaciones en los cantones fronterizos: La Cruz, Upala, Los Chiles, San Carlos, Sarapiquí y Pococí. Sin embargo, según información periodística y datos de la CNE, el Ministerio dejó en condición ociosa casi ¢4.500 millones que estaban destinados para mejorar tres delegaciones. ¿Responsables?
En materia de Seguridad es necesario mantener un adecuado plan de inversión, pero se debe acompañar de planificación y fiscalización. Si cuantificamos el presupuesto de la República, sumamos las donaciones que recibe nuestro país, podremos ver que es una suma nada despreciable la que maneja el MSP. Por ejemplo: La Unión Europea entregó al Gobierno de Costa Rica un total de €13 millones de euros, el equivalente a unos ¢7.630 millones de colones, el Gobierno de la República Popular China también donó la nada despreciable suma de cinco millones de dólares ($5.000,000), y todos sabemos de las donaciones de los EEUU.
La “politiquería” debe salir de la situación actual; nada vamos a resolver con que se estén responsabilizando mutuamente nuestros líderes políticos. Lo ideal es que comencemos a trabajar en un gran acuerdo nacional y que procuremos de manera eficiente, eficaz y honesta, regresar a la senda correcta; la corrupción se ha institucionalizado y nos lleva a la quiebra.
