Tales informaciones no necesariamente provienen de fuentes oficiales, aunque sí con cierto carácter de verosimilitud, por la credibilidad que tienen quienes nos las comparten.
Esto es así, dadas las conexiones de las relaciones sociopolíticas del día a día, que se presentan en las esferas y en los espacios de poder y/o de toma de decisiones.
Y esto ocurre tanto en el plano del poder formal como y muy especialmente en el plano del poder real.
Aunque ya estamos acostumbrados a ello, sí llama la atención el alto grado de violencia político-verbal y escrita que se está desplegando en estos momentos en contra de las personas trabajadoras asalariadas del sector público.
Tal violencia está siendo ejercida, principalmente, por los fácticos poderes del latifundismo mediático-Grupo Nación (ya plenamente identificado como enemigo de clase de quienes laboran para el Estado); consorcio empresarial que se ha visto envuelto en acusaciones de presunto fraude fiscal-tributario.
En consecuencia, se está mostrando así una interrelación de circunstancias, acontecimientos y decisiones de carácter estratégico entre las ideologizadas “informaciones de prensa” de esas matrices mediáticas antiobreras, con decisiones gubernativas del clan económico controlador de la administración gubernativa que recién acaba de comenzar; con gran resonancia a lo interno del Parlamento por parte de algunas voces diputadiles dispuestas a ejercer una especie de sicariato político en contra del empleo público y de los sindicatos que le representan, según la Constitución y la ley.
Muchas personas trabajadoras que le votaron al actual Presidente, se muestran en estos momentos atónitas ante las decisiones tomadas por este en el campo fiscal-tributario y del empleo público.
¿Por qué? Pues la línea político-ideológica de tales decisiones son las que han venido siendo promovidas, intensamente, en los últimos tiempos desde el periodismo ideologizado a favor del mercado libérrimo, para el cual lo importante es la actividad privada en el más amplio sentido del término.
Esta visión ideológica (por ahora, dominante), considera que lo público es un estorbo, en unos casos; o, en otros, es para apropiación mercantil en el caso de prometedores servicios públicos cuya privatización se ha retardado demasiado.
Es en este contexto que nuestros informantes nos hablan de que el presidente Alvarado, mediante las medidas de contención del gasto y rebajas salariales en el sector público anunciadas ya por su Ministra de Hacienda (por cierto, hija política predilecta del latifundismo mediático enemigo del empleo público), estaría así brindando una especie de “ofrenda sacrificial” con el ataque a mansalva al empleo público.
Así lograría él que el enfoque “informativo” de su gestión gubernativa se exprese positivamente y, por tanto, no sufra un gran e inducido deterioro de imagen ante la ciudadanía; a modo de que “se le deje gobernar” y, en la primera encuesta de su mandato, aparezca en alta calificación a partir de los réditos del ataque al empleo público.
Esta especie de coordinación ideológica entre el gabinete económico gubernativo (la “troika” Rodolfo Piza-Edna Camacho-Rocío Aguilar), el presidente Alvarado y el latifundio mediático enemigo del empleo público, genera más asombro entre los y las votantes de él (en especial, en segunda ronda).
¿Por qué? Por su empecinamiento confrontativo de insistir en el paquetazo de impuestos-combo fiscal (expediente legislativo 20.580), cargado de inequidad, potenciador de más concentración de riqueza, profundizador de la desigualdad y generador de más altos niveles de corrupción, vía un aumento del fraude fiscal con el robo de impuestos.
Estas dos fundamentales decisiones de política fiscal (ataque al empleo público y paquetazo de impuestos), ejecutadas por el nuevo Gobierno (al menos de la parte de este que tiene “la sartén por el mango”, la indicada troika), socavan la aspiración fundamental del eje fundacional del Partido Acción Ciudadana (PAC), de ser la “nueva” socialdemocracia costarricense, luego de la total neoliberalización del PLN, hoy en bancarrota política prácticamente irreversible.
El recortismo presupuestario-salarial con su mezcla tóxica de emocionalismo ideológico (“es la moda”), más incrementar la esencia regresiva del sistema tributario nacional (el combo fiscal-expediente 20.580), solamente puede garantizar la estabilidad del proceso concentrador de riqueza para el beneficio del “primer” segmento de la sociedad al que la ido bien, pero muy bien en los últimos tiempos, a pesar de que decrece en tamaño, pero no en acumulación.
Los otros dos segmentos (de los tres en que está partida la sociedad costarricense actual): al que le va y le sigue yendo mal y cada vez más mal (creciendo en tamaño, pero sin posibilidad ya de acumulación alguna); así como el segmento de los que todavía resisten la exclusión (mediando altísimos niveles de endeudamiento, o con empleo fijo, pero con salarios congelados y, ahora, a la baja), no importan para los efectos del abordaje oficialista del problema grave del déficit fiscal.
Ambos segmentos parecen haber sido sentenciados ya a “ganar menos… pagar más”, no descartándose un aumento de sus penas en el corto plazo dado que la “ofrenda sacrificial” que el presidente Alvarado ofrece es solamente para incrementar el endeudamiento del país en mil millones de dólares más, sin decisiones realmente sostenibles sobre el déficit.
Las decisiones que corresponde tomar al efecto deben ser por un único lado: del lado del segmento al que la ha venido yendo bien, pero muy bien, en los últimos Gobiernos.
Todo el análisis anterior nos lleva a concluir: ¿estaríamos ya en la conformación de un escenario muy tenso? ¿El de clase contra clase…?
